Denuncia ante Com. InterAmericana…

– DENUNCIA PODER EJECUTIVO Y CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA POR VIOLACION
CONSTITUCION NACIONAL Y TRATADOS INTERNACIONALES

SOLICITA INTERVENCION CORTE INTERAMERICANA DE JUSTICIA

Señor PRESIDENTE Y MIEMBROS DE LA
HONORABLE COMISION INTER AMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS – WASHINGTON
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA

EDGARDO ALEJANDRO CIVIT EVANS, discount Argentino, there casado, shop padre de 5 hijos, de 63 años de edad, asesor económico financiero, mediador, con documento de identidad Nº 8.142.980, con domicilio legal en San Infanta Mercedes de San Martín Nº 78, de la ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, República Argentina, en su carácter de ciudadano y a mérito de los derechos que le confieren la Constitución Nacional (que será explicitados más adelante) y los Artículos Nº 44º y concordantes de la Convención Americana, me presento ante la Honorable Corte InterAmericana de Derechos Humanos, y respetuosamente digo:

I.- OBJETO Y FUNDAMENTOS:
Que vengo a DENUNCIAR REITERADAS VIOLACIONES a derechos consagrados en la Constitución Nacional de Argentina y Tratados Internacionales, por parte del Poder Ejecutivo de este país, como así también el dictado de una sentencia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se contrapone con la Carta Magna, la Doctrina y la propia Jurisprudencia del Máximo Tribunal de Justicia de Argentina, hecho inédito en la historia Judicial del mundo.

Que los denunciados son: 1) el Poder Ejecutivo de Argentina, por no cumplir con lo dispuesto por el Artículo 42º y concordantes de la Constitución Nacional que establece el derecho a la defensa de la competencia y la protección frente a los monopolios, y por violar la Ley Nº 25.156, reglamentaria de ese derecho Constitucional, como así también la Ley de Amparo, consagrada en el Artículo 43º de la Constitución; y 2) la Corte Suprema de Justicia de Argentina por haber dictado una sentencia absolutamente INCONSTITUCIONAL, ARBITRARIA e ILEGAL, que se contrapone con la Constitución Nacional, la Ley Nº 25.156, la Ley Nº 22.262; con todo el ordenamiento jurídico de Argentina, especialmente el derecho Constitucional de Amparo; y con la Jurisprudencia de la propia Corte, incluso en el mismo expediente.

Dejo constancia que el día 3 de julio del 2008, a las 9 horas, he efectuado el llenado y envío del formulario requerido por esa Honorable Comisión InterAmericana como así también un mail anticipando la remisión del presente escrito.

Esta presentación está avalada por el Preámbulo de la Constitución Nacional, cuyos objetivos son “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad”, lo que es de notorio y público conocimiento en el mundo que no se están cumpliendo en Argentina.

Asimismo por numerosos Artículos de la Carta Magna que serán citados más adelante; Tratados Internacionales suscriptos por la Nación Argentina y demás razones de hecho, de Derecho, Doctrinarios y Jurisprudenciales que se expondrán en el presente escrito.

Me permito solicitar de esa Honorable Comisión InterAmericana que PROCEDA A DECLARAR LA ADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE DENUNCIA Y A INICIAR LAS ACCIONES QUE CONTEMPLAN LOS ARTICULOS 25º, 41º, 44º, 46º, 48º y concordantes de esa Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En razón de la EXTREMA GRAVEDAD de los hechos que se denuncian, me permito solicitar a esa Respetable COMISION que una vez declarada la Admisibilidad de la denuncia, brinde INMEDIATA INTERVENCION A LA HONORABLE CORTE INTERMAERICANA, conforme lo disponen el Artículo 61ª y concordantes de ese organismo, tendientes a que el Poder Ejecutivo de Argentina, y la Corte Suprema de Justicia subsanen y revoquen (en su caso) los hechos que se denuncian en este escrito, conforme lo normado por la Carta Orgánica del Alto Tribunal Internacional.

Resalto que existe por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Corte Suprema de Justicia un evidente mal desempeño de sus funciones, al no haber cumplido con Normas Constitucionales, Tratados, Leyes y Jurisprudencia unánime.

Ha sostenido Omar Díaz Solimine en “ACCION DE AMPARO” que “el rol esencial de las instituciones y su concepción es la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna.” (entre las instituciones se encuentran la Comisión InterAmericana de Derechos Humanos y la Honorable Corte InterAmericana de Justicia, conforme el Artículo 75º de la Constitución Nacional de Argentina).

La Corte Suprema de Justicia ha emitido sentencias Inconstitucionales, ilegales, contradictorias, incompatibles y arbitrarias; ha dictado un fallo opuesto a la Constitución y Leyes vigentes, desconociendo procedimientos obligatorios normados por Leyes Nacionales y el Código Procesal Penal; no ha dictaminado sobre lo planteado en la Acción de Amparo, violando esta norma; y ha cometido otros vicios y errores que serán expuestos seguidamente.

Informo a esa Comisión Internacional que previo a la presentación de este escrito, se han interpuesto y agotado todos los recursos de Jurisdicción interna (Art. 46º inc. a);

Que la presente denuncia es presentada dentro del plazo de 6 meses del Art. 46º, inc. b), partir de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que tiene fecha 16 de abril del 2008;

Que la materia de la petición no está pendiente de otro procedimiento, por existir una ARBITRARIA sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Art. 46º, inc. c);

Que se dan cumplimiento a los restantes requisitos para la validez de esta presentación ante la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos.

Ante la INMINENCIA DE LA GENERACION DE GRAVISIMOS DAÑOS Y PERJUICIOS EN LOS PATRIMONIOS DE LAS PERSONAS QUE PRESENTARON ACCION DE AMPARO SOLICITANDO EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION NACIONAL Y DE LAS LEYES VIGENTES, POR EL PEDIDO DE HONORARIOS BASADOS EN UNA ILEGALIDAD, vengo a solicitar de esa Comisión Internacional que en FORMA MUY URGENTE se dedique a tratar la presente denuncia y requiera por la vía que corresponda, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina REMITA A ESA COMISION INTERNACIONAL todos los antecedentes vinculados con el Expediente Nº 77.334 “BELMONTE MANUEL Y ASOCIACION RURALISTA DE GENERAL ALVEAR C/ ESTADO NACIONAL – PODER EJECUTIVO NACIONAL – MINISTERIO DE ECONOMIA – SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA – COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA P/ ACCION DE AMPARO”, y de manera especial los contenidos en B-578, B-861, B-1793, B-2447 y B-2448, por un lado, y en B-1626, por otro.

También que se solicite la SUSPENSION de cualquier procedimiento, especialmente los tendientes al cobro de honorarios que afectarán los derechos y patrimonios de todos los peticionantes de la acción de amparo efectuada para que se cumplan la Constitución y las Leyes vigentes.
Los Ministros integrantes de la Corte Suprema de Justicia que han votado la ARBITRARIA Y ANTIJURIDICA sentencia no garantizan absoluta imparcialidad y respeto a la Constitución Nacional, a Tratados Internacionales y al ordenamiento jurídico vigente.
Dejo expresa constancia que los Accionantes en la causa, MANUEL BELMONTE y la Asociación Ruralista de General Alvear, y otros, por quienes solicito y me presento han hecho expresa reserva de acudir ante Organismos Internacionales, por sí o por terceros, en resguardo de elementales Derechos Constitucionales, y por la posible afectación de su patrimonio por el dictado de una sentencia ARBITRARIA que contiene GROSEROS VICIOS DE HECHO, DERECHO, DOCTRINARIOS Y JURISPRUDENCIALES.
Manifiesto a la Comisión InterAmericana que la NO REVOCACION de la NULA sentencia del 16 de abril del 2008 en el Expte. 77.334, conlleva la ALTERACION DEL ORDEN JURIDICO y JUDICIAL en la República Argentina.

La cuestionada sentencia brinda sobrados fundamentos a quienes sostienen que en Argentina NO EXISTEN SEGURIDAD PERSONAL NI JURIDICA.

El fallo que se cuestiona atenta contra principios Jurídicos vigentes en el mundo, como son los de preclusión, cosa juzgada, dictar sentencia sin tener en cuenta el objeto motivo del litigio y otros, los que alteran el debido respeto a la Constitución, Tratados y a las Leyes sancionadas por el Congreso de la Nación.

Decía Francisco de Quevedo: “Donde no hay Justicia es peligroso tener razón, ya que los imbéciles son mayoría.”

La Corte Suprema de Justicia de Argentina al dictar la INCONSTITUCIONAL y ARBITRARIA sentencia del 16 de abril del 2008, ha perdido lo más valioso que poseía, que no es su poder sino su prestigio.

Con la autoridad moral que me confiere haber luchado desde hace 40 años a favor de la JUSTICIA, hoy con dolor debo manifestar que poco o nada queda en Argentina que permita sostener que existe respeto por la Constitución Nacional, por la JURIDICIDAD, por el ESTADO DE DERECHO.

Con actos como el que se denuncia y otros que informaré, resulta imposible decir al mundo que hay una REPUBLICA cuando no se respetan la forma representativa, republicana y federal de gobierno consagradas por el Artículo 1º de la Constitución Nacional.

El Poder Ejecutivo gobierna sin tener en cuenta al Congreso de la Nación, y presionando a los Magistrados del Poder Judicial, hechos de público conocimiento.

Tampoco respeta el poder de los Gobernadores, verdaderos Jefes de Estado en sus provincias, a los que somete mediante la distribución autoritaria de recursos provenientes de impuestos.

La situación generada con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que se cuestiona es de gravedad INSTITUCIONAL EXTREMA porque el accionar proviene, precisamente, del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, que destroza el sistema Judicial Argentino.

Si la Corte Suprema REVOCA su propia sentencia en menos de 9 meses en una misma causa, con el mismo objeto y personas, ¿Qué Jurisprudencia y ejemplo quedará para el resto de los Magistrados Inferiores?

EL PODER EJECUTIVO ha burlado el Derecho a la Defensa de la Competencia consagrado en el Artículo 42º de la Constitución Nacional al no cumplir con la Ley 25.156 que reglamentó lo dispuesto por la Carta Magna.

La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ha violentado las Leyes Nº 25.156, Nº 24.240; Nº 22.262, Nº 24.065 y Nº 24.076; no ha ajustado su accionar a lo dispuesto por el Código Procesal Penal y ha concretado un acto DENEGATORIO DE JUSTICIA, alterando el derecho de DEFENSA EN JUICIO, consagrado por el Artículo 18º de la Constitución Nacional y obligatorio conforme Tratados Internacionales.

Que vengo a solicitar que se resuelva en la Comisión InterAmericana la adminisibilidad de la presente DENUNCIA en forma MUY URGENTE por la afectación de derechos Constitucionales y personales de quienes plantearon la acción de amparo.

Que asimismo solicito que, en caso de disponerse la intervención de la Corte InterAmericana de Justicia, se analice la violación de derechos consagrados por la Constitución Nacional por parte del Poder Ejecutivo, esto es la creación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia conforme la Ley Nº 25.156; y la “revocación” de la sentencia que se cuestiona por estar viciada de NULIDAD por la Corte Suprema de Justicia.

Que me permito requerir de esa Honorable Comisión InterAmericana y/o la Corte InterAmericana de Justicia, en su caso, SOLICITEN CON CARÁCTER DE MUY URGENTE AL GOBIERNO DE ARGENTINA LA SUSPENSION DE TODOS Y CUALQUIER TRAMITE VINCULADO CON EL EXPEDIENTE Nº 77.334, y de manera especial la aplicación de la sentencia de la Corte Suprema del 16 de abril del 2008 (contenida en B-1626).

Ello así porque implican la clara violación de normas Constitucionales, Tratados Internacionales y Leyes de la Nación Argentina, que afectan la INSTITUCIONALIDAD Y LA SEGURIDAD JURIDICA Y JUDICIAL DE LA NACION, como así también el BIENESTAR Y EL ORDEN PUBLICO, Y “EL INTERES ECONOMICO GENERAL” (Art. 1º Ley 25.156).

Dada la gravedad INSTITUCIONAL y de preservación del sistema REPUBLICANO DE GOBIERNO, considero que la Honorable Comisión InterAmericana debería hacer suyo lo expuesto en el presente escrito.

Este constituye un ampliatorio de lo peticionado por los Amparistas en el “Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria” presentado el día 25 de abril del 2008, en el que se plantea la NULIDAD de la sentencia de la Corte Suprema, que ha sido rechazado; por lo que correspondería remitir la presente DENUNCIA a la Honorable Corte InterAmericana de Justicia.

La DENUNCIA ante esa Digna Comisión encuentra sustento en los reiterados hechos que en Argentina ATENTAN contra la vigencia de la CONSTITUCION NACIONAL, y consecuentemente la SEGURIDAD JURIDICA Y PERSONAL de los ciudadanos y habitantes, situación contemplada en varios Artículos de la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, que han sido incluidos en la Constitución Nacional Argentina en el Artículo 75, inc. 22.

Nos basta señalar como situaciones que implican la alteración de esos derechos las tremendas movilizaciones de millones de Argentinos golpeando cacerolas; las tomas de rutas; los problemas con los agricultores; carpas frente al Congreso de la Nación; inflación; desabastecimiento; inseguridad jurídica y personal (con miles de muertes); lo que acredita un proceso de descomposición de características casi apocalípticas.

La Ley Nacional Nº 23.054 aprobó el “PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA”, incorporándolo a la Legislación Argentina con carácter de Obligatorio.

La Ley Nacional Nº 23.313 incorpora el “PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS, ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Y PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO”, abiertos a la firma en Nueva York, el 19 de diciembre de 1966.

Forma parte integrante de la legislación Argentina la “DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS”, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre del año 1948.

De estos Tratados Internacionales, que tienen rango Constitucional, en Argentina se han violado los siguientes derechos: a) igualdad ante la Ley; b) a la protección de la familia; c) derecho a una Justicia independiente e imparcial; d) derecho a una acción rápida y eficiente para obtener la protección de derechos Constitucionales; e) derecho a la propiedad; f) derecho de petición; g) derecho a un proceso regular; g) “a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”; h) al respeto a sus libertades y derechos y al amparo Constitucional de los mismos, sin ningún tipo de discriminación; i) a gozar de garantías judiciales; j) al principio de legalidad y de irretroactividad; k) a la indemnización por error judicial; l) derecho de expresión y de opinión; ll) a la intimidad, y otros.

La sentencia cuestionada constituye una clara, indudable y aberrante violación del Artículo 25ª de la “CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS”.

II.- HECHOS – ACCION DE AMPARO
“El amparo es una figura que protege a los particulares de las agresiones de los poderes públicos”, Aldo Giordano, ex Fiscal de Estado, Mendoza, Diario “UNO”, pag. 16, 1º de julio del 2008.

“El amparo es un proceso sumamente simplificado tanto en su aspecto temporal como en cuanto a sus formas. Su principal objeto es reparar de modo urgente y eficaz la lesión de un derecho Constitucional.” “La finalidad es lograr, en su caso, la anulación del acto lesivo del derecho fundamental, es decir cualquiera de aquellos expresa o implícitamente reconocidos por la Constitución.” “ACCION DE AMPARO”, Omar Díaz Solimine, pag. 47, José Luis Depalma Editor, volumen 13, 2003.

El 7 de abril del año 2004, MANUEL BELMONTE Y LA ASOCIACION RURALISTA DE GENERAL ALVEAR, interponen Acción de Amparo – “expedita y rápida” – contra el ESTADO NACIONAL – PODER EJECUTIVO – MINISTERIO DE ECONOMIA – SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA – COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, conforme el Artículo 43º de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, requiriendo del Juez Federal de San Rafael que se solicite al Poder Ejecutivo Nacional la conformación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, tal como disponen el Artículo 42ª de la Constitución, y los Artículos 17º y concordantes de la Ley 25.156, reglamentaria del mencionado artículo de la Carta Magna. La Ley 25.156 fue sancionada en el año 1999.

Lo peticionado en la Acción interpuesta SOLAMENTE contra el Estado Nacional – Poder Ejecutivo – Ministerio de Economía y Producción –consistía en solicitar al Poder Ejecutivo y demás organismos del Estado, que se abstuvieran de tratar concentraciones económicas sin cumplir con lo normado por la Ley 25.156 hasta tanto se creara el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, único organismo que conforme a Derecho, puede tratar las fusiones y concentraciones de empresas que superen los $ 200.000.000, como lo disponen el Artículo 8º y concordantes de la mencionada Ley

En subsidio, a los fines de permitir la continuidad de las acciones del Poder Administrador, se solicitaba que se conformara con todos los miembros la Comisión de Defensa de la Competencia, tal como disponen los Artículos 7º, 8º, y 10º de la derogada Ley 22.262.

En ese momento (7 de abril del 2004), la mencionada Comisión, solamente estaba constituida con 2 miembros, esto es, sin el quórum legal mínimo indispensable para sesionar válidamente que exige todo el ordenamiento jurídico Argentino, y de manera especial el Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación obligatoria, dada la naturaleza penal económica de la defensa de la competencia. Se solicitaba medida cautelar.

En síntesis, en la Acción de Amparo se peticionaba: 1) el estricto cumplimiento de lo que disponen el Artículo 42º de la Constitución Nacional, y la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia que reglamenta ese derecho; y 2) en subsidio, hasta tanto se constituyera el Tribunal, que se conformara la Comisión con todos sus miembros para al menos, tener quórum mínimo para sesionar, tal como disponen la Ley Nº 22.262, el Código Procesal Penal de la Nación y el resto del ordenamiento jurídico.

El Juez Federal de San Rafael concede la medida cautelar y posteriormente la Acción de Amparo, conforme a Derecho, Doctrina y Jurisprudencia.

El demandado ESTADO NACIONAL interpone varios infundados recursos ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Las empresas DISCO AHOLD y CENCOSUD S. A. solicitan ser tenidas como parte.

Tanto el Juez Federal de San Rafael como la Cámara Federal de Apelaciones RECHAZAN un total de 21 presentaciones efectuadas por los quejosos. Todas estas Resoluciones Judiciales están sobradamente fundadas en Derecho, Doctrina y Jurisprudencia.

Los recurrentes presentan un “per saltum” ante la Corte Suprema de Justicia y varios recursos, los que son rechazados por el Máximo Tribunal de Justicia de Argentina, entre los años 2005 y 2006.

El 22 de marzo del 2006, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza dicta una Resolución extensa, fundada y ajustada a Derecho, Doctrina y Jurisprudencia (fs. 1679 a 1691 del expediente principal).
Resuelve: 1) hacer lugar parcialmente a los recursos impetrados por los amparistas; 2) no hacer lugar a los recursos de los quejosos, Estado Nacional, Cencosud S. A. y Disco Ahold; 3) declara “devenidas en abstracto” las acciones; 4) ordena a la Comisión de Defensa que con todos sus miembros, tal como ordena la Ley 22.262, inicie el trámite conforme lo determina el Artículo 8º de la Ley 25.156; 5) impone las costas de ambas instancias al Estado Nacional, a Cencosud S. A. y a Disco Ahold.

El día 3 de Julio del año 2007, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION emite FALLO DEFINITIVO ”, en los Expedientes B-578, B-861, B-1793, B-2447 y B-2448, ratificando lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

La Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta SU Jurisprudencia anterior, ratifica que la causa ha “devenido en abstracto”, motivo por el cual “la Corte carece de jurisdicción”, y porque “debe atender a la situación existente al momento de ser dictadas”.

Ordena el archivo del expediente, la remisión al Tribunal originario de Mendoza y remite copia al Consejo de la Magistratura frente a la posibilidad de sentencias contrapuestas del Inferior.

Sorprendentemente, sin justificativo Constitucional o Legal alguno, el 17 de abril del año 2008, o sea 9 meses más tarde, en la misma causa, con los mismos actores, con el mismo objeto, la Corte Suprema de Justicia, alterando su propia unánime Jurisprudencia, incluso en el mismo caso, en el recurso B-1626/2006, resuelve “hacer lugar a las quejas, se declaran procedentes los recursos extraordinarios y se revoca la sentencia de la Cámara Federal. Con costas.”

Lo expuesto sucede en el mismo expediente principal, Nº 77.334.

Ante lo increíble de esta sentencia, quienes habían pedido el cumplimiento de la Constitución y las Leyes vigentes, presentan un fundado “Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria” que la Corte Suprema rechaza basado en una Ley que no es de aplicación al caso.

REALMENTE SORPRENDENTE.

Los Magistrados que emitieron la cuestionada sentencia del 16 de abril del 2008:

1) Han fallado contra lo que disponen numerosos Artículos de la Constitución Nacional, en este caso, de modo especial los Artículo 42º y 43º; y las Leyes 25.156 y 22.262;

2) No han tenido en cuenta lo normado por el Código Procesal Penal de la Nación y el Reglamento para la Justicia Nacional, de aplicación obligatoria y supletoria (Artículo 56º de la Ley 25.156);

3) No han considerado la abundante prueba obrante en el Expte. 77.334, que tiene miles de fojas, y más de 4 años, a pesar de tratarse de una acción “expedita y rápida” para requerir el cumplimiento de derechos consagrados en la Constitución Nacional;

4) Han desconocido la normativa Constitucional referida al Amparo consagrada en el Artículo 43º de la Carta Magna;

5) Han desestimado las fundadas y estudiadas razones volcadas en 21 Resoluciones de los Tribunales inferiores, esto es el Juez Federal de San Rafael y la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, ajustadas a Derecho, Doctrina y Jurisprudencia de la propia Corte Suprema;

6) Han dictaminado en CONTRA DE SU PROPIA UNANIME JURISPRUDENCIA;

7) Más grave aún, han emitido sentencia EN CONTRA DEL FALLO DEFINITIVO DEL 3 DE JULIO DEL 2007 DE LA MISMA CORTE SUPREMA EN LA MISMA CAUSA, POR EL MISMO OBJETO Y CON LAS MISMAS PERSONAS, HECHO QUE NO RECONOCE PRECEDENTES EN LA HISTORIA JUDICIAL DE ARGENTINA NI DEL MUNDO;

8) Han fundado su sentencia en normas de naturaleza administrativa, que no son de aplicación al caso, porque la defensa de la competencia es penal y/o contravencional económica;

9) Al desdecir y contradecir en el término de 9 meses su propia sentencia en la misma causa, preclusión, que ha sido reiteradamente penalizada por el Máximo Tribunal, la Corte Suprema genera un serio problema respecto del funcionamiento del Sistema Judicial Argentino porque ¿si la Corte Suprema de Justicia de la Nación no respeta y contradice sus propias Sentencias en UNA MISMA CAUSA, cómo hará o que validez jurídica y moral tendrán sus fallos ante los Tribunales Inferiores?; esto es INSEGURIDAD JURIDICA Y JUDICIAL;

10) Ha sentenciado en contra de las expresas disposiciones de la Ley de Amparo, basada en Tratados Internacionales y en el Artículo 43º de la Constitución, que consagran la “vía rápida y expedita” frente a violaciones de la Constitución o de Tratados Internacionales por parte de los Gobiernos Parte (Artículo 25ª de la Convención Americana);

11) Ha dictado un fallo sin tener en cuenta lo requerido o peticionado en la Acción de Amparo ni la prueba, hecho de extrema gravedad.

12) Los “Considerando” de la sentencia se contradicen con los fundamentos y con el dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hace suyos; la Procuradora hacía lugar formalmente a los recursos y la Corte Suprema sin justificativo legal alguno, contraría en el mismo escrito lo que afirma antes, hecho que consistiría en falsear sus basamentos;

13) Asimismo, hace decir a la Cámara Federal de Apelaciones lo que no ha manifestado. La Corte pone en boca de la Cámara el supuesto “silencio” de la Ley 22.262 sobre la cantidad de miembros para sesionar.

