La libertad de prensa, eje de una jornada de debate en el Senado

Organizado por el senador por La Pampa Juan Carlos Marino se realizó en el Senado de la Nación el Seminario “De concepto formal a derecho real” sobre libertad de expresión.

El mismo estuvo articulado en tres paneles con distintos ejes cada uno: El primero, “Logros y desafíos pendientes en 25 años de democracia” contó con la participación de representantes de la Universidad de Palermo, la Universidad Católica Argentina, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y de la ONG Poder Ciudadano.

El segundo panel, compuesto por organizaciones y gremios que agrupan a entidades periodísticas como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación Argentina de TV por Cable (ATVC) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); verso sobre la consigna “Obstáculos reales para el ejercicio de la Libertad de Prensa”.

¿Hay censura en la República Argentina? Fue el disparador del bloque final que contó con la participación del periodista Pepe Eliaschev, la Diputada por la Unión Cívica Radical, el Presidente de UNIDEVI Edgardo Civit Evans y el cierre a cargo de Juan Carlos Marino.

Tras la apertura a cargo del legislador pampeano, Pablo Mendelevich (UP), mencionó las problemáticas principales que, a su entender, configuran una situación endeble que amenaza la libertad de expresión: la calidad de los periodistas en baja, la dificultad de los profesionales para adaptarse a tiempo a los nuevas tecnologías y una “visión aldeana” de la prensa por parte de los Kirchner. “Cristina cree que los periodistas somos una logia encerrada en un sótano buscando conspirar contra el gobierno”.

A su turno Jorge Liotti (UCA) identificó al proceso de formación de “conglomerados de medios” ocurrido durante la década del 90´ como el motor de una disputa entre los empresas periodísticas y el poder político por la “definición de la agenda”. Al momento que cuestionó el accionar de los medios estatales por alejarse de su objetivo y adoptar una “actitud militante” a favor del gobierno.

Martín Bohmer (CIPPEC) en tanto, se refirió a la existencia de un “mercado de ideas” en donde no hay igualdad de oportunidades y donde no todos pueden participar y hacerse escuchar.

“Hay que escuchar lo que uno no quiere escuchar” dijo Carlos Gamond representante de ADEPA, haciendo alusión a la esencia de la democracia, al abrir el segundo panel. Además, señaló que hay casos de censura resonantes y con gran difusión en los medios como el de Pepe Eliaschev y el de Nelson Castro, pero que hay muchas otros, desconocidas, sobre todo en el interior del país.

Alberto Veiga (ARPA) dedicó unas palabras a la aun fallida “nueva Ley de Radiodifusión” para reconocerla como necesaria, pero no sin dejar una advertencia: “Cuando las leyes se hacen para resolver problemas de la coyuntura se hacen malas leyes”.

Andrés D’Alessandro (FOPEA) concordó con Pablo Mendelevich en cuanto a que es necesaria una mayor capacitación por parte de los medios para sus periodistas, en busca de un mejoramiento del nivel de los profesionales de prensa. En relación a la situación de la libertad de expresión en la Argentina afirmó que: “No somos México, Guatemala o Colombia, pero hay que estar alerta. Se han registrado episodios de amenazas de muerte, ataques a domicilios de periodistas y agresiones durante coberturas. La libertad de expresión está lesionada”.

Por la Asociación por los Derechos Civiles estuvo presente Eleonor Rabinovich quien indicó que existe la censura indirecta, pero bajo una forma que “parece legal”. Explicó que, escudados tras sus funciones públicas, algunos funcionarios hacen uso indebido de la publicidad oficial, sugieren a las empresas en que medios pautar y restringen el acceso a la información pública.

Edgardo Civit Evans (UNIDEVI) dio a conocer los pormenores de su denuncia ante la Corte Interamericana en la que acusa al Ejecutivo Nacional y a la Corte Suprema de Justicia de Argentina por no poner en funciones al Tribunal de Defensa de la Competencia, organismo que debería funcionar desde hace más de 10 años.

Civit Evans señaló que “cualquier mecanismo indirecto que atente contra la libertad de expresión o de pensamiento es considerado censura”.

