Más pobres y se incrementa la deuda externa

Hace pocos días, envié a diferentes medios de difusión una nota donde resaltaba cuáles debieron haber sido los índices de inflación, tanto de enero como de febrero, sin que mediaran “retoques políticos”.

En estos días se han producido incrementos en los precios de la carne estimados entre el 15% y el 18%; en los pescados el 12%; en otros productos de la canasta familiar el 10%; la indumentaria aumentó el 23%; los útiles escolares de origen nacional entre el 20% y el 30% y los extranjeros cerca del 100%.

No haré un análisis respecto de qué se considera por inflación. Existen diversas teorías volcadas en centenares de libros por prestigiosos autores. Algunos sostienen que la inflación consiste en el aumento sostenido de precios; otros que se origina en la emisión monetaria sin respaldo por parte del Estado; en el aumento del consumo sin incremento de la producción, hecho que lleva a mayor emisión, etc.

En Argentina se ha generado un necesario debate no sólo por el índice de aumento de precios registrado en enero de este año, sino que por primera vez se destituye a una Directora del INDEC, Graciela Bevacqua porque al Gobierno no le agradó la cifra dada a conocer por el organismo técnico encargado de medir el índice de variación de precios (IPC). Renunciaron otros funcionarios del INDEC y hay medidas de fuerza en el ahora politizado organismo.

El Gobierno dio a conocer un porcentaje para enero que nadie – ni los propios funcionarios – cree realmente: el 1,1%.

En febrero otro índice político, 0,3%. Los economistas y técnicos opinan que, como mínimo, ha sido más del doble.

Los supermercados señalaron que la variación de sus precios en enero estuvo en el orden del 2,2%. También en febrero dieron índices que duplican al anunciado en forma oficial, 06%.

Los funcionarios del INDEC. estimaron el índice de enero en 2,6%, más del doble del anunciado por el Ministerio de Economía. En Mendoza la variación fue del 3,6%, la más elevada del país.

Cabe resaltar que equivocadamente, el Gobierno emitió títulos por miles de millones de dólares que aparte de pagar intereses, se ajustan por el C.E.R. (coeficiente de estabilización de referencia) que surge de la variación de precios.

Un punto de diferencia representa varios millones de dólares por mes para el país. Venezuela es nuestro principal acreedor y beneficiario de estos títulos con cerca de U$S. 4.000.000.000.

El Gobierno compró deuda al FMI que se abonaba al 3% anual y la reemplazó por bonos que pagarán entre el 11% y 13% anual.

La deuda externa se incrementará desdibujando el monto de U$S. 8.900.000.000 cancelado al FMI.

Retomando el tema de los precios, algunas frutas y verduras han tenido incrementos entre el 50% y el 100% desde enero a la fecha.

Resulta evidente que en los dibujados índices anunciados por el Gobierno no están incluidos los aumentos de las medicinas prepagas, con el 22%, que representan un porcentaje considerable de los ingresos.

Tampoco los incrementos de los impuestos provinciales, como inmobiliario y automotor, o las tasas por servicios municipales, que registran aumentos del 30% , y que también representan un porcentaje significativo.

Menos aún las variaciones de precios de los automóviles nuevos, que desde octubre se han incrementado en el 30%, arrastrando a los usados. Este incremento se traslada a  los seguros.

En varias provincias como Buenos Aires y Mendoza, existen “recategorizaciones” de los valores de viviendas. En Mendoza, en numerosos casos han generado aumentos en el impuesto inmobiliario que oscilan entre el 200% y el 1.000%.

Los alquileres y las expensas han duplicado los índices de inflación oficiales, acumulando para el 2006 el 32%,  que también repercute en el bolsillo de la gente.

Las tasas de interés (costo del dinero para el consumidor) constituyen un parámetro a considerar. Los créditos personales están (según el banco) entre el 18% y el 22% anual.

Los comerciales (como descuentos de documentos y otros) son más caros. Las tarjetas cobran intereses que oscilan entre el 32% y el 40% anual (alrededor del 3% mensual).

Estos incrementos producen una disminución del poder adquisitivo de los ingresos de las familias que no se compadecen con los aumentos registrados en los salarios, hecho que incrementa la cantidad de familias que dejan de estar en la clase media (que constituía la gran mayoría en Argentina) y aumenta el gran segmento de la clase pobre, por más discursos que digan lo contrario.