En realidad el Tribunal de Mendoza dice todo lo contrario, haciendo especial referencia al Artículo 7º de la norma, manifestando: “¿Puede hablarse de Comisión cuando la decisión la está por adoptar con un número insuficiente de miembros? De lo que no nos cabe la menor duda es que el número de miembros es francamente mínimo ya que la Ley 22.262 exige cinco, y en consecuencia el órgano no puede válidamente tomar decisiones por carecer de quórum.”

Concluye: “Cuando el legislador prevé los reemplazos en casos de excusación, lo que ha de interpretarse es que su intención fue justamente que la Comisión se halle siempre integrada por sus cinco miembros.” (página 13 de la sentencia, fs. 1685 del expediente)

NO SE CONOCE EN LA HISTORIA JUDICIAL UN CASO SIMILAR, DONDE ES CONDENADO INCLUSO CON COSTAS, QUIEN HA EJERCIDO EL DERECHO DE SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION, TRATADOS INTERNACIONALES Y LAS LEYES VIGENTES.

Un viejo axioma jurídico sostiene que: “Jamás podrá ser condenado quien pide el cumplimiento de la Constitución y de la Ley.” Salvo en Argentina.

Se acude ante esa Honorable Comisión InterAmericana para denunciar estos graves hechos que atentan contra el sistema Jurídico y el Estado de Derecho, con el fin que se notifique al GOBIERNO DE LA NACION ARGENTINA que debe modificar la situación existente, conformando el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA como ordena la Ley 25.156.

También para que sea REVOCADA la ARBITRARIA, ILEGAL Y ABSURDA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de fecha 16 de abril del 2008.

ELLO CON CARÁCTER DE URGENTE, EN RAZON DE LA AFECTACION DE DERECHOS PERSONALES Y PATRIMONIALES DE QUIENES SOLICITARON POR LA VIA CONSTITUCIONAL DEL AMPARO, EL CUMPLIMIENTO DE LA CARTA MAGNA Y QUE
AHORA RESULTAN CONDENADOS EN COSTAS.

UNA VERGUENZA.

III.- LA CONSTITUCION NACIONAL
El Preámbulo dispone que se debe “afianzar la justicia” y “promover el bienestar general”.

Los Artículos 1º (“forma representativa republicana” de gobierno); 14ª (“derecho de peticionar a las autoridades”); 16º (“todos los habitantes son iguales ante la ley”); 17º (sentencia fundada en ley); 18ª (“inviolabilidad de la defensa en juicio”); 28ª (prioridad de los Derechos Constitucionales); 29º (prohibición de concesión de facultades); 31ª (respeto al orden Constitucional, Tratados Internacionales y orden Jurídico); 33º (principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno); 37º (garantía de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular); 42º (protección de los usuarios y consumidores y a “la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales”); 43ª, que consagra el derecho de las asociaciones y de los ciudadanos afectados “contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restringa, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por esta Constitución, un tratado o una ley”; 53º (derecho de acusar “… a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño” ….; 75º (Atribuciones del Congreso de la Nación), de modo especial el inciso 22 que confiere garantía Constitucional a los Tratados Internacionales); 76º (prohibición de delegación de facultades); y concordantes de la Constitución Nacional; Tratados Internacionales suscriptos por la Nación Argentina y demás razones de hecho, de Derecho y Jurisprudenciales que se expondrán en la presente DENUNCIA brinda sustento Constitucional a la petición.

La Constitución Argentina dispone en el Artículo 42ª: “Las autoridades proveerán a la … a defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.”

Ha sostenido la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que: “Lo que no puede transgredirse bajo pretextos pueriles de falta de constitución de los órganos competentes impuestos razonablemente por leyes posteriores y más justas, y suplantarse con meros trámites formales que no satisfacen el debido e irrestricto acatamiento del art. 42 de la Carta Magna.”

La Cámara Federal afirma el cumplimiento del mandato Constitucional.

Este mandato se concreta mediante la sanción por parte del Congreso de la Nación de la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia, de aplicación OBLIGATORIA.

Esta norma se complementa con la Ley Nº 24.240 de Defensa del Usuario y del Consumidor, también de raigambre Constitucional.

IV.- GRAVE Y PELIGROSA SITUACION INSTITUCIONAL EN ARGENTINA.
Prestigiosos tratadistas de Derecho Constitucional, reconocidos y antiguos medios de difusión (diarios, radios, canales de televisión, páginas en Internet), periodistas, analistas, dan cuenta todos los días de la grave situación institucional que padecemos en Argentina.

Existe por parte del Poder Ejecutivo un verdadero desprecio por los Derechos Constitucionales de los Argentinos y por las Instituciones.

Hablar de soberbia, autoritarismo y de un gobierno casi dictatorial es palabra común.

Se ha llegado al caso que mediante una Resolución Ministerial, la Nº 125 del Ministerio de Economía, se legisla sobre gravámenes y cargas impositivas, facultad propia del Congreso (Artículo 75º, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional).

Esta Resolución es verdaderamente confiscatoria al crear una “retención” (impuesto) del 47% sobre las explotaciones de los productores ruralistas. Esto ha motivado la reacción que conoce el mundo, con millones de ciudadanos en todo el país golpeando cacerolas, cortes de rutas, detenidos sin juicio previo, agravios.

El Poder Ejecutivo desde hace años hace uso y abuso de super poderes que le permiten LEGISLAR sin intervención y por encima del Congreso, alterando el sistema republicano de división de poderes.

Impera el pensamiento UNICO, casi absolutista, de quienes mandan.

Quienes no están de acuerdo son considerados ENEMIGOS.

Han destruido el pacto social y la convivencia pacífica y armónica de los Argentinos.

En lugar de sanar heridas de nuestra historia, y dedicarse a construir el futuro, se gobierna retornando a un pasado que los tiene a los propios actuales Gobernantes como protagonistas de groseros errores de nuestra historia reciente. Tal el grado de soberbia y autoritarimo.

Los medios de difusión que osan disentir o mencionar verdades respecto de lo que sucede en el país son acusados de “golpistas” por las autoridades. Se intenta silenciarlos, con lo cual atacan la libertad de prensa y la libre expresión. Este grave hecho es señalado por los periodistas corresponsales de medios extranjeros en sus notas.

Quienes no coincidimos con las autoritarias políticas oficiales, y propiciamos el debate, hecho fundamental en una democracia republicana, somos acusados de “desestabilizadores”; “gorilas”, “retrógrados”, “oligarcas”, “golpistas”, etc, ya sea por funcionarios nacionales o por personeros voceros del Gobierno. Se atenta contra el derecho de disentir y de difundir las ideas.

Se ha denunciado en forma pública que existen cerca de 10.000 teléfonos intervenidos ilegalmente (“pinchados”) para conocer que hace la oposición. Nos hace recordar la K.G.B. soviética.

Recordemos que a Richard Nixon le costó la presidencia de Estados Unidos una sola intervención o escucha ilegal en la sede del partido opositor.

El vicepresidente de la Nación y los diputados que disienten con los criterios del matrimonio Presidencial (actual y ex), son acusados en forma pública de “traidores.”

El ex presidente Kirchner amenaza a los diputados y senadores Nacionales advirtiéndoles que si no votan como el manda, “les aplicará la ley de defensa de la democracia y hará todo lo posible, y hasta la imposible, para meterlos presos.” Sin ningún empacho se habla de “sobornos” para votar leyes. (“Los Andes”, página 23ª, domingo 29 de junio del 2008 – “La Argentina de los malos presagios”, artículo del columnista de “La Nación” de Buenos Aires, Joaquín Morales Solá)

Nuevamente volvemos a ocupar los primeros lugares entre los países considerados con mayor grado de corrupción e inseguridad, tanto personal como jurídica.

Se convoca a actos oficiales mediante el recurso de “pagar” la asistencia con fondos que deben salir del Estado. Así lo acreditó la lamentable muerte de un joven que desde Tucumán (más de 1.000 kms) había ido a Plaza de Mayo “porque le daban $ 200, el viaje y la comida,” según sus padres.

Algunos están convencidos que “todos se compran, todos se venden.” Se ha alterado el derecho de discrepar en democracia, reemplazándolo con la compra de voluntades para lograr apoyos. Lamentable.

Los ciudadanos somos rehenes del accionar de grupos con armas o palos que se permiten, incluso, producir verdaderos “sitios” en determinadas zonas.

Tristemente se está enfrentando a Argentinos contra Argentinos, situación que se contradice con el Preámbulo de la Constitución Nacional que propicia … “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior …. promover el bienestar general.”

Párrafo especial merece la INSEGURIDAD. En el año 2007 fallecieron en accidentes de automóviles 8.104 personas, con miles de heridos. Otras 2.000 personas murieron por hechos de violencia (asesinatos, asaltos, violaciones). Cerca de 10.000 muertos por año, más que en muchas guerras.

Hay cerca de 24.000 robos por día. Un reciente informe de la O. E. A. acredita que Argentina es el país de América Latina con mayor tráfico y consumo de drogas.

Paralelamente, se estima en cerca de 3.500.000 niños los que se encuentran en estado de sub alimentación. En uno de los graneros del mundo millones padecen hambre.

Se han degradado la educación y la salud a niveles insospechados.

MAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, CIVILES, POLITICOS, SOCIALES Y ECONOMICOS NO PUEDEN EXISTIR.

Ante la tremenda gravedad de los hechos denunciados, es imprescindible que esa Comisión InterAmericana disponga intervenir en el presente caso, y si así lo considera, sometiendo el mismo a la competencia de la Corte InterAmericana de Justicia (Art. 61º).

V.- VIOLACION DE LA LEY NACIONAL Nº 25.156 DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Esta denuncia ante la Honorable Comisión InterAmericana, entre otros motivos, encuentra sobrado fundamento en que la Corte Suprema de Justicia al hacer lugar en la sentencia del 16 de abril del 2008 a uno de los recursos de los quejosos, está aceptando la ilegal e injustificada MORA DEL ADMINISTRADOR en la creación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia tal como ordenan los Artículos 17º y concordantes de la Ley 25.156, que reglamenta el Artículo 42º de la Constitución Nacional.

Dice la Ley Nº 25.156:
“ARTICULO 1º – Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.
Queda comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos del párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción declarada por acto administrativo o sentencia firme, de otras normas.”

Dada la tremenda trascendencia de la norma que se refiere a toda conducta de la cual “pueda resultar perjuicio para el interés económico general”, el accionar OMISIVO del Poder Ejecutivo reprimido por la Constitución Nacional (Artículo 43º que consagra la acción de amparo) y el ordenamiento jurídico resulta de SUMA GRAVEDAD.

No hace lo que una Ley le ordena.

El Artículo 248º del Código Penal de la Nación dispone: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación por doble tiempo, el funcionario público que ……o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.”

La no conformación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia no es un tema menor.

La Constitución Nacional en el Artículo 42º consagra el derecho a la defensa de la competencia y a la protección de los monopolios.

El Artículo 17º y siguientes de la Ley 25.156 ordenan la conformación del Tribunal Nacional, único órgano con competencia para aprobar fusiones y concentraciones económicas, autónomo, no político, integrado por profesionales que tienen un mandato de 6 años (más que el presidente de la Nación), que son elegidos por riguroso concurso de antecedentes por calificado tribunal. Sus amplias facultades están mencionadas en la Ley.

La Defensa de la Competencia se concreta a través del Tribunal.

NO ESTA CREADO. NO HAY DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Es como si la Constitución amparara la Justicia, se sanciona una Ley que dispone crear Tribunales y Juzgados, pero no se nombran los Jueces.

NO HAY JUSTICIA.

La Cámara Federal de Apelaciones ha condenado la MORA DEL EJECUTIVO en cumplir lo que ordenan la Constitución y la Ley Nº 25.156.

La Corte Suprema, al revocar su propia sentencia, está exonerando de culpa a quien ha obrado EN CONTRA de lo que dispone una Ley del Congreso de la Nación sancionada en 1999, que reglamenta el Artículo 42º de la Constitución Nacional que consagra la defensa de la competencia.
Una barbaridad jurídica que avala una violación de la Constitución y de la Ley 25.156.

Se viola lo dispuesto por la institución del Amparo, que obliga a pronunciarse sobre el objeto de la acción.

El fallo no se compadece con lo tratado en un expediente que tiene más de 13 cuerpos y 4 años de sustanciación.

Esto solamente es causal para NULIFICAR la SENTENCIA de la Corte Suprema de Justicia, y promover las acciones que esa Comisión Internacional considere de aplicación.

La Ley Nº 25.156 fué sancionada por el Congreso de la Nación el 25 de agosto de 1999, promulgada el 16 de septiembre de 1999 y publicada en el Boletín Oficial de la Nación 4 días más tarde.

La Ley 25.156 ordena que esta norma debía ser reglamentada en el plazo de 120 días (Artículo 60º).

El 25 de enero del 2001, o sea un año y medio después, el Poder Ejecutivo sanciona el Decreto N° 89/2001, reglamentando la Ley, es decir un año y 6 meses después, cuando debió hacerlo como máximo en abril del año 2.000.

Aún cuando se pudiera soslayar ese importante aspecto esencial, la inexcusable OMISION del Poder Ejecutivo queda manifestada en su propio accionar, dado que al reglamentar el Artículo 19° de la Ley 25.156, dispone que :

“El Señor Presidente de la Nación designará a los miembros del TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA conforme el procedimiento establecido en la presente reglamentación.”

El citado Artículo ordena que el Ministro de Economía y la Producción, a instancia del Secretario de Defensa de la Competencia y del Consumidor, dictará el Reglamento del Concurso; hará el llamado público para dicho concurso; y convocará al Jurado para su substanciación y resolución.

Este accionar debió cumplimentarse en el plazo de 60 DIAS siguientes a la vigencia del decreto. a más tardar en abril del 2001.

Dentro del plazo establecido, debió confeccionarse la lista de profesionales candidatos a integrar el Tribunal; y en los 20 DIAS POSTERIORES, el Presidente de la Nación, a propuesta del Ministro de Economía, tendría que haber designado a los integrantes del TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Este organismo debió comenzar a ejercer sus funciones después de 60 días posteriores a la designación por parte del Presidente de la Nación.

El Artículo 59° del Decreto Reglamentario dispone: “Dentro de los sesenta (60) días a contar a partir de la entrada en vigencia de la presente reglamentación, la Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor establecerá los mecanismos para: a) la comunicación periódica de información; b) la transferencia de todas las causas y tramitaciones, que en las materias objeto de esta ley hayan sido con anterioridad obtenidas por o atribuidas a otros organismos y/o entes estatales.”

AUN NO CUMPLIENDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY Nº 25.156, como máximo en JUNIO DEL 2001 debió estar conformado el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

TAMPOCO ESTE PLAZO SE CUMPLIO.

Tanto la Ley 25.156 como la Reglamentación disponen el traspaso perentorio de todas las causas y tramitaciones que se encontraban en la Comisión al órgano autárquico creado por Ley en cumplimiento de la Constitución Nacional: el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.

El Ministerio de Economía y de la Producción, mediante Resolución Ministerial N° 29 del año 2002 efectuó la “Convocatoria a Concurso de Antecedentes y Oposición para la Designación de los Miembros del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia”.

Se procede a entregar los formularios a los interesados, copia que obra en el Expediente 77.334 como prueba instrumental.

El 22 de abril del año 2003 se produce el cierre del Concurso, en el marco del Expediente N° S01:0028752/03 caratulado “FORMACION DEL TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA” mediante Acta labrada al efecto.

Se presentaron 39 profesionales con la documentación solicitada.

A pesar de haberse realizado el concurso de antecedentes y transcurrido un año más desde el Decreto 89/2001, a más de 6 años de éste y a casi 9 años de sancionada la Ley 25.156, el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA NO FUE CONSTITUIDO POR EL PODER EJECUTIVO.

El Decreto Nº 89/2001; la Resolución Nº 29/2002 y el Llamado a Concurso, acreditan que NO ESTAMOS EN PRESENCIA DE UNA SIMPLE OMISION.

La Acción de Amparo promovida por MANUEL BELMONTE Y LA ASOCIACION RURALISTA DE GENERAL ALVEAR, MENDOZA, reclamando la constitución del TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se inicia el 7 DE ABRIL DEL 2004, habiendo sido el PODER EJECUTIVO NACIONAL debidamente notificado de todo ello, como consta en el Expediente 77.334.

La Cámara Federal expresaba: “Por otra parte, cabe puntualizar que el órgano que autoriza deberá necesariamente efectuar un puntilloso y complejo estudio de mercado (detallado en los arts. 8°, LDC y reglamentado en el Decreto 89/01), cuyas condiciones sólo garantiza – sin hesitación – el T. N. D. C., entonces, ¿puede la colectividad – interesada – sentirse garantizada con la decisión de un órgano que además de no ser especializado – en los términos de la norma vigente – se encuentra “desintegrado”, y sus miembros – los pocos que quedan – son nombrados directamente y sin concurso por el Ministro de Economía? (art. 6°, Ley 22.262).”

Han pasado 8 años y 10 meses de sancionada la Ley 25.156 que ordena la creación del Tribunal conforme los Artículos 17º y concordantes de la norma, cumpliendo con el Art. 42º de la Constitución Nacional, y este Tribunal NO HA SIDO CONFORMADO POR EL PODER EJECUTIVO DE ARGENTINA.

Su responsabilidad por INACCION U OMISION y la MORA es INDUDABLE, IRRETUABLE e INDELEGABLE por no hacer lo que la Ley le ORDENA.

Esta inacción u omisión del Poder Ejecutivo brinda validez, certeza y razón a la Acción de Amparo oportunamente promovida.

Sin TRIBUNAL NACIONAL la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia es como si no existiera, pierde sentido.

En la norma, el Tribunal está citado en la mayoría de los 60 Artículos que la componen.

El indudable incumplimiento del Poder Ejecutivo en aplicar en tiempo y forma la Ley 25.156 altera el orden jurídico; violenta el interés económico general; subvierte el orden público; aniquila el Estado de Derecho; atenta contra la Constitución Nacional, y el interés general.

Sorprendentemente, la sentencia de la Corte Suprema que se cuestiona, al hacer lugar a los recursos – que antes había rechazado – ratifica esas ilegalidades.

Siguiendo los criterios sustentados por la Corte Suprema en sus propias sentencias, su fallo CARECE DE VALIDEZ. Pero al mejor estilo Argentino: “la Constitución dice”….. “la Ley dice” ….. pero NOSOTROS (EL PODER) DECIMOS Y HACEMOS LO QUE QUEREMOS.

VI.- VIOLACION DE LA LEY 22.262 – ERROR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
La Ley 25.156 reemplaza y DEROGA a la anterior Ley 22.262, que tenía otro carácter.

Tanto así que no resolvía sobre fusiones y concentraciones, dejando la decisión final de los temas que trata en un funcionario político de tercer nivel, un subsecretario del Ministerio de Economía.

Encuentra también sustento la presente DENUNCIA ante la Comisión Internacional en el GRUESO ERROR DE DERECHO en que incurre la Corte Suprema de Justicia al no aplicar en su sentencia en forma correcta ni siquiera la derogada Ley 22.262, de modo especial los Artículos 7º, 8º y 10º, que se refieren a la constitución de la Comisión de Defensa de la Competencia, hecho que NULIFICA SU SENTENCIA.

Sorprendente e increíblemente, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia hace decir a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que ante el … “silencio de la Ley 22.262” …, en cuanto a la conformación de la Comisión de Defensa de la Competencia, éste organismo debe actuar con la totalidad de sus miembros.

ESTO NO ES VERDAD.

La Cámara Federal de Apelaciones en reiteradas resoluciones – que al menos debieron haber sido leídas por la Corte Suprema – llama la atención al Poder Administrador (demandado en la acción de amparo) por el incumplimiento de la Ley 25.156 en no conformar el Tribunal Nacional, y además en no constituir la Comisión con la cantidad de miembros que la derogada Ley 22.262 ordena.

La Ley 22.262 en forma taxativa establece que la Comisión DEBE funcionar con 5 miembros, (y aclara para que no queden dudas) un presidente y 4 directores, 2 de ellos abogados y 2 profesionales en ciencias económicas.

La Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, RATIFICADA por la Corte el 3 de julio del 2007, se ajustaba a lo que prescriben los Artículos 7º, 8º y 10º de la Ley 22.262 y al resto de las normas de aplicación al caso.

La Corte Suprema REVOCA su propia sentencia utilizando erróneos argumentos de naturaleza administrativa que no corresponden y que tampoco dicen lo que sostiene la Corte, porque existe un sistema legal penal para la defensa de la competencia.

Los ejemplos citados en el fallo – Leyes 24.065 y 24.076 – no sólo CONTRADICEN lo que afirma el Máximo Tribunal de Justicia, sino que avalan la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Era más fácil y legal acudir a las normas que rigen en la materia que rebuscar fundamentos que incluso reafirman lo peticionado en la acción de amparo.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia se transforma en un CONTRASENTIDO ABSOLUTO.

La Corte Suprema fundamenta su fallo haciendo referencia a que la Ley 22.262 no requiere de un quórum o número mínimo necesario para sesionar válidamente, y relaciona esta errónea posición con la Ley 24.076. Esta Ley, que se refiere al funcionamiento del ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas), dispone:

“ARTICULO 53º. – El Ente Nacional Regulador del Gas será dirigido y administrado por un directorio de cinco miembros, uno de los cuales será el presidente, otro el vicepresidente y los restantes los vocales, designados todos ellos por el Poder Ejecutivo Nacional.”

Al referirse a la necesidad de conformación del quórum válido para sesionar, la Ley ordena:

“ARTICULO 58º. – El directorio formará quórum con la presencia de tres (3) de sus miembros, uno de los cuales deberá ser el presidente o quien lo reemplace y sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple. El presidente o quien lo reemplace tendrá doble voto en caso de empate.”

La Ley 24.076 citada para fundamentar la sentencia de la Corte Suprema no sólo dispone que el Directorio “será dirigido” por 5 miembros (como ordenaba la Ley 22.262 para el Directorio de la Comisión de Defensa de la Competencia), sino que obliga a conformar quórum con al menos 3 de sus miembros.

El otro antecedente citado por la Corte Suprema también ratifica lo sostenido por la Cámara Federal de Apelaciones, contrariamente a lo que sostiene el Máximo Tribunal.

Dice la Ley 24.065 que trata sobre el Marco Regulatorio de la Energía y el Ente que lo dirige:

“ARTICULO 57º.- El ente será dirigido y administrado por un directorio integrado por cinco (5) miembros, de los cuales uno será su presidente, otro su Vicepresidente y los restantes vocales.”

Afirma la Ley 24.065. “El ente será dirigido…” por un directorio de 5 miembros. No dice menos. Afirma, será… Es aún más imperativo que la Ley 22.262.

Y refiriéndose al quórum ordena:

“ARTICULO 62º.- El directorio formará quórum con la presencia de tres (3) de sus miembros, uno de los cuales será el presidente o quien lo reemplace y sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple. El presidente, o quien lo reemplace, tendrá doble voto en caso de empate.”

Los dos antecedentes citados en los Considerando de la sentencia de la Corte Suprema ORDENAN que los organismos cuenten con un Directorio de 5 miembros y que el quórum se conformará con al menos 3 de sus miembros. NUNCA MENOS.