Y continuó diciendo: “por ejemplo, mi denuncia no fue difundida por casi ningún medio, eso es resultado de la autocensura, es decir, medios que temen perder el dinero de la publicidad oficial”.

La diputada radical Silvana Giudici arremetió contra el matrimonio Kirchner por entender que su accionar “no se trata de acciones aisladas (contra la prensa), es una metodología, una política de estado”.

El COMFER ocupó la mayor parte de su alocución: “Se pasó a la órbita de la Jefatura de Medios, es decir, desde un mismo lugar se regulan lo medios, se administran las licencias y se concentra la publicidad oficial. Además, las auditorias han arrojado que el organismo carece de bases de datos, desconoce la composición accionaria de los medios y no registra las multas que realiza”.

Finalmente cerró su disertación con cifras alarmantes: “En 2003 el dinero destinado para pauta oficial fue de 46 millones de pesos, el año pasado fue de 438 millones”.

Pepe Eliaschev, víctima de uno de los casos más recientes y resonantes de censura, destacó la realización de eventos de este tipo porque “nos acercamos a la solución de una situación dramática”. Su diagnóstico del escenario actual fue que “comparado con la dictadura es una situación diferente. No existe censura explícita, pero si hay una manipulación permanente. Desde el 2003 se registran hechos de una gravedad inédita. Vivimos un tiempo sin precedentes”. En cuanto a las presiones desde el gobierno a empresas graficó diciendo que “las pautas son monitoreadas por las más altas autoridades, en algunos casos por Néstor Kirchner”. Sin embargo, su conclusión llamó a continuar trabajando: “debemos pelear pacíficamente con las palabras y las leyes”:

Marino, organizador del Seminario junto al Bloque de Senadores radicales, no fue tan optimista: “Me encantaría poder decir que no existe la censura. Pero estaría faltando a la verdad. Muchos casos no salen a la luz, no se ven, sobre todo en el interior. En mi provincia, sin ir más lejos, tenemos varios frescos: Juan Carlos Tierno denunció a la publicación Lumbre, a los periodistas y a su imprenta por el solo hecho de no concordar con lo que en sus páginas se decía sobre su desempeño como funcionario. Obviamente, fueron sobreseídos por la Justicia.

La radio santarroseña LU33 no fue denunciado, fue otro el camino elegido por el gobernador Jorge para callarla: redujo la publicidad oficial a un 10%. Una vez más se hizo justicia, tuvo que dar marcha atrás con la medida”.

“Es increíble a los niveles que llegan los Kirchner, para la venidera Fiesta de la Vendimia los canales no podrán poner cámaras propias, las únicas habilitadas son las de Canal 7. Otra situación gravísima: Tarragó Ros invitó a Atilio De Angeli a compartir escenario en Cosquín. ¿Saben porque no pudo? El intendente, acérrimo kirchnerista se lo prohibió”.

Finalmente, dejo unas palabras esperanzadoras: “Se que es difícil, pero espero sinceramente, que tanto el trabajo legislativo de ambas cámaras, la realización de eventos de este tipo y el trabajo que distintas entidades desarrollan ayuden a tomar conciencia como ciudadanos para que no permitamos que se menoscabe un derecho fundamental como el derecho a la libertad de expresión”.

Congreso de la Nación

El senador Juan Carlos Marino junto al periodista José Eliaschev

El dirigente mendocino Edgardo Civit Evans habló el martes en el Congreso nacional en el marco de un seminario sobre “Libertad de expresión”. Planteó el caso de intento de censura a MDZ y de otros medios nacionales. Cuestionó la profundidad del planteo realizado por el justicialismo en la Legislatura local. Un senador pampeano se refirió a la transmisión de la Vendimia.
por MDZ

El titular de UNIDEVI, Edgardo Civit Evans, consideró hoy que “es una lástima que legisladores que tienen una provincia en donde se tira la fruta, con productores que están pensando en no levantar la cosecha, estén más preocupados por una caricatura que en los problemas de la provincia”.

Lo dijo, en referencia al intento de censura a MDZ, planteado en un proyecto del oficialismo liderado por el titular de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, que, sin embargo, no prosperó.

