“El Ojo Digital”

“Primera Hora On Line”

INMORALIDAD  POLITICA Y EL CASO SCHOCKLENDER

Desde las altas esferas del poder político intentan minimizar el canallezco caso de Sergio Schocklender, separándolo de las Madres de Plaza de Mayo por un lado, y de los funcionarios de gobierno por el otro.

¿Cómo llegó Schocklender a tener el poder y la riqueza que posee?

¿Nadie sabía que había asesinado a sus padres, luego de una relación promiscua, atravesando la cabeza de su madre con un hierro? Este hecho, asesinar así a su madre lo transformaba en invalorable apoderado de confianza para las “Madres”.

Tenía el derecho a rehacer su vida. ¿Qué hizo? Amparado por una fundación, cuyos fines en origen pudieron ser loables, se dedicó a enriquecerse. ¿Nadie advirtió nada?

Aviones, 10 autos, 50 propiedades y empresas, viajes con fines aún no precisados, que algunos vinculan con la posibilidad del narcotráfico. Otros mencionan la palabra “lavado”.

¿Cómo hizo Schocklender para lograr codearse con los Kirchner, con Hebe Pastor (de apellido prohibido por su ex esposo y de hijos supuestamente vivos viviendo en España), con De Vido, con Fatala, y cuanto funcionario del máximo nivel nacional o algunos dirigentes gremiales quisieran compartir momentos  y fotos con el personaje?

¿No viajaban con él en sus aviones a Chaco, Santiago del Estero y otros lugares? Nadie vió nada… ¿O son todos cómplices?

¿Cómo es posible que ningún funcionario advirtiera que viviendas mínimas se construían a 10 veces el valor real  y el estúpido Estado las pagaba sin auditar ni preguntar nada? Hablamos de más de $ 730.000.000. Ese mismo Estado que masacra a un productor o comerciante por $ 1.000 de deuda.

¿Será cierto que a gobernadores e intendentes les vendían los paquetes de viviendas con empresa incluida, sin licitaciones? ¿Por qué no hablan los afectados?

¿Cómo es posible que la Fundación manejara más fondos para viviendas que toda la provincia de Mendoza?

¿O que el Banco Central de la República nada hiciera u ocultara el libramiento de 1.347 cheques sin fondos por parte de la Fundación “Sueños Compartidos”?

¿Cuál era el rol de la olvidadiza de dólares en su baño, la ex ministro de Economía,  contadora Felisa Miceli?

Escuché intentar justificar a doña Hebe como si para ella debiera existir una justicia especial, diferente a la del resto de los ciudadanos. Señalaron que desde hacía dos años funcionarios y periodistas conocían que sucedían cosas, al menos dudosas, dentro de la Fundación. Nadie dijo nada, ¿por que?

¿Dónde quedaron todos los órganos de control del Estado? ¿Los Ministerios de Trabajo, de Seguridad Social, funcionarios, la Procuración General, la AFIP, el ANSES, fiscales, jueces, y hasta periodistas progresistas?

¿Y los contratos incumplidos, o las obras no realizadas? ¿Las afrontará el Estado?

¿Se trataría de un silencio cómplice que ahora solo tiene un culpable en la figura expiatoria del parricida Schocklender? Total, quien ya estuvo preso puede estar de nuevo, pero millonario; y así se salvan otros personajes.

¿Nadie pudo pensar que podía haber algo turbio cuando hasta la sede de la Fundación está a su nombre? ¿Las autoridades, empezando por la locuaz Hebe (la madre putativa de los argentinos según Néstor) no sabían nada?

¿La escribano de la operación de Meldoreck no fue la esposa de Guillermo Moreno?

¿Nadie vio el desmedido crecimiento económico de este siniestro personaje al que ahora, sólo a él, pretenden cargar todas las culpas? ¿Nadie pudo imaginar nada? Demasiado turbio.

¿Y la amenaza de Schocklender que si a el lo procesaban hablaría, en que quedó? ¿A quienes iba a involucrar? Silencio.

Como no podía ser de otra manera, el expediente recayó en el juzgado y será manejado por el sospechado y atildado juez bailantero, de cuestionado pasado.

Es oportuno recordar que en varios Tribunales Penales existen cerca de 50 causas casi  paralizadas con prominentes funcionarios nacionales involucrados y/o sospechados.

Como en otras causas es probable que rápidamente se dicten sobreseimientos que no serán apelados.

Con lo cual, una vez más, para vergüenza nacional, reinará la impunidad por sobre el derecho y la justicia.

Esa impunidad que nos ha llevado a estar considerados entre los países más corruptos e inmorales del mundo, y con mayor inseguridad jurídica.

No hace mucho, el ex presidente del F. M. I. fue preso por un hecho personal, un millón de veces más insignificante que esta tropelía, que esta estafa masiva al país.

¡Triste, lamentable récord para una Argentina que supo estar entre las seis naciones más ricas y respetadas del planeta y hoy está entre las últimas!

Los mercenarios de la política seguirán solazándose con la desgracia nacional, mientras sus bolsillos se llenan de dinero proveniente de los negociados que sumen en la miseria a millones de habitantes.

¡Políticos ricos con habitantes pobres!

La inmensa soberbia y la fatídica impunidad les permiten seguir creyendo que este país es de “ellos”, los privilegiados que hacen lo que quieren. Nadie los demanda. Mientras los imbéciles que trabajan lo hacen para que “ellos” engrosen sus arcas.

En otras naciones se ha demostrado que estas delictivas, inequitativas, repulsivas y autoritarias situaciones, no duran mucho tiempo.

Tanto como el necesario para que la gente advierta que la han estafado, que la han robado. Y lo peor, que incluso le están hurtando el futuro.

Hace más de 2.000 años el filósofo griego Aristóteles afirmaba: “No existe Justicia ni Derecho sin Moral”.

Quienes viven de la política inmoralmente es probable que tengan un final anunciado: retirarse a tiempo, el desprecio de la sociedad, o la cárcel.

Edgardo Civit Evans

INTER AMERICANA DE PRENSA –SIP –

DIALOGO CON MATIAS RUIZ VILLASUSO

Y EDGARDO CIVIT EVANS

Radio Miami Internacional transmitió hoy a las 13 horas a 180 países del mundo una conferencia tripartita que duró 30 minutos.

Fue conducida por el director de la emisora, Agustín Rangugni.

Participaron el presidente de la Sociedad Inter Americana de Prensa, Alejandro Aguirre; el periodista de Buenos Aires, Matías Ruiz Villasuso y el dirigente social de Mendoza, Edgardo Civit Evans.

Los panelistas dialogaron, expresando sus opiniones sobre diversos aspectos de interés para la población.

El tema principal fueron los derechos ciudadanos, y de modo especial la libertad de expresión y de prensa a raíz de los hechos difundidos en todo el mundo sobre la conferencia que sobre Papel Prensa brindara la presidente de Argentina.

Alejandro Aguirre, presidente de la S. I. P., quien a su vez dirige el diario “La Voz de las Américas” se refirió a la situación existente en varios países, donde gobiernos  originariamente democráticos, que llegaron al poder mediante el voto popular, están intentando violentar libertades como las de expresión y de prensa, procurando  monopolizar el pensamiento. Resaltó que ayer la sociedad que preside se manifestó en todo el mundo sobre el tema, y que anualmente se pronuncia dos veces a favor de las libertades.

Matías Ruiz Villasuso se refirió al caso de  “Papel Prensa” y cómo el gobierno había pretendido transformar un problema empresarial en una cuestión de derechos humanos, cuando los herederos y abogados de quienes vendieron las acciones han manifestado que lo hicieron en forma voluntaria y sin recibir presiones de ninguna índole.

Civit Evans ratificó sus presentaciones efectuadas ante la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos en julio del año 2008 y en el Senado de la Nación en marzo del 2009. Expresó que lamentablemente aquellas exposiciones hoy se ven concretadas por el intento del oficialismo de silenciar voces disidentes, esenciales para la existencia de una república democrática.

Los participantes convinieron en la necesidad de profundizar el debate tanto a nivel nacional como internacional sobre aspectos que hacen a la defensa de todos los derechos humanos, sin distinciones, sectarismos ni exclusiones partidistas, que en muchos casos son generadas en las intenciones de concentración de poder.