Salvo la situación de aquellos que, como los legisladores de la provincia de Buenos Aires que teniendo un pasivo de $ 3.000.000.000, se han incrementado las dietas el 36%.

Podrá discutirse acerca de la inflación, los índices, la forma de medirlos, etc., pero lo que no admite varias interpretaciones es la respuesta a la siguiente pregunta: ¿una familia compuesta por el matrimonio y dos o tres hijos puede sobrevivir pagando alquiler, servicios, impuestos, alimentos, ropas, movilidad, artículos para las escuelas, con $ 900 por mes que es el monto que supuestamente no los transforma en pobres, por no decir indigentes?

¿Puede alterarse la verdad? Cada uno tiene su propia contestación.

Edgardo Civit Evans
Asesor Económico financiero, mediador

Martes, 21 de marzo del 2006

OPINION

“LA USURA, UN MAL QUE AUN NO HA SIDO EXTERMINADO”

El autor advierte sobre el desarrollo de la usura en la economía paralela argentina, expone casos concretos y advierte sobre los males que la misma ocasiona.

Por Edgardo Civit Evans

Presidente Nacioal de UNIDEVI

Durante la época del proceso, mediante la sanción de diversas leyes, se institucionalizó un sistema que por los tremendos beneficios que generó a favor de quienes prestaban dinero, fue denominado como “la patria financiera”.

En la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz, aumentaron de aproximadamente 90 entidades financieras que habían en 1976 más de 650.

El dinero, que en teoría sólo existe para facilitar el intercambio de bienes y servicios, pasó a ser la más onerosa de las mercaderías.

El elevado costo del dinero siempre actúa en detrimento de la producción y el trabajo.

Desde la antiguedad se reprime a quienes se aprovechan de la necesidad de otras personas.

En la Antigua Roma se penalizaba duramente a quienes prestaban dinero con importante utilidad.

Mediante Resoluciones de los Concilios de Nicea del año 325, de París de 829 y de Letrán de 1139, se castigaba hasta con apaleamiento a los usureros.

Sostenían que quien pide un crédito es porque lo necesita y aprovecharse en forma desmedida de tal circunstancia atenta contra los más elementales principios humanos. Consecuentemente es inmoral y anticristiano.

Argentina creció a nivel mundial cuando las tasas de interés apenas superaban el valor de la inflación. Hasta la década del 70 no pasaron del 16%, con largas épocas en que los créditos comerciales no superaban el 6% anual.

A partir de 1976 con la sanción de leyes como la 21.309, de hipotecas abiertas; la ley de entidades financieras 21.526 (aún vigente), y numerosas circulares del Banco Central de la República, como las famosas 202, 687 y 1050, se promovió el incremento de las tasas de interés en detrimento de los deudores (productores, comerciantes, familias), llegando en algunos períodos al 320%, cuando la inflación era del 80 o del 90% anual.

Mientras las entidades pagaban a los ahorristas (tasa pasiva) intereses por debajo de la inflación del 50% o 60% anual, prestaban (tasa activa) al 320%, hecho que generaba un “spread” (diferencia entre tasa pasiva y activa) del 500% anual.

El regreso de la patria financiera

Durante años he sostenido que en los países con economías estables este sistema les resulta inadmisible y repudiable.

Cuando la inflación es del 6%, las tasas activas no superan el 8% anual, con utilidades que oscilan entre el 20% y el 30%. Pretender cobrar tasas usurarias es severamente penalizado.

En Argentina, en la actualidad (2006) las entidades financieras toman dinero al 6% y lo prestan entre el 24% y el 30%, con un “spread” del 400 o 500%, porcentaje que se incrementa en forma notable en casos de mora por los elevados punitorios.

Como los bancos requieren numerosa documentación, una importante cantidad de personas, pequeñas y medianas empresas, deben ir al mercado paralelo del dinero, comúnmente llamado a los “prestamistas”.

He recibido (entre otras) la denuncia de un matrimonio de Tunuyán, quienes tienen la posibilidad de cancelar un crédito hipotecario con importantes descuentos.

Acudieron a todo tipo de entidades. La única persona que les prestaba los $ 10.000 que necesitaban les pidió el 20% mensual de interés, o sea ¡el 240% anual!.

Con una inflación del 12% anual, en ese caso estamos frente a una rentabilidad superior al 2.000% sobre la variación de precios.

No hay actividad lícita que permita tales márgenes de ganancia.

Estos irracionales y usurarios porcentajes llevan al país a una economía de especulación, donde la rentabilidad del dinero supera al trabajo y la producción.