Civit Evans dejó planteado el caso mendocino en el seminario “Libertad de expresión: de concepto formal a derecho real” realizado ayer en el Congreso de la Nación y que contó con la participación de numerosos panelistas, entre ellos, el mendocino.

El dirigente local consideró que “los verdaderos problemas por los que deberían preocuparse los legisladores son seguridad, salud y educación” y al referirse al proyecto de Tanús dijo que “eso revela el nivel de la Legislatura”.

En el seminario, Civit Evans expresó que “la base de la democracia es el disentimiento, la posibilidad de que otro piense diferente a mí; consecuentemente, la libertad de expresión, la libertad de prensa se basa en este principio. En un país en donde no se respete esto, no hay democracia”.

Sobre la actuación del oficialismo en la Legislatura, manifestó que “parecen no recordar lo que la prensa hacía en épocas no democráticas y nunca, ni siquiera a las dictaduras, se le ocurrió hacer lo que hizo Tanús”.

Agregó que “ni siquiera en la última dictadura se actuó así. Aquí, nadie respondió a las cinco mentiras de Jaque que publicó MDZ. Sólo se cuestiona el afiche, vale decir, la forma, pero no se habla del contenido. Es como si frente a un cuadro se diga que no gusta porque el marco no es de su agrado, sin hacer referencia a la pintura”.

El encuentro en el Congreso

Organizado por el senador por La Pampa Juan Carlos Marino se realizó en el Congreso de la Nación el seminario “Libertad de expresión: de concepto formal a derecho real”.

Estuvo articulado en tres paneles con distintos ejes cada uno: El primero, “Logros y desafíos pendientes en 25 años de democracia” contó con la participación de representantes de la Universidad de Palermo, la Universidad Católica Argentina, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y de la ONG Poder Ciudadano.

El segundo panel, compuesto por organizaciones y gremios que agrupan a entidades periodísticas como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación Argentina de TV por Cable (ATVC) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); verso sobre la consigna “Obstáculos reales para el ejercicio de la Libertad de Prensa”.

¿Hay censura en la República Argentina? Fue el disparador del bloque final que contó con la participación del periodista Pepe Eliaschev, la Diputada por la Unión Cívica Radical, el Presidente de UNIDEVI Edgardo Civit Evans y el cierre a cargo de Juan Carlos Marino.

Tras la apertura a cargo del legislador pampeano, Pablo Mendelevich (UP), mencionó las problemáticas principales que, a su entender, configuran una situación endeble que amenaza la libertad de expresión: la calidad de los periodistas en baja, la dificultad de los profesionales para adaptarse a tiempo a los nuevas tecnologías y una “visión aldeana” de la prensa por parte de los Kirchner. “Cristina cree que los periodistas somos una logia encerrada en un sótano buscando conspirar contra el gobierno”.

A su turno Jorge Liotti (UCA) identificó al proceso de formación de “conglomerados de medios” ocurrido durante la década del 90´ como el motor de una disputa entre los empresas periodísticas y el poder político por la “definición de la agenda”. Al momento que cuestionó el accionar de los medios estatales por alejarse de su objetivo y adoptar una “actitud militante” a favor del gobierno.

Martín Bohmer (CIPPEC) en tanto, se refirió a la existencia de un “mercado de ideas” en donde no hay igualdad de oportunidades y donde no todos pueden participar y hacerse escuchar.

“Hay que escuchar lo que uno no quiere escuchar” dijo Carlos Gamond representante de ADEPA, haciendo alusión a la esencia de la democracia, al abrir el segundo panel. Además, señaló que hay casos de censura resonantes y con gran difusión en los medios como el de Pepe Eliaschev y el de Nelson Castro, pero que hay muchas otros, desconocidas, sobre todo en el interior del país.

Alberto Veiga (ARPA) dedicó unas palabras a la aun fallida “nueva Ley de Radiodifusión” para reconocerla como necesaria, pero no sin dejar una advertencia: “Cuando las leyes se hacen para resolver problemas de la coyuntura se hacen malas leyes”.