Es absolutamente erróneo y no ajustado a Derecho lo afirmado en el dictamen por la Procuradora Fiscal que hace suyo la Corte Suprema cuando refiriéndose a la Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones afirma: “se pretende establecer por vía de un pronunciamiento judicial, disposiciones que no existen en las leyes de defensa de la competencia ni están determinadas en la reglamentación de éstas, configurando ello una inaceptable intromisión de un órgano del Estado sobre otro.”

NO ES VERDAD.

El Artículo 7º de la Ley 22.262 ORDENA que la Comisión … “estará…” integrada por 5 miembros, no por menos, sino por cinco (5).

La simple lectura de los Artículos 7º, 8º y 10º de la Ley 22.262 acreditan que lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia no se ajusta a la Ley y constituye una ARBITRARIA, ERRONEA Y EQUIVOCADA INTERPRETACION DE LA NORMA.

Y DE LAS LEYES CITADAS PARA FUNDAMENTAR UNA INCONGRUENTE SENTENCIA QUE TRATA SOBRE UN TEMA NO PLANTEADO EN LA ACCION DE AMPARO EN LA QUE SOLAMENTE SE SOLICITA LA CONFORMACION LEGAL DE LA COMISION.

Por esta ARBITRARIA y errónea interpretación, NO PUEDE HABER CONDENA EN COSTAS PARA LOS AMPARISTAS,
ES UNA BARBARIDAD.

Afirma la Ley 22.262 que en caso que faltara el presidente, será reemplazado por otro subsecretario de la cartera del Ministerio de Economía. Y si faltare un director, deberá ser reemplazado antes de los 10 días.

En ninguna parte la Ley autoriza a que la Comisión funcione con menos de 5 miembros como sostienen la Procuradora y la Corte Suprema.

En los casos no previstos, es de aplicación el Código Procesal Penal conforme ordenan la el Artículo 56º de la Ley 25.156 y la Ley 22.262, acerca de lo cual la Corte Suprema de Justicia ni siquiera hace referencia.

Esto no es “silencio” de la Ley. Es pretender hacer valer normas en forma ERRONEA Y ARBITRARIA, y que digan lo que no dicen.

No aplicando el Código Procesal Penal que SI OBLIGA LA LEY.

Cuando fue planteada la acción de amparo, a pesar que la Ley 22.262 ordena que la Comisión “estará” compuesta con 5 miembros, solamente tenía 2 miembros número insuficiente hasta para conformar el quórum mínimo legal.

Esta situación se mantuvo aún después del Informe Circunstanciado que prevé el Artículo 8º de la Ley de Amparo.

Lo sostenido por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza se ajusta a Derecho.

La Cámara Federal no solamente cuestiona que la Comisión no tuviera los 5 directores que obliga la Ley 22.262, sino y lo que es fundamental, es que al contar con sólo 2 miembros, “se encontraba sin quórum mínimo” para sesionar válidamente, se “encontraba desintegrada.”

La arbitraria y errónea interpretación de la Corte, no ajustada a las normas de aplicación obligatoria, INVALIDA y NULIFICA la sentencia del 16 de abril del 2008 por cuanto la Corte Suprema no puede desconocer las obligaciones que establecen la Ley 22.262 y el resto de las normas que el mismo Tribunal cita. Ni la obligatoria aplicación del Código Procesal Penal.

Más grave. Mediante un rebuscado argumento pretender hacer decir lo que las Leyes no dicen.

Resulta increíble el error, equivocación desconocimiento, o lo que fuere, respecto de los alcances de varias Leyes por parte de la Procuradora Fiscal y el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación.

LA LEY 22.262 NO SOLO ORDENA QUE LA COMISION CUENTE CON 5 MIEMBROS, SINO QUE FALTANDO EL PRESIDENTE DEBE SER REEMPLAZADO POR OTRO SUBSECRETARIO Y SI ES UN DIRECTOR EN NO MAS DE 10 DIAS.

Esto es lo que sostiene la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que recepta la Corte Suprema en su primer “Fallo Definitivo” y REVOCA 9 meses más tarde.

La ARBITRARIA, ANTOJADIZA Y REBUSCADA interpretación de la Corte Suprema de Justicia no se ajusta a Ley alguna, por lo cual es NULA, conforme reiterada Jurisprudencia del Máximo Tribunal. Se mezcla, se confunde el rol y funciones de la Comisión, con la cantidad de miembros que deben integrarla. Esto constituye una DESACERTADA apreciación del Derecho.

Ha sostenido la Corte Suprema de Justicia que “una derivación no razonable del derecho aplicable, conlleva la violación de los Artículos 17º y 18ª de la Constitución Nacional.” (C.S.J. LL, t. 155, pag.710; 245-281; 234-310; 320-825)

En el Expediente 77.334 se encuentra sobrada y abundante prueba respecto a que la COMISION se encontraba constituida por sólo dos personas, al momento de iniciarse la acción de amparo. Si se agregaron miembros, fue con posterioridad al momento del Informe Circunstanciado de la Ley de Amparo. Esto no cambia la ILICITUD.

Basta para ratificarlo, con leer los propios argumentos del Poder Ejecutivo volcados en hoja 14 del traslado en el que se afirma que:

7) “El Doctor Ismael Malis es el presidente. Fue nombrado el 8-8-02.
8) “El Doctor Salerno fue nombrado el 8-1-04.”

ESTOS DOS PROFESIONALES ERAN LOS UNICOS QUE ESTABAN EN FUNCIONES AL MOMENTO DE PROMOVERSE LA ACCION DE AMPARO. ESTO LO DICE EL PROPIO ESTADO EN SU DEFENSA.

9) “El licenciado Mauricio Butera fue designado el 8 de julio del 2004”. O SEA TRES MESES DESPUES DE INICIADA LA ACCION DE AMPARTO. Increíblemente para Administración Pública (desconocemos bajo que justificación legal, extrema urgencia o necesidad, o si es costumbre del Poder Ejecutivo), fue designado con “EFECTO RETROACTIVO”.

10) El doctor Carlos Guardia Mendoca fue designado el 29 de septiembre de 2004, CINCO MESES DESPUES DE INICIADA LA ACCION DE AMPARO Y CON LA MEDIDA CAUTELAR YA DISPUESTA POR EL JUEZ FEDERAL.

11) El Doctor Eduardo R. Montanat finalizó su mandato el 22 de febrero de 2004, O SEA DOS MESES ANTES DE INICIARSE ESTA ACCION.

12) El doctor Lucas Grosman permaneció en funciones hasta la aceptación de su renuncia, el 25 de julio de 2003, O SEAN 9 MESES ANTES DE LA FECHA DE INICIACION DE LA CAUSA.

Recapitulemos. Los doctores Lucas Grosman y Eduardo R. Montanat habían cesado en sus mandatos mucho tiempo antes.

Y los doctores Butera y Guardia Mendoca fueron designados DESPUES de la presentación de la acción de amparo y del plazo del Informe Circunstanciado que ordena el Artículo 8º de la Ley de Amparo.

DESDE HACE 9 AÑOS NO SE CUMPLE CON LO QUE ORDENA LA LEY 25.156 DE CONFORMAR EL TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

El Congreso de la Nación NUNCA IMAGINO que el Poder Ejecutivo durante 9 AÑOS no iba a cumplir con lo ordenado por una Ley.

A la Comisión de la Ley 22.262 el Congreso le otorgó facultades “TEMPORARIAS” mientras se integraba el Tribunal en los plazos que dispone la Ley 25.156 (Artículos 58º, 59º y 60º) y el Decreto 89/2001.

NINGUN PLAZO LEGAL FUE CUMPLIDO POR EL PODER EJECUTIVO.

Las facultades “temporarias” se utilizan desde hace casi 9 años, con lo cual han pasado a ser permanentes, VIOLANDOSE EL ESPIRITU Y TEXTO DE LA LEY Nº 25.156 DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 42º DE LA CONSTITUCION NACIONAL.

De lo expuesto, surge la NECESARIA intervención de los Organismos Internacionales para restaurar derechos Constitucionales, como el derecho a la defensa de la competencia, de los usuarios y los consumidores, que los Poderes Públicos de Argentina no cumplen.

VII.- LA ARBITRARIA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA QUE SE CUESTIONA
Con fecha 25 de abril del 2008, los Amparistas presentaron en tiempo y forma legal “Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria” contra el fallo dictado el día 16 de abril del 2008 por la Excma. Corte Suprema de Justicia contenido en el Expte. B-1616 – XLII, y otros, en razón de haber tomado conocimiento en forma pública del mismo.

El “Recurso” sostiene que la mencionada sentencia:

1) Violenta elementales derechos consagrados en la Constitución Nacional (propiedad, igualdad ante la Ley, defensa en juicio, de los usuarios y consumidores, de defensa de la competencia, de amparo real y objetivo ante la Justicia, orden de prelación y cumplimiento de las Leyes de la Nación, y otros) y Tratados Internacionales.

2) No se compadece con el espíritu ni con lo normado por la Ley 25.156 vigente.

3) No considera al Código Procesal Penal de la Nación (de aplicación obligatoria supletoria de la citada norma).

4) Tampoco respeta las disposiciones de la derogada Ley 22.262 (de aplicación por la ilegal continuación de la Comisión de Defensa de la Competencia).

5) No se ajusta a lo que disponen las Leyes Nº 24.065 y 24.076, citadas como fundamento por la Corte Suprema de Justicia.

6) El fallo es arbitrario y carece de fundamentos Constitucionales y Legales.

7) La sentencia resuelve sobre cuestiones no planteadas en la acción de Amparo.

8) No considera la importante prueba ofrecida, que obra en el expediente principal y que acredita la razonabilidad y lo ajustado a derecho y a la realidad por la acción de amparo.

9) Es arbitria.

10) Es contradictoria.

11) No considera las 21 Resoluciones emanadas del Juez Federal de 1ra. Instancia de San Rafael y de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que están fundadas en las pruebas aportadas en la causa; en Derecho, en Doctrina y abundante Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

12) El fallo no tiene en cuenta ni hace referencia a la innumerable cantidad de sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es citada tanto por los Magistrados Inferiores como por la parte Actora.

13) La propia Corte Suprema no cita ni considera sus resoluciones precedentes que obran en el mismo expediente, y que constituye Jurisprudencia Nacional.

14) El fallo no responde ni se compatibiliza con los fundamentos del mismo (incongruencia).

15) La sentencia resuelve sobre cuestiones ya firmes, no respetando los principios de cosa juzgada y de preclusión procesal.

16) Es abiertamente opuesta con el Fallo Definitivo dictado en B-578, B-861, B-1793, B-2447 y B-2448, todos del año 2007, por la Corte Suprema de Justicia en la misma causa, con los mismos sujetos procesales, el mismo objeto, en los Recursos de Hecho en los que: “declaró inoficioso emitir pronunciamiento en la presente causa” en razón que “las sentencias de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevinientes” (del voto de la Dra. Carmen Argibay) y en “atención a lo decidido el 22 de marzo del 2006 por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza…”.

17) No se ajusta a elementales fundamentos de Derecho, Jurisprudenciales, Doctrinarios y de hecho que se expondrán en el presente escrito.

VIII.- CONSTITUCIONALIDAD DE LO PETICIONADO

Encuentra sustento la DENUNCIA ante la Comisión InterAmericana de Derechos Humanos en la necesidad de preservar la SEGURIDAD JURIDICA y el sistema REPUBLICANO DE GOBIERNO de ARGENTINA, amenazados por INCUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES (Poder Ejecutivo) Y POR SENTENCIAS ARBITRARIAS como la que se cuestiona (Corte Suprema de Justicia), que AFECTAN EN FORMA DIRECTA LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS CIUDADANOS.

Tiene sustento en el Derecho Constitucional de “peticionar a las autoridades” y en el Artículo 44º de la Convención Americana que dispone que “Cualquier persona …. puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta convención por un Estado Parte.”

Es fácil advertir la cantidad de derechos y normas Constitucionales que ordenan respetar los Tratados Internacionales que han sido violadas por el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

Lo más grave es la alteración del Estado de Derecho y la Inseguridad Jurídica que son consecuencia de la FALTA DE RESPETO AL ORDEN CONSTITUCIONAL.

En lo Institucional, en el análisis de la irregular intervención de la Corte Suprema en la sentencia del 16 de abril del 2008, que como se ha dicho, no reconoce precedentes en la historia Judicial Argentina y del mundo.

En lo ordenado por la Constitución Nacional con relación al sistema de respeto a los Tratados Internacionales suscriptos por la Nación y ratificados por el Congreso.

En lo personal, la sentencia hace peligrar el patrimonio de quienes promovieron la acción de amparo basados en Derechos Constitucionales y que hoy corren riesgos patrimoniales por una sentencia ARBITRARIA.

Dada su incidencia en la economía, golpea los bolsillos de todos los habitantes.

La Corte Suprema exige a los Tribunales Inferiores coherencia en sus resoluciones y respeto a la Constitución y la Ley.

Pero ella no lo hace.

En la misma causa, en el Expte. 77.334, en la sentencia del 3 de julio del 2007, la Corte Suprema sostiene: “Que, no obstante lo expuesto, se advierte que en el curso del proceso que motivó los planteos en examen, el magistrado habría dictado pronunciamientos incompatibles y contradictorios. En razón de ello, se estima pertinente remitir copia de la presente al Consejo de la Magistratura a fin de que se determinen las posibles responsabilidades que pudieran corresponder.”

La Corte Suprema remite al Consejo de la Magistratura el caso, porque el Magistrado de Primera Instancia “habría dictado pronunciamientos incompatibles y contradictorios”.

No especifica de cuales se trata. La sola posibilidad del dictado de resoluciones contrapuestas autoriza la remisión al órgano de juzgamiento, o sea el Consejo de la Magistratura.

El caso de la Corte Suprema de Justicia es mucho más grave.

1) Se trata del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación; y 2) no hay potencial (habría), sino que existen dos fallos definitivos absoluta y totalmente contrapuestos, en una misma causa, con el mismo objeto y los mismos sujetos.

Por un elemental principio de igualdad ante la Ley, no cabe la menor duda que la Comisión Internacional DEBERIA remitir estos actuados a la Corte InterAmericana para que emita juicio sobre el irregular comportamiento de los Ministros de la Corte Suprema, por cuanto los hechos están acreditados en un expediente Judicial, el Nº 77.334.

Nacen del simple cotejo del Fallo Definitivo del 3 de julio del 2007 y la sentencia del 16 de abril del 2008, en la que se desdice de todo lo sostenido en la anterior, contradiciendo su propia Jurisprudencia.

IX.- JURISPRUDENCIA UNANIME DE LA CORTE SUPREMA QUE CONTRADICE LA CUESTIONADA SENTENCIA DEL 16 DE ABRIL DEL 2008

Desde los famosos casos “SIRI” y “KOT”, la Corte Suprema ha sentado Jurisprudencia respecto de la Constitucionalidad de la Acción de Amparo que pacíficamente ha sostenido este Alto Tribunal en forma invariable, hasta esta sorprendente sentencia.

Ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es una exigencia Constitucional que toda sentencia debe fundarse en el Derecho, conforme lo ordenan los Artículos 17º y 18º de la Carta Magna, de modo especial cuando se trata de la preservación del orden público y el interés común (como es el derecho de la competencia).

La C. S. J. N. ha dictaminado que hay contradicción respecto de la norma jurídica aplicable si el juez la declara sucesivamente aplicable e inaplicable (Fallos: 261-269).

También cuando existe un fallo que sienta dos bases incompatibles entre sí, para resolver el problema (Fallos: 297-280).

Hay incongruencia si existe falta de concordancia entre los fundamentos y las conclusiones (Fallos: 303-2036);

También cuando NO se proyecta en la parte dispositiva el resultado de los fundamentos (Fallos: 303-1145).

En tales casos, dice la Corte Suprema de Justicia, la sentencia es NULA.

La sentencia que se cuestiona contiene claras violaciones a leyes que son de aplicación obligatoria, que cuentan con raigambre Constitucional, como es la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia y el Código Procesal Penal de la Nación.

Al desconocer, no compadecerse y no brindar respuesta a lo planteado en la Acción de Amparo y a la prueba ofrecida, la sentencia es ARBITRARIA.

Efectúo a continuación un profundo análisis de las CONTRADICCIONES entre la propia y abundante JURISPRUDENCIA de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la sentencia del 16 de abril del 2008, que solicito analizar por ser de extrema gravedad Jurídica e Institucional.

La sentencia que se cuestiona contiene evidentes contradicciones, que conforme reiterada Jurisprudencia de la Corte Suprema, NULIFICAN LA SENTENCIA por ARBITRARIEDAD.

1) PRIMERA CONTRADICCION. La sentencia del 3 de julio del 2007 “declara inoficioso emitir pronunciamiento en la presente causa”, atendiendo a … “lo decidido el 22 de marzo del 2006 por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza”… Ordena que se devuelvan los principales y dispone el archivo de las actuaciones.

El Máximo Tribunal de Justicia de la Nación ha sostenido:

“La Corte Suprema sólo puede ejercer sus atribuciones jurisdiccionales cuando se somete a su decisión un caso concreto, es decir, carece de jurisdicción cuando éste haya devenido en abstracto.” (A. 1611. XXXIX – “Acuña Mónica y otros c/ Prov. de Bs. Aires – Dirección Prov. Rec. Méd.” – 21-03-2006 – T. 329, P) Voto de todos los Magistrados integrantes de la actual Corte Suprema, esto es: Petracchi, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda, Zaffaroni, Lorenzetti, Argibay. (Todos integrantes de la actual Corte Suprema)

“La Corte sólo puede ejercer sus atribuciones jurisdiccionales, cuando se somete a su decisión un caso concreto y no cuando éste haya devenido en abstracto.” (T. 272 . XXXI “Tomás Guarino e Hijos S. A. Com. CIFI y A. c/ Fuerza Aérea Argentina – Sec. de Hacienda de la Nación s/ Amparo por Mora”, 20-08-1996, T. 319, P. 1558)

“Las sentencias de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevivientes a la interposición del recurso extraordinario” (Fallos: 310:670; 311:1810; 2131; 318:625; 321:1393, entre otros). Voto de la doctora Carmen Argibay en este mismo Expediente Nº 77.334, causa B-578

“Por todo lo expuesto, se declara inoficioso emitir pronunciamiento en la presente causa.” (B-578.XLI y otros – Recurso de Hecho – “Belmonte Manuel y Asociación Ruralista de Gral. Alvear c/ Estado Nacional y otros, 03-07-2007 – T. 41)

La Corte Suprema después de su “Fallo Definitivo” del 03 de julio del 2007 en el que manifiesta que “declara inoficioso emitir pronunciamiento” en razón de haber “devenido la causa en abstracto”, y de ordenar el archivo, INEXPLICABLEMENTE reabre la causa, y el 16 de abril del 2008 resuelve: “…se hace lugar a las quejas, se declaran procedentes los recursos extraordinarios y se revoca la sentencia de fs. 1679/1691 de los autos principales. Con costas.”

Ambas sentencias, emitidas por el mismo Tribunal, en la misma causa, por el mismo objeto y los mismos sujetos, con sólo 9 meses de diferencia, son abiertamente opuestas, incompatibles y contradictorias.

Esta contradicción, por tratarse del Máximo Tribunal de Justicia, no reconoce precedentes en la historia Judicial Argentina, y tal vez del mundo.

La Doctrina ha sostenido: “Las decisiones en los juicios de amparo deben atender a la situación existente al momento de ser dictadas.” (“Acción de Amparo, Actos u omisiones de autoridad pública. Principios generales”, Klein, Guillermo Walter, 1986, T. 308, p. 1489)

2) SEGUNDA CONTRADICCION. La Corte Suprema hace suyo el dictamen de la Procuradora Fiscal, manifestando “Que este Tribunal comparte las consideraciones formuladas por la señora Procuradora Fiscal en el dictamen de fs. 599/602 de la causa B.1626.XLII, a las que cabe remitir por razones de brevedad”.

La Procuradora expresaba: “La solución que propicio torna arbitraria la imposición de costas en tanto la apelante no resultó vencida en el proceso e inoficioso el tratamiento de los restantes agravios del quejoso.”

Esto significa: 1) no imponer costas al quejoso (Cencosud S. A.) en tanto la apelante no resultó vencida, ni a nadie; y 2) declarar inoficioso el tratamiento de los restantes agravios del quejoso.
O sea que respecto del resto de los agravios que expresa la quejosa CENCOSUD S. A., ratifica la Procuradora Fiscal que es “inoficioso” el tratamiento de los mismos. Debo aclarar que es porque se encuentran firmes.

CENCOSUD S. A. pidió ser tenido como parte, cuando no había sido demandado, de modo que como litis consorcista corre la suerte del principal. (Artículos 87º y concordantes del C. P. C. C. N.)

NO ES VERDAD que “no resultó vencida”.

En la causa obran 21 Resoluciones con 11 condenas en costas por erróneos planteos realizados por los quejosos CENCOSUD S. A., DISCO AHOLD y el ESTADO NACIONAL, varias de las cuales están firmes.

En la Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones del 22 de marzo del 2007 que ratificó la Corte Suprema mediante la sentencia del 3 de julio del 2007, también se los condena, con costas.

La Corte Suprema de la Nación, aún cuando “comparte” el dictamen de la Procuradora Fiscal, al que remite por razones de brevedad y adjunta a la sentencia, amplía los alcances en la sentencia al Estado Nacional y a Disco Ahold; hace lugar a las quejas; declara procedentes los recursos extraordinarios y revoca la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza de fs. 1679/1691 de los autos principales. Con costas.

Existe entre el dictamen, el considerando de la sentencia y el fallo evidente contradicción.

Si bien la Corte Suprema puede aceptar o no las opiniones de la Procuración, primero dice que “las comparte” y a las que “remite por razones de brevedad”, o sea que hace suyas.

Luego no sólo amplía los beneficiarios – incluido el Estado a pesar de su evidente y clara responsabilidad por MORA en la conformación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia como ordena la Ley 25.156 – sino que hace lugar a las quejas, las que antes había considerado INOFICIOSAS.

Con costas, que no solicitaba la Procuradora Fiscal.

Nada dice sobre declarar inoficioso expedirse sobre el resto de los agravios.

La Corte Suprema ha dictado sentencia CONTRA LA REALIDAD, porque no sólo no ha tenido en cuenta lo requerido en la acción de amparo, sino que ni siquiera se ha preocupado por saber si el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia está conformado como dispone la Ley 25.156.

NO HA DICTADO SENTENCIA SOBRE LAS DOS CUESTIONES DE FONDO: 1) LA NO CONFORMACION DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA; Y 2) LA FALTA DE MIEMBROS DE LA COMISION INCLUSO PARA SESIONAR.

Resulta INADMISIBLE en una Corte Suprema de Justicia que sentencie sobre algo que ni siquiera sabe si existe.

El Tribunal de Defensa de la Competencia NO EXISTE. Esto bastaría para emitir una sentencia conforme a Derecho.

La Comisión sólo tenía 2 miembros al momento de la acción y del Informe Circunstanciado, o sea que no reunía el quórum mínimo exigido por todo el ordenamiento jurídico.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ARGENTINA HA DICTADO LA SENTENCIA DEL 16 DE ABRIL DEL 2008 SIN AJUSTARSE O RESPONDER A NADA DE LO PLANTEADO EN LA ACCION DE AMPARO.

NO SE AJUSTA A LA CONSTITUCION, TRATADOS Y LEYES VIGENTES. CONSECUENTEMENTE, TAL FALLO, ES DE NULIDAD ABSOLUTA.

3) TERCERA CONTRADICCION. Ya ha sido mencionada.

