a)    Investigar la conducta administrativa de todos los agentes de la Administración Pública provincial, de los tres poderes, sus reparticiones descentralizadas, municipios, entes reguladores y empresas del Estado.

b)    Efectuar investigaciones en toda institución o asociación, de carácter público, privado o mixto; que tenga como principal fuente de recursos aportes estatales.

c)    Denunciar ante la justicia competente los hechos que  aparezcan como presuntos delitos.

Agotada la investigación, el Fiscal Adjunto pondrá el expediente a Despacho, con sus conclusiones, para resolución final del Fiscal Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia.

Para el caso de que no tome intervención, una vez resuelto el sumario deberá remitírsele copia autenticada de la resolución final, dentro de los tres (3) días de quedar firme.

1)    Disponer la suspensión del sumario administrativo, el que le deberá ser girado de inmediato, a fin de practicar la investigación prevista en el inc. a) del artículo 6° de la presente ley.

2)    Que el sumario se instruya por la vía correspondiente, en cuyo caso, la Fiscalía Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas deberá ser tenida necesariamente como parte acusadora con iguales derechos a los de la sumariada, en especial el de recurrir toda resolución adversa a sus pretensiones. Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo actuado o de lo resuelto, según el caso.

a)    Recopilar, por sí o por funcionarios a su cargo, toda la información y/o documentación que juzgue conveniente y necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

b)    Requerir informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil, a todos los organismos y poderes del Estado, personas físicas o jurídicas, los que estarán obligados a proporcionar lo requerido dentro del plazo que en la notificación se les fije.

c)    Recibir declaraciones de personas, citadas o por presentación espontánea, que puedan aportar datos útiles para las investigaciones en curso. Las citaciones de la Fiscalía Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia constituyen carga pública y son, como consecuencia, de cumplimiento obligatorio.

d)    Disponer exámenes periciales, a cuyo fin podrá requerir la colaboración de reparticiones o funcionarios públicos, que estarán obligados a prestarla. Cuando la índole del peritaje lo requiera, podrá designar peritos “ad-hoc”.

e)    Requerir el auxilio de la fuerza pública y pedir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que estarán obligados a prestarlos en tiempo y forma.

f)      Desempeñar las funciones a que se refiere esta ley, por sí o por funcionarios a su cargo, en cualquier lugar de la Provincia. Si con motivo de una investigación en curso considera conveniente realizar una gestión fuera del ámbito provincial, deberá disponerla por resolución fundada que se incorporará a las actuaciones.

g)    Cuando estimare que la permanencia  de un ministro u otro funcionario de alto rango en su cargo pueda obstaculizar gravemente una investigación en curso, informará al Poder Ejecutivo para que éste determine las medidas preventivas que corresponda adoptar. Si se tratara de un funcionario de menor jerarquía esa información podrá dirigirse al ministro o funcionario responsable del área en que se desempeñe la persona cuya permanencia se considere inconveniente.

h)    Cuando considerare que la ejecución, continuación o ratificación de los actos sometidos a investigación pudieran provocar un perjuicio irreparable o grave para el Estado, solicitará al Poder Ejecutivo o autoridad competente la suspensión de las acciones potencialmente perjudiciales.

i)       El ejercicio de las facultades a que se refieren los incisos g) y h) deberá disponerse por auto fundado.

j)       El Fiscal Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia podrá dar a publicidad las conclusiones –parciales o finales – a las que arribe en sus investigaciones.

Intertanto, mantendrá el personal que actualmente presta funciones en el Departamento de Investigaciones Administrativas de la Fiscalía de Estado.

En caso de impedimento, enfermedad, ausencia o acefalía del puesto de Fiscal de Estado, sus funciones serán ejercidas interinamente y por un plazo de 30 días, por el Fiscal Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia. Antes del vencimiento del plazo citado, que podrá ser prorrogado excepcionalmente por 30 días más,  deberá procederse a la designación de nuevo Fiscal de Estado, conforme lo establece la Constitución de Mendoza.