Andrés D´Alessandro (FOPEA) concordó con Pablo Mendelevich en cuanto a que es necesaria una mayor capacitación por parte de los medios para sus periodistas, en busca de un mejoramiento del nivel de los profesionales de prensa. En relación a la situación de la libertad de expresión en la Argentina afirmó que: “No somos México, Guatemala o Colombia, pero hay que estar alerta. Se han registrado episodios de amenazas de muerte, ataques a domicilios de periodistas y agresiones durante coberturas. La libertad de expresión está lesionada”.

Por la Asociación por los Derechos Civiles estuvo presente Eleonor Rabinovich quien indicó que existe la censura indirecta, pero bajo una forma que “parece legal”. Explicó que, escudados tras sus funciones públicas, algunos funcionarios hacen uso indebido de la publicidad oficial, sugieren a las empresas en que medios pautar y restringen el acceso a la información pública.

Edgardo Civit Evans (UNIDEVI) dio a conocer los pormenores de su denuncia ante la Corte Interamericana en la que acusa al Ejecutivo Nacional y a la Corte Suprema de Justicia de Argentina por no poner en funciones al Tribunal de defensa de la Competencia, organismo que debería funcionar desde hace más de 10 años. Civit Evans señaló que “cualquier mecanismo indirecto que atente contra la libertad de expresión o de pensamiento es considerado censura”. Y continuó diciendo: “por ejemplo, mi denuncia no fue difundida por casi ningún medio, eso es resultado de la autocensura, es decir, medios que temen perder el dinero de la publicidad oficial”.

La Diputada radical Silvana Giudici arremetió contra el matrimonio Kirchner por entender que su accionar “no se trata de acciones aisladas (contra la prensa), es una metodología, una política de estado”. El COMFER ocupó la mayor parte de su alocución: “Se pasó a la órbita de la Jefatura de Medios, es decir, desde un mismo lugar se regulan lo medios, se administran las licencias y se concentra la publicidad oficial.

Además, las auditorias han arrojado que el organismo carece de bases de datos, desconoce la composición accionaria de los medios y no registra las multas que realiza”.

Finalmente cerró su disertación con cifras alarmantes: “En 2003 el dinero destinado para pauta oficial fue de 46 millones de pesos, el año pasado fue de 438 millones”.

Pepe Eliaschev, víctima de uno de los casos más recientes y resonantes de censura, destacó la realización de eventos de este tipo porque “nos acercamos a la solución de una situación dramática”.
Su diagnóstico del escenario actual fue que “comparado con la dictadura es una situación diferente. No existe censura explícita, pero si hay una manipulación permanente. Desde el 2003 se registran hechos de una gravedad inédita. Vivimos un tiempo sin precedentes”. En cuanto a las presiones desde el gobierno a empresas graficó diciendo que “las pautas son monitoreadas por las más altas autoridades, en algunos casos por Néstor Kirchner”. Sin embargo, su conclusión llamó a continuar trabajando: “debemos pelear pacíficamente con las palabras y las leyes”.

Marino, organizador del seminario no fue tan optimista: “Me encantaría poder decir que no existe la censura. Pero estaría faltando a la verdad. Muchos casos no salen a la luz, no se ven, sobre todo en el interior. En mi provincia, sin ir más lejos, tenemos varios frescos: Juan Carlos Tierno denunció a la publicación Lumbre, a los periodistas y a su imprenta por el solo hecho de no concordar con lo que en sus páginas se decía sobre su desempeño como funcionario. Obviamente, fueron sobreseídos por la Justicia.

La radio santarroseña LU33 no fue denunciado, fue otro el camino elegido por el gobernador Jorge para callarla: redujo la publicidad oficial a un 10%. Una vez más se hizo justicia, tuvo que dar marcha atrás con la medida”.

“Es increíble a los niveles que llegan los Kirchner, para la venidera Fiesta de la Vendimia los canales no podrán poner cámaras propias, las únicas habilitadas son las de Canal 7.

Otra situación gravísima: Tarragó Ros invitó a Atilio De Angeli a compartir escenario en Cosquín. ¿Saben porque no pudo? El intendente, acérrimo kirchnerista se lo prohibió”.

Finalmente, dejo unas palabras esperanzadoras: “Se que es difícil, pero espero sinceramente, que tanto el trabajo legislativo de ambas cámaras, la realización de eventos de este tipo y el trabajo que distintas entidades desarrollan ayuden a tomar conciencia como ciudadanos para que no permitamos que se menoscabe un derecho fundamental como el derecho a la libertad de expresión.