En el Fallo Definitivo del 3 de julio del 2007, la Corte Suprema dispone “remitir copia de la presente al Consejo de la Magistratura a fin de que determinen las posibles responsabilidades que pudieren corresponder” porque considera que “el magistrado habría dictado pronunciamientos incompatibles y contradictorios,” sin aclarar a que pronunciamientos se refiere.

Sorprendentemente, la Corte Suprema en la misma causa, por el mismo objeto, y los mismos sujetos, Expte. 77.334, el 16 de abril del 2008, emite una sentencia absoluta y totalmente opuesta, incompatible y contradictoria con el Fallo Definitivo que había pronunciado 9 meses antes.

Son las propias expresiones de la Corte Suprema las que habilitan – con idéntico criterio – a que la Honorable Comisión Internacional remita el presente caso a la Corte Internacional para que se requiera del Gobierno Argentino el cumplimiento de la Constitución Nacional, Tratados y Leyes vigentes.

4) CUARTA CONTRADICCION. Es un principio Jurídico respetado en el mundo civilizado que:
“Nunca puede ser condenado quien reclama el cumplimiento de un Derecho Constitucional o de una Ley.”
Con excepción de Argentina.

El único demandado en la acción de amparo era el Estado Nacional por no cumplir con la Constitución Nacional, que consagra el derecho a la defensa de la competencia, y que se encuentra legislado en la Ley 25.156.

El Poder Administrador no hizo lo que la Ley Nº 25.156 le obliga: constituir el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia conforme el Artículo 17º y concordantes de la norma.

Recuerdo a la Honorable Comisión Internacional que al momento de contestar el Informe Circunstanciado que ordena el Artículo 8º de la Ley de Amparo no había cesado NINGUNA DE LAS OMISIONES en que se funda la Acción de Amparo promovida.

A pesar que el Estado no cumplió ni cumple con lo que le ordena la Ley 25.156 sancionada por el Congreso en 1999, hecho debidamente acreditado, la Corte Suprema con la sentencia del 16 de abril del 2008 no sólo no trata el ilegal incumplimiento del Estado, sino que al condenar en costas a quienes piden que se cumplan la Constitución y la Ley, ratifica la ILEGALIDAD MANIFIESTA Y LA MOROSIDAD
EVIDENTE del accionar del Poder Administrador.

Se atenta contra la Ley y se trastoca la realidad.

Increíble.

Esto solamente bastaría para NULIFICAR LA SENTENCIA y declarar procedente la DENUNCIA que se somete a ese Alto Organismo Internacional.

Ahora, vaya a saberse por que motivos, a pesar de los 13 cuerpos con miles de fojas y sobrada prueba que acreditan la ILEGALIDAD, pareciera que al Estado incumplidor y a quienes lo apoyaron no cumpliendo con la Ley les asiste la razón.
Un total contrasentido racional y Jurídico. Inverosímil.

5) QUINTA CONTRADICCION. Los Magistrados de la Corte cuya actuación se cuestiona son plenamente conscientes de su accionar.

Ello así porque en la sentencia del 16 de abril del 2008 NO SOLO SE ABSTIENEN, ¿SE OLVIDAN? DE MENCIONAR EL FALLO DEFINITIVO DEL 3 DE JULIO DEL 2007 del Tribunal, sino que además REVOCAN la Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que la misma Corte Suprema de Justicia había RATIFICADO mediante “Fallo Definitivo”.

En realidad y por otra parte, conforme a Derecho, lo que debía REVOCAR la Corte Suprema era su propia sentencia, que es de nivel superior a la Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones sobre la que ya había emitido Fallo Definitivo.

Pero hubiera sido demasiado grosero.

Cabe apuntar, agravando todo lo que en este escrito se expone, que con anterioridad, entre octubre y noviembre del 2006, la Corte Suprema de Justicia había RECHAZADO otros SIMILARES Recursos de Hecho promovidos por los mismos quejosos – CENCOSUD S.A. – DISCO AHOLD y el ESTADO, referidos a las medidas cautelares y también una solicitud de “per saltum”.
¿QUE HA PASADO PARA QUE ESTA SENTENCIA CAMBIE LA UNANIME JURISPRUDENCIA PRECEDENTE DE LA CORTE?

6) SEXTA CONTRADICCION. Antes del dictado de esta nueva arbitraria e ilegítima sentencia, el Doctor JUAN PABLO SANTIAGO CIVIT, en cumplimiento de la obligación legal de ser auxiliar de la Justicia, se dirigió a la Corte Suprema de Justicia “RECORDANDO” el anterior Fallo Definitivo del 3 de julio del 2007.

Su escrito fue rechazado con el argumento que había vencido el plazo de “alegar”, cuando nunca se presentó como un alegato, sino como un recordatorio al Tribunal para que precisamente no existiera esta contraposición, arbitrariedad y contradicción que hoy se cuestiona legítimamente.

Después del “Fallo Definitivo” del 3 de julio del 2007, a los Amparistas NO se les ha dado la oportunidad ni siquiera de tomar conocimiento oficialmente de los actuados posteriores, de la reapertura de la causa, ni han sido notificados de nada.

Consecuentemente, nada podían “alegar”, como se ha dicho.

Estos trámites realizados después de ordenarse el ARCHIVO de las actuaciones y la devolución del Expediente 77.334 al Tribunal Inferior, que permiten la aparición del dictamen de la Procuradora Fiscal luego de un “Fallo Definitivo” (3 de julio del 2007) y la posterior sentencia del 16 de abril del 2008, conllevan UNA FORMA DE DESPRECIO AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE DEFENSA EN JUICIO CONSAGRADO POR EL ARTICULO 18º DE LA CONSTITUCION NACIONAL.

7) SEPTIMA CONTRADICCION. Como se analizó al tratarse la “VIOLACION DE LA LEY 22.262”, la Corte Suprema de Justicia incurre en GRAVE INCONGRUENCIA al citar Leyes que no sólo se contradicen con su sentencia, sino que RATIFICAN la Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones que la Corte revoca, y que contradicen lo que ella sostiene.

Las Leyes 24.076 y 24.065 citadas por la Corte Suprema en el “Considerando” de la sentencia EXIGEN que los cuerpos colegiados a los que se refieren DEBEN tener un mínimo de 3 miembros para sesionar, esto es quórum mínimo.

La Corte Suprema, en el arbitrario fallo del 16 de abril del 2008, cuando analiza la Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que había requerido el número que dispone la Ley 22.262 para sesionar, sostiene “que ese criterio es incompatible con el modo en que diversos regímenes regulan la actuación de los órganos colegiados en la Administración Pública Nacional.”
COMO SE HA VISTO, NO ES VERDAD.

Recuerdo a la Honorable Comisión que lo planteado al momento de promoverse la Acción de Amparo era que la Comisión de Defensa de la Competencia SOLO CONTABA CON 2 DIRECTORES, es decir sin el quórum mínimo necesario a que obliga todo el ordenamiento Jurídico de Argentina.
Y desde luego, también las leyes que invoca erróneamente la Corte Suprema de Justicia.

8) OCTAVA CONTRADICCION DE ALCANCE INSTITUCIONAL.

Con su arbitrario y contradictorio accionar, la Corte Suprema ha generado, como se expresa ut supra, un tremendo conflicto en la Justicia respecto de los Tribunales Inferiores de inmedibles consecuencias.

En razón del “Fallo Definitivo” del 3 de julio del 2007, la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MENDOZA, invocando la sentencia de la Corte Suprema de la que recibiera copia remitida por el Máximo Tribunal, el 21 de septiembre del 2007 dispone RECHAZAR otro recurso extraordinario presentado por los quejosos.

¿Qué explicación puede brindarse cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza amparada en un “Fallo Definitivo” de la Corte Suprema rechaza un recurso? ¿Cuál tendrá validez jurídica?

Estas son, precisamente, algunas de las consecuencias de la INSEGURIDAD JURIDICA Y JUDICIAL que ha generado esta nueva arbitraria, contradictoria e incompatible sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Lo anteriormente expuesto torna a la sentencia del 16 de abril del 2008 en ABOLUTAMENTE NULA (conforme lo ha dictaminado en forma reiterada la Corte Suprema de Justicia) y consecuentemente, debió proceder a REVOCARLA. Pero dispuso no aceptar otro criterio invocando cualquier motivo pero no respondiendo al fondo del problema planteado en la acción de amparo.

La Honorable Comisión Internacional debería receptar esta DENUNCIA por todo lo expuesto en forma precedente, con aval en lo prescripto en el “Capítulo VII – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Artículo 44º.”

Ello así por el estado de INSEGURIDAD JURIDICA y JUDICIAL existente en Argentina, de impensables consecuencias tanto a nivel Nacional como Internacional.

X.- NO APLICACIÓN DEL CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION Y DEL REGLAMENTO DE LA JUSTICIA NACIONAL
Tanto la Ley 25.156 en el Artículo 56º, como la derogada Ley 22.262 en el Artículo 43º, ordenan que en los casos no contemplados o no previstos por estas normas, serán de aplicación el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación.

Esto es así en razón del carácter PENAL y CONTRAVENCIONAL ECONOMICO de la Defensa de la Competencia.

Lo normado por el Código Procesal Penal de la Nación se amplía con el Reglamento para la Justicia Nacional (RJN).

Ninguna de las mencionadas normas, de aplicación supletoria obligatoria ha sido mencionada ni contemplada por la ARBITRARIA sentencia de la Corte Suprema.

El Tribunal de Justicia dicta ERRÓNEA sentencia basada en el funcionamiento de órganos de naturaleza ADMINISTRATIVA, no de carácter PENAL ECONOMICO, que no son de aplicación para la defensa de la competencia.

Aún así, los antecedentes citados por la Corte Suprema sostienen similares conceptos respecto de la necesidad de funcionar con 5 miembros y con quórum mínimo de 3 directores, Leyes 24.065 y 24.076.

Sorprende el silencio de la sentencia de la Corte Suprema sobre la OBLIGATORIEDAD de la aplicación del Código Procesal Penal de la Nación, tal como ordenan los Artículos 56º de la Ley 25.156 y 43º de la Ley 22.262.

El Código Procesal Penal de la Nación ordena que los Tribunales se constituyan con todos sus miembros; que las sentencias importantes deben ser suscriptas por todos ellos, y que en caso de disidencia, al menos deben contar con el quórum de 3 votos.

El no cumplimiento de las formalidades que ordena el Código Procesal Penal puede acarrear la NULIDAD DEL ACTO (entre otros Artículos 166ª y 167º inc. 1º y 2º; 394º inc. 7º; 398º; 404º y concordantes).

Este tema será ampliamente tratado – con Jurisprudencia y Doctrina – al referirme a la “OBLIGATORIEDAD DEL NUMERO DE DIRECTORES Y QUORUM” para sesionar válidamente, no sólo de la Comisión de Defensa de la Competencia, sino de cualquier órgano colegiado.

XI.- ARBITRARIEDAD Y NULIDAD. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE LA NACION Y LA SENTENCIA DEL 16 DE ABRIL DEL 2008
Amplío lo expuesto en el Punto IX referido a la Jurisprudencia Unánime de la Corte Suprema, resaltando que todo lo desarrollado es de GRAVEDAD INSTITUCIONAL EXTREMA.

La contradicción con las propias sentencias de la Corte Suprema de Justicia supera a las demás, por cuanto, como se ha dicho, no hay precedentes similares en el mundo civilizado.

Es impensable, increíble, que el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación Argentina no haya considerado en la sentencia del 16 de abril del 2008 la abundante Jurisprudencia del propio Tribunal.
Ni a la sentencia del 3 de julio del 2007 que obra en el mismo expdiente 77.334.

Los Amparistas presentaron un “Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria” ante la Corte Suprema de Justicia el 25 de abril del 2008 basados en que el Tribunal ha considerado que esta es una vía procesal válida (no legislada), para suplir la falta de casación, y de aplicación cuando una sentencia resulta arbitraria o contiene vicios que la nulifican.

Sin justificativo de consideración, en dos líneas, la Corte Suprema de Justicia rechaza una presentación con casi 100 hojas de fundamentos Constitucionales, Tratados Internacionales, Legales, Doctrinarios y Jurisprudenciales.

Ha sostenido la Corte Suprema, que: “Salvo supuestos de excepción, las sentencias de la Corte no son susceptibles de revocatoria.”(Corte Sup., 19/9/95, Barrionuevo, Luis M. y otros), 1996-II-síntesis

Los casos de excepción a los que alude la Corte Suprema son los que se señalan a continuación.

Se ha sostenido que si lo que es arbitrario y no ajustado a derecho para los Tribunales inferiores es calificado de NULO, resulta aún más grave para el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación que debe brindar el ejemplo.

Surge, consecuentemente, la imperiosa necesidad de corregir sus arbitrariedades, ilegitimidades, injusticias, vicios o errores.

La arbitrariedad atañe a la sentencia de la Corte Suprema y no a un vicio anterior a ella.

La Corte Suprema en Argentina es el único órgano que podía remediar – lo que no hizo – la ilegalidad y arbitrariedad mediante nueva resolución, revocando la sentencia cuestionada.

Existe una profunda diferencia entre lo irregular y lo nulo.

Por ello, no queda otra alternativa que apelar a los Organismos y Tribunales Internacionales.

Por tratarse sobre cuestiones de naturaleza Constitucional, se encuentra comprometido el ORDEN PUBLICO.

Es una exigencia Constitucional que toda sentencia debe fundarse en el Derecho, conforme lo ordenan los Artículos 17º y 18º de la Carta Magna, criterio sostenido invariablemente por la Corte Suprema.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha sostenido que “los jueces deben interpretar la ley, pero no reformarla ni derogarla” (Fallos 243:310)

En este caso no lo hizo.

La Jurisprudencia de la Corte Suprema y la Doctrina han coincidido que son NULAS por arbitrarias las sentencias que:

1.- Importan un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso (Fallos: 296-120; 295-417; 303-426, etc;);

2.- Fallos en los que se menoscaba la garantía de los derechos de defensa en juicio o la regla del debido proceso (Fallos: 291-245; 134; 296-256; 303-242, etc;);

3.- Fallos que importan violación de la esencia del orden Constitucional cuyo primer enunciado es afianzar la justicia (Fallos: 289-107);

4.- Fallos que padecen de omisiones, errores y desaciertos de gravedad extrema, que los invalidan como actos judiciales (Fallos: 286-278; 294-425; 295-931, etc);

5.- Sentencias que contravienen un adecuado servicio de justicia (Fallos: 303-1646; 2048 y 2080);

6.- Fallos que NO significan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 291-382; 292-254; 393-176; 303-120; 434, etc);

7.- Decisiva carencia o incongruencia de fundamentación (Fallos: 295-140; 295-278; 303-617; 818, etc);

8.- Fallos que se dictan sobre la mera voluntad de los jueces (Fallos: 296-456);

La “ARBITRARIEDAD NORMATIVA” que conlleva la NULIDAD, y que incluso puede ser auto removida por el mismo Juez o Tribunal reconoce 5 supuestos:

1.- Sentencia infundada;

2.- Exceso de rigor procesal;

3.- Incongruente;

4.- Que atenta contra la preclusión y la cosa juzgada;

5.- Autocontradictoria.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 292-503; 292-205; 304-278) nos enseña que la sentencia que decide la cuestión prescindiendo de lo dispuesto en la norma legal que rija al punto, es arbitraria y debe ser dejada sin efecto, porque ello importa un grave error de derecho, que hace funcionar la descalificación por arbitrariedad.

La Ley 25.156 ordena la constitución del Tribunal de Defensa de la Competencia. No está constituido.

La Ley 22.262 ordena la forma de funcionamiento y cantidad de miembros de la Comisión, siendo de aplicación obligatoria supletoria el C. P. P. N. No han sido respetados.

La Corte Suprema ha dejado de lado las normas que rigen la materia y ha dictaminado, incluso contra ellas.

Ha manifestado la Corte Suprema de Justicia que:
“La razón de ser de la acción de amparo no es someter a la vigilancia judicial, el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, sino proveer el remedio adecuado contra la arbitraria violación de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional.” (Corte Suprema, 4/10/94 – Ballesteros, José s/Acción de Amparo), 1996-I síntesis, “Jurisprudencia Argentina”, 1996, página 142.

Lo contrario a lo que ha sostenido en la sentencia del 16 de abril del 2008 que se cuestiona.

Ha dicho la Corte Suprema de Justicia que hace funcionar la descalificación por arbitrariedad cuando la sentencia efectúa una interpretación “que equivale a la prescindencia del texto legal” (330-558).

La Corte ha prescindido de los textos legales obligatorios.

La Corte ha afirmado que son sentencias incongruentes cuando “deja de pronunciarse sobre si ciertas normas han sido o no derogadas por otra posterior” (244-170); “cuando resuelve asuntos no planteados o no debatidos” (301-850); “o introduce algo no peticionado” (298-642).

La Corte Suprema ha dictaminado sobre cuestiones no peticionadas en la Acción de amparo introduciendo aspectos no planteados.

La Corte Suprema ha considerado que: existe sentencia arbitraria antipreclusoria vulnerante del derecho de propiedad en los siguientes casos: a) en la revocatoria de una sentencia firme, aunque se invoque error respecto de ésta (Fallos: 237-563); y b) fallo que anuló una actuación que se hallaba firme fundada en el error incurrido en el trámite (Fallos: 293-201), por considerarlos violatorios del derecho de propiedad consagrado en la Constitución.

La Corte Suprema ha sentenciado revocando un anterior “Fallo Definitivo”, incluso en la misma causa.

La sentencia autocontradictoria es la que contiene incoherencias que la tornan jurídicamente incomprensible, violentando la armonía que debe mediar entre los fundamentos y lo decidido.

Hay incongruencia si existe falta de concordancia entre los fundamentos y las conclusiones (Fallos: 303-2036); cuando no se proyecta en la parte dispositiva el resultado de los fundamentos (Fallos: 303-1145).

La Corte Suprema modifica y contradice en la sentencia lo afirmado en el Considerando, es incongruente.

La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que hay contradicción respecto de la norma jurídica aplicable si el juez la declara sucesivamente aplicable e inaplicable (Fallos: 261-269); cuando existen un fallo que sienta dos bases incompatibles entre sí, para resolver el problema (Fallos: 297-280).

La Corte emitió dos fallos en la misma causa que son absolutamente contradictorios: en uno declara la causa devenida en abstracto (3 de julio 2007) y ordena el archivo; y en el segundo, hace lugar los recursos sobre los que ha había dictado sentencia (16 de abril del 2008).

Honorable Comisión Interamericana: todas estas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que conforman su propia Jurisprudencia, más las citadas en el Punto IX, deberían eximirme de efectuar otros comentarios respecto de la arbitrariedad, ilegalidad e ilegitimidad del fallo del 16 de abril del 2008.

Sus vicios son notorios y evidentes. Surgen del análisis de la causa y la comparación entre el “Fallo Definitivo” del 3 de julio del 2007 (más las anteriores del 2006) con la sentencia del 16 de abril del 2008.

Es la Jurisprudencia de la Corte Suprema la que transforma en NULA, DE NULIDAD ABSOLUTA a la sentencia del 16 de abril del 2008.

La Corte Suprema de Justicia ante la presentación del “Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria” tuvo la ocasión de proceder a la INMEDIATA REVOCACION del cuestionado fallo.

Sin embargo rechaza ese escrito anteponiendo una cuestión formal, la Ley 48, por sobre la NATURALEZA CONSTITUCIONAL del reclamo que se efectuaba.

En una democracia donde funcione la división de poderes, el Congreso de la Nación de inmediato hubiera procedido a la iniciación de juicio político a los Ministros de la Corte que votaron la increíble sentencia, porque han actuado en forma arbitraria, y alterando la propia Jurisprudencia del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, y no aplicando las Leyes del caso.

XII.- UNANIMIDAD DE LA DOCTRINA
Es unánime la Doctrina en Argentina en sostener que la existencia de graves vicios, errores o dictaminar contra la Constitución y la Ley de aplicación al caso nulifican la sentencia.

Así han opinado los más destacados tratadistas, como: Sagues (“Recursos Extraordinarios”, Tomo II, Edit. Desalma, pag. 604); Alsina: “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, 2da. Edición, Tomo IV, pág. 300; Carrió, Genaro: “El Recurso por sentencia arbitraria”, 2da. Edición, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1978, páginas 39/40); Bianchi: “El Recurso Extraordinario de Sentencia Arbitraria”, Ed., tomo 9, 841; Ibáñez Frochan: “Tratado de los Recursos en el Proceso Civil”, 4ta. Edición, Buenos Aires, 1969, pág. 463 y ss.; Iván Calderón “Nulidades Procesales y Relatividad de la Cosa Juzgada”, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2004; Iván Calderón “Recursos”, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2007, y otros.

“Los repertorios de fallos de la CSJN registran centenares de casos de sentencias dejadas sin efecto por arbitrariedad.” Sagues: “Recursos Extraordinarios”, (obra citada)

La preclusión “impide que en el mismo juicio vuelva a discutirse algo ya superado” y la cosa juzgada veda que “en un proceso futuro se vuelva a decidir la contienda ya resuelta.”Colombo; “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Anotado y Comentado, 1975, Bs. Aires, t. II, pág. 85.

Es importante respecto de la procedencia de acciones que NULIFIQUEN los fallos cuando nos encontramos frente a sentencias arbitrarias, la opinión del maestro Ramiro Podetti, quien en “Tratado de los Recursos”, Ediar, 1958, pág. 86), sostiene que la revocatoria procede en contra de las resoluciones de cualquier juez o tribunal, sea de primera, segunda o tercera instancia ordinaria o de recursos extraordinarios, unipersonales o colegiados, siempre que la naturaleza de la acción lo autorice.

En este caso, por tratarse de cuestiones de naturaleza Constitucional, como son los derechos de los usuarios y consumidores y la Defensa de la Competencia, no cabe la menor duda que es una obligación el remedio procesal y la consecuente revocación de la sentencia, que al no producirse por la propia Corte Suprema, debe ser un Tribunal Internacional quien así lo disponga, conforme lo ha aceptado la Nación Argentina, incluso normando tal accionar en la Constitución Nacional.

Por su parte, CARRIO en la obra ya citada, manifiesta que los siguientes son supuestos de nulidad: 1) No decidir cuestiones planteadas; 2) Decidir sobre cuestiones no planteadas; 3) Convertirse el juez en legislador; 4) Prescindir del texto legal sin dar razones plausibles; 5) Aplicar una norma derogada o aún no vigente; 6) Dar como fundamentos pautas de excesiva latitud; 7) Prescindir de prueba decisiva; 8) Invocar prueba inexistente; 9) Contradecir otras cuestiones de los autos; 10) Sustentar el fallo en afirmaciones dogmáticas; 11) Incurrir en excesos rituales; 12) Incurrir en autocontradicción; 13) pretender dejar sin efecto decisiones anteriores firmes.

BIANCHI, en obra ya citada (99-841) agrega dos supuestos más: a) el apartamiento notorio de la realidad económica y b) fallo que incurrió en exceso de jurisdicción.

El doctor Iván Calderón concluye su libro “Recursos” afirmando: “La Justicia siempre debe facilitar las vías para corregir tal situación, no puede ampararse en las formas para consagrar una arbitrariedad.” (Iván Calderón “Recursos”, Ediciones Jurídica Cuyo, 2007, página 267)

XIII.- LEGITIMACION
De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico cualquier ciudadano, ante el conocimiento de la violación de una norma Constitucional o de la Ley vigente, puede “peticionar a las autoridades” reclamando la enmienda del vicio, del error, de la arbitrariedad, y la aplicación de sanciones ante el Cuerpo que corresponda.