La conclusión es que los dueños del dinero terminan quedándose con el capital, el trabajo, la producción y la renta.

El Juez Federal César Boedo, en una famosa sentencia referida a la 1050 resumía lo sucedido (que puede volver a repetirse): “el sistema de especulación montado permitió que el capital gozara tanto del interés como del salario, de las ganancias y también de la renta, constituyendo un verdadero despojo.”

Estos modelos que alientan la especulación sobre el trabajo, no forman parte de un sistema de libertad económica porque al propiciar la usura y la especulación, atentan contra el mercado.

Para no vivir épocas superadas, estimo que el Gobierno y los bancos deberían desplegar una activa campaña contra la usura y la especulación, mal que termina carcomiendo las bases de cualquier sistema económico y destrozando a quienes por cualquier motivo necesitan acceder a un préstamo.

Sólo se benefician quienes no sólo viven a costa de los demás, constituyéndose en verdaderos parásitos de la sociedad, sino que además generalmente trabajan en negro, o falsean los montos, atentando contra el pago de impuestos.

Por constituir un agravio al interés general este accionar contra la usura deberíamos desarrollarlo todos los ciudadanos.

Me surgen muchas dudas cuando advierto que en lugares importantes del gobierno, se encuentran personas que han estado vinculadas a la usura o al remate de propiedades. Esto es, partícipes de este sistema que repudiamos por usurario e inmoral.

Edgardo Civit Evans
Presidente Nacional de UNIDEVI

Por Edgardo Civit Evans

El accionar del Estado ocasiona la afectación de derechos consagrados Constitucional y legalmente, un grave perjuicio al interés general y al castigado bolsillo de los tolerantes Argentinos.

Mayo 10 del 2005

Ante la violación de normas Constitucionales, Tratados Internacionales, leyes nacionales, desobediencia a resoluciones de la Justicia Federal, y sobre todo la afectación del interés público, por graves perjuicios a consumidores y productores, tanto el Presidente de la Nación como los gobernadores deberían intervenir en defensa de los afectados derechos de los ciudadanos.

Caso contrario, en su momento, denunciaremos  estos hechos ante Tribunales Internacionales.

Se ha demandado Judicialmente al Poder Ejecutivo por la no  conformación del Tribunal de Defensa de la Compentencia como ordenó la Ley 25.156 en setiembre de 1999.

La ley dispone que el Tribunal, organismo autárquico, técnico, idóneo,  no político, independiente, debe ser conformado en un plazo de 120 días. Han pasado  casi  6 años.

Debe terminar la hipocresía de los interesados y la desinformación a los ciudadanos.

Opinan públicamente quienes no han visto una hoja del expediente.

El caso Cencosud – Disco Ahold es emblemático porque se podría afectar “al interés general”.

Se miente en forma descarada.

Las acciones de amparo no fueron realizadas contra esa fusión, como se ha falseado. Sino contra el Estado Nacional por no cumplir la Ley 25.156.

Aunque no dejamos de tener en cuenta que cada supermercado comercializa entre 7.000 y 9.000 productos.  No es un tema menor.

No se pueden comparar con la fusión de Bimbo – Fargo que venden pan; o Brahma – Quilmes, que mercadean sólo cerveza. Que además, como las de Unifon y Movicon están cuestionadas.

El Juez Federal autorizó en forma condicionada el traspaso de acciones de DISCO AHOLD al grupo CENCOSUD.  Dicha resolución ha sido apelada. Este traspaso de acciones, en la práctica, lo habían concretado en  noviembre del 2004.

La empresa holandesa desde enero del 2005 no está en Argentina.

El Juez Federal condiciona la resolución a la aceptación por parte de Disco Ahold; a la anotación de litis; a la prohibición de venta de acciones; y ordena a Cencosud “mantener en forma independiente la administración y dirección de la empresa Supermercado Disco y VEA SA respecto de la administración y dirección de Supermercados Jumbo -Easy  y/o cualquier negocio o actividad comercial que Cencosud S.A. tenga en la República Argentina hasta que se resuelva el principal en definitiva bajo apercibimiento de desobediencia judicial.”

El Juez había ordenado suspender el trámite de notificación de la Ley 25.156, hasta resolver en definitiva; ampliar la anterior, suspendiendo la concentración hasta que se constituya el Tribunal de Defensa de la Competencia; y retraer al estado de “mera oferta” la operación realizada por ambas empresas.