CUESTIONA EL NUEVO DECRETO QUE INDEXA DEUDAS USANDO EL COEFICIENTE DE VARIACION SALARIAL – C. V. S.

El presidente de UNIDEVI, Edgardo Civit Evans, e integrante del Movimiento Nacional de Defensa del Patrimonio de los Argentinos,formuló duras críticas al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional a raíz del Decreto 1242, que indexa deudas aplicando el coeficiente de variación salarial, más los intereses que antes tenía el crédito.
Tales apreciaciones fueron realizadas durante un Foro convocado por A. D. A. Córdoba.

Violación de la Ley

Afirma Civit Evans que este nuevo decreto, lejos de cumplir con la Ley 25.561 de Emergencia Pública, que prohíbe al Poder Ejecutivo dictar normas que impliquen indexar, actualizar, aplicar cláusulas de ajuste o de repotenciación de deudas, ratifica el famoso C.E.R.; e impone a los deudores condiciones que antes no existían en los contratos, para aplicarles el nuevo índice de variación salarial, C.V.S., agravando su situación ante los acreedores.

Al alterar el orden jurídico, el Ejecutivo viola la Constitución Nacional, una vez más.

Cambios de Decretos del propio Ejecutivo

El 1242, ataca más a los deudores que los decretos 214, que creó el C.E.R. y el 762 que dio origen al coeficiente de variación salarial.

En aquéllos no se obligaba a suscribir otros contratos, mientras que por el Art. 4º inc. d) del 1242 deberán firmarse nuevas escrituras, que además del costo, tendrán condiciones que antes no existían, como la aceptación de la indexación.

El decreto 762 disponía que antes de 30 días el Ministerio de Economía reglamentaría el índice, llamado coeficiente de variación salarial.

Después de 70 días, aparece el 1242 que modifica en forma sustancial lo sancionado por el 762.

Parece habitual en el actual presidente sancionar o decir algo, y al poco tiempo hacerlo diferente, o todo lo contrario.

Si los deudores firmaran nuevas escrituras estarían aceptando las cláusulas indexatorias, que no estaban en los contratos originarios ni están permitidas por Ley del Congreso.

EL C.E.R. NO ESTA DEROGADO

Una vez más desde los máximos niveles oficiales se insiste con que se derogó el C. E. R., reiterando mentiras dichas anteriormente.

El C.E.R. no sólo no está derogado (derogar es sinónimo de abolir), sino que se aplicará a partir del mes de agosto en aquellas deudas no comprendidas en las excepciones, pero como las excepciones están reglamentadas en contra de los deudores, no sabemos cuál sistema será peor, el del C.E.R. o éste nuevo del C.V.S.-

Era difícil creer que este gobierno ahora hiciera algo en favor de los intereses de la gente, o de las pequeñas y medianas empresas.

En contra del deudor

El decreto 1242 impone al deudor acreditar encontrarse en algunas de las excepciones del 762.

Para los casos de “vivienda única, familiar y de uso permanente”, ello deberá estar consignado en el contrato de préstamo, boleto de compra venta, título de propiedad o en la escritura.

En caso contrario deberá presentar declaración jurada con firmas certificadas por autoridad competente.

Concede al acreedor la facultad de constatar esa condición, mientras subsista la garantía hipotecaria competente.

Denunciamos a los pertinentes organismos de control de actos ilegítimos del Ejecutivo, por cuanto esto constituye generar una
inaceptable violación de principios constitucionales.

Conforme está condición, si durante el transcurso de su vida, el deudor adquiriese otra vivienda (Derecho Constitucional), en forma inmediata pierde la condición de vivienda única, y se le aplica el CER.

Se le dice: usted de por vida, o mientras no cancele el crédito no podrá tener otra casa; sino le aplicamos condiciones más gravosas.

Queda condenado a tener sólo una casa. Si puede comprar otra, perderá un supuesto derecho.

Sostuvo Civit Evans que por el nuevo decreto se deja en manos del acreedor la aceptación del destino de la vivienda, (artículo 4º inciso a), quien en caso de no aceptarlo, le aplicará el CER (artículo 5º).