Estoy debidamente legitimado, no sólo como ciudadano, sino porque como padre de 5 hijos, he pasado gran parte de mi vida enseñándoles la importancia del respeto a la Constitución y las Leyes, como así también la importancia que tiene en nuestro Sistema Constitucional, el control de poderes, imprescindible para que exista una verdadera República.Tengo un hijo abogado.

En conocimiento de la gravedad de esta sentencia, he considerado una obligación ciudadana, un deber como Argentino, de solicitar la intervención de la Comisión Interamericana para DENUNCIAR: a) el incumplimiento y la mora del Poder Ejecutivo en la constitución del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y b) a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia que, con su accionar, ayudan a fomentar el descreimiento en las Instituciones de la República, y la sensación de INSEGURIDAD JURIDICA que tanto daño hace a la Argentina. En el país y en el mundo.

Soy un ciudadano, consumidor, y cliente afectado por las consecuencias de la no aplicación de la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia, que los Argentinos padecemos en forma diaria por la inflación, el desabastecimiento, la impresionante aparición de monopolios, el control de la economía por reducidos grupos económicos, el incremento de la pobreza y la desnutrición.

Me permito recordarles que de conformidad con el Art. 25º, ap. 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada “PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA”, del 22 de noviembre de 1969, ratificado por la Nación Argentina mediante Ley 23.054, e incorporado al art. 75º, inc. 22 de la Constitución Nacional:

“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”

El “recurso sencillo y rápido” en Argentina lleva más de 4 años y miles de fojas de argumentos y pruebas.

A pesar de ello, mediante una ARBITRARIA sentencia de la Corte Suprema, concluye contrariando la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico del País.
Tengo un sobrado interés directo, personal, y legítimo.

Asimismo el Artículo 44º de la Convención Americana dispone que:
“Toda persona….puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado Parte.”

XIV.- INTERES Y CONCENTRACIONES
Al margen de las cuestiones de fondo, no constitución del Tribunal de Defensa de la Competencia y falta del quórum mínimo en la Comisión, resido en Mendoza, donde la concentración entre las empresas que integran las cadenas Cencosud S. A. (Jumbo, Unicenter, Easy) con Disco Ahold (VEA, Super VEA, Disco) en la actualidad posee en la provincia 34 o 35 grandes supermercados, que representan cerca del 65 del mercadeo alimentario, ejerciendo una verdadera posición dominante sobre el mercado, SITUACION QUE PRECISAMENTE ES REPRIMIDA POR LA LEY 25.156 DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, de raigambre Constitucional.

La cadena que le sigue en cantidad de negocios es CARREFOUR, que tiene 4 supermercados. WALL MART tiene 2 y MAKRO solamente uno.

El Artículo 1º de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia sostiene: “Están prohibidos y serán sancionados con las normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción o intercambio de bienes……….de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.”

En tanto “pueda resultar un perjuicio para el interés general”, (que se encuentra debidamente probado en el Expediente 77.334), aparece el Derecho Constitucional de plantear la defensa de la Competencia y de los usuarios y consumidores (Artículo 42º de la Constitución Nacional, Ley Nº 24.240 de Defensa del Usuario y del Consumidor y Nº 25.156 de Defensa de la Competencia).

El interés económico general habilita y legitima cualquier acción legal de los ciudadanos.

Son de carácter público las discrepancias y diferencias que planteó Mendoza debido a la creciente inflación con los famosos índices del INDEC – Instituto Nacional de Estadística y Censos – manejados en forma discrecional por el Poder Ejecutivo Nacional.

Sean verdad o no los índices declarados, la inflación o aumentos de precios de productos alimentarios que hemos padecido los Mendocinos, donde existe una elevada concentración, se ha denunciado que han sido superiores en más del 300% a los existentes en otras zonas del país. Tan grave es el tema que existe una causa penal por tal motivo.

En diciembre del 2006 se acreditó en la acción de amparo – y se encuentra demostrado en el Expte. 77.334 – que mientras las grandes cadenas de supermercados pagaban a los productores $ 0,32 el kilogramo de cerezas (monopsomio), en las góndolas de los hipermercados se vendía el mismo fruto a los consumidores a $ 3,50 el kilogramo, situación que les generaba una diferencia de más del 1.000% (monopolio, monopsomio y abuso de posición dominante).

En la actualidad, en plena crisis entre los productores rurales y el Gobierno Nacional, un MEMORANDO preparado por diferentes Asociación de Productores, acredita que mientras a los productores se les paga un precio por kilogramo de pollo de $ 0,82, las grandes cadenas de supermercados los venden a $ 5,60; la leche de $ 0,83 pasa a $ 2,63; la carne de ternera de $ 3,50 a $ 18,80; el cerdo de $ 3,90 a $ 16,50, y así muchos otros productos. Las diferencias en casi todos los casos oscilan entre el 300 y el 400%, que pagamos los consumidores.
Destaco a la Honorable Comisión Internacional que el Diario “Los Andes” del 7 de mayo del 2008 resalta que la inflación de Mendoza en un año ha superado el 40%, y de modo especial la canasta alimentaria, situación que la ubica muy por encima de la media nacional.

El INTERES ECONOMICO GENERAL Y EL BIENESTAR COMUN – son otros de los grandes temas planteados en la acción de amparo que NO HAN SIDO ANALIZADOS ni tratados por la ARBITRARIA sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

Al no respetarse la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia, los grandes generadores de precios, como son los intermediarios de gran importancia como los supermercados, aplican los valores que les generan mayor utilidad. Esto genera mayor inflación, que debemos pagar todos los consumidores.

Total nadie los controla.

DIRECTA o INDIRECTAMENTE, ESTA ARBITRARIA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA ESTA AVALANDO ESTA POSICION MONOPOLICA Y DE ABUSO DE POSICION DOMINANTE POR PARTE DE LAS GRANDES CADENAS DE SUPERMERCADOS.

De este modo, al no considerar la Corte Suprema lo normado por la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia, obvia la necesidad de “preservar el interés económico general”.

La Corte Suprema avala que se concrete la concentración entre dos grandes cadenas de supermercados sin cumplir con los pasos que EXIGE LA LEY 25.156 – Artículo 8º – que obliga al análisis previo por parte del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, tal como había exigido la Cámara Federal de Apelaciones fundadamente.

Informo a la Comisión Internacional que la fusión o concentración de CENCOSUD S. A. con DISCO AHOLD Internacional Holding N. V. fue concretada en el mes de diciembre del año 2004, esto es, pocos meses después de iniciada la Acción de Amparo.

Lo hicieron contrariando las medidas cautelares dispuestas por la Justicia Argentina y sin cumplimentar el trámite de aprobación previo que contempla el Artículo 8º de la Ley 25.156.

Firmaron un contrato de cesión de acciones. CENCOSUD pagó cerca de U$S. 300.000.000 a DISCO AHOLD, que al mes siguiente, enero del 2005, se retiró de la Argentina.
Lo expuesto fue debidamente acreditado mediante fotocopias y originales que pueden consultarse en el Expte. Nº 77.334.

Concretaron la concentración mientras seguían litigando y presentando recursos de todo tipo.

Resulta sorprendente que ni el dictamen de la Procuradora Fiscal ni la nueva sentencia de la Corte Suprema de la Nación tengan en cuenta ni consideren esta abundante prueba que deja sin argumentos los increíbles planteos de Cencosud S. A. ante la Justicia Argentina.

En la sentencia del 16 de abril del 2008 sólo han escuchado a una de las partes, los quejosos, los poderosos, tal como surge de los considerando del dictamen y la sentencia.

La Constitución, los Tratados y las Leyes se dejan para otra oportunidad.

Como sostienen los señores Magistrados de Primera y Segunda Instancia, que han estudiado sobradamente la causa, ambos grupos empresarios se han caracterizado por un ánimo de “constante litigiosidad”, por cuanto la fusión y concentración, en los hechos, se ha concretado hace más de 3 años (en diciembre del 2004), situación que tampoco consideran ni el dictamen de la Procuradora Fiscal ni la sentencia de la Corte Suprema.

¿Qué rol hemos jugado quienes venimos solicitando el cumplimiento de la Constitución y de la Ley 25.156?

¿Qué rol han cumplido los Señores Magistrados de 1ra. y 2da. Instancia que estudiaron, analizaron, solicitaron pruebas, aportaron Doctrina y Jurisprudencia y conforme a Derecho emitieron 21 Resoluciones en un expediente que tiene 13 cuerpos y más de 4 años?

Frente a estos “poderes”, ninguna Constitución, ningún Tratado Internacional, ninguna Ley, parece que tienen importancia.

Existiendo NULIDAD MANIFIESTA me pregunto ¿por qué motivo la Justicia, la propia Corte Suprema no ha revocado su sentencia o no se ha planteado la nulidad que contempla el Artículo 182 del C. P. C. C. N.?

XV.- INCIDENCIA ECONOMICA EN LA SOCIEDAD
Lo prioritario de la acción de amparo era y es la conformación legal del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, para cumplir con el mandato Constitucional de defensa de los consumidores y la competencia.

Dada la incidencia económica y la posible afectación al interés general que tiene cualquier concentración económica de semejante envergadura en la economía Nacional, como la de DISCO AHOLD Internacional Holding N. V., que era dueña de una cadena de 32 supermercados en Mendoza, (hoy son 35) a los que se sumaron Jumbo y Easy, del grupo Cencosud S. A., en la Acción de Amparo se solicitó la suspensión del tratamiento de cualquier concentración, hasta que se conformara el Tribunal como ordena la Ley Nº 25.156, y en subsidio, que se constituyera con todos sus miembros la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, conforme la Ley 22.262.

Esta concentración – sin duda alguna genera una situación prevista en la Ley 25.156 por cuanto significa la fusión de dos grandes cadenas supermercadistas que en Mendoza alcanzan entre el 60 y 70% del poder de compra y de venta en el mercadeo alimentario, porcentaje no desmentido por la demandada.

Por este motivo, desde hace tiempo está siendo estudiada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que analiza el grado de participación especialmente en los mercados de Mendoza y Córdoba.

Esta grave situación fue planteada no solo por los productores de frutas y hortalizas de General Alvear, sino también por Cámaras de Productores de otras zonas, como el Valle de Uco y el este; por representantes de la Industria y el Comercio, como la Unión Comercial e Industrial de Mendoza; por Legisladores Provinciales; por los pequeños y medianos comerciantes, como almaceneros y otros.
Fue pública la oposición a la mencionada fusión realizada mediante comunicados por parte de CAME – la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que reúne a 953 federaciones de cámaras comerciales e industriales de todo el país.

Quedó acreditado en el Expediente nº 77.334 mediante un estudio de mercado realizado en el año 2004 por las Consultoras “CCR” y “AC. NIELSEN” que si se suman los porcentajes de participación en el mercado alimentario de CENCOSUD (Jumbo, Easy) con los de DISCO AHOLD (VEA, Super VEA, etc), estos superan el 60%.

En el interior de la provincia de Córdoba sucede algo similar.

En el mundo civilizado se considera que tratándose de la cadena alimentaria, que va dirigida a toda la población, quien posea un porcentaje superior al 11% puede posicionarse fuertemente y ejercer abuso de posición dominante.

Es preciso en tal sentido, recordar el caso de Wall Mart en Estados Unidos.

Y de Microsoft, obligada a dividirse.

Frente a la creciente inflación que castiga a los Argentinos y de la cual en alguna medida son responsables las grandes cadenas de supermercados (como sostenía antes Néstor Kirchener) me formulo la siguiente reflexión como ciudadano:

¿Nadie intervino ni hace nada para que se CUMPLAN LA CONSTITUCION Y LAS LEYES VIGENTES y así poder remediar semejante desfasaje de valores que debemos afrontar los consumidores?

¿Qué intereses se están moviendo tras estos INCUMPLIMIENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES y desmedidos incrementos? ¿A quienes beneficia?

¿Y la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia?

¿O es que esta gravísima situación que ha llevado a millones de Argentinos a salir a las calles no tiene importancia?

Los perjudicados fuimos y somos, como siempre, los consumidores.

Ha quedado acreditado que la Corte Suprema no ha que querido, no ha podido, o lo que fuere, entrometerse con el tema de Defensa de la Competencia que consagra nuestra Constitución Nacional.
Su sentencia del 16 de abril del 2008, contrapuesta a la del 3 de julio del 2007, referida sólo a aspectos formales no planteados en la acción de amparo, así lo demuestra.

Los Señores Miembros de la Comisión Interamericana deben intervenir en forma inmediata para resolver estos problemas Institucionales que afectan Derechos de todas las familias de Argentinos.

Con el mayor respeto les manifiesto que tienen la posibilidad de producir hechos que generen motivar al Poder Ejecutivo y a la Corte Suprema de Argentina a enmendar o corregir estas desviaciones para que se apliquen la Constitución Nacional y las Leyes sancionadas por el Congreso de la Nación, en beneficio de millones de Argentinos.

XVI.- EXPEDIENTES EN EL SENADO DE LA NACION
Dada la importancia a nivel económico del tema, pero esencialmente por su interés público y la afectación del interés general, varios Senadores Nacionales presentaron proyectos referidos al tema.

Resalto los suscriptos por los Senadores MIGUEL ANGEL PICHETTO, JORGE CAPITANICH y RAMON PUERTA, que están plasmados en los Expedientes Nº 845/2004, 846/2004 y 847/2004, en el cual solicitan informes a la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía; se dirigen al Defensor del Pueblo de la Nación, y requieren informes sobre Prácticas Monopólicas en el ámbito del mercadeo supermercadista.

En su momento, expresó su oposición la entonces Subsecretaria de Defensa de la Competencia y hoy Diputada, Patricia Vaca Narvaja.

¿Por qué motivos todos pasaron a guardar respetuoso silencio cuando el problema subsiste, o es más grave?
XVII.- CONSIDERACIONES ESPECIALES
En la acción de amparo, los demandantes solicitaban en subsidio que fueran suspendidos los tratamientos de “toda otra autorización de asociación, fusión o cualquier figura similar, hasta tanto se constituya debidamente el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia tal como dispone la Ley 25.156, por cuanto se estaría produciendo una violación reiterada de la normativa vigente.” (Expte. 77.334 – presentación Amparo – 7 de abril del 2004)

No se solicitó sólo la suspensión de la fusión de Cencosud S. A. con Disco Ahold, como erróneamente sostienen en el recurso de queja, y recepta la Corte Suprema, sino todas aquellas que estuvieran en situación similar, esto es que superaran los $ 200.000.000 conforme exige y ordena el Artículo 8º de la Ley 25.156.

Esto desmiente en forma categórica las desacertadas afirmaciones realizadas por CENCOSUD ante la Justicia.

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA NO ESTA CONSTITUIDO.

LA COMISION SIGUIO FUNCIONANDO SIN EL QUORUM MINIMO.

MAYOR VIOLACION DE LAS LEYES AL TIEMPO DE LA ACCION DE AMPARO ERA IMPOSIBLE.

Estas son las ILEGALIDADES MANIFIESTAS que se plantearon en la acción de amparo y que la Corte Suprema increíblemente ratifica el 16 de abril del 2008 con su ARBITRARIA SENTENCIA AL CONDENAR EN COSTAS A QUIENES SOLICITARON EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION Y LA LEYES VIGENTES. La sentencia está viciada en todo su contenido. Es una afrenta al Derecho y a la Justicia.

La MORA DEL PODER EJECUTIVO EN CUMPLIR CON LA LEY RESULTA TEMERARIA. Pero para la Corte Suprema no tiene importancia.

POR LO ABSURDO NO SE ENTIENDE.

XVIII.- CENCOSUD Y LAS SENTENCIAS DE LA JUSTICIA ARGENTINA
El 22 o 23 de noviembre del año 2005 sucede un hecho de trascendencia en la historia de la JUSTICIA ARGENTINA.

El Señor HORST PAULMAN, presidente de CENCOSUD S. A., en el coloquio de IDEA, expresa a diferentes medios de difusión que estaba convencido que la Justicia Argentina “terminaría fallando a su favor”.

Esto motivó que el ex – Presidente de la Nación, Doctor Néstor Carlos KIRCHNER manifestara que le llamaba la atención que el “señor de Jumbo” aguardaba una resolución favorable de la Justicia Argentina antes que se hubiera expedido sobre el tema. “Esto nos deja atónitos”, expresó el ex Presidente. (diarios “Clarín”, “La Nación”, “Los Andes” del 23, 24 y 25 de noviembre del 2005)

Agregó el ex Presidente, tras leer el comentario del señor Paullmanm: “El señor de JUMBO sabe que va a tener una decisión favorable antes que haya salido. Esto es tremendamente grave para la Justicia.”

Dijo el ex presidente: “Me gustaría que esto fuera un error de imprenta”, por que advirtió que: “Si alguien que está peticionando ante la Justicia sabe que va a tener una resolución favorable, estamos ante índices de corrupción realmente gravísimos.”

“El señor Paullmann que nos explique cómo hace para saber que va a tener un fallo favorable antes que salga el fallo, es algo que a nosotros realmente nos deja atónitos.”

Honorable Comisión Interamericana: esto sucedió el día 23 de noviembre del 2005 cuando el Juez Federal de San Rafael y la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza habían RECHAZADO los recursos presentados por CENCOSUD S.A.

¿CÓMO SABIA HORST PAULLMANN, DOS AÑOS Y MEDIO ANTES, QUE FINALMENTE LA JUSTICIA ARGENTINA FALLARIA A SU FAVOR SI SOLO FALTABA DICTAR SENTENCIA A LA CORTE SUPREMA?

El 3 de julio del 2007 la Corte Suprema de Justicia emite “Fallo Definitivo” ratificando la Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones, que había declarado la causa “devenida en abstracto”, y condenando en costas a los quejosos ESTADO NACIONAL, CENCOSUD S. A. y DISCO AHOLD.

Pero… el 16 de abril del 2008, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación en un hecho increíble, inaudito, sin precedentes en historia Judicial, REVOCA SU PROPIA SENTENCIA y le DA LA RAZON AL SEÑOR HORST PAULLMAN.

LA JUSTICIA ARGENTINA, ESTO ES LA CORTE SUPREMA – SIN ARGUMENTOS VALEDEROS – SENTENCIO A FAVOR DE SU EMPRESA MONOPOLICA. El Señor Paullmann tenía razón dos años antes.

Debe explicar ante la VERDADERA JUSTICIA el señor HORST PAULLMANN, para no quedar aún más atónitos:
¿CÓMO OBTUVO O QUE HIZO PARA LOGRAR QUE VARIOS FALLOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION QUE RECHAZABAN SUS PRETENSIONES POR INCONSTITUCIONALES E ILEGALES, ESTA MISMA CORTE SUPREMA REVOCARA SU FALLO DEFINITIVO, SE CONTRADIJERA Y SENTENCIARA A SU FAVOR? Y ADEMAS ANTICIPARLO DOS AÑOS ANTES.

Para el “LIBRO GUINNES” de la Justicia del Mundo.

Y para ser INVESTIGADO CON LA PROFUNDIDAD QUE LA GRAVEDAD DEL CASO MERECE.

XIX.- LA INCREIBLE SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL 16 DE ABRIL DEL 2008
Es importante analizar otros aspectos de la increíble sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia.

El Tribunal manifiesta que su fallo se basa en el dictamen de fecha 17 de julio del 2007 de la señora Procuradora Fiscal, Dra. Laura M. Monti, que forma parte integrante de la sentencia.

Este dictamen del 17 de julio del 2007 es posterior al “Fallo Definitivo” de la Corte Suprema de Justicia del 3 de julio del 2007 mediante el cual ratificó la Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones que declaró la causa “devenida en abstracto”.

Ambos contienen vicios y errores que los convierten en contrarios a principios Constitucionales; a Pactos Internacionales suscriptos por la Nación Argentina; a las Leyes 25.156, 24.240; 24.065; 24.076 y 22.262; al Código Procesal Penal; arbitrarios; contradictorios; arbitrios; no ajustados a derecho; incongruentes; resuelven sobre cuestiones no planteadas y encima lo hacen mal; contrarios a la Jurisprudencia de la propia Corte Suprema, etc., consecuentemente son NULOS.

El Artículo 18º de la Constitución Nacional consagra el Principio de Legalidad, que incluye el de irretroactividad de las leyes y el de seguridad de las sentencias.

Luego del dictado del “Fallo Definitivo” del 3 de julio de 2007 la Corte Suprema, modifica y altera el procedimiento de la causa, tanto en lo sustancial – “error in indicando” – como en lo formal procesal – “error in procedendo”. Ambos son causal de NULIDAD.

La Corte Suprema de Justicia debió rechazar el dictamen de la Procuradora Fiscal por cuanto ya había emitido el 3 de julio “Fallo Definitivo” ratificando que la “causa había devenido en abstracto.”

Cuando menos, para mantener las formas, debió dar traslado a los Amparistas para poder rebatir los infundados e ilegítimos argumentos sostenidos después del “Fallo Definitivo” por la Procuradora Fiscal, lo que implica reabrir la causa luego de ordenar su archivo.

Siguiendo criterios que la propia Corte Suprema obliga a aplicar a los Tribunales Inferiores y que sostiene la Doctrina – privó a los Amparistas de un derecho fundamental, mediante una forma sutil de impedir, trabar o desnaturalizar el principio Constitucional consagrado por el Artículo 18º de DEFENSA EN JUICIO, hecho de gravedad extrema.

El Doctor JUAN PABLO SANTIAGO CIVIT con el patrocinio letrado del Doctor RODOLFO YANZON presentó un escrito por sus honorarios solicitando a la Corte Suprema de Justicia que cumpliendo lo ordenado por ella misma, remitiera el expediente 77.334 a la Cámara Federal; y otro para que “tuviera presente” los casos y sentencias precedentes que han generado la Jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fueron devueltos invocando que se trataba de un “alegato” planteado fuera de término.

Si a los Amparistas NUNCA se los notificó ¿cómo podían “ALEGAR” no habiendo sido citados en el Expte. B-1626 como parte por la Corte Suprema, a pesar de ser la Actora y no tenían conocimiento que se había “REABIERTO LA ACCION DE AMPARO” después de un “Fallo Definitivo”?

Esta situación NO ha existido en ninguna acción de amparo precedente ni en otro tipo de juicios.

En el dictamen se efectúa un breve análisis de la Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza del 22 de marzo del 2007, mediante la cual se declara “devenida en abstracto la causa”.

Se realiza una reseña de la queja interpuesta por Cencosud S. A., que es copia de otras 9 presentadas ante la Cámara Federal de Apelaciones y ante la Corte Suprema de Justicia, y que FUERON RECHAZADAS.

ESTO TAMBIEN ACREDITA LA INCONGRUENCIA DE ESTA SENTENCIA DEL 16 DE ABRIL DEL 2008.

LOS MISMOS RECURSOS, CON SIMILARES TEXTOS, EN VARIOS CASOS SON RECHAZADOS Y EN EL EXPTE. 1626 ES ACEPTADO. NO TIENE EXPLICACION JURIDICA.

Deberían cotejarse los textos de las quejas que presentan los letrados del Estado Nacional demandado, porque curiosamente son similares a los de DISCO AHOLD, que se fue de Argentina hace más de 3 años, y a los de CENCOSUD S. A.

La queja trata como en los casos anteriores temas que constituyen cosa juzgada, como la legitimidad de los amparistas; la competencia y falta de jurisdicción del Juez Federal de Primera Instancia; rechaza los principios Constitucionales del amparo que la Carta Magna brinda a los consumidores, no solo a los nucleados en organizaciones intermedias, sino también al afectado.