Edgardo Civit Evans

Mendoza, 26 de agosto del 2010

edgardocivitevans@gmail.com

Honorable Comisión Inter Americana

de Derechos Humanos:

Distinguidos Señores:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fin de adjuntar un elemento de prueba al Expediente Nº 800 del 2008 que considero concluye en forma terminante y definitiva con los argumentos ilegalmente expuestos en el Fallo Definitivo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina cuando dispuso revocar las resoluciones de la Honorable Cámara Federal de Apelaciones, cuando en realidad lo que hacía era revocar sus propias 5 sentencias anteriores, y de modo especial el de fecha 3 de julio del 2007 (B – 578 XLI – Expte. 77.334), contrariando así su propia UNANIME JURISPRUDENCIA precedente, y en el mismo caso.

La Corte Suprema había fundado el Fallo (contenido en S.C. B. 1626, L. XLII) que revocó el anterior definitivo, en razón que “por el contrario ese criterio es incompatible con el modo en que diversos regímenes regulan la actuación de órganos colegiados de la Administración Pública Nacional, en tanto establecen la validez de su funcionamiento con un número menor a la totalidad de sus integrantes (conf. Art. 58 de la Ley 24.076 CENARGASC; art. 62 de la Ley 24.065 CENREC)”.

En mi presentación ante esa Honorable Comisión Inter Americana sostuve que, tal como dispone la Ley Nº 25.156 en los Artículos 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, y concordantes, el UNICO ORGANO de aplicación de la norma es el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (Art. 17º); que estará integrado por 7 (siete) miembros (Art. 18º); que serán designados por el Poder Ejecutivo previo concurso público de antecedentes y oposición (Art. 19º), los que durarán en su mandato 6 (seis) años (Art. 20º), etc.

La Ley Nº 25.156 es la única norma que rige los casos objeto de la norma contemplados en los Artículos 1º, 2º y 3º.

Prohíbe en forma expresa la intervención o atribución de competencia de otros organismos o entes estatales (Artículo 59º).

Dispone que en los casos no prescriptos por esta ley, (Artículo 56º), serán de aplicación el Código Penal de la Nación y el Código Procesal Penal. Este último requiere un mínimo de miembros de los Tribunales Colegiados para dictar sentencia bajo pena de NULIDAD ABSOLUTA. Esto fue obviado por el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia.

El accionar del Poder Ejecutivo que cuestiono en el Expediente Nº 800 del 2008 violenta burdamente lo normado por la Ley Nº 25.156.

De modo especial porque sigue siendo un funcionario, el Secretario de Comercio Interior, el que dicta resoluciones sobre todas aquellas materias que son de EXCLUSIVA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

El Poder Ejecutivo a 11 años de la sanción de la Ley Nº 25.156 NO HA CREADO EL TRIBUNAL. Sigue violando todos los días la mencionada norma.

En el caso que denuncio, mediante el increíble, arbitrario, preclusorio, contrario a su Jurisprudencia, fallo de la Corte Suprema de Justicia, que para fundar su ilegal resolución lo fundamenta en normas que no son de aplicación para la Constitucional “defensa de la competencia” intentando justificar así el ilegítimo y repudiable accionar del Poder Ejecutivo.

Pero suponiendo que pudiera hacerlo – VIOLANDO LA LEY – ahora son todos los ex – Secretarios de Estado de Energía que han tenido los sucesivos Gobiernos desde la instauración de la democracia, los que DENUNCIAN el accionar del Poder Ejecutivo, que también VIOLA las Leyes que ha utilizado la Corte Suprema para justificar el ilegítimo accionar y dictar un fallo no ajustado a Derecho.

Denuncian los ex – funcionarios, que el Poder Ejecutivo TAMPOCO CUMPLE con las Leyes invocadas arbitrariamente por la Corte Suprema.

De este modo, nos encontramos con una suerte de VIOLACIONES A NORMAS INVOCADAS PARA VIOLAR la Ley de Defensa de la Competencia, tal como claramente se ha expuesto en la denuncia contenida en el Expediente Nº 800 del 2008.

PARA EL PODER EJECUTIVO DE ARGENTINA NO EXISTE ARTICULO DE LA CONSTITUCION NACIONAL QUE NO PUEDA OBVIAR; NO EXISTE LEY QUE NO PUEDA VIOLAR, INCLUSO HASTA CUANDO LA CORTE LE PERMITE “UTILIZAR” NORMAS QUE NO SON DE APLICACIÓN.

Esta Declaración de los ex – Secretarios de Estado de Energía así lo acredita.

Confío en una pronta resolución de esa Honorable Comisión Inter Americana de Derechos Humanos ajustada a la CONSTITUCION NACIONAL, a los Tratados Internacionales y a las Leyes vigentes en Argentina.

Los saluda con la más atenta consideración.

Edgardo Civit Evans

Expediente Nº 800 del 2008

DECLARACIÓN DE LOS EX SECRETARIOS DE ENERGÍA SOBRE LOS ENTES REGULADORES

ES IMPOSTERGABLE NORMALIZAR LOS ENTES REGULADORES DE LA ELECTRICIDAD Y EL GAS NATURAL (ENRE Y ENARGAS)

LOS ENTES REGULADORES SON INSTITUCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL ESTADO ARGENTINO Y NO DEL GOBIERNO DE TURNO

La prestación de los servicios públicos de electricidad y gas natural en nuestro país está regulada por las leyes nacionales, 24.065 y 24.076, conocidas como los Marcos Regulatorios eléctrico y gasífero respectivamente.

Entre los objetivos comunes que crean esas leyes para ambos entes – Enre y Enargas- se destacan los siguientes:

Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios.

Promover la competitividad y alentar inversiones que garanticen el suministro a largo plazo.

Incentivar y asegurar la eficiencia de la oferta y la demanda por medio de tarifas apropiadas.

Alentar la realización de inversiones privadas, asegurando la competitividad de los mercados donde sea posible.

Sin embargo las intervenciones impuestas desde 2003, no solo no cumplen con estos objetivos sino que han transformado a estos entes regulatorios en una herramienta mas al servicio del actual Gobierno.

Si bien algunos de los artículos de dichas leyes se mantienen en suspenso desde la sanción de la ley de emergencia económica, dictada a comienzos de 2002 y prorrogada innecesariamente hasta el presente, existen otros aspectos donde la no aplicación de las disposiciones de dichas leyes constituyen un hecho anormal que debe ser denunciado y subsanado de inmediato.

En efecto, una piedra angular de las reformas introducidas por aquellas leyes fue la creación de los organismos de control o agencias reguladoras, Ente Nacional Regulador de la Electricidad (EN RE) y Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS)

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes y no derogadas, el Directorio de ambos Entes debe estar compuesto por cinco miembros a saber, Presidente, Vicepresidente y tres Vocales; los mismos “serán seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia y designados por el Poder Ejecutivo Nacional.

Si bien las designaciones las formaliza el Poder Ejecutivo Nacional, “Previa a la designación y/o a la remoción el Poder Ejecutivo Nacional deberá comunicar los fundamentos de tal decisión a una comisión del Congreso de la Nación integrada por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que cada una de las Cámaras determinen en función de su incumbencia, garantizando una representación igualitaria de senadores y diputados. Dicha comisión deberá emitir opinión dentro del plazo de treinta (30) días corridos de recibidas las actuaciones. Emitida la misma o transcurrido el plazo establecido para ello, el Poder Ejecutivo Nacional quedará habilitado para el dictado del acto respectivo” (Art. 59 Ley 24.065 y Art. 55 Ley 24.076)

Para cumplimentar lo dispuesto en el artículo 54 de ambas leyes desde la sanción de las mismas se impuso la práctica del concurso de antecedentes frente a jurados independientes, para luego elevar las propuestas a la Comisión del Congreso. Este proceso se fue reiterando en la medida que fuera necesario proceder a la renovación de los miembros de los Directorios hasta fines del año 2002.

A partir de 2003, las designaciones en los entes se fueron realizando en forma arbitraria, sin concursos públicos y en abierta violación de la legislación vigente. En el caso del ENARGAS se dispuso una intervención que subsiste hasta el presente que inexplicablemente se mantiene sin plazos.

Desde 2003, estos organismos han perdido su autonomía y se ven obligados a cumplir las directivas de las autoridades, situación que frente a las dificultades que se observan tanto en electricidad como gas lleva a que sea necesario exigir al Gobierno Nacional la inmediata normalización de los Entes, reimplantando la modalidad de selección por concurso público de sus miembros.

Los procedimientos utilizados en forma reiterada son claramente violatorios de la ley, no solo en su letra sino también en el espíritu de la misma, ya que la legislación vigente señala con claridad que “(los Entes) gozará(n) de autarquía y tendrá(n) plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado” (Art. 55 Ley 24.065 y Art. 51.Ley 24.076).