Estas resoluciones fueron ratificadas por la Cámara Federal de Apelaciones, Tribunal que también rechazó los recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia presentados por el Estado Nacional y por Disco Ahold.

La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso, “per saltum”,  presentado por Cencosud.

DISCO AHOLD: LA ENRON EUROPEA

Esta sociedad está constituida por ROYAL AHOLD, de Holanda y el Grupo PEIRANO, de Uruguay. Tiene domicilio en las Antillas Holandesas, en contraposición con la resolución 22/2004 de la Inspección General de Justicia.

La principal accionista de DISCO – AHOLD, la holandesa ROYAL AHOLD, figura como la empresa con mayores escándalos económicos y financieros de Europa, siendo llamada por la prensa especializada la ENRON europea. Basta comprobarlo en internet en el buscador Google.

Tiene miles de denuncias penales en Estados Unidos, Uruguay, España, y otros países por miles de millones de dólares por inflar balances; defraudación a los accionistas; participar en sociedades que han vaciado empresas; etc.-

En Holanda, sus directivos han abonado 8.000.000 de euros para no ser condenados.

En Argentina la AFIP investiga una posible evasión impositiva por cerca de $ 200.000.000.-

El GRUPO PEIRANO, era propietario de los quebrados Bancos de Montevideo, en Uruguay, y Velox, en Argentina.

El presidente del grupo falleció en la cárcel. Tres de sus hijos llevan más de dos años presos, el restante está prófugo. Se les imputa  vaciamiento del banco y otras empresas; y estafas a ahorristas por U$S. 800.000.000.- El dinero estaría depositado en el Caribe.

Otros países los penalizan. En Argentina algunos los aplauden y los llaman “inversores”.

“GRAN SEÑOR ES DON DINERO”

No sorprende. Sostiene “El Cronista Comercial”, 22 de febrero del 2005,  fuente “Monitor de Medios Publicitarios” que Cencosud  en el año 2004 invirtió  en  publicidad  e imagen $ 173.000.000, ocupando el tercer lugar a nivel nacional. Saque cada uno sus conclusiones.

¿DESOBEDIENCIA JUDICIAL?

Cencosud habría desobedecido órdenes de  la Justicia Nacional, incluida la nueva resolución del Juez Federal, al concretar la concentración mediante la efectiva posesión de los activos que pertenecen a Disco Ahold.

Cencosud ha concretado actos de dirección y administración, designando nuevos directivos, ejecutivos, y gerentes en Disco – VEA. Ha cesanteado casi 300 empleados. Notificó a proveedores y prestadores de servicios de la fusión y toma de posesión de DISCO – VEA.

Ha realizado actividades comerciales en forma conjunta entre Cencosud – Jumbo y Disco – VEA y ha pedido a numerosos proveedores “reestructuración de precios” en ambos grupos económicos.

HACIA EL MONOPOLIO EN ARGENTINA

Más grave son las intenciones del grupo económico, acreditadas con las declaraciones del nuevo gerente general de DISCO – VEA, designado por Cencosud, Diego Sola Prats, en “Nuestra Revista”, número 136, de  diciembre del 2004.

Ratifica que DISCO – VEA forman parte de Cencosud y expresa como se realizarán las diferentes operaciones, la logística.

Manifiesta: “Tenemos un portfolio de marcas y estrategias para atacar cualquier mercado del país. Mercados chicos, grandes, mercados ricos, mercados medios, mercados pobres. Y esta posibilidad de entrada en la Argentina la tiene sólo Cencosud.”

Primero, ¿y la Ley 25.156 para qué está?

Segundo, ¿se puede alguien imaginar a un empresario haciendo similares declaraciones en Estados Unidos o en Europa?

Tercero, ¿pueden pensar las pequeñas y medianas empresas Argentinas, almacenes, verdulerías, panaderías; los productores, proveedores, cuál será su futuro?.

La Justicia continuará el proceso. El resultado final puede ser cualquiera.

Cencosud ha tomado posesión y la administración de los bienes que pertenecían a Disco Ahold.

El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia no está constituido.

Se siguen aprobando fusiones y concentraciones por millones de dólares, al margen de la Ley Nº 25.156.

PERJUICIO A CONSUMIDORES Y PRODUCTORES DE MENDOZA

Aumentaron los precios generando un fuerte impacto sobre la sociedad.

Mendoza tiene los precios más elevados. La canasta familiar es el 32% más cara que  en otras zonas del país, a pesar de ser productora de alimentos.