Dictatorialmente niega todo tipo de derechos – aún los Constitucionales – a los ciudadanos para reclamar ante la Justicia; sostiene que se genera situación de incertidumbre en la fusión cuando es de público conocimiento que la misma se había concretado en el mes de diciembre del año 2004 y Disco Ahold se fue del país al mes siguiente.

Llega a afirmar que la Comisión de Defensa de la Competencia es un órgano que sólo asesora. Basta con leer las facultades que le confiere la Ley 25.156 y la derogada Ley 22.262 y entrar en la página Web del Ministerio de Economía de la Nación para advertir que tal aseveración no se ajusta a la verdad.

Lamentable.

Si solamente asesora ¿CON QUE FACULTADES CUMPLE LA FUNCION DEL ARTICULO 8º DE LA LEY 25.156, DE ANALIZAR FUSIONES POR MAS DE $ 200.000.000 SI COMO COMISION ESTA DEROGADA POR EL ART. 58º DE LA LEY 25.156?

NADA SE AJUSTA A LA LEY 25.156.

El Artículo 59º de la Ley 25.156 dispone: “Queda derogada toda atribución de competencia relacionada con el objeto y finalidad de esta ley otorgada a otros organismos o entes estatales.”

No afirma que se derogará. Asevera: QUEDA DEROGADA.

¿Incluye esta afirmación a la Secretaría de Coordinación Técnica o es una contradicción con el Artículo 58º?

Es preciso destacar que la dilucidación de esta situación no fue objeto planteado en la Acción de Amparo de modo que la Sentencia no debería ni siquiera referirse a ello como si se tratara del tema esencial para la causa. (Fallos: 301-850).

Esta situación se genera por el accionar de los abogados de Cencosud, quienes siempre intentaron derivar el objeto y la causa de la Acción de Amparo a cuestiones no planteadas.

No debieron admitirlo ni la Procuradora Fiscal y menos aún la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Analizando estos escritos, o recursos de queja, pareciera que estuviéramos tratando con “Cenicienta” (Cencosud) y con “Blanca Nieves” (Disco Ahold), y no con dos empresas que tienen sus problemas, sobre todo DISCO AHOLD, con miles de denuncias penales por miles de millones de dólares, en Estados Unidos, Europa, Uruguay. Algunas de ellas les costó la renuncia a todo el Directorio hace algunos años, y causas penales al nivel gerencial. Y pareciera también que ambas “niñas”, han sido maltratadas por el “Lobo” (la Justicia Federal de 1ra. y 2da. Instancia) que se ha limitado, nada más ni nada menos que a aplicar la Constitución y las Leyes vigente en Argentina, conforme lo solicitaron los “animalitos del bosque”, los Amparistas.

Grave es la decisión del Estado Argentino – Poder Ejecutivo – que en 4 años que lleva la causa y casi 9 de sancionada la Ley no ha querido constituir el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia como ordenan el Artículo 17º y concordantes de la Ley 25.156.

Este ilegal accionar es ratificado por esta NULA sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Pero mientras no se la revoque es sentencia. Por ARBITRARIA QUE SEA.

XX.- PRINCIPIO DE LEGALIDAD
La Procuradora Fiscal cuestiona a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza porque ésta considera la necesidad que la Comisión de Defensa de la Competencia cuente con 5 miembros para funcionar, y afirma “… lo desacertado de fijar una regla de funcionamiento – un quórum determinado – a la Comisión, como sostuvo la alzada…”

Concluye que … “se pretende establecer por vía de un pronunciamiento judicial, disposiciones que no existen en las leyes de defensa de la competencia ni están determinadas en la reglamentación de ésta, configurando ello una inaceptable intromisión de un órgano del Estado sobre otro.”

En una REPUBLICA, contrariamente a lo sostenido por la Procuradora Fiscal, el control de LEGALIDAD de los actos de Gobierno lo ejerce precisamente el Poder Judicial.

El sorprendente dictamen de la Procuradora Fiscal, que hace suyo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, NO se ajusta a lo que disponen la Constitución Nacional y las Leyes 25.156 y 22.262 y a la obligación de aplicar supletoriamente el Código Procesal Penal.

La Comisión SI tiene obligación de cumplir con las Leyes que le son de aplicación, Nº 22.262 y Código Procesal Penal.

NO puede funcionar con los miembros que se le antoje, en el caso sólo con 2 directores.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, ajustándose a lo que ORDENAN las Leyes 25.156 y 22.262, sostuvo que NO SE CUMPLE con lo que disponen las normas citadas, dado que la Comisión estaba funcionando con sólo 2 miembros de los 5 que obligan los Artículos 7º, 8º y 10º de la Ley 22.262.

LO ORDENA LA LEY, no la Cámara como erróneamente sostienen la Procuradora Fiscal y la Corte Suprema.

Supletoriamente, debieron aplicarse las normas del Código Procesal Penal de la Nación, COSA QUE NO SE HIZO.

¿DÓNDE ESTA LA INACEPTABLE INTROMISION DE UN ORGANO DEL ESTADO SOBRE OTRO?

Es una OBLIGACION DE LA JUSTICIA efectuar el control de LEGALIDAD de los actos del Poder Administrador, y consecuentemente del cumplimiento y respeto de la Constitución Nacional y las Leyes vigentes.

Es lo que NO han hecho la Procuradora Fiscal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

CON SU DICTAMEN Y LA ARBITRARIA SENTENCIA PERMITEN QUE NO SE CUMPLA CON LO ORDENADO POR LA CONSTITUCION NACIONAL Y LA LEY 25.156 DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA NI CON LO PRESCRIPTO POR LA DEROGADA LEY 22.262 NI CON EL CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION.

¿Estamos en una REPUBLICA donde debe existir la división y control de poderes o ante un autoritarismo absolutista en el cual hasta los órganos de control pueden hacer lo que quieran?

La Cámara Federal de Apelaciones en ningún lugar sostiene que pretenda fijarle una regla de funcionamiento a la Comisión como sostiene la Procuradora Fiscal en forma engañosa.

La Cámara Federal de Apelaciones condena el incumplimiento de varios Artículos de las Leyes 25.156 y 22.262 y del C. P. Penal por parte de la Comisión.

Que es lo que legalmente corresponde que haga.

¿CUAL ES EL FONDO DE LA CUESTION?

XXI.- LA CONSTITUCION DEL TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Es lo que se peticiona en la Acción de Amparo. Que se constituya el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia como dispone la Ley 25.156, conforme el principio Constitucional del Artículo 42º de la Carta Magna.

No han transcurrido 20 días desde la promulgación de la Ley. Han pasado más de 8 años.

La falta de cumplimiento de la Ley 25.156 por parte del Poder Ejecutivo, ha permitido que lo transitorio, las facultades “temporarias” conferidas a la Comisión, se ha transformado en permanentes, constituyendo una evidente alteración y violación de lo normado en la ley.

El Expte. 77.334 tiene más de 4 años, y en este plazo el Poder Ejecutivo no habría podido o no habría querido constituir el TRIBUNAL NACIONAL tal como dispone la Ley Nº 25.156, alterando un principio de rango Constitucional como es la Defensa de la Competencia.

El objeto de la Acción de Amparo y de las sentencias de los Magistrados ha sido resaltar el incumplimiento por MORA DEL ADMINISTRADOR de la constitución del Tribunal, hecho sobradamente probado en la causa.

La Ley 25.156 es un todo, no se puede tomar de ella algunas partes.

Es una ley que se refiere al orden económico y al interés general.

De ningún modo se puede sostener la legalidad de una parte, y aplicar una Ley derogada, la 22.262, por otra. Es una incongruencia absoluta que violenta elementales principios Constitucionales y Jurídicos.

El Poder Ejecutivo no ha hecho lo que una ley le ordena, hecho reprimido por el Artículo 248º del Código Penal de la Nación, que condena a los funcionarios que no cumplen las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia nada dice ni dictamina sobre la cuestión de fondo, motivo y objeto de la Acción de Amparo.

Sentencia sobre temas no requeridos en la acción de amparo.

Ha dicho la propia C. S. J. N. que constituye arbitrariedad manifiesta, y la sentencia torna en arbitraria e incongruente por exceso, por resolver asuntos no planteados, etc., hecho que hace fulminar la sentencia conforme el Artículo 18º de la Constitución Nacional. (Fallos: 301-850; 301-104; 298-642; 302-207; 297-219, y otras)

Como el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA NO ESTA CONSTITUIDO, no puede – consecuentemente – ser eximido de responsabilidad o culpa el Poder Ejecutivo, que discrecional y arbitrariamente continúa conduciendo un tema de raigambre Constitucional como es la Defensa de la Competencia, a través de funcionarios políticos, no designados como ordena la Ley 25.156 vigente.

El Poder Ejecutivo sigue haciendo en esta materia lo que le parece, sin el menor respeto al orden Constitucional ni Legal.

XXII.- CONSTITUCIONAL, LEGAL Y FUNDADA RESOLUCION DE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MENDOZA
Destaco lo expuesto en la fundada Resolución del 22 de marzo del 2006 por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, y en especial las consideraciones que efectúa el Camarista, doctor Otilio Roque Romano, quien manifiesta en su voto:

“La anterior ley 22.262, del año 1980, que instituía a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia como organismo de control, fue reemplazada en 1999 por la Ley 25.156 – que con similares facultades pero con mayor jerarquía institucional – como se verá – crea el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.”

Agrega: “La citada ley, …. prohíbe actos o conductas que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia que impidan acceso al mercado, o que constituyan abuso de una posición dominante, de modo que pueda resultar perjudicial para el interés económico general (art. 1º, LDC). Adopta la denominada “teoría de la razón, esto es, que ha de acreditarse la potencial afectación al interés económico general.”

“Estatuye para la realización de las operaciones de concentración, fusión y participación el control a priori fijando montos (los que superen los $ 200.000.000), para que tales concentraciones sean consideradas sujetas a la autorización de la autoridad de verificación (art. 8º LDC).”

Analiza el Magistrado la forma de conformación del Tribunal, que deberá estar compuesto por 7 miembros, designados mediante concurso por calificado Tribunal, y sus facultades.

Manifiesta refiriéndose al Tribunal: “Su objeto es cumplir con el cometido del Estado en el control de la competencia: corresponde a un mandato Constitucional, es indeclinable y de suma importancia institucional. Es que el art. 42 de la C. N. , reformada en 1994, establece como norma superior que las autoridades proveerán a la protección ….. “de la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales …” norma que en su obligación incumbe su cumplimiento a todas las autoridades del Estado.”

Sostiene el Camarista: “No se trata de un irrelevante cambio de denominación, sino que la conformación y jerarquía institucional del nuevo organismo marca una diferencia que resulta sustancial e indispensable para el cumplimiento de la protección Constitucional de la competencia.”

“Este aspecto fue especialmente valorado por el Congreso de la Nación al tratar la Ley 25.156, señalándose que: … “la norma crea el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, organismo de carácter autárquico, que se diferencia de la actual Comisión de Nacional de Defensa de la Competencia, que es un organismo que funciona en el ámbito de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación. Esta es una diferencia clave y central: la independencia del poder político, o sea el Poder Ejecutivo, de la autoridad de aplicación que va a llevar adelante una norma de la importancia y la trascendencia que tiene ésta, con el objetivo justamente de controlar el accionar de los monopolios y de los grandes grupos económicos en la economía argentina.”

“Por eso, al igual que en los países de avanzada en la materia, como es el caso de los Estados Unidos y los países de Europa, se prevé un organismo absolutamente autárquico, que está compuesto por 7 miembros nombrados por concurso público, a través de un jurado, que duran 6 años en sus mandatos, independientemente de los cambios de gobierno que puedan ocurrir.” (Antecedentes Parlamentarios de la Ley 25.156, Suplemento La Ley del año 1999, nº 9, parágrafo 4, pag. 103)

Concluye el Magistrado: “Es indudable – que si bien no se puede dejar de cumplir con la ley que impone la vigencia de la Comisión Nacional de la Competencia, mientras se ponga aquél Tribunal en funcionamiento, dado el tiempo transcurrido y la importancia institucional del tema, la omisión resulta injustificable y la responsabilidad del Estado evidente.”

Contrariamente a lo que sostienen en forma errónea el dictamen de la Procuradora Fiscal y la sentencia de la Corte Suprema, los integrantes de la Cámara Federal tienen claro que debe actuar la Comisión hasta que se conforme el Tribunal.

Pero resulta injustificable la omisión, y la responsabilidad del Estado indudable en tanto en más de 8 años no ha constituido el Tribunal, órgano autárquico de raigambre Constitucional, que ratifica ahora la Corte.

Este tema trascendental, motivo y causa de la Acción de Amparo no se menciona en la sentencia cuestionada de la Corte Suprema.

La sentencia se fundamenta en hechos que jurídicamente no se ajustan a la realidad normativa, aplicando disposiciones que NO son de aplicación para este caso.

Ha dicho la Corte Suprema de Justicia que “la sentencia que decide la cuestión prescindiendo de los dispuesto en la norma legal que rija al punto, es arbitraria y debe ser dejada sin efecto.”

Ello así porque importa un grave error, que hace funcionar la descalificación por arbitrariedad. (Fallos:295-503; 292-205; 304-278)

La Defensa de la Competencia tiene raigambre Constitucional y naturaleza penal económica, conforme la Ley 25.156 y la Ley 22.262. Por ello la obligación de contar con todos sus miembros.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación erróneamente sostiene en sus considerando que no es necesario que la Comisión tenga la totalidad de miembros como dispone la Ley 22.262: … “por el contrario ese criterio es incompatible con el modo en que diversos regímenes regulan la actuación de órganos colegiados de la Administración Pública Nacional, en tanto establecen la validez de su funcionamiento con un número menor a la totalidad de sus integrantes.”

Este análisis se ha efectuado cuando se han expuesto os Artículos de las Leyes 24.076 y 24.065, que exigen el funcionamiento de los Directorios con 5 miembros y un quórum mínimo de 3 miembros. Esto ratifica lo dispuesto por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Hago notar que el Artículo 57º de la Ley 25.156 expresamente dispone que NO son de aplicación las normas de procedimiento de la Ley 19.549. Otro grosero error de derecho de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

XXIII.- MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA PROTEGER EL DERECHO A LA LIBRE COMPETENCIA
El Artículo 42º de la Constitución Nacional reconoce los derechos de los consumidores y usuarios y establece la obligación de las autoridades a proveer “la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y el control de los monopolios naturales y legales.”

El Artículo 43º de la Constitución Nacional reconoce legitimación procesal para la protección del derecho a la competencia, al afectado, al defensor del pueblo y a las asociaciones que propendan a esos fines.

El derecho a la competencia es un derecho colectivo porque protege un bien público, el régimen de libre competencia, que cuando funciona sin restricciones y distorsiones beneficia el interés de los consumidores mediante mejores precios y servicios.

La Constitución Nacional parte del supuesto de que la libre competencia resulta beneficiosa para los consumidores y productores porque se maximizan sus beneficios. Esto es así porque todas las unidades de un bien que se consumen en una economía en libre competencia generan un valor neto positivo.

Como se explica en los lineamientos para el control de las concentraciones económicas (ver Resolución SCDyDC. Nº 164/2001), “La sociedad valora esas unidades consumidas más de lo que cuesta producirlas; de otro modo, los bienes no serían consumidos, puesto que el precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar por ellos (el cual refleja la valoración que los consumidores dan al bien) sería menor que el precio que exigirían los productores (el cual, en un entorno competitivo, refleja el costo de producir el bien)”

La circunstancia de que el derecho a la competencia sea un derecho colectivo, que protege un interés público, exige para su protección de un organismo técnico y autónomo que investigue las conductas anticompetitivas y las concentraciones económicas.

Dicho organismo es el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, creado en el artículo 17º de la L. D. C. Nº 25.156.

Se trata de un organismo autárquico; compuesto por siete miembros, de los cuales al menos 2 deben ser abogados y 2 profesionales en ciencias económicas, elegidos mediante concurso público de antecedentes y oposición ante un jurado previsto en la LDC. Durarán en sus cargos 6 años. Sólo podrán ser removidos por acusación por el mismo jurado que los designó.

Adviértase que el Legislador les concede 6 años de duración en sus cargos, más que al Presidente, para evitar la politización de sus funciones. Lo contrario de lo que sucede en la actualidad.

Es de fundamental importancia considerar un informe de la firma NIELSEN que al año 2004 acreditaba que de producirse la fusión entre CENCOSUD S.A. y DISCO AHOLD, más la autorizada concentración de CARREFOUR, solamente dos grupos económicos extranjeros controlarían el 66% del mercadeo alimentario de la REPUBLICA ARGENTINA.

Esta situación es VIOLATORIA de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia.

Y se ha concretado.

XXIV.- LA ILEGALIDAD Y NULIDAD MANIFIESTA ORIGINADA EN LA OMISION DEL PODER EJECUTIVO DE CONSTITUIR EL TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Como se ha expuesto, este trascendente tema NO es motivo de sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando ha sido la causa esencial de la Acción de Amparo.

Ha sostenido el Doctor JOSE ROBERTO DROMI en su libro: “DERECHO ADMINISTRATIVO”, Editorial Ciudad Argentina, 2004, Buenos Aires, página 229:

“La seguridad jurídica es un ingrediente esencial para el funcionamiento institucional de todo sistema político, y especialmente de la democracia. Por ende, la seguridad constituye un valor administrativo, ya que de la función administrativa dependen la suerte de los derechos y las libertades de los administrados.”

En la página 230 afirma: “La seguridad es una necesidad humana que se traduce en la exigencia de una certeza relacional que rija la alteridad INDIVIDUO – ESTADO, y que abarque a los administrados. Ello conlleva a que el derecho sea respetado y obedecido por los funcionarios del Gobierno y por los administrados, ciudadanos y habitantes en general.”

Al referirse al objeto de los actos administrativos expresa: “…no deben ser prohibidos por el orden normativo. La ilegitimidad del objeto puede resultar de la violación a la Constitución, Ley, reglamento, circular, contrato, acto administrativo anterior estable, e inclusive a la moral y a las buenas costumbres.” (página 367).

Cuando trata sobre la nulidad de los actos administrativos, (página 393 de la obra citada), el Doctor DROMI afirma:

“La suspensión del acto por ilegalidad manifiesta (acto inexistente) no tiene límite alguno, es absoluta. Demostrada la ilegalidad procede la suspensión, pues en un Estado de Derecho es inconcebible que la Administración Pública actúe al margen de la legalidad. Su actividad es siempre sublegal: debe actuar “secundum legem”.

“La nulidad es la consecuencia a la transgresión al orden jurídico. Son los antibióticos de la juridicidad para combatir el anti – derecho. Y por tratarse de nulidades Constitucionales, se asimilan a los actos inexistentes del derecho administrativo.”

Concluye: “La admisión del remedio procesal del amparo se impone tanto en situaciones de franca ilegalidad, es decir cuando se vulnera o desconoce directamente la normativa legal vigente, o bien cuando se transgreden los límites de razonabilidad y oportunidad juridizadas…” (página 1114).

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25.156 el Poder Ejecutivo debió haber constituido el Tribunal de Defensa de la Competencia en los plazos previstos en la Ley, y en los perentorios del Artículo 18º del Decreto Nº 89/2001, reglamentario de la Ley L. D. C. Nº 25.156.

El Artículo 60º de la Ley Nº 25.156 establece un plazo de 120 días para reglamentarla. Dicho plazo no se cumplió porque la reglamentación se dictó el 25 de enero del 2001.

Tampoco se cumplieron los plazos previstos en el Decreto Reglamentario para la convocatoria al Jurado, el llamado a concurso y la confección de la lista de postulantes.

El Poder Ejecutivo omitió con manifiesta ilegalidad constituir el Tribunal de Defensa de la Competencia, incumpliendo la voluntad del legislador y el deber legal dispuesto en la Ley de Defensa de la Competencia Nº 25.156.

Se trata de una inconstitucionalidad por omisión porque se antepone la voluntad del Poder Ejecutivo por sobre la voluntad de la Ley sancionada por el Congreso de la Nación.

A más de 8 años de sancionada la Ley 25.156, resulta más que evidente que el Poder Ejecutivo tiene la voluntad de mantener el control político sobre la autorización o no de las concentraciones económicas, del mercado, del abuso de posición dominante, de los monopolios, de los monopsomios, de los precios, de las barrera de entrada, y se niega a conformar el Tribunal independiente como ordenó la Ley sancionada por el Congreso de la Nación en el año 1.999.

Esta circunstancia afecta los derechos de la competencia y de los consumidores, usuarios y productores, porque nos vemos privados del organismo técnico e independiente previsto en la Ley de Defensa de la Competencia para la protección de la competencia, tal como manda la Constitución Nacional en el Artículo 42º.

El hecho que la Ley Nº 25.156 defina como ilícitas a ciertas concentraciones económicas determina que la investigación y autorización de las concentraciones económicas sea una tarea de naturaleza Jurisdiccional de carácter penal que debe ser realizada por un Tribunal Independiente.

En la actualidad, dicha función es ilegítimamente desarrollada por la Comisión en base a la anterior Ley 22.262 que emite el dictamen técnico, y por el Secretario de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía que dicta la resolución. Se trata de un acto administrativo complejo del que participan dos órganos distintos.

Ninguno de ellos cumple con la Ley 25.156 vigente, ni asegura la solvencia técnica prevista para la conformación del Tribunal de Defensa de la Competencia.

El Secretario es un funcionario político, al igual que el presidente de la Comisión y los vocales que son designados discrecionalmente por el Ministro de Economía, sin concurso de antecedente que garantice la solvencia técnica e independencia requerida por la Ley de Defensa de la Competencia Nº 25.156.

Este tipo de ilegalidad tornó procedente la Acción de Amparo con el objetivo de remediar los derechos Constitucionales vulnerados por el ilegal proceder de la Administración.

La Corte Suprema sorprendentemente, ahora no solo recepta recursos similares que anteriormente consideró “devenidos en abstracto”, sino que pareciera tolera estas conductas no ajustadas a la Constitución Nacional y al Derecho vigente.

XXV.- LA MANIFIESTA ILEGALIDAD ORIGINADA EN LA FALTA DE QUORUM DE LA COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA POR VENCIMIENTO DEL MANDATO DE VOCALES Y FALTA DE DESIGNACION DE REEMPLAZANTES – INSUFICIENCIA EN LA CONSTITUCION DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO QUE DEBIA INVESTIGAR LAS FUSIONES ECONOMICAS – ERROR DE DERECHO DEL DICTAMEN DE LA PROCURACION Y DE LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
El Artículo 13º de la L. D. C. Nº 25.156 exige que sea el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia el órgano que dicte la resolución por la cual se autoriza o prohíbe una concentración económica.

Como a la fecha el Tribunal no ha sido constituido de conformidad con lo previsto por el Artículo 17º y siguientes de la Ley N° 25.156, dicha autorización está siendo ilegalmente otorgada – desde hace casi 9 años – por el Secretario de Coordinación Técnica, un funcionario político, al que se han otorgado atribuciones en materia de defensa de la competencia, previo dictamen de la Comisión.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) es un organismo descentralizado creado por la anterior Ley Nº 22.262 en el ámbito de la ex – Secretaría de Estado de Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales (ver Art. 6º).

Debe estar integrada por un presidente y cuatro vocales designados por el Ministerio de Economía. El presidente es uno de los subsecretarios de esa Secretaría de Estado y los vocales deberían ser dos abogados y los otros dos profesionales en Ciencias Económicas (Arts. 7º y 8º).

Se trata de un organismo (Tribunal Administrativo) colegiado.