POR TODO ESTO SOLICITAMOS QUE SE DEJE DE VIOLAR ABIERTAMENTE LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y SE PROCEDA A NORMALIZAR EL ENRE Y EL ENARGAS DESIGNANDO SIN DEMORAS A LOS INTEGRANTES DE ESTOS IMPORTANTES ENTES REGULADORES RESPETANDO EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE, ELIGIENDO A AQUELLOS QUE TENGAN LA IDONEIDAD IMPRESCINDIBLE, Y QUE SOLO PUEDEN SURGIR MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS PÚBLICOS, CON JURADOS INDEPENDIENTES.

Firmado: Emilio Apud; Julio César Araóz; Enrique Devoto; Roberto Echarte; Alieto Guadagni; Jorge Lapeña; Daniel Montamat; Raúl Olocco

26 de Julio de 2010.

COMISION INTER AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:

Desde que iniciara mi denuncia ante  esa  Honorable  Comisión  Inter  Americana en el EXPEDIENTE Nº 800 DEL 2008, en soledad, he venido señalando la vinculación del Poder Ejecutivo y la relación con el cuestionado, arbitrario e inmoral fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Ahora numerosos integrantes del Congreso de la Nación  denuncian  al  MATRIMONIO PRESIDENCIAL  por  “lavado  de  dinero”,  y  entre  los  elementos  de  prueba  se encuentra  la  adquisición  de  terrenos  en  Calafate,  como  yo  les  denunciara,  por  parte del Grupo CENCOSUD SA., y su vinculación  con  el  fallo de  la Corte  Suprema, violatorio  de  los más elementales derechos Constitucionales y de las normas legales vigentes, como  he acreditado  en reiteradas ocasiones ante ese Honorable Tribunal.

Sabrá  tener  en  cuenta lo  expuesto  en  el  presente al momento de emitir dictamen sobre la denuncia realizada. Esta prueba, aportada en su momento, es absolutamente veraz, como toda la remitida a esa Honorable Comisión Inter Americana.

Los saluda muy cordialmente.

Edgardo Civit Evans

DIARIO “LOS ANDES” de Mendoza

Nota publicada el 11 de julio de 2010

“Denuncian a los Kirchner por lavado de dinero”

Legisladores de Carrió van a la Justicia a partir del enriquecimiento del matrimonio.

¿Cómo hizo el matrimonio presidencial para llevar su fortuna a niveles inauditos durante los siete años que transita en la cúspide del poder? La Coalición Cívica de Elisa Carrió cree hace varios años que la pareja formó una asociación ilícita para enriquecerse ilícitamente.

Lo denunció en la Justicia, y hasta ahora no pudo probarlo, pero va por más: mañana, cuatro diputados denunciarán a los Kirchner por lavado de dinero. Quieren probar que los empresarios amigos del Gobierno hacen negocios y luego les pagan retornos con algún mecanismo que les permite “blanquearlo” en su patrimonio.

En la primera página de una presentación de doce carillas, los diputados nacionales Juan Carlos Morán, Adrián Pérez, Carlos Comi y Horacio Piemonte sostienen que el delito de lavado de activos -que prevé una pena de dos a diez años de cárcel y una multa de dos a diez veces el monto de la operación- “proviene de delitos relacionados con las actividades de asociación ilícita a través de la cual se habrían cometido distintos delitos contra la administración pública tales como fraude, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados”.

La Coalición preparaba la denuncia sin apuro, pero aceleró la presentación luego de que el miércoles se conoció que en el patrimonio de 2009, la Presidenta juró tener $ 55.537.290, casi 10 millones de pesos más que el año anterior.

En principio, los denunciantes habían estudiado la posibilidad de reactivar la causa por enriquecimiento -que cerró el juez Norberto Oyarbide- y se habían aferrado a la “denominada doctrina de Granillo Ocampo”, quien dijo que la evolución del patrimonio “trasciende los años” y no se puede cerrar. Se recuerda: el patrimonio K creció 710% desde 2003.

“El crecimiento hay que verlo como una película y no como una foto”, dijo Morán. En ese esquema trabajaban en la Coalición Cívica hasta que especialistas en delitos financieros les aconsejaron ir por “lavado de dinero”.

“Los Kirchner benefician a empresarios que hacen grandes negociados con el Estado y en paralelo ellos les hacen hacer ‘buenos negocios’ al matrimonio”, dice Morán.

Según la denuncia, ambos tuvieron cuatro fuentes de ingreso de riqueza extraordinaria. El alquiler del hotel Los Sauces por parte de Juan Carlos Relats, a través de la firma Panatel SA, en una cifra que no se puede justificar. La inigualable tasa que les paga el Banco Santa Cruz, del Grupo Eskenazi, por sus plazos fijos, estimada en 15 veces superior a lo que se paga en el mercado.

El Grupo Cencosud abonó $ 2,4 millones de dólares por un terreno fiscal de El Calafate, cuando el valor inmobiliario determinaba que valía el 10%. La venta de la residencia de Río Gallegos. El matrimonio la vendió al triple del valor inmobiliario y el comprador fue una empresa vinculada con Lázaro Báez, que tiene el 90 por ciento de la obra pública de Santa Cruz.

DIARIO “UNO” DE Mendoza
Miercoles 28 de Octubre de 2009

“NOTIAR” – Noticias de Argentina

“POLITICA Y DESARROLLO”

“NO RESPETAN LA VOLUNTAD POPULAR”

Opinión

Edgardo Civit Evans – Presidente nacional de Unidevi

El despotismo y la tiranía, tan criticados y padecidos por diferentes naciones, parecen haber desarrollado maneras de imponerse y permanecer en Argentina.

Juan Jacobo Rousseau (El contrato social) sostenía que la decisión de la mayoría debe prevalecer siempre. Este pensamiento, erróneamente invocado a favor de la libertad, es considerado el origen y justificación del despotismo.

Fue cuestionado por Benjamín Constant: “El asentimiento de la mayoría no basta para legitimar sus actos. Poco importa el origen de que se diga emanada; poco importa que se llame ciudadano o nación, aun cuando fuera la nación entera, un ciudadano que fuera el oprimido, no por eso sería legítima”. El contrato social “es el más terrible auxiliar de todos los géneros del despotismo”.

El gobernante déspota prescinde de las normas legales, sociales y morales, procede conforme a su propio arbitrio.

No orienta su accionar a lograr el bien común, sino su beneficio y el de quienes dispone.

Santo Tomás afirmaba que todo régimen que no defiende el bien común no es justo. Que es “sedicioso” fomentar discordias en el pueblo para generar beneficios propios (Suma teológica, 2, 2º, q.42, 22). Estima legítima la reacción “defensiva” del cuerpo social.

Constant y otros pensadores afirman que “déspotas puede haber en las monarquías o en las repúblicas”, por ser vicios y degeneraciones de ellas. Por su gravedad, transcurso del tiempo y alteración del orden legal pueden concluir en dictaduras o tiranías, porque son su eficaz instrumento.

Los sistemas puros de gobierno son alterados por la absorción del gobernante de otros poderes y funciones esenciales para la vigencia de la república: legislar y controlar la Justicia.

Rousseau no pensó en el absolutismo de una asamblea dirigida por el gobernante. Creía que la Asamblea (Congreso) era la máxima expresión de la voluntad popular (El contrato social, libro IV, cap. II ), y que ésta no se equivocaba.

No creyó que los gobernantes podrían imponer su voluntad sobre la Asamblea soberana, sea mediante el número o comprando voluntades.

Cuando las decisiones del gobernante anulan o restringen la voluntad popular, prescindiendo del estado de derecho y las libertades, aparece el absolutismo como precedente y el despotismo como consecuencia.

La injusticia y la inequidad responderán a la necesidad de preservar los vicios a principios éticos y políticos.

Los caracteres del despotismo son: el egoísmo, la violencia y el mero arbitrio (incluso por encima de la ley).

La oposición al despotismo intentará hacer prevalecer la Constitución y leyes justas sobre la voluntad única del gobernante.

La “ética social” es la que impone los mayores límites a los intentos amorales de los déspotas.

Inversamente, el mayor grado de incultura posibilita la existencia de déspotas, de la arbitrariedad, la obsecuencia, la impunidad.

La apatía o no participación social son gérmenes para esos vicios del poder, que permiten frases como la de Luis XIV: “El Estado soy yo”.

