“Aumentos de precios injustificables”

DIARIO “LOS ANDES” de Mendoza
Viernes, ampoule 08 de abril del 2005

OPINION

“AUMENTOS DE PRECIOS INJUSTIFICABLES”

Frente al tema que hoy más preocupa a la población -la escalada permanente de precios-, malady he aquí dos opiniones diferentes sobre las posibles causas.

Por Edgardo Civit Evans
Asesor económico-financiero
Presidente de Unidevi.

Los argentinos estamos acostumbrados a soportar que se aumenten los precios sin explicaciones técnicas o económicas que los justifiquen, como si fuéramos terceros ajenos a los negativos efectos que producen.

Ello, a pesar de que golpean violentamente en los bolsillos y en la situación económica de cada familia.

Varios funcionarios tratan de disimularlos y se transforman en voceros de la mentira, difundiendo porcentajes del incremento inflacionario inferiores a los reales. Cualquiera advierte que mientras los ingresos están congelados, aumentan los artículos imprescindibles para satisfacer las necesidades.

Esto genera una disminución del poder adquisitivo de nuestros salarios.

El resultado es que hay en Argentina mayor cantidad de pobres más pobres, y menos ricos que son más ricos.

Al aumentar la pobreza se incrementan el hambre, la desnutrición, la marginalidad y la inseguridad.

Sólo se habla de los aumentos registrados por dos empresas petroleras, Esso y Shell, que obviamente no compartimos. O de los incrementos en la carne y los pollos.

Todas las familias no consumimos sólo carne y pollos; o usamos combustibles de alguna de las cuestionadas marcas petroleras.

Los artículos necesarios para una familia son más de cien, entre alimentos, bebidas y artículos de limpieza. A ellos deben adicionarse medicamentos, gastos escolares, vestimenta, impuestos, servicios, transportes, tasas, y otros, que también aumentan.

Se menciona la posibilidad de incrementos en la electricidad superiores al 40% para grandes consumidores y del 13% para el resto. No habrían aumentos para una reducida parte de la población. Cabe suponer que estas variaciones serán trasladadas a otros productos que, para ser fabricados, necesitan consumir energía.

Se han difundido datos oficiales de que la inflación ha sido del 1,5% en marzo, siendo Mendoza el lugar del país donde más se incrementó, el 1,6%.

Pero los precios de la canasta familiar básica han crecido cerca del doble, o sea el 3%, castigando aún más a todas las familias, especialmente las menos pudientes.

En base a la información obrante en nuestro poder y a la de otras entidades de defensa del consumidor, los aumentos de precios de alimentos son bastante más importantes, superando el 8% en sólo dos meses.

En las acciones realizadas ante la Justicia Federal Nacional planteamos la necesidad de que el Poder Ejecutivo cumpliera con la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia. Nos referimos especialmente al problema que representan las grandes fusiones de supermercados respecto de la formación de precios que integran la canasta familiar.

Hace un año, ante la Justicia, expusimos que era preciso defender los derechos de los ciudadanos, usuarios y consumidores, de modo especial en provincias como Mendoza, con un alto grado de concentración por las fusiones de cadenas de supermercados.

Señalamos que “de la posición dominante generada por la concentración resultaremos principalmente afectados los ciudadanos consumidores y los productores de las provincias, ya que en algunas zonas la concentración permitirá que el monopolio sea casi absoluto.”

“La forma más simple de eliminar un competidor del mercado y restringir en consecuencia el régimen de libre competencia amparado por la Constitución Nacional, es adquirir a una empresa competidora.”

“Toda concentración económica horizontal implica la supresión de uno o varios competidores”, motivo por el cual resulta de imperiosa necesidad la aplicación completa de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia, que exige el procedimiento de control previo de tales fusiones. (Art. 8°).

“La circunstancia de que el derecho a la competencia sea un derecho colectivo, que protege un interés público, exige para su protección de un organismo técnico y autónomo que investigue las conductas anticompetitivas y las concentraciones económicas.”

Ese organismo es el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que a pesar de haber transcurrido más de 5 años de sancionada la Ley 25.156, aún no ha sido conformado.

Un solo funcionario, el secretario de Coordinación Técnica, contrariando lo que dispone la ley, se ocupa de concentraciones, fusiones, precios y demás actos que contempla la norma.

Planteamos que “la falta de disciplinamiento por parte de los competidores les permitirá incrementar el precio de los productos que venden, discriminar precios e incurrir en abusos de posición dominante.

Esto que anticipamos hace 12 meses, lamentablemente está sucediendo.

Una de las cadenas de supermercados, según datos fidedignos obrantes en nuestro poder, ha incrementado notablemente los precios de 300 productos en el transcurso de los últimos meses, vendiendo a valores muy superiores a los que tenía antes. En casos, entre el 20% y el 123% más alto que sus competidores. Esta situación, por el efecto de vasos comunicantes, conduce a aumentos generalizados produciendo inflación. Planteamos este grave hecho ante la Justicia Federal.

Los consumidores – en general- no advierten estas variaciones en los precios por cuanto las modificaciones se efectúan por monedas, mes a mes. Pero al cabo de 60 o 90 días, comprueban que lo que antes podían comprar, por ejemplo con $ 100, hoy adquieren un porcentaje mucho menor.

En sede Judicial expresamos que en febrero, mientras los precios mayoristas disminuyeron el 1,6%, los precios al consumidor se incrementaron el 1,7%, generando una importante diferencia a favor de los grandes intermediarios (datos del Indec).

Esta diferencia, en miles de millones de pesos de ventas, genera utilidades impresionantes.

Estas conductas, entre otros importantes motivos, son las que han merituado el juez, la Cámara Federal y ahora la Corte Suprema, para dictar excelentes sentencias, no sólo ajustadas a derecho, sino que tienen en cuenta las necesidades de usuarios y consumidores.

El Gobierno nacional debe cumplir con la Ley 25.156, creando el Tribunal independiente, idóneo, transparente, profesional, que disponga una inmediata investigación de todos estos aumentos (no sólo de algunos) que “afectan al interés general”, porque tienden a castigar aún más el reducido poder adquisitivo del salario de la familias argentinas mientras se incrementan las ganancias de unos pocos.

Edgardo Civit Evans

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