La claridad con que está redactado el Art. 7º de la Ley Nº 22.262 nos permite determinar que el requisito establecido para la Comisión es que la misma debería funcionar integrada por sus cinco (5) miembros (un presidente, dos abogados y dos economistas), quienes tendrán a su cargo la aplicación de la citada ley, gozando para ello de las facultades allí establecidas.

Nada dice la ley acerca de la posibilidad de que la Comisión se integre sólo con dos miembros, un presidente y un vocal.

Esto es lo que estaba ocurriendo al momento de plantearse la Acción de amparo y del Informe Circunstanciado del Artículo 8º de la Ley de Amparo.

La composición de la Comisión fue dispuesta por el Congreso de la Nación al sancionar la Ley Nº 22.262, por lo que el Poder Ejecutivo incurre en otra MANIFIESTA ILEGALIDAD al permitir que ésta haya funcionado sin el quórum mínimo que el Legislador estableció en su momento.

Y que hoy, sorprendentemente, recepta la Corte Suprema de Justicia mediante la arbitraria e ilegal sentencia que se cuestiona.

La Ley Nº 22.262 fue aún más lejos a fin de asegurar la total integración de los miembros de la Comisión en cada uno de los actos que emite.

En el Artículo 10º de dicha ley se prevén los mecanismos de suplencia del presidente y de los vocales para el caso de que alguno de ellos deba excusarse de intervenir en alguna cuestión que les compete.

Frente a esta clara disposición de la ley, resulta incuestionable que el artículo 10º refleja la intención que tuvo el legislador al momento de sancionar dicho régimen, esto es, que la Comisión SE ENCUENTRE SIEMPRE INTEGRADA POR LOS CINCO (5) MIEMBROS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 7º.

Así lo sostiene – ajustada y certeramente – la Resolución de la CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MENDOZA que primero RATIFICA y luego, 9 meses más tarde, REVOCA la Corte Suprema de Justicia.

¿Basada en que norma legal vinculada con la Defensa de la Competencia la Procuradora Fiscal opina que no hay norma de funcionamiento de la Comisión de Defensa de la Competencia?

El Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, en los considerando de la sentencia agrava más la errónea e ilegal interpretación.

¿En que se basa la Corte Suprema de Justicia para sostener que “tampoco es razonable concluir, como lo hizo la Cámara, que ante el silencio de la Ley 22.262, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia puede desarrollar válidamente sus funciones siempre y cuando cuente con la participación del número total de miembros que deben integrarla. Si bien es cierto que la ley mencionada no prevé el quórum funcional de dicha Comisión, ello no solamente no sustenta el criterio seguido en autos por la Cámara, sino que, por el contrario ese criterio es incompatible con el modo en que los diversos Regímenes regulan la actuación de lo órganos colegiados en la Administración Nacional.”?

Dejando de lado los errores de redacción y de sintaxis de la mencionada sentencia, analicemos el fondo de lo dicho:

1.- La Ley 22.262 no guarda “silencio” como erróneamente se afirma. La Ley obliga a que la Comisión tenga el total de 5 miembros, un presidente y 4 directores (Arts. 7º y 8º);

2.- No existe NINGUNA posibilidad legal ni técnica, frente a la claridad del texto de la Ley, que la Comisión no cuente SIEMPRE con 5 miembros;

3.- El Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria y obligatoria conforme el Artículo 43ª de la Ley 22.262, dispone que las Cámaras o cuerpos colegiados se compondrán con 5 miembros, y que sus dictámenes deberán ser firmados por todos ellos;

4.- La Ley 22.262 dispone que las Resoluciones de la Comisión y del Secretario podrán apelarse ante la Cámara Nacional en lo Penal (Art. 27º);

5- Sólo admite un número menor en caso de disidencia, donde deberá primar el criterio de la mayoría, o sea la opinión de 3, que es el quórum mínimo necesario;

6.- Expresamente prohíbe la aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos (Art. 43);

7.- La naturaleza jurídica de la defensa de la competencia es de carácter penal económico, por ello, entre otros motivos, tanto la derogada Ley 22.262 como la actual 25.156 contemplan el sentido penal y obligan a utilizar el Código Procesal Penal en todo aquello no previsto por la respectiva Ley. Pretender darle otra interpretación es violentar lo que clara y terminante disponen las Leyes de aplicación al tema;

8.- Cualquier cuerpo colegiado, hasta de una unión vecinal, contempla en sus Estatutos que para que sus resoluciones sean válidas, deberá contarse por lo menos con el voto de la mitad más uno de sus miembros;

9.- Configura un hecho jurídicamente cuestionable e inadmisible que se consideren válidos y aplicables a este caso, los sistemas que pueden regir en otras existir en otras áreas de la Administración Pública, cuando en este caso, que se trata del interés general y el orden público, por ser materia de Defensa de la Competencia, existe un régimen jurídico especial que establecen las Leyes Nº 22.262 y 25.156 y el Código Procesal Penal.

En este sentido, Manuel Diez, ha explicado con extrema claridad que “Para el funcionamiento del órgano colegiado es necesaria la observancia de las siguientes reglas: a) Quórum: El funcionamiento de los órganos administrativos colegiados está basado sobre el quórum, es decir, un mínimo de miembros indispensables para el funcionamiento legal. A falta de una disposición especial, se admite, como principio general, que el órgano colegiado ejerce legalmente su competencia si la mayoría de los miembros está presente en la sesión. El quórum se requiere tanto para la constitución como para el funcionamiento del órgano colegiado. De allí el quórum estructural y funcional. B) La noción de quórum debe distinguirse de la existencia legal del órgano colegiado. En efecto, aún estando presente un número de miembros suficiente para constituir el órgano, el cuerpo no tiene existencia legal ni puede ejercer su competencia si todos los miembros previstos por la ley no están previamente nombrados. c) Una de las consecuencias de ese principio es la obligación, que incumbe a la administración, de hacer lo necesario para que la participación de todos los miembros de un órgano colegiado sea posible. Todo acto u omisión contrario a esa obligación constituye una violación.”

Es evidente que la Doctrina antes citada da cuenta de la MANIFIESTA ILEGALIDAD con que la Administración está actuando con relación a la defensa de la competencia, a las concentraciones y fusiones de empresas, sea entre CENCOSUD y DISCO AHOLD o cualquier otra, al permitir que sean investigadas por un organismo no ajustado a la Ley 25.156 ni a la anterior Ley 22.262, como se ha acreditado al momento del Informe Circunstanciado, porque carecía de la cantidad de Directores que la Ley exige para funcionar.

No puedo dejar de citar al Doctor Cabanellas, uno de los redactores del proyecto de la Ley 22.262, quien nos brinda una gran precisión respecto del tema aquí analizado.

Explica este renombrado autor en su libro sobre “Defensa de la Competencia”, que: “La L .D. C. no prevé disposiciones específicas relativas a la organización interna de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ni respecto de la forma en que adoptará sus decisiones. Conforme a los principios generales que rigen el funcionamiento de los cuerpos colegiados, estas materias podrán ser regidas por la reglamentación interna que se dicte al efecto, teniendo en cuenta la aplicabilidad supletoria del Código de Procedimiento en lo Criminal. De acuerdo a tales principios, las decisiones, en especial las de índole procesal, serían adoptables por simple mayoría de los miembros de la Comisión.”

En una Comisión de 5 miembros ¿cuál es la simple mayoría? Como se ha insistido: 3 MIEMBROS.
¿Por qué la Corte Suprema en este UNICO CASO justifica que pueden ser solamente 2 miembros? ¿O permitirá aplicar este erróneo criterio en el futuro también en los Tribunales?

El Art. 109º de ese RJN establece que en todas las decisiones de las Cámaras de Apelaciones o sus salas intervendrá la totalidad de los jueces que las integran.

En caso de vacancia, ausencia u otro impedimento “la decisión podrá ser dictada por el voto de los restantes, siempre que constituyan la mayoría absoluta de los miembros de la cámara o sala y que concordarán en la solución del juicio”.

El remedio para este tipo de conflictos está previsto en el Artículo 110º del RJN que establece que “cuando los jueces hábiles no constituyeran la mayoría absoluta de la cámara o sala o cuando existiendo esa mayoría no concordaran con la solución del juicio, las cámaras o salas serán integradas por el número de jueces necesarios para reunir mayoría absoluta de votos concordantes, en la forma dispuesta por el artículo 31 del decreto-ley 1285/58”.

Los principios establecidos por las normas procesales y de organización de la Justicia respecto de los Tribunales Nacionales son aplicables a los Tribunales colegiados como es la Comisión de Defensa de la Competencia, máxime cuando así lo dispone la Ley.

El requisito que los Tribunales colegiados tomen sus decisiones por mayoría absoluta de sus miembros es una exigencia que se deriva del derecho de defensa amparado por el Artículo 18º de la Constitución Nacional.

Resulta evidente que cualquier resolución que adopte la C. N. D. C. (creada por la anterior Ley 22.262) sin su quórum mínimo para funcionar resultará NULA DE NULIDAD ABSOLUTA, toda vez que la legislación aplicable al caso no autoriza que actúe con sólo dos (2) miembros.

Es Jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto sostiene:

“2º) Que, según advierte el Tribunal, la sentencia impugnada es violatoria del Art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, pues sólo fue suscripta por dos de los integrantes de la Sala, sin que la mención de la ausencia circunstancial del tercer miembro alcance a configurar algún supuesto de excepción al funcionamiento de los tribunales colegiados, que supone la actuación de todos los miembros que lo componen (confr. causa M.522.XXIII “Movimiento de Suelos S.A. c/ Momentos S.A.A.G. y otro” del 10 de junio de 1992). 3º) Que la irregularidad señalada importa un grave quebrantamiento de las normas reglamentarias que determinan el modo en que deben emitirse los fallos definitivos de las cámaras nacionales de apelaciones, infracción que habilita la intervención de esta Corte en virtud de la obligación que le cabe corregir la actuación de aquéllas, cuando aparezca realizada con transgresión a los principios fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia (Fallos: 312:139)…4º) Que lo expuesto es suficiente para invalidar el acto impugnado, pues se han omitido en él las formalidades sustanciales, lo que determina su inexistencia como fallo de la cámara, violándose así el Art. 18º de la Constitución Nacional” (Fallos: 156:283; 223:486; 233:y 312:139). (Ver Corte Sup., 02/02/1993 – Cantarini, Cintia P. v. Pérez, Enrique O. y otra s/ daños. Fallos T. 316, P. 32.”

“Que el impugnante considera, en primer lugar que la sentencia recurrida es violatoria del Art. 109 RJN. (2) y del principio constitucional de la defensa en juicio, pues resulta nula y sin valor toda vez que sólo fue suscripta por dos de los integrantes de la sala 4ª, sin que la mera constancia de la ausencia transitoria del tercero justificara su falta de intervención en el acuerdo… Que el primer agravio del recurrente es idóneo para habilitar la instancia extraordinaria, pues resulta de aplicación en la presente las consideraciones vertidas por esta Corte en la causa V.180.XXIV, Vanney, Eduardo J. v. Huarte S.A., pronunciamiento del 3/5/94, toda vez que la irregularidad que se observa en la sentencia impugnada, de fs.2315/2321 de los autos principales, importa un grave quebrantamiento de las normas reglamentarias que determinan el modo en que deben emitirse los fallos definitivos de las Cámaras nacionales de apelaciones y causa, por consiguiente, agravio a la defensa en juicio.. .Que ello es así en virtud de que la sentencia recurrida fue suscripta sólo por dos de los integrantes de la sala 4ª, sin que la constancia de la ausencia transitoria del tercer miembro alcance a configurar alguno de los supuestos que constituyen la excepción al funcionamiento ordinario de los tribunales colegiados, que supone la actuación de todos los miembros que locomponen, por lo que ese proceder configura una clara violación del art. 109 RJN. (Ver Corte Sup., 5/10/95 – Gargiulo, Héctor y otro . JA 1996-I-

“Que, integrado el superior tribunal local por siete jueces, la sentencia recurrida fue suscripta por cinco de ellos, de los cuales tres votaron en un sentido y dos lo hicieron en otro. En tales condiciones, y dado que la corte provincial emitió su pronunciamiento en acuerdo plenario y no dividida en salas, forzoso es concluir que no se reunieron en el caso las mayorías legales necesarias para formar la decisión. En efecto, teniendo en cuenta el número de jueces que componen el tribunal, es preciso que al menos cuatro de ellos -que forman la mayoría absoluta de sus miembros- se expidan en sentido concordante, lo que no aconteció en el sub lite…. Que el defecto señalado invalida el pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional, pues se han omitido en él los recaudos sustanciales para la formación de una sentencia judicial dictada por un Tribunal colegiado, por lo que corresponde descalificar el fallo en mérito a la relación directa que existe entre lo resuelto y las garantías constitucionales que resultan vulneradas.” (Ver Corte Sup., 11/07/1996 – Quevedo, Juan José v. Fábrica de cemento El Gigante Fallos T. 319, P. 1285).

La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es clara y terminante, y avala lógicamente el fundamento tenido en cuenta para la creación y existencia de Tribunales colegiados, esto es garantizar una mayor imparcialidad, conocimiento y debate de sus miembros en el dictado de actos jurisdiccionales, requisito esencial que surge de nuestra Constitución Nacional.

Dicha garantía de imparcialidad se concreta cuando la decisión es aprobada por la mayoría absoluta del órgano ya que, hasta que esa mayoría no se vuelca en una misma decisión, no puede existir acto jurisdiccional válido.

El requisito de que la decisión de un Tribunal colegiado sea adoptada por mayoría absoluta de sus miembros es una precondición que debe satisfacer la misma por imperativo del principio Constitucional de la defensa en juicio.

Estos principios acreditan la ilegalidad manifiesta del accionar del Poder Ejecutivo como Administrador al desarrollar el control previo de las concentraciones económicas que establece el Artículo 8º de la LDC. 25.156 por un órgano – C. N. D. C. – que no sólo fue suprimido por ley, sino que en el caso de la Acción de Amparo, estaba actuando sin la cantidad de miembros que prevé la Ley 22.262 que lo creó, sino y lo que es más grave, sin el mínimo indispensable de 3 miembros para al menos poder sesionar.

La NULIDAD de cualquier resolución adoptada en estas circunstancias surge de los dispuesto por el Artículo 167º, inc. 1º, del Código Procesal Penal de la Nación, aplicable subsidiariamente (Art. 56º, ley Nº 25.156 y 43º de la Ley 22.262), que establece la nulidad en caso de inobservancia del nombramiento, capacidad y constitución del Juez o Tribunal y el inc. 2º de la misma norma determina la nulidad en caso de inobservancia de la intervención del juez.

El Art. 168º del referido Código Procesal Penal dispone que las nulidades antes indicadas deberán ser declaradas de oficio cuando impliquen violación de normas Constitucionales.

Los argumentos expuestos dan cuenta de la manifiesta ilegalidad en que ha incurrido la Administración, la que afecta el derecho Constitucional a la libre competencia.

Dicha ILEGALIDAD está dada, en primer lugar, por la circunstancia de que la C. N. D. C., NO EL TRIBUNAL COMO ORDENA LA LEY 25.156, (más de 8 años después de sancionada la norma) continúa investigando numerosas concentraciones, emitiendo dictámenes, que son ratificados por un funcionario político, el Secretario de Estado de Coordinación Técnica.

Y en segundo término, por la falta de conformación con todos los miembros de la Comisión, tal como disponen los Arts. 7º y 8º la derogada Ley 22.262. Peor aún, al momento de promoción de la Acción, con sólo 2 miembros.

Leyendo en la página de Internet del Ministerio de Economía de la Nación, advertimos que la Comisión TAMPOCO ahora cuenta con cinco (5) miembros, sino con cuatro (4).

En la Acción de Amparo se cuestiona que con esta falta de miembros, se violan principios Constitucionales, las Leyes 22.262 y 25.156 y se afectan los derechos de los productores, de los consumidores y de defensa de la competencia.

Esta afectación al derecho de la competencia, ha puesto y pone en inminente peligro los intereses económicos del afectado, de los consumidores y productores, por el hecho de que las complejas cuestiones técnicas que deben analizarse en el marco de la notificación de la operación, eran evaluadas por sólo dos (2) miembros en vez de los cinco (5) que preveía la Ley 22.262. Hoy solamente por cuatro.

Asiste absoluta razón a la Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza de fecha 22 de marzo del 2007, porque ella se ajusta a la Constitución y a las normas vigentes en materia de defensa de la Competencia y de procedimiento.

Esta Resolución que fuera RATIFICADA por la Corte Suprema el 3 de julio del 2007 y REVOCADA por la misma Corte Suprema debe ser confirmada.

La REVOCACION de tal Resolución por la Corte Suprema es un hecho de gravedad extrema por parte del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación.

Si la REITERADAMENTE RECHAZADA queja del Estado y de Cencosud por parte de los Tribunales Inferiores y también por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA constituye un hecho Jurídico de trascendencia; la recepción de una nueva queja por parte de la Procuradora Fiscal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación DESPUES DEL DICTADO DE UN FALLO DEFINITIVO representa algo INCREIBLE, que no reconoce precedentes en el mundo.

Llegamos a otra grave situación. Si tanto la Ley 22.262 como la 25.156 exigen un número de miembros para conformar la Comisión o el Tribunal, en su caso, y es de aplicación supletoria obligatoria el Código Procesal Penal que requiere unanimidad de sus miembros o de quórum absoluto; si así también lo dispone el RJN, y la totalidad del ordenamiento jurídico, …..

¿Por qué la Corte Suprema aplica un criterio diferente al que en forma constante e invariable ha sostenido, y sólo para este UNICO caso?

Al ratificar y hacer suyo el erróneo dictamen de la Procuradora Fiscal, la Corte Suprema de Justicia sentencia contra toda su propia Jurisprudencia en la materia, situación de gravedad institucional, porque afecta también al funcionamiento armónico que debería tener la Justicia.

1) Sentenciar contra lo que disponen la Constitución y los Tratados Internacionales;
2) las Leyes 25.156 y 22.262 de defensa de la competencia;
3) en forma directa afectando la Ley 24.242 de Defensa de los Consumidores;
4) lo que disponen el Código Procesal Penal y el Régimen de Funcionamiento de la Justicia;
5) Jurisprudencia de la misma Corte, incluso en la misma causa;
6) Jurisprudencia de otros Tribunales;
7) resolver ampliando o en contra de lo sostenido por la Procuradora Fiscal, contradiciendo su dictamen luego de hacerlo propio;
8) actuar con preclusión;
9) y otros hechos de suma gravedad;
llevan a una situación jurídica muy compleja de inmedibles consecuencias institucionales y de gravedad extrema, que considero debe considerar la Honorable Comisión Internacional y remediar la Corte InterAmericana de Justicia.

XXVI.- CAMPAÑA PUBLICA CONTRA LA JUSTICIA FEDERAL Y QUIENES SOLICITAMOS EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION Y LA LEY

No es preciso ahondar sobre este tema, por cuanto no hace al fondo de la cuestión. Pero es importante señalarlo porque acreditan una forma de conducir la cosa pública, de tratar a los ciudadanos, a quienes pedimos el cumplimiento de la Constitución y las Leyes vigentes. Todas las expresiones han sido públicas.

Es necesario manifestar a esa Honorable Comisión que hemos sido informados acerca de quienes han inspirado y ejecutado esta suerte de campaña pública contra un Juez Federal y una Cámara Federal de Apelaciones de la Nación Argentina y contra quienes reclamamos por el estricto cumplimiento de la Constitución y de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia.

Se ha agraviado al Señor Juez Federal acusándolo de dictar una sentencia “insólita”; de atentar contra la “seguridad jurídica”; de no “beneficiar el interés general”; de “desalentar a posibles inversores”; de “falta de previsibilidad”; “de incompresibles decisiones”; de “desaciertos”; de prescindir de las reglas procesales “que rigen el juicio de amparo”; de “extralimitación”; de utilizar “argumentos carentes de apoyatura legal”; de actuación “inexplicable”; que “se ha dañado severamente el prestigio de nuestras instituciones”; que “lejos de beneficiar el interés general que alega defender, contribuye a desalentar a los potenciales inversores, extranjeros y nacionales”, etc.-

Términos menos duros fueron utilizados contra la Cámara Federal de Apelaciones, pero también le caben los anteriores por haber ratificado las medidas cuestionadas.

Despectiva y agraviantemente se ha escrito sobre la “Justicia Federal Mendocina”.

La Corte Suprema de Justicia, en vez de apoyar a sus Inferiores, o al menos exigir que se comprueben esas torpes expresiones que el mismo Tribunal Nacional ha ratificado, ha guardado silencio.

A nosotros nos han dedicado términos como “desconocimiento del derecho”; “trasvasamiento ideológico”; de “ideologización “intoxicante”; de emitir conceptos “erróneos”, “falsos” y “de efecto disvalioso”; de ser partícipes de “una operación”; de “prejuicios ideológicos”; que constituye un “anacronismo demonizar los fenómenos de concentración económica”; etc.-

Abundante prueba de lo expuesto en forma precedente ha sido presentada en el expediente principal.

Lamentablemente en Argentina, desde hace unos años todos los que intentamos defender el interés general y el bienestar común somos agraviados por personajes que hace tiempo vienen protegiendo intereses monopólicos que han sumido al país en la marginalidad, a miles de personas en la indigencia, en la inseguridad.

No se los ha escuchado cuestionar la fuga de divisas y el vaciamiento nacional; la estafa a los ahorristas; el pesar de los deudores; el lamento de los jubilados, también estafados por un sistema corrupto.

Para esos sectores existe inseguridad jurídica en Argentina cuando alguien defiende la Constitución, el Orden Jurídico, el interés Nacional, cuando se denuncia una ilegalidad, un acto de corrupción.

Sostenía el ex presidente Hipólito Irigoyen: “No me preocupan tanto los que nos quieren comprar, como los que nos quieren vender.”

Como se ha señalado. Cualquiera diría que sobre todo en el caso de DISCO AHOLD tienen autoridad moral para hablar de algo o alguien cuando en varias partes del mundo hay miles de demandas contra esa empresa por centenares de miles de millones de dólares por fraudes y otros delitos (Estados Unidos, Uruguay, Holanda, etc.)

XXVII.- ACCION DE AMPARO, INFLACION, MONOPOLIOS, ABUSO DE POSICION DOMINANTE
En el año 2004 en la acción de amparo se planteaba que la NO CONSTITUCION DEL TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA COMO DISPONE LA LEY 25.156, podía llegar a generar situaciones de creación de grandes monopolios que podrían pretender obtener grandes utilidades a costa de los usuarios y consumidores, hecho que contempla la Constitución Nacional en el Artículo 42º.

Lamentablemente el tiempo dio la razón a los amparistas.

Los problemas más graves hoy en Argentina son LA INSEGURIDAD y la incontrolable INFLACION, que realmente en una economía dolarizada, alcanza o supera el 40% anual.

Crecer ha pasado a ser un problema, cuando en otros países sería una bendición.

La producción del campo ha pasado a ser un problema, cuando debería ser una bendición. Los notables incrementos de los precios internacionales no producen los efectos deseados de crecimiento debido a las tremendas cargas impositivas por parte del Estado, las que alcanzan el 50%.

¿Qué está sucediendo en Argentina?

Pocos grandes grupos económicos que conforman no más de 200 empresas controlan gran parte de la economía.

Mientras el Gobierno, el Poder Ejecutivo tiene un discurso progresista, ha tolerado, ha permitido, la generación de grandes monopolios que controlan bastos sectores de la economía.