Estas consideraciones son aplicables en Argentina, donde padecemos la sumisión a la voluntad de una persona que ni siquiera detenta cargo alguno: Néstor Kirchner.

Se ha denunciado penalmente que impone sus decisiones a legisladores que integran el Congreso (despreciativamente llamado “escribanía”); a gobernadores e intendentes, sometidos por necesidades económicas.

Hace poco ordenó: “Del proyecto no se toca ni una coma”.

El poder discrecional sobre los recursos estatales le permitieron no rendir cuentas de los U$S 600.000.000 de Santa Cruz; ni acatar las órdenes de la Corte Suprema de hace 15 años, como en el caso Sosa.

Dispone del uso de aviones y de otros bienes públicos, como si fueran propios.

Con otros funcionarios, compró a precio vil tierras fiscales en Calafate, que vendió con utilidades superiores a U$S  6.000.000.

El obsceno enriquecimiento personal de funcionarios, parientes, socios, amigos, y hasta de sus secretarios, que incrementaron el patrimonio hasta el 118.000%, ¡ciento dieciocho veces! en menos de 3 años, constituye un agravio a la República y sus instituciones.

Controlan el juego y las obras públicas. Se venden medicamentos falsos. Quieren los medios de difusión. Lo robado pasa a ser lícito.

No hay radares. Los narcotraficantes ingresan al país sin problemas. Hijos de funcionarios reparten drogas en autos del Estado.

Cuando se vayan, ¿gozarán de impunidad?

Un analista graficó: “El problema hoy no está en la corrupción, sino en estar fuera de ella”. ¡Terrible!

Un cachetazo a la silenciosa y ciega Justicia. Una burla al Código Penal.

Mientras ellos se enriquecen, aumenta escandalosamente la cantidad de indigentes y pobres, que con casi el 40% y 15%, superan los de 2001. Crecieron el 150% las villas inestables.

Cae la producción; crecen las deudas interna y externa. Las provincias y municipios están casi quebrados.

¡Y tienen la arrogancia y desfachatez de afirmar que el mundo les copia el exitoso modelo!

En naciones serias, varios ya estarían presos, o al menos fuera del gobierno. El repudio social sería unánime.

Este gran y hermoso país, que fuera el granero del mundo, en 1929 competía con Estados Unidos.

Hoy estamos considerados entre los más corruptos, atrasados y con menos seguridad jurídica del mundo, con niveles similares a Armenia, Belice, Moldavia y otros.

El despotismo y las degeneraciones de la democracia republicana son consecuencia de la falta de cultura, de moral.

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) realiza evaluaciones, llamadas PISA. Por encargo de los gobiernos examina a estudiantes de 15 años en tres áreas: lectura, matemáticas y ciencias naturales. No mide sólo el conocimiento escolar, sino también la capacidad de entender y resolver problemas. Evalúa si podrían ser víctimas o constructores de su futuro.

Argentina padece el mayor deterioro mundial del nivel educativo. En el 2000 ocupábamos el puesto 35º sobre 41 países. En 2006, el 53º entre 57 naciones.

Seremos creíbles cuando imperen la Constitución y la justicia.

Cuando los delincuentes vayan presos.

Cuando por nuestras actitudes éticas recuperemos nuestras libertades y derechos republicanos.

Cuando se brinde cultura y trabajo al soberano para que deje de apoyar (por necesidad creada, “clientelismo”) a déspotas y tiranuelos, más propios de republiquetas despreciables, que de una nación respetada como fue y debería ser Argentina.

Edgardo Civit Evans

http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2009/10/28/nota227834.html

Enrique A. PIRAGINI, Presidente del PARTIDO DEL CAMPO POPULAR, Distrito Capital Federal, ha promovido una denuncia por ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y OTROS DELITOS contra HECTOR DANIEL MUÑOZ, ISIDRO BOUNINE y JULIAN ALVAREZ, Secretarios privados de la Presidente CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER Y NESTOR KIRCHNER, a fin de que se investigue el descomunal aumento patrimonial que evidenciaran en sus respectivas declaraciones juradas, frente a la información consignada en el artículo del periodista de investigación Nicolás DIANA aparecido en la última edición de la Revista Noticias.

El desproporcionado crecimiento del patrimonio declarado por los denunciados, quienes comparten el rol de secretarios privados junto al ya denunciado FABIAN GUTIERREZ, amerita una profunda investigación pues podrían comprobarse otros ilícitos más graves como lavado de dinero, tráfico de influencias, asociación ilícita y violación de los deberes de funcionario público, además de encubrimiento por parte de quienes toleraron y no controlaron la actividad desplegada por aquellos y sus partícipes.

Además de una flagrante violación a la ley de Etica en la función pública, resulta llamativa la adjudicación de tierras en El Calafate a precio vil y los asientos contables vinculados a supuestas deudas y créditos tomados de entes y personas relacionadas con el entorno presidencial. En particular se sugiere verificar la eventual comisión de evasión tributaria y fiscal, lavado de dinero y en particular se investiguen los precios de adquisición y escrituración de los inmuebles, cotejándolos con el valor venal en plaza, ya que podría evidenciarse falsedad ideológica en instrumento público y participación necesaria del escribano interviniente.

Como las declaraciones juradas fueron presentadas en esta Capital Federal y los fondos podrían haberse adquirido en esta jurisdicción se requiere investigar y proseguir las actuaciones en esta Capital Federal, evitando la contaminación de la pesquisa –y frustración de la prosecución de la causa- por la intervención de personajes vinculados al matrimonio presidencial, visto que en el sur del país podrían intervenir fiscales y jueces allegados al poder (como tomara estado público el íntimo conocimiento entre el juez federal, Santiago LOZADA -quien cerró en la provincia las causas contra los Kirchner- y la fiscal Natalia MERCADO, hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y sobrina del ex presidente, también comprometida en la adquisición irregular de tierras en El Calafate, concedidas a precio vil).

Solicita se investiguen cómplices, partícipes, instigadores y encubridores, se requieran tasaciones de los bienes adjudicados a los involucrados y en especial se requieran las Declaraciones Juradas de los denunciados.-

Su texto es el siguiente:

DENUNCIA ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y OTROS DELITOS.-

Excma. Cámara:

Enrique A. PIRAGINI, DNI 8.502.699, abogado, por sí y por el PARTIDO DEL CAMPO POPULAR, Distrito Capital Federal, constituyendo domicilio en Uruguay 485, 3º “R02” (TE 4599-8353 y 154-159-8401), a V.E. respetuosamente digo:

Vengo a promover formal denuncia por ENRIQUECIMIENTO ILICITO y otros delitos, contra HECTOR DANIEL MUÑOZ, ISIDRO BOUNINE y JULIAN ALVAREZ , Secretarios privados de la Presidente CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER Y NESTOR KIRCHNER, a fin de que se investigue el descomunal aumento patrimonial que evidenciaran en sus respectivas declaraciones juradas, frente a la información consignada en el artículo del periodista de investigación Nicolás DIANA aparecido en la última edición de la Revista Noticias.

El desproporcionado crecimiento del patrimonio declarado por los denunciados, quienes comparten el rol de secretarios privados junto al ya denunciado FABIAN GUTIERREZ , amerita una profunda investigación pues podrían comprobarse otros ilícitos más graves como lavado de dinero, tráfico de influencias, asociación ilícita y violación de los deberes de funcionario público, además de encubrimiento por parte de quienes toleraron y no controlaron la actividad desplegada por aquellos y sus partícipes.

Además de una flagrante violación a la ley de Etica en la función pública, resulta llamativa la adjudicación de tierras en El Calafate a precio vil y los asientos contables vinculados a supuestas deudas y créditos tomados de entes y personas relacionadas con el entorno presidencial.

En particular se sugiere verificar la eventual comisión de evasión tributaria y fiscal, lavado de dinero y en particular se investiguen los precios de adquisición y escrituración de los inmuebles, cotejándolos con el valor venal en plaza, ya que podría evidenciarse falsedad ideológica en instrumento público y participación necesaria del escribano interviniente.

Como las d eclaraciones juradas fueron presentadas en esta Capital Federal y los fondos podrían haberse adquirido en esta jurisdicción se requiere investigar y proseguir las actuaciones en esta Capital Federal, evitando la contaminación de la pesquisa –y frustración de la prosecución de la causa- por la intervención de personajes vinculados al matrimonio presidencial, visto que en el sur del país podrían intervenir fiscales y jueces allegados al poder (como tomara estado público el íntimo conocimiento entre el juez federal, Santiago LOZADA -quien cerró en la provincia las causas contra los Kirchner- y la fiscal Natalia MERCADO, hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y sobrina del ex presidente, también comprometida en la adquisición irregular de tierras en El Calafate, concedidas a precio vil).