La Ley de Defensa de la Competencia prohíbe aquellos actos que  “producen perjuicio para el interés económico general.”

Deberían ocuparse de los problemas de consumidores y productores el Presidente de la Nación y  los Gobernadores, no nosotros.

ARGENTINA DE LA CONTRADICCIONES

En el país productor de alimentos se tiran  frutas y verduras por carecer de precios redituables.

Mientras millones de personas pasan hambre, y en muchos hospitales falta comida para los enfermos.

En un país productor de alimentos, el 60% del mercadeo alimentario, está en manos extranjeras, situación que no existe en ningún país del planeta.

No nos extrañaría que con esta política de concentraciones y ataque a la producción en poco tiempo debamos importar algunos alimentos.

Eramos el quinto país del mundo ¿Qué nos sucedió?

Los responsables, y sus empleados, quieren seguir ocupando cargos públicos, mientras algunos poderosos, les brindan la apoyatura económica que necesitan para seguir haciendo negocios.

Hermoso futuro nos espera.

Edgardo Civit Evans
Presidente de UNIDEVI

Octubre 28 de 2004

La más destacada defensora de los derechos humanos de la mujer, de los jóvenes y de los ancianos en los Estados Unidos, la Sra. Dolores Huerta, mantuvo una conversación por espacio de una hora con el dirigente Mendocino, Edgardo Civit Evans, en el estado de Nevada.

Dialogaron acerca de los problemas que genera la discriminación de los inmigrantes, lo cual dificulta que puedan acceder a una vivienda digna. En este aspecto, ambos hablaron sobre la necesidad de generar planes sociales que posibiliten el acceso de todas las familias a un techo.

Dolores Huerta preside la fundación que lleva su nombre cuya “misión esencial es construir una Comunidad de Conciencia que permita trabajar sobre la posibilidad del acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo y a la participación cívica, lo cual permite una mejor distribución de los recursos económicos, especialmente entre las mujeres y los jóvenes.”

Dolores Huerta junto con Cesar Chávez crearon el mayor movimiento de defensa de los derechos de los trabajadores.

Lucharon de modo especial por  un salario digno para los trabajadores rurales en los Estados Unidos.

Posteriormente, se creo una fundación extendiendo su accionar a todos los derechos laborales, políticos, económicos, y sociales, de los sectores más desprotegidos.

Tras el fallecimiento de César Chávez, Dolores Huerta asumió la conducción del movimiento que ambos compartían.

En varias de las principales ciudades del sur de Estados Unidos hay importantes avenidas con el nombre del fallecido dirigente de los derechos humanos, César Chávez.

Civit Evans consideró un alto honor no solo haber conocido a tan distinguida personalidad, sino que pudieran dialogar en forma tan extensa acerca de los problemas que afectan a muchas personas en el mundo.

La política (de polis, ciudad) debería estar dirigida a promover el bienestar general de los habitantes residentes en un determinado lugar.

Lamentablemente vemos diariamente por los medios de difusión la absoluta y total desnaturalización del sentido de la política.

Esta triste y grave situación genera descreimiento y desprecio en el ciudadano común, que advierte que el dinero que con su esfuerzo destina para pagar impuestos van dirigidos a solventar los privilegios de un sector de la sociedad, que por lo general no se ocupa de solucionar sus problemas sino de mejorar la situación económica de quienes deberían representarlo.

Deberíamos empezar por el nivel cultural, no digo estudios universitarios, sino la preparación que poseen quienes ocupan cargos públicos.

Porque se puede ser ingeniero o abogado y no estar capacitado para dirigir un hospital. Hemos tenido un caso de Ministro de Salud que era arquitecto.

Es pública la situación de diputados y senadores que han designado a sus parientes y amigos como “asesores” sobre temas acerca de los cuales no tienen la menor idea.

El único requisito para el cargo es el parentesco.

Esto es más grave dentro de la administración central, donde no se ingresa por concurso de antecedentes y oposición, sino por “relaciones” o acomodo, como le decíamos hace unos años.

Esta falta de capacidad para el desempeño de funciones públicas genera la denominada “máquina de impedir”, mediante la cual los inútiles traban (para justificarse) todo tipo de actividad o acciones del sector privado tendiente a generar trabajo, desarrollo o crecimiento.

Los incapaces, los que nunca hicieron nada, nos imponen las condiciones a quienes queremos hacer cosas.

En este esquema ascienden los más obsecuentes con el “privilegiado de turno”