Una elemental prueba es que a pesar de cuestionar el ex presidente Kirchner a los dueños de los supermercados, le concedió a HORST PAULLMANN la máxima condecoración que otorga el Gobierno Argentino a un extranjero: “la Orden del Libertador General San Martín.” De esto nos enteramos por diarios extranjeros, no de Argentina.

También le ha autorizado la instalación de 60 supermercados hecho que agudizará la situación monopólica en el mercadeo alimentario.

La Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia sancionada en 1999, no tiene aplicación porque se carece del TRIBUNAL encargado de ponerla en práctica como ordena la Ley.

Esta norma ha sido tomada de la Ley Sherman de los Estados Unidos de América.

Lamentablemente en Argentina no existe el TRIBUNAL y ningún organismo estatal efectúa el control que contempla la norma para lograr la transparencia de los mercados como ordena la Ley.

Hay monopolio en el mercadeo alimentario. Solamente dos empresas, Carrefour y Cencosud tienen aproximadamente el 54% de la cadena alimentaria

Hay monopolio en las exportaciones de granos. Cuatro empresas controlan el 90% de las exportaciones de soja, trigo, maíz.

Hay monopolio en las exportaciones de carnes. Dos empresas realizan gran parte de las exportaciones de ganado.

Hay monopolio en el juego. Una sola empresa controla gran parte del juego (casinos) en Argentina.

Hay monopolio en las bebidas. Solamente dos empresas tienen el 85% de las ventas de cerveza, aguas y otras bebidas.

Hay monopolio en el cemento. Una sola empresa provee el 90% del cemento que se consume en Argentina.

Hay monopolio en la producción de hierro. Una sola empresa procesa el 80% del hierro.

Entre las fusiones más recientes y relevantes desde la sanción de la Ley N° 25.156, la C.N.D.C. – NO EL TRIBUNAL COMO ORDENA la Ley Nº 25.156 – ha analizado más de quinientas (500) operaciones de concentración económicas, y sobre ellas ha resuelto un funcionario político:

• “BAYER AG Y AVENTIS CROPSCIENCE HOLDINGS S.A. (CONC. 0352) S/ NOTIFICACION ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 0352)”.

• “PSH, FOX Y LIBERTY S/ NOTIFICACION ART. 8° LEY N° 25.156 (CONC. 0378)”.

• “FUNDACION PEREZ COMPANC, GOYAIKE S.A. Y OTROS Y PETROLEO BRASILEIRO S.A. S/ NOTIFICACION ART. 8° LEY N° 25.156 (CONC. 0388)”.

• “PECOM ENERGIA Y ALTO PARANA S.A. S/ NOTIFICACION ART. 8° LEY N° 25.156 (CONC. 0400)”.

• “TELEFONICA MOVILES S.A. Y MOVICOM BELL SOUTH S/ NOTIFICACION ART. 8° LEY N° 25.156 (CONC. 448)”.

• “DANONE ARGENTINA S.A. Y ARCOR S.A.I.C. S/NOTIFICACION ART. 8° DE LA LEY 25.156 (CONC. 0451)”.

• “SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA. Y DAIRY PARTNERS AMERICAS ARGENTINA S.A. S/ NOTIFICACION ART. 8 LEY N° 25.156 (Conc.473 )”

• “CITIGROUP INC. Y METLIFE INC. S/NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25.156 (CONC. 0496)”.

Y tantas otras más.

En el tema que trata la acción de amparo promovida por MANUEL BELMONTE y la ASOCIACION RURALISTA DE GENERAL ALVEAR también hay monopolio.

Como se ha dicho, en Mendoza un solo grupo económico controla cerca del 60% del mercadeo alimentario.

En Estados Unidos se penalizó a Wall Mart cuando superó el 11%. Microsoft fue obligada a dividirse.

En Argentina sucede lo contrario que en Estados Unidos.

Mayores concentraciones en pocas manos. Esto ha ocurrido precisamente con posterioridad a la sanción de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia porque al NO CONFORMARSE EL TRIBUNAL como ordena la Ley, un solo funcionario decide sobre estos aspectos esenciales de la economía Nacional que afecta en forma directa a TODOS LOS ARGENTINOS.

XXVIII.- COSTAS
SORPRENDENTEMENTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, REVOCANDO SUS ANTERIORES SENTENCIAS, CONDENA EN COSTAS A QUIENES SE LIMITARON A PEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION Y DE LA LEY. INCOMPRENSIBLE.

Recordemos que sólo fue demandado el Estado Nacional por: 1) no constituir el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia como ordena la Ley 25.156; y 2) por tramitar, gestionar o analizar la Comisión de Defensa de la Competencia, fusiones y concentraciones con sólo dos miembros, esto es sin quórum legal mínimo para sesionar, hecho acreditado en el Expediente 77.334.

El Juez Federal de San Rafael les rechaza el pedido de ser tenidos como parte por entender que no eran los demandados, sino el Estado Nacional, por cuanto lo que se peticionaba en el Amparo era el estricto cumplimiento de una LEY VIGENTE y la conformación de la Comisión CONFORME A DERECHO.

Se solicitaban cuestiones de carácter Constitucional y de Derecho.

En subsidio se requería que al Secretario de Coordinación Técnica suspendiera TODAS LAS TRAMITACIONES DE ANALISIS DE FUSIONES Y CONCENTRACIONES ECONOMICAS HASTA QUE SE CUMPLIERA CON LA LEY.

Como ha sido una constante en la acción de amparo, CENCOSUD S.A. y DISCO AHOLD, recurren a la Cámara Federal, que dispone tenerlos como parte, con todas las consecuencias que acarrea la situación de transformarse en “litis consorcistas”.

A partir de ese momento, una Acción de Amparo que reclama el cumplimiento de la Constitución y de la Ley, SE TRANSFORMA EN UN JUICIO ORDINARIO que tiene 13 cuerpos y más de 4 años de duración, contrariando así la obligación de “acción rápida y sencilla” para la URGENTE protección de los derechos consagrados por la Carta Magna (Artículo 43º) y normas vigentes.

Presentaron todo tipo de reclamos, recursos y demás argucias legales, al punto de hacer desaparecer la cuestión de fondo. Lograron un dictamen de la Procuradora Fiscal donde lo importante es algo formal, no lo planteado en la acción de amparo, que además SE CONTRADICE CON LO QUE DISPONEN LAS LEYES VIGENTES Y EL CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION.

Sus múltiples reclamos, similares a los que planteaban los apoderados del Estado, fueron CORRECTA y LEGALMENTE rechazados mediante 21 Resoluciones, tanto por el Juez Federal de San Rafael como por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, en base a estudiados pronunciamientos fundados en Derecho, Doctrina y Jurisprudencia, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia.

Ante la Corte Suprema de Justicia presentaron 9 recursos de queja en la misma causa.

Recordemos que 5 de las quejas fueron resueltos en base a la Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones mediante el “Fallo Definitivo” de la Corte Suprema del 3 de julio del 2007, contenido en B-578. XLI; B- 861; B-1793; B-2447 y B-2448.

Anteriormente, en el 2006, la Corte Suprema de Justicia había rechazado otros SIMILARES RECURSOS presentados por los quejosos referidos a las medidas cautelares.

Debido a sus injustificados reclamos fueron condenados con costas en 11 ocasiones por los Tribunales Inferiores. Y también por la Corte Suprema de Justicia.

¿QUE HA CAMBIADO PARA QUE EN TAN POCO TIEMPO SE REVOQUE Y MODIFIQUE UNA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN LA MISMA CAUSA, CON EL MISMO OBJETO Y SUJETOS, ALTERANDO DE ESTA FORMA UNANIME JURISPRUDENCIA DE LA PROPIA CORTE SUPREMA?

¿SE PRETENDE SEPARAR AL ESTADO DE SU INDELEGABLE RESPONSABILIDAD POR LA MORA EVIDENTE EN LA FALTA DE CONSTITUCION DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA?

¿SE PUEDE CASTIGAR, INCLUSO CON COSTAS, A QUIEN TUVO LA “OSADIA” DE SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION NACIONAL, DE TRATADOS INTERNACIONALES, DE LAS LEYES VIGENTES Y LOS CODIGOS DE PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN OBLIGATORIA?

¿O ESTE CAMBIO OBDEDECE TAN SOLO AL PAGO DE HONORARIOS?

EL ESTADO NACIONAL NUNCA CONSTITUYO EL TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

En un Estado de Derecho hubiera sido condenado por ello. Como todos aquellos que fueron litis consorcistas y que avalaron con sus escritos la violación de la legislación vigente.

LA COMISION DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, SEGÚN CONSTA EN LA CAUSA PRINCIPAL, AL MOMENTO DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO DEL ARTICULO 8º DE LA LEY DE AMPARO SOLO CONTABA CON DOS (2) MIEMBROS.

¿POR QUE NO SE LO VA A CONDENAR AL ESTADO NACIONAL INCUMPLIDOR? ¿QUE JUSTIFICATIVO LEGAL AVALA TAN ARBITRARIA DECISION?

¿CUAL ES LA EXPLICACION CONSTITUCIONAL, LEGAL, DOCTRINARIA Y JURISPRUDENCIAL QUE TIENE ESTA SENTENCIA?

PODEMOS CONCLUIR QUE POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DEL DERECHO ARGENTINO Y TAL VEZ DEL MUNDO SE CONDENA A QUIEN SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION, TRATADOS Y LEYES VIGENTES.

Por tratarse de una EVIDENTE INCONSTITUCIONALIDAD, ILEGALIDAD, ARBITRARIEDAD, INJUSTICIA, VIOLATORIA DE NORMAS VIGENTES, Y DE LA PROPIA DOCTRINA DE LA CORTE SUPREMA, considero que ese calificado Organismo Internacional debe intervenir para lograr REVOCAR LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2008 – AUTOS B.1626.XLII.

Asimismo por la preservación del SISTEMA REPUBLICANO, por el afianzamiento de la JUSTICIA, por la imagen de las INSTITUCIONES y la SEGURIDAD JURIDICA.

DERECHO
Todo lo expuesto en la DENUNCIA ante la Comisión InterAmericana de Derechos Humanos se basa en:

1.- Constitución Nacional de la República Argentina, en casi todo su articulado, pero de modo especial en los Artículos 42º y 43ª, que consagran los derechos a la defensa de la competencia y de los usuarios y consumidores, y a requerir una “acción rápida y expedita” frente a actos u omisiones del Gobierno;

2.- Tratados Internacionales suscriptos por Argentina que forma parte de la Constitución Nacional;

3.- La Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia, sancionada en el año 1999;

4.- La Ley Nº 24.240 de Defensa de los Usuarios y Consumidores;

5.- La derogada Ley Nº 22.262, que trata sobre el funcionamiento de la Comisión, de modo especial en sus Artículos 7º, 8º y 10º;

6.- El Código Procesal Penal de la Nación y el Reglamento para la Justicia Nacional;

7.- La Ley Nº 24.065, de funcionamiento del Ente Regulador de Energía;

8.- La Ley Nº 24.076, de funcionamiento del Ente Regulador del Gas;

9.- El Decreto Nº 89 del año 2001;

10.- Normas complementarias de las mencionadas anteriormente.

JURISPRUDENCIALES
Esta DENUNCIA se fundamenta en la UNANIME JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ARGENTINA, parte de la cual se ha expuesto en el presente escrito.

Puede ser ampliada ingresando en Internet en la Web de la Corte www.csjn.gov.ar , Jurisprudencia y revisando cada uno de los temas Constitucionales y Legales que han violados con la sentencia del 16 de abril del 2008, y comparándolos con la Jurisprudencia unánime precedente.

DOCTRINA
La UNANIME DOCTRINA de los Tratadistas de Derecho de Argentina que coinciden en forma plena con lo expuesto en el presente escrito. Parte de ella es citada en esta DENUNCIA.

PRUEBA
1.- DOCUMENTAL:

a) Se solicite a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la remisión del Expediente Nº 77.334 “BELMONTE MANUEL Y ASOC. RURALISTA DE GENERAL ALVEAR C/ ESTADO NACIONAL – MINISTERIO DE ECONOMIA – SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA – COMISION DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA P/ AMPARO”, con todos sus expedientes y agregados, estos es, recursos extraordinarios, de queja, y sobre todo las Sentencias contenidas en B-578; B-861, B-1793; B-2447, y B- 2448 del 3 de julio del 2007, para ser comparada con la cuestionada B-1626 del 16 de abril del 2008; etc.;

b) Se solicite a la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y de la Producción y a la Comisión de Defensa de la Competencia remita el expediente referido a la concentración entre CENCOSUD S. A. y DISCO AHOLD;

c) Se solicite al H. Senado de la Nación los Expedientes Nº 845, 846 y 847 del 2004;

d) Se requiera de los diarios “Clarín”, “La Nación”, “Los Andes”, y otros, las ediciones correspondientes a los días 23, 24 y 25 de noviembre del 2005;

e) Se requiera de la A. F. I. P. informe respecto de las deudas que la empresa DISCO AHOLD mantenía con el Estado Argentino, que según medios de difusión fue estimada en $ 83.000.000;

f) Se requieran todos los antecedentes, tratamiento y discursos obrantes en la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación referidos a los fundamentos y sanción de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia;

g) Se requieran del Ministerio de Economía y la Producción todos los antecedentes vinculados con la sanción de decretos y reglamentaciones vinculadas con las Leyes 22.262 y 25.156, ambas de Defensa de la Competencia; de modo especial el Decreto Nª 89 del 2001 y demás normas complementarias;

h) Se requiera de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia el LISTADO COMPLETO DE TODAS LAS FUSIONES O CONCENTRACIONES APROBADAS DESDE SETIEMBRE DEL AÑO 1999 HASTA LA FECHA.
EN EL EXTERIOR

i) Mediante la intervención del Organismo que corresponda se requiera del Gobierno de la República Oriental del Uruguay la mayor información referida al accionar y causas penales de DISCO AHOLD, Banco de Montevideo y otros, vinculados al accionar de los llamados “Grupo de los hermanos Peirano”; e intervención de los defensores de los ahorristas, DOCTORA CRISTINA MAESSO y CONTADOR JULIO KNEIT;

j) Mediante la intervención del Organismo que corresponda se requiera del Gobierno de la República de Chile, concretamente de la Fiscalía Penal en lo Económico, la mayor cantidad de informes referidos a denuncias por “abuso de posición dominante” llevadas a cabo contra el grupo CENCOSUD S. A. – SANTA ISABEL, respecto de productores del vecino país;

k) Mediante la intervención del Organismo que corresponda se requiera del Gobierno de los Estados Unidos de América – U. S. A. – Ministerio de Justicia – la mayor cantidad de información referida a causas penales promovidas por particulares contra la empresa holandesa DISCO AHOLD;

l) Mediante la intervención del organismo que corresponda se requiera del Gobierno de Holanda la mayor información referida a denuncias penales promovidas por el Estado de esa Nación contra directivos de DISCO AHOLD;

DOCUMENTACION ESPECIAL

ll) Se disponga por ante quien corresponda que de Internet, en las páginas correspondientes a las empresas CENCOSUD S. A. y DISCO AHOLD, se obtenga la mayor documentación posible tendiente a acreditar la fecha de concreción de la fusión y demás datos contractuales de la concentración, esto es situación de VEA, SUPER VEA, DISCO y demás empresas que pertenecían a DISCO AHOLD con la empresa CENCOSUD, Jumbo, Unicenter, Easy, y otras; como así también de la página ENRON – AHOLD la información referida a las causas penales de esta última empresa en el mundo; y toda otra información de interés público para la dilucidación de la operación económica;

2.- TESTIMONIAL: Se requiera el testimonio de las personas que se indican a continuación, quienes deberán ser preguntadas por el conocimiento que tengan en cada caso sobre: 1) si está constituido el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia conforme a la Ley 25.156; 2) si la Comisión creada por Ley 22.262, o cualquier comisión puede funcionar con sólo 2 miembros, o necesita de la cantidad de miembros que indican las respectivas Leyes, de modo especial en material penal por aplicación del C. P. P. N.; 3) todos los datos que puedan aportar referidos a la fusión de CENCOSUD S. A. con DISCO AHOLD, como ser si se cumplimentaron antes de la concentración los trámites que obliga el Artículo 8º de la Ley 25.156; 4) sobre las reuniones que han o hubieren tenido con funcionarios, y Jueces; 5) cualquier otro dato que pudieren aportar para la dilucidación y esclarecimiento institucional y formal del tema.

a) EDGARDO CIVIT EVANS, con domicilio en calle Los Robles 6073, de Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza;

b) MANUEL BELMONTE, con domicilio en calle Europa 54, del departamento General Alvear, Mendoza;

c) Dr. HECTOR RAUL ACOSTA, Juez Federal de San Rafael, con domicilio en el Juzgado ubicado en el citado departamento de Mendoza;

e) Dr. OTILIO ROQUE ROMANO, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones, con domicilio en el mencionado Tribunal, ubicado en España y Pedro Molina de Mendoza;

f) Dr. ALFREDO LOPEZ CUITIÑO, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones, con el mismo domicilio anterior;

g) Dr. JULIO D. PETRA, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones, con el mismo domicilio anterior;

h) Dr. JUAN PABLO SANTIAGO CIVIT, Juez Vial de Luján de Cuyo, con domicilio en San Martín y Besares, del mencionado departamento de Luján de Cuyo, de la Ciudad de Mendoza;

i) Dr. FERNANDO SIMON, Secretario Legal y Técnico de la Gobernación de Mendoza, con domicilio en Casa de Gobierno, 4º piso, de la Ciudad de Mendoza;

j) Doctor JUAN LEANDRO CARRILLO SOLER, Jefe de Gabinete del Ministerio de Acción Social del Gobierno de Mendoza, con domicilio en Casa de Gobierno, 5º piso, de la Ciudad de Mendoza;

k) Dr. MIGUEL ANGEL PICHETTO, Senador de la Nación, con domicilio en el mencionado cuerpo;

l) Sra. PATRICIA VACA NARVAJA, Diputada de la Nación, con domicilio en el mencionado cuerpo;

ll) Señores Miembros de la Comisión de Defensa de la Competencia, con domicilio en el Ministerio de Economía y la Producción, con domicilio en H. Irigoyen y Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

m) Señor Secretario de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y la Producción, con similar domicilio;

n) Sr. JOSE POQUET, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, con domicilio en calle Patricias Mendocinas 1.155 de la Ciudad de Mendoza;

ñ) Sres. OSVALDO CORNIDE y VICENTE LOURENZO, en sus calidades de Presidente y Secretario General de CAME – Confederación Argentina de la Mediana Empresa (con 953 federaciones adheridas) y con domicilio en Florida 1, piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

o) Señor PRESIDENTE DEL COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

p) Señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE MAGISTRADOS DE LA JUSTICIA FEDERAL.
SE FORMULA RESERVA DE AMPLIAR COMO ASI TAMBIEN DE ACOMPAÑAR PREGUNTAS PARA CADA CASO.

3) INFORMATIVA
Se requiera de las autoridades del Aeropuerto de la ciudad de San Rafael, Mendoza, información referida a las fechas en que algún avión de la Presidencia de la Nación aterrizó en el mencionado aeropuerto, desde el mes de junio del año 2004 hasta la fecha hasta el mes de junio del 2005. En cada caso, indicar, si fuere posible, quienes eran los ocupantes y/o pasajeros.

4) PERICIAL
Se efectúe una pericia contable en la sede central de CENCOSUD S. A., Avenida Bullrich 345, o donde en ese lugar indiquen, a los fines de acreditar la fecha de concreción de la operación de venta, monto de la misma y si se contaba con la aprobación previa del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, dado el monto de la misma;
Similar pericia deberá realizarse en la sede central y/o sucursales de DISCO AHOLD, hoy VEA, SUPER VEA o DISCO.

PETITORIO
1.- Tenga por presentado, parte y domiciliado en el carácter invocado.

2.- Haga lugar y DECLARE ADMISIBLE la DENUNCIA contra el Poder Ejecutivo de Argentina por violación de varios derechos consagrados en la Constitución Nacional, y de modo especial a los contemplados en los Artículos 42º (a la defensa de la competencia y del usuario y consumidor) y 43º, a la acción rápida y expedita denominada Amparo; a la violación e incumplimiento de la Ley Nº 25.156 que ORDENA la conformación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (Artículos 17º y concordantes); a la violación de la Ley 22.262 y otras, por no constituir la Comisión con la cantidad de miembros que ordena la citada ley, y el resto del ordenamiento jurídico.

3.- Haga lugar y DECLARE ADMISIBLE a la DENUNCIA contra la Corte Suprema de Justicia de Argentina, y de modo especial a los Ministros de ese Tribunal que votaron la arbitraria sentencia de fecha 16 de abril del 2008 – Autos B.1626.XLII., por no ajustarse la misma a la Constitución Nacional, a los Tratados Internacionales suscriptos por la Nación Argentina, a las Leyes Nº 25.156, Nº 22.262, Nº 24.240; 24.065; Nº 24.076; al Código Procesal Penal de la Nación, otras normas vigentes, y a su vez por resultar abiertamente contraria y opuesta a la UNANIME Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en casos precedentes e INCLUSO EN LA MISMA CAUSA, con las mismas personas, por el mismo objeto, hecho que resulta inédito en la Historia Judicial de Argentina y del mundo.

4.- De considerarlo ajustado a la Carta Orgánica de esa Honorable Comisión, remita la presente DENUNCIA ante la Corte InterAmericana de Justicia, para que, conforme lo disponen los Artículos 61º y concordantes, proceda a analizar las conductas violatorias de elementales Derechos consagrados en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y Leyes vigentes en Argentina.

5.- Dada la inmedible gravedad institucional por la afectación sobre la casi totalidad de la población por tratarse de procedimientos que alteran el bienestar común, de Derechos Constitucionales de carácter patrimonial, y por el funcionamiento de la Justicia, requiero que esa Honorable Comisión Internacional se dirija a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitarle que se dirija al Gobierno de Argentina para que cumpla con la Ley 25.156, y a la Corte Suprema de Justicia para que REVOQUE la sentencia cuestionada; o que disponga SUSPENDER todos los efectos de la Sentencia del 16 de abril del 2008.

6.- A los efectos de acreditar todos los hechos DENUNCIADOS, requiero que se solicite a la Corte Suprema de Justicia de Argentina, la URGENTE REMISION a esa Honorable Comisión Internacional de todos los Expedientes que integran el Nº 77.334 para que se puedan expedir esa Comisión o la Honorable Corte InterAmericana de Justicia sobre la In Constitucionalidad y la violación de Tratados y Leyes de la sentencia contenida en B-1626.

7.- Dada la afectación de los patrimonios de los Amparistas que solicitaron el CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION NACIONAL, Tratados y Leyes vigentes de Argentina, por la aplicación de la ARBITRARIA SENTENCIA que permite a los abogados de los quejosos pedir regulación de honorarios, me permito SOLICITAR BRINDAR A LA PRESENTE DENUNCIA TRAMITE DE MUY URGENTE.

PROVEER DE CONFORMIDAD
SERA JUSTICIA

Edgardo Alejandro Civit Evans
L. E. 8.142.980
Mendoza – Argentina

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2 Comentarios a “Denuncia ante Com. InterAmericana…”

  1. Jorge says:

    La verdad, me parece una denuncia ejemplar, gente como Ud. hace de este Pais un lugar por el que seguir luchando.

    Muchas Gracias!

  2. Martin says:

    Estimado Edgardo,

    Como siempre, tus comentarios son un ejemplo para esta sociedad en la que vivimos. No dejes de luchar nunca que algun dia se hara justicia.

    Un abrazo enorme,
    Martin Yañez

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