Solicita se investiguen cómplices, partícipes, instigadores y encubridores, se requieran tasaciones de los bienes adjudicados a los involucrados y en especial se requieran las Declaraciones Juradas de los denunciados.-

El referido artículo periodístico, suscripto por Nicolás DIANA, dice:

Así prosperan los secretarios K

Multiplicaron su fortuna entre 800 y 11.000 por ciento desde que trabajan en el Gobierno. Casas en El Calafate, sociedades anónimas y un piso en Recoleta.

Son los cuatro fantásticos de Cristina Fernández. La siguen a sol y sombra y conocen todos sus secretos. Son los hombres que le llevan las valijas en los viajes y los que aguantan sus rabietas sin chistar. Son sus secretarios privados: Fabián Gutiérrez, Héctor Daniel Muñoz, Isidro Bounine y Julián Álvarez.

Gutiérrez es el más famoso de los cuatro. Hace quince días saltó al estrellato cuando una investigación del sitio Opi Santa Cruz ventiló que se estaba construyendo una espectacular casona en El Calafate valuada en 500.000 dólares. Pero la casa no era la única sorpresa que guardaba Gutiérrez. En los últimos seis años incrementó su patrimonio un 874 por ciento. Pasó de 52.590 pesos en el 2003 a 512.393 en el 2008.

Sus compañeros de aventuras tampoco se quedan atrás.

El caso más impresionante es el de Muñoz, quien entre el 2003 y el 2008 tuvo un incremento patrimonial de 11.180 por ciento.

En cuanto a Bounine, apenas tenía 15.000 pesos en una cuenta bancaria cuando llegó a la Casa Rosada en el 2005 para asistir al ex presidente Néstor Kirchner. Pero la prosperidad K también le llegó y en el 2008 sus bienes ascendieron a 830.254 pesos. El incremento patrimonial fue del 5.435 por ciento.

El cuarto secretario, Álvarez, pasó de tener 5.860 pesos de patrimonio en el 2003 a 298.406 en el 2007. Un incremento de 4.992 por ciento . Su declaración jurada del 2008 no está disponible: los auditores oficiales se la devolvieron para que la corrija porque tenía errores de procedimiento.

La información de la fortuna de los secretarios K se desprende de las declaraciones juradas que presentaron ante la Oficina Anticorrupción. Cada uno cobra cerca de 15.000 pesos al mes de sueldo. ¿Cómo hicieron para enriquecerse?

Cabañas y petróleo.

Héctor Daniel Muñoz , el del incremento patrimonial del 11.000 por ciento, es uno de los secretarios más antiguos del matrimonio K y hoy cumple funciones en la Quinta de Olivos. Mientras Kirchner fue presidente le atendía el celular y oficiaba de “punching ball” humano en los momentos en que el patagónico necesitaba descargar su ira.

Hoy trabaja para Cristina y ostenta rango de asesor presidencial. “Danielito”, como lo llama el ex presidente, es el secretario más rico de los cuatro y el que más incrementó su patrimonio en los seis años de gestión. Pasó de 14.000 pesos en el 2003 a 1.579.172 en el 2008.

Cuando llegó del sur junto al matrimonio presidencial no tenía ninguna propiedad inmueble. Declaraba un Volkswagen Gol valuado en 15.000 pesos y una deuda de 1.000 pesos con la Banca Nazionale del Lavoro. En cambio, en su última declaración admite un complejo de seis cabañas en El Calafate sobre un terreno de 1.285 metros cuadrados que compró en el 2003 por 9.637 pesos. El complejo terminó de construirlo en el 2007 y sólo en el 2008 le generó ingresos por 472.314 pesos en alquileres. En el rubro “mejoras” declara que invirtió 269.347 pesos en el emprendimiento.

También tiene 450.000 pesos en efectivo, una caja de ahorro con 10.673 pesos y una cuenta corriente por 42.273. El 24 de noviembre del 2008 ingresaron a sus arcas 170.000 pesos por la venta de un terreno en Río Gallegos que había comprado en el 2006 por 44.700. Lo que se dice un buen inversor.

El 2008 fue el gran año para Muñoz. Se compró un terreno de 675 metros cuadrados en Mar de las Pampas valuado en 80.000 pesos y además creó dos sociedades: Proxi SRL, dedicada a los servicios petroleros, y DS Mayer SA, cuya actividad principal es el transporte urbano de cargas.

Su socio en ambos emprendimientos es Sebastián Ludman, un joven empresario del sur integrante de la Cámara Patagónica de Servicios Petroleros, que hace unos años denunciaba el sorprendente avance de empresarios kirchneristas en ese rubro. Ahora él mismo se asoció a un pingüino de ley.

En su declaración jurada también reluce una deuda de 70.947 con el Banco de San Juan, propiedad del Enrique Eskenazi, el banquero favorito de Kirchner y dueño también del Banco de Santa Cruz y de una parte de YPF. También tiene deudas por 28.750 pesos con sus dos sociedades.

Más prosperidad.

Julio Daniel Álvarez alguna vez soñó con ser intendente de Río Gallegos. De todos los secretarios presidenciales es al que más le gusta “chapear” con su cargo y hasta se declara amigote del futbolista Juan Sebastián “La Brujita” Verón. En diciembre del 2006 lo invitó a hacer campaña en Río Gallegos y le presentó a Lázaro Báez, el constructor más beneficiado con la obra pública y señalado por la oposición como supuesto testaferro de Kirchner.

En el 2003, cuando asumió como valet presidencial, Álvarez tenía un patrimonio de sólo 5.860 pesos. Según su última declaración jurada, sus bienes ahora ascienden a 298.406 pesos . Tiene una casa en Río Gallegos valuada en 15.200 pesos, una caja de ahorros con 231.404 pesos y una deuda de 5.458 pesos con el Instituto de la Vivienda de Santa Cruz.

Además, como cualquier kirchnerista que se precie, adquirió terrenos en El Calafate: uno de 1.500 metros cuadrados valuado en 9.034 pesos y otro de 2.250 metros cuadrados por 13.500 pesos. Los terrenos los compró a precio vil –6 pesos el metro cuadrado– gracias a un decreto del entonces intendente kirchnerista de El Calafate, Néstor Méndez.

Fabián Gutiérrez también compró terrenos en El Calafate a precio de remate. En el 2004 adquirió uno de 1.466 metros cuadrados por el que pagó 10.995 pesos. Allí se está construyendo una casa de 480 metros cuadrados cubiertos, con pileta climatizada, gimnasio y sala de juegos, entre otras comodidades. Algunas denuncias periodísticas indican que valdría 1 millón de dólares y él responde que sólo llega a los 300.000. Según inmobiliarias de la zona, el valor de mercado de la propiedad asciende a los 500.000 dólares.

También en El Calafate tiene otro terreno de 1.470 metros cuadrados comprado en el 2008 por 22.000 pesos. Y en la localidad de Hipólito Yrigoyen, en Santa Cruz, hizo el negocio de su vida: pagó 513 pesos por 448 metros cuadrados.

Además posee un departamento en el barrio porteño de Recoleta. Tiene 107 metros cuadrados y declara que lo compró en el 2007 por 332.000 pesos, aunque según los valores de mercado valdría no menos de 800.000.

Cuando está en Buenos Aires, a Gutiérrez le gusta manejar un Porsche negro descapotable, que jura que no le pertenece. Para las vacaciones prefiere una moto de agua comprada en el 2008 a 35.000 pesos.

Además de su trabajo como secretario, cobra un sueldo de 70.000 pesos al año como gerente de Komprometidos SRL, la sociedad de Damián y Wilfrido Barijhoff que editaba la desaparecida revista Ka. Wilfrido, además, le prestó 720.000 pesos.

Gutierrez tuvo un incremento patrimonial del 874 por ciento en seis años. En el 2003 tenía un saldo patrimonial de 52.590 pesos y en el 2008 sus bienes ascendieron a 512.393. El fiscal federal Guillermo Marijuán acaba de abrirle una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.

La yapa.

El que también está siendo investigado es Isidro Bounine. La Oficina Anticorrupción detectó que sus bienes crecieron demasiado en los últimos años. En el 2005, cuando presentó su primera declaración jurada, tenía bienes por 15.000 pesos. En el 2008 su patrimonio ascendió a 830.254 pesos. El valet se compró en el 2008 un departamento en Belgrano por 228.754 pesos. Y declara tener 70.000 dólares y 42.000 euros en efectivo. Su patrimonio creció un 5.435 por ciento en tres años.

