Aumentos de precios y concentraciones

DIARIO “UNO” de Mendoza
MIERCOLES 30 de  Marzo de 2005

OPINION

DENUNCIA POR LA SUBA DE LA CANASTA FAMILIAR

Por Edgardo Civit Evans
Asesor financiero, viagra mediador
Presidente de Unidevi

Los argentinos soportamos aumentos de precios como si fuéramos terceros ajenos a los negativos efectos que producen.

Aun cuando algunos funcionarios traten de disimularlos, golpean en forma violenta en los bolsillos de cada familia, porque mientras sus ingresos están congelados, se incrementan los artículos de sus necesidades.

Públicamente sólo se habla de los aumentos registrados por dos empresas petroleras, Esso y Shell, que obviamente no compartimos.

O de los incrementos en la carne y el pollo.

Todas las familias no consumimos sólo carne y pollo; o usamos combustible de alguna de las cuestionadas marcas petroleras.

La canasta familiar mínima está compuesta por más de 100 artículos. Además, a los alimentos, bebidas y artículos de limpieza deben adicionarse medicamentos, gastos escolares, vestimentas, impuestos, servicios, transportes, tasas y otros, que también aumentan.

En abril del 2004, juntamente con Manuel Belmonte,presidente de la Asociación Ruralista de General Alvear, presentamos acciones de amparo con cautelares ante la Justicia federal de San Rafael y Mendoza, planteando la necesidad de que el Poder Ejecutivo cumpliera con la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia.

Nos referíamos de manera especial al problema que representan las grandes fusiones de hipermercados respecto de la formación de precios que integran la canasta familiar.

Decíamos que el amparo representa la