El dirigente recordó lo ocurrido con los deudores en situación 1, 2 y 3,que querían cancelar con títulos. El Gobierno otorgó a los bancos la facultad de brindar conformidad, que la negaron.

La mayoría debió demandar al Estado y a los bancos, por violación al principio de igualdad ante la Ley.

A la actualización por el C.V.S., a partir de octubre, se sumará la tasa de interés que ya tenía el crédito, apareciendo la figura del anatocismo indexado, porque al elevado interés que ya se aplicaba, se sumará la indexación.

Lo único positivo

El decreto 1242 sólo tiene de positivo que prorroga la indexación hasta el mes de octubre del 2002; y que reconoce en favor de los deudores los pagos que hubieren realizado aplicando el C.E.R., desde el mes de febrero a la fecha, debiendo considerar dichos pagos como cancelatorios de la parte proporcional del crédito; o total, si se hubiere cancelado el monto total adeudado.

Lo más negativo del Decreto 1242

1.- NO TIENE EN CUENTA LA DIFICIL SITUACION ECONOMICO SOCIAL QUE PADECEN LA MAYORIA DE LOS ARGENTINOS, A QUIENES LES RESULTA DIFICIL PAGAR SUS DEUDAS. RESULTA ILUSO PRETENDER AJUSTARLAS, POR CUALQUIER INDICE QUE SEA. ¿NO LEEN LOS INDICES DE DESOCUPACION Y POBREZA?.

2.- No deroga la indexación, ajustes, repotenciación de deudas, con lo cual ratifica la violación de la Ley 25.561.

3.- No suspende remates ni ejecuciones, sean éstas judiciales o extra-judicales, las que podrían iniciarse a la brevedad.

4.- No admite el recálculo de deudas, aunque éstas contengan intereses o condiciones usurarias.

5.- No cumple con el espíritu de la Ley de Emergencia Nº 25.561.

6.- No suspende el pago de cuotas en casos de personas que han perdido sus trabajos, no aplicando la “emergencia social”.

7.- No sólo no aplica el pago en función de los ingresos, como aludía el decreto 762, que mencionaba un tope del 30%, sino que ni siquiera cita tal posibilidad.

8.- Al poner tantas trabas a las excepciones, la mayoría de deudores quedarán incluidos en el CER.

CONCLUIMOS QUE NOS ENCONTRAMOS ANTE UN DECRETO QUE REPRESENTA MAS DE LO MISMO.

QUE RATIFICA LA USURA, LA INDEXACION y EL DESPOJO.

DEMUESTRA EL PODER FINANCIERO, porque PARECE QUE HUBIERAN SIDO ELLOS QUIENES APORTARON IDEAS PARA REDACTAR ESTE NUEVO DECRETO.

FALTA DE RESPUESTAS DEL CONGRESO

Como ciudadano, Civit Evans expresó su indignación respecto al accionar, o mejor dicho falta de acción, del Congreso de la Nación, que vota normas de dudosos beneficios para los intereses de los Argentinos,sino que en este caso, reiteradamente fue notificado sobre los riesgos de permitir legislar al Poder Ejecutivo, incluso en contra de lo sancionado por el propio Congreso.

El Congreso ni siquiera ha constituido la Comisión de Seguimiento de la aplicación de la Ley 25.561, para impedir estas arbitrariedades.

Si hubiese actuado no delegando facultades (a Cavallo y Duhalde) que le son propias, no existirían tantos ataques sobre el conjunto del patrimonio nacional, ni sobre los bienes de los ciudadanos, a quienes continúan confiscando, sea a través del “corralito”; de la indexación, y la especulación, o castigándolos mediante el intento de reconocer contratos usurarios, afirmó Civit Evans.

El Gobierno parece que no advierte que así como el Estado y los bancos están en emergencia, también lo están los ciudadanos,
las familias y las empresas (sean estas productores, industriales, comerciantes).

Entonces la Ley de Emergencia servirá sólo para proteger a entidades financieras.

Mientras advertimos que algunos, incluso descaradamente, buscan gozar de mayor impunidad, como es el caso de los nuevos directivos del Banco Central.-