Obedientes y silenciosos, los secretarios presidenciales multiplicaron su fortuna al lado de los Kirchner. Habrá que ver si pueden justificarlo”.

Adelanto que he de asumir el rol de querellante en calidad de representante del Partido del Campo Popular y en aras del interés difuso ínsito en la Constitución Nacional, ya que podrían evidenciarse LAVADO DE DINERO y otros ilícitos de acción pública.-

Proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA.-

ENRIQUE A. PIRAGINI

Martes 13 de octubre de 2009

Opinión

“Corrupción, inseguridad e impunidad”

El autor ve con preocupación una Argentina que desciende en prácticamente todos los rankings de competitividad mundiales.

“Todo hace creer que la República Argentina está llamada a rivalizar con los Estados Unidos de América del Norte, tanto por la riqueza y la extensión de su suelo como por la actividad de sus habitantes y el desarrollo e importancia de su industria y comercio, cuyo progreso no puede ser más visible”.

Diccionario ARGO, España, Año 1929 (pág. 120)

Europa enviaba sus hijos a la Argentina a “hacer la América”. Hasta la década del ’70 fuimos la economía más poderosa de América Latina.

Pero muchas cosas pasaron en pocos años.

Desde el año 1930, nuestra moneda se desvalorizó como ninguna otra en el mundo. Para adquirir el mismo dólar necesitaríamos 10.000.000.000.000 de pesos (10 billones por la pérdida de 13 ceros).

A principios del 2008 señalé que por el aumento del gasto público; la inseguridad jurídica y personal; falta de calidad institucional; inexistencia de inversión interna como externa; la inflación; el incremento de la deuda externa; los conflictos con el campo; el retiro de fondos, la corrupción, y otros, llevaron a la revista “Forbes” a ubicar a la Argentina en el lugar 94 sobre 121 países, con posibilidades y seguridades para hacer negocios.

Los primeros puestos eran para Dinamarca, Irlanda, Finlandia, Estados Unidos y Gran Bretaña.

En América Latina, la Argentina fue superada por Chile (19), México (43), Uruguay (44), Trinidad (45), Jamaica (49), Perú (52), Panamá (53), Brasil (56), Colombia (65), Paraguay (70), El Salvador (72) y República Dominicana (79).

Nada se hizo para cambiar el rumbo.

Brasil, con un presidente ex gremialista, entendió el mensaje del mundo, y siguió creciendo.

Pasó de tener el doble del producto bruto de la Argentina a superarnos ¡10 veces!

En el “Informe Global de Transparency International” del año 2009, la Argentina quedó en el puesto 109 sobre 180.

En América sólo superamos a Paraguay y a Venezuela.

Uruguay y Chile miden como Francia.

Argentina está junto a Armenia, Belice, islas Salomón y Moldavia.

Desde 2001, el Informe Global de la Corrupción (IGC) ofrece una evaluación anual del estado de la corrupción en el mundo. “La publicación, elaborada por Transparency International (TI), reúne a los principales especialistas y profesionales del planeta para analizar temas actuales, identificar nuevos desafíos y estudiar posibles soluciones en el campo de la corrupción”.

En el caso de la Argentina, el “Informe sobre Corrupción” tiene apartados donde analiza el proyecto del tren bala, el caso de la valija de Antonini Wilson, las polémicas cifras del Indec y otros.

En América Latina los países mejor posicionados son Chile y Uruguay (23), Cuba (65), El Salvador (67), Colombia (70), México y Perú (72) y Brasil (80).

Por erróneas políticas, el campo y ciudades cercanas están paralizados. Con las mejores condiciones para progresar, la Argentina sigue cuesta abajo.

Prestigiosos economistas, en base a datos del Banco Central, sostienen que la deuda externa alcanza U$S 167.500.000.000, cifra similar a la existente antes de la quita realizada hace 5 años.

Quedan miles de litigios con bonistas que no aceptaron el canje que representan cerca de U$S. 20.000.000.000.

Con expresiones de supuesta independencia económica se cometió el error de cambiar deuda con intereses de 3% anual a largo plazo, por bonos que se ajustan por CER más 3% de interés, a corto plazo, 15% anual, a Venezuela. Estos bonos generan parte del crecimiento de la deuda.

Al margen de discursos, seguimos siendo país miembro del FMI, y ahora pidiéndole plata.

El Gobierno, ante el incremento del gasto público, apeló a los fondos de las AFJP, del Banco de la Nación y del Central, a la creación de Fondos Fiduciarios para el Gas y la Electricidad, y otros mecanismos recaudatorios.

Como no alcanzan, buscará recursos con otros aumentos.

Hace 78 años nos comparaban con Estados Unidos. Hoy con Armenia y Moldavia.

Alguien debe explicar qué pasó.

Nos aguardan momentos difíciles que obligan a la racionalidad, transparencia, verdadera Justicia y honestidad.

Después de años de autoritarismo, centralismo y soberbia, con casi 40% de pobres y 15% de indigentes; narcotráfico; negociados; delincuencia; escasa institucionalidad; dudoso estado de derecho; varios intentarán continuar con un sistema armado para que sigan gozando de la impunidad que les brinda el poder.

Silenciando medios de difusión y a periodistas, o dividiendo a las voces opositoras.

Quienes no obren conforme la gravedad de la situación y continúen incitando al enfrentamiento entre argentinos por mezquinos intereses políticos y económicos, y delinquiendo con la cosa pública, serán los responsables de los hechos que pudieran suceder. Que por supuesto no deseamos.

Por Edgardo Civit Evans  – Presidente Nacional de Unidevi

CORRUPCION E INSEGURIDAD

UN INFORME NOS COLOCA EN LUGAR 109 SOBRE 180 PAISES

“Todo hace creer que la República Argentina está llamada a rivalizar con los Estados Unidos de América del Norte, tanto por la riqueza y la extensión de su suelo como por la actividad de sus habitantes y el desarrollo e importancia de su industria y comercio, cuyo progreso no puede ser más visible.”

Diccionario ARGO, España, Año 1929 (página 120)

Europa pensaba de esa manera, y enviaba sus hijos a Argentina a “hacer la América”.

Muchas cosas pasaron en los últimos años.

Nuestra moneda perdió valor como ninguna otra en el mundo. Para adquirir el mismo dólar de 1930, necesitaríamos 10.000.000.000.000 de pesos (10 billones de pesos, por la pérdida de 13 ceros).

En julio de 2008 medios de Argentina y el mundo me publicaron una nota que titulé “Cuesta abajo”.

Planteaba que por el aumento del gasto público; la inseguridad jurídica y personal; falta de calidad institucional; inexistencia de inversión tanto interna como externa; la inflación; el incremento de la deuda externa; los conflictos con el campo; el retiro de fondos, la corrupción, y otros, llevaron a la prestigiosa Revista “Forbes” a ubicar a Argentina en el lugar 94 sobre 121, entre los países que brindan mayores posibilidades y seguridades para hacer negocios.

A pesar de la crisis, los primeros puestos eran para Dinamarca, Irlanda, Finlandia, Estados Unidos y Gran Bretaña.

En America Latina,  Argentina era superada por Chile (19), México (43), Uruguay (44), Trinidad (45), Jamaica (49), Perú (52), Panamá (53), Brasil (56), Colombia (65), Paraguay (70), El Salvador (72) y República Dominicana (79).

Caímos 40 lugares en poco tiempo.

Nada se hizo para cambiar el rumbo.

En el reciente “Informe Global de Transparency International”, Argentina quedó en el puesto 109, sobre 180.

En América sólo superamos a Paraguay y Venezuela.

Uruguay y Chile están junto a Francia.

Argentina junto a Belice y Moldavia.

“Desde 2001, el Informe Global de la Corrupción (IGC) ofrece una evaluación anual del estado de la corrupción en el mundo.”

“La publicación, elaborada por Transparency International (TI), reúne a los principales especialistas y profesionales para analizar temas actuales, identificar nuevos desafíos y estudiar posibles soluciones en el campo de la corrupción.”

El informe, que resume el año 2008, fue presentado por la organización no gubernamental, ubica a la Argentina en el puesto 109 sobre 180 países, junto a Armenia, Belice, Moldavia, Islas Salomón y Vanuatu.

En el caso puntual de Argentina, el “Informe Global de la Corrupción” tiene apartados donde analiza el proyecto del tren bala, el caso de la valija de Antonini Wilson, las polémicas cifras del Indec y otros.

En América Latina los países mejor posicionados son Chile y Uruguay (23), seguidos por Cuba (65), El Salvador (67), Colombia (70), México y Perú (72) y Brasil (80).

Por erróneas y autoritarias políticas, el campo y las ciudades cercanas están paralizados.

Con las mejores condiciones para progresar Argentina sigue cuesta abajo.

Prestigiosos economistas, en base a datos del Banco Central, sostienen que la deuda externa alcanza U$S. 167.500.000.000, cifra similar a la existente antes de la quita realizada hace 5 años.

Pero quedan miles de litigios con bonistas que no aceptaron el canje que representan cerca de U$S. 20.000.000.000

Con expresiones de supuesta independencia económica se cometió el error de cambiar deuda con intereses del 3% anual a largo plazo, por bonos que se ajustan por CER más 3% de interés, a corto plazo.

Ahora pagamos el  14% anual a Venezuela. Estos bonos generan parte del importante crecimiento de la deuda. Al margen de discursos progresistas, seguimos siendo país miembro del FMI.

El Gobierno ha apelado a los fondos de las AFJP, del Banco de la Nación y del Central, a la creación de Fondos Fiduciarios para el Gas y la Electricidad, y otros mecanismos recaudatorios.

Como no alcanzan, buscará recursos con otros aumentos.

Hace apenas 78 años nos comparaban con Estados Unidos. Hoy con Armenia, Bélice y Moldavia. Que alguien nos explique que pasó.

Nos aguardan momentos difíciles que obligan a la racionalidad, transparencia, la temperancia, verdadera Justicia y honestidad en los procedimientos.

Quienes no actúen conforme la gravedad de la situación y continúen incitando al enfrentamiento de argentinos con argentinos por mezquinos intereses políticos y económicos, y delinquiendo con la cosa pública, serán los “responsables directos” de los hechos que pudieran suceder.

Que por supuesto no deseamos.

Edgardo Civit Evans

Presidente Nacional de UNIDEVI
edgardocivitevans@itcsa.net

“NOTIAR” – NOTICIAS DE ARGENTINA

WWW.ENRIQUEAVOGADRO.COM

“POLITICA Y DESARROLLO”

“EL DIARIO 7″

DIARIO “EL BOLSON”

BOLSONWEB

“CORRIENTES HOY”

“MONOPOLIOS, INSEGURIDAD JURIDICA Y KIRCHNER”

Los Kirchner “aparentan” luchar contra los monopolios.

Nada más alejado de la realidad.

En 1999 fue sancionada la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia, o Antimonopolios. Trata sobre sistema de precios, monopolios, barreras de entradas, fusiones, concentraciones. Tiende a proteger el interés general y el bienestar común. Fue reglamentada en enero del 2001.

La norma en casi todos sus artículos menciona como único órgano de aplicación al Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, ente autárquico, no político, profesional, técnico, elegido por un selecto cuerpo. Sus 7 miembros duran en los cargos 6 años, o sea, más que el presidente.

A 10 años de sancionada la ley, a 8 de su reglamentación y 6 años de kirchnerismo, no la han aplicado como corresponde.

El Tribunal nunca fue creado. Sigue siendo un funcionario político, en clara violación a la ley antimonopolios, el que aprueba las concentraciones. Otro, Moreno, los precios.

En abril del 2004 reclamamos ante la Justicia Federal el cumplimiento de la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica y el “Protocolo de Defensa de la Competencia en el MERCOSUR” (Fortaleza) y Leyes vigentes.

El Juez de Primera Instancia y la Cámara Federal dictaron 21 sentencias conforme a Derecho. Además 5 fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre medidas cautelares.

El Máximo Tribunal, basado en su jurisprudencia, emitió  fallo definitivo el 3 de julio del 2007.

Dispuso que como “la causa había devenido en abstracto”, la Corte “carece de jurisdicción” porque “debe atender a la situación existente al momento de ser dictado” (Exptes. B-578, B-861, B-1793, B-2447 y B-2448, todos del 2007). Ordenó el archivo de las actuaciones y la remisión del principal al inferior, la Cámara Federal de Apelaciones.

Sorprendentemente, 9 meses después, en la misma causa, con las mismas personas y objeto, alterando su propia y unánime jurisprudencia (incluso en el mismo caso), resuelve “hacer lugar a las quejas, se declaran procedentes los recursos extraordinarios y se revoca la sentencia de fs. 1679/1691 de los autos principales. Con costas.” (S. C. J. N. – B-1626, LXLII del 16/04/2008)

La queja fue planteada por CENCOSUD y el GOBIERNO.

Este nuevo fallo de la Corte, firmado por menos ministros  que el anterior, atenta contra derechos Constitucionales, Tratados Internacionales; las Leyes 25.156 y 22.262.

No considera al Código Procesal Penal y el Reglamento para la Justicia Nacional, obligatorios para el caso (Art. 56 Ley 25.156).

No trata lo peticionado en la acción; ni la abundante prueba ofrecida en miles de fojas; desnaturaliza la vía Constitucional del amparo (Art. 43 C. N.); desestima las 21 resoluciones de los Magistrados de Primera y Segunda Instancia, ajustadas a la Constitución, a Tratados y Leyes.

Con preclusión que la misma Corte ha condenado, dictamina en contra de su propia Jurisprudencia (incluso en el mismo caso); funda su sentencia en normas que no son de aplicación.

Es un fallo contradictorio. Hace decir a la Cámara Federal lo que no sostuvo. Es arbitrio.

Condena en costas a quien tuvo la osadía de pedir el cumplimiento de la Constitución, Tratados y Leyes vigentes.

Una vergüenza que acredita la inseguridad jurídica y judicial imperante. Único en el mundo.

He denunciado ante la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos al Poder Ejecutivo por no aplicar la Ley; y a la Corte Suprema por dictar semejante fallo arbitrario,  contrario a derecho y Tratados Internacionales.

El Poder Ejecutivo, los Kirchner, defendieron la no aplicación de la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia, junto con uno de los grupos de mayor concentración en supermercados.

Me refiero a la fusión de CENCOSUD con ROYAL AHOLD.

Esta fue concretada en Argentina cuando en Estados Unidos, Uruguay, Colombia, Holanda, España y otros países había miles de denuncias penales contra este último grupo por delitos como falsificar balances y documentos; publicar datos incorrectos en los libros. Dijeron: “esto lo arreglamos con U$S. 10.000.000”.

El titular de CENCOSUD, Horst Paulmann, es – casualmente – la persona a quien  Néstor Kirchner le vendió las  tierras fiscales de Calafate, que compró por monedas a la Municipalidad y le revendió en millones de dólares.

Lo condecoró con la “Orden de Mayo”, máxima distinción nacional a extranjeros. ¿Qué servicios prestó al país?

Hablan de distribución de la riqueza. Es falso. Nunca existió tanta concentración económica como en los últimos años.

Existen monopolios en las exportaciones.

Tres grupos económicos manejan cerca del 83% del mercadeo alimentario a través de supermercados. Lo dijo el 7/7/08 José Sbattella, presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia. Una semana después, lo echaron.

Hay monopolios en bebidas, en el pan, galletas, en el hierro, la chapa, en el cemento, los fertilizantes, los laminados, plásticos, vidrios, tetras, y centenares de productos más.

Productos farmacéuticos tienen utilidades hasta del 33.000%, contra el bienestar general, y la salud de los jubilados. Encima, una mafia los adultera. Y financia campañas.

La fusión de Cablevisión con Multicanal (Clarín), que hoy cuestionan, fue aprobada por el gobierno de Kirchner.

Como la de UNIFON con C. T. I. en MOVISTAR, de Telefónica, y la de Bimbo con Fargo, entre muchas otras.

Desde esa óptica monopólica oficial es correcto que Cristóbal López  controle el juego en Argentina.

Que existan monopolios no cuestionados, con  “rentabilidades extraordinarias”, como la minería, que pagan ridículos impuestos (Barrick Gold, por ejemplo).  Y se llevan fortunas.

La presidente vetó la Ley de Glaciares sancionada unánimemente por el Congreso para evitar la contaminación.

Mientras esos monopolios extranjeros se llevan miles de millones de dólares, mueren 20 niños de hambre por día – ¡7.300 por año!; fallecen 8.200 personas en  accidentes; quedan heridas 12.000; desaparecen 600 mujeres por tráfico de blancas; 3.000 muertos por hechos de violencia; hay centenares de secuestros; miles de asaltos.

Estamos considerados entre los países con menos seguridad personal y jurídica, con mayor corrupción y drogadicción.

Dicen que van a democratizar los medios de difusión.

Lo que pretenden es un pensamiento único, sin debate, sin críticas ni cuestionamientos.

En Santa Cruz, salvo el blog OPI, no existe periodismo independiente.

Todos los medios, sin ninguna excepción, pertenecen al “amigo” y ex chofer de Kirchner,  Rudy Ulloa Igor. Se lee y escucha lo que mandan los Kirchner.

Los medios que aplauden al poder reciben  millonaria pauta publicitaria oficial.

Les altera que se quejen los productores que tienen menos de 1.000 hectáreas de campo, y están fundidos.

Nada dicen sobre los “amigos” que tienen  más de 200.000 hectáreas, como Elsztain, Mindlin y otros (ver “La mafia judía en Argentina” de Fabián Spollansky)

No hay que ser cándidos. Esta no es una tentativa de “democratizar” la información ni de desmonopolizar.

Tiende a dividir, controlar, y comprar medios que no son obsecuentes al poder casi monárquico del matrimonio Kirchner.

No me gustan los monopolios. Lo demuestro con hechos y denuncias.

No con el doble discurso de los Kirchner que dicen apoyar la distribución de la riqueza y son “amigos” de los grandes monopolios, sobre todo foráneos.

Legalmente, lo que están haciendo es un ataque a varias libertades Constitucionales, como expresión, prensa, comerciar, propiedad, asociarse, trabajo, igualdad, y otros.

Veamos el Artículo 32º de la Constitución: “El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.”

Tienen el monopolio de la información en Santa Cruz, y quieren hacerlo en todo el país.

Tanto es así, que el senador Jenefes ha presentado un increíble proyecto para controlar incluso las informaciones en Internet. Como en China, y peor que en Cuba.

Mientras, siguen apareciendo mafias criminales vinculadas a funcionarios del Gobierno y a sindicalistas adeptos. Pagos de  campañas políticas. Valijas. Tráfico. Papelones en el mundo.

Legisladores que sospechosamente cambian su voto. De eso no hablan.

La Constitución, Tratados y Leyes, ¿a quien le importan?

Las instituciones cada día más desprestigiadas.

“El Estado soy yo” decía Luis IVX. Kirchner parece que opina igual. Como la historia se repite, ¡que triste futuro nos espera!

Edgardo Civit Evans –

Presidente de UNIDEVI

“NUEVO ENCUENTRO” (Santa Fe)

“DIARIO EL BOLSON”

“BOLSON WEB”

“CORRIENTES HOY”

“MERCEDES HOY”

“GOBIERNO, MONOPOLIOS Y MEDIOS DE DIFUSION”
Viernes, 4 de septiembre del 2009

El Gobierno intenta modificar la ley de radiodifusión. Varios  obsecuentes hablan y no saben de qué se trata.

Como no soy empleado del Gobierno ni tengo relaciones con algún medio, ejerzo el Constitucional derecho de  opinar sobre el tema.

1) No conozco a nadie del Grupo Clarín.

He cuestionado que desde hace años no me publican notas que fueron difundidas en otras naciones.

2) En el caso del Grupo UNO, vivo en Mendoza y los conozco, como casi todos mis comprovincianos.

Nadie puede decir que me haya visto en alguna de las fiestas que realizan, a las que sí asisten funcionarios kirchneristas y otros personajes.

No tengo relación comercial ni de otro tipo con el Grupo. Libremente, han difundido mis opiniones en varias ocasiones.

Con esta tranquilidad ética expreso mis ideas sobre este proyecto que el Gobierno quiere aprobar como si  fuera lo más trascendente y urgente en el país.

3) Esta ley parece más importante que solucionar que en Argentina mueran 20 niños de hambre por día – ¡7.300 por año!; fallecen 8.200 personas en  accidentes; quedan heridas 12.000; desaparecen 600 mujeres por tráfico de blancas; hay centenares de secuestros; y estamos considerados entre los países con menos seguridad personal y jurídica, con mayor corrupción y drogadicción.

Que haya un 40% de pobres, millones sin una casa digna.

Vale más pelear con medios periodísticos que ocuparse de la vida de miles de Argentinos. ¿Por qué?

4) Conozco cómo actúan los Kirchner. Especialmente en materia de prensa. Participé del Seminario sobre Libertad de Expresión en el Senado de la Nación.

En Santa Cruz, salvo el blog OPI, no existe periodismo independiente.

Todos los medios pertenecen al obsecuente “amigo” (¿socio?) y ex chofer de Kirchner,  Rudy Ulloa Igor.

No existe posibilidad de disidencia. Se lee y escucha lo que quieren los Kirchner.

En Argentina gran parte del juego es manejado por Cristóbal López y/o Lázaro Báez, también vinculados al matrimonio presidencial.

5) Numerosos periodistas han sido perseguidos por discrepar con los Kirchner.

Entre otros menciono a: Nelson Castro, Joaquín Morales Sola, José (Pepe) Eliaschev, Víctor Hugo Morales, Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, Alfredo Leuco.

Nelson Castro: para no echarlo directamente, una empresa vinculada al kirchnerismo, “Electroingeniería” (que ninguna relación tiene con el periodismo) compró Radio del Plata. Al tiempo, ¡fuera!

Medios de difusión casi desconocidos, pero adictos al poder, reciben  millonaria pauta publicitaria oficial.

6) Puedo acreditar mi lucha contra los monopolios iniciada en  julio del 2004 ante la Justicia Federal en Mendoza.

Hoy, está radicada como denuncia ante la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos contra el Poder Ejecutivo, y la Corte Suprema por dictar un fallo arbitrario, contrario a Derecho y a su Jurisprudencia, incluso en la misma causa. Una vergüenza judicial en el mundo.

El Poder Ejecutivo defendió la no aplicación de la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia. A punto tal que, a 10 años de sancionada la ley, no está creado el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, como impone la norma.

No cumplen con el Artículo 42º de la Constitución y las Leyes Nº 25.156 de Defensa de la Competencia y Nº 24.240 de Defensa de Usuarios y Consumidores, pero hipócritamente hablan de distribuir riqueza.

El Gobierno apoyó a la cadena de supermercados cuyo titular, Horst Paulmann, es la misma persona a la cual Néstor Kirchner le vendiera las  tierras fiscales de Calafate, que compró por monedas y le revendió en millones de dólares. Y lo condecoró con la “Orden de Mayo”.

¡Pura y simple casualidad!

7) El Gobierno habla de distribución de la riqueza pero  nunca ha existido en Argentina un proceso de concentración económica como el actual.

Existen monopolios en las exportaciones.

Tres grupos económicos manejan cerca del 80% del mercadeo alimentario a través de supermercados.

Hay monopolios en bebidas, en el pan, galletas, en el hierro, la chapa, en el cemento, los fertilizantes, los laminados, plásticos, vidrios, tetras, y centenares de productos más.

Productos farmacéuticos tienen utilidades hasta del 28.000%, en contra del bienestar general y especialmente de la salud de los jubilados.

La fusión de Cablevisión con Multicanal (Clarín), que hoy cuestionan, fue aprobada por Néstor Kirchner, violando la Ley de Defensa de la Competencia. Como muchas otras.

Desde esa óptica oficial es correcto que Cristóbal López y/o Lázaro Báez tengan el control del juego en Argentina.

Que existan monopolios que no son cuestionados, con  “rentabilidades extraordinarias”, como la minería, y otros apoyados por ellos, que pagan ridículos impuestos. Otro ejemplo es el aumento en el gas.

Les altera que se quejen los productores que tienen menos de 1.000 hectáreas de campo, y están fundidos.

Nada dicen sobre los “amigos” del poder que tienen  200.000 o 400.000 hectáreas y controlan mercados.

No hay que ser cándidos. Esta no es una tentativa de “democratizar” la información. Tiende a controlar, o comprar algunos medios que no son adictos al poder casi monárquico del matrimonio Kirchner para evitar críticas.

Lo hicieron en Santa Cruz y quieren hacerlo en todo el país.

A pesar de los riesgos de la epidemia de gripe convocaron a elecciones. Antes no había enfermos. Después, más de 107.000. Como el Pueblo no los apoyó, tratan de sacar leyes en tiempo récord y mantener los inconstitucionales superpoderes.

La misma forma y estilo de gobernar que en Santa Cruz. Como Chávez en Venezuela.

¡Triste destino el de Argentina con estos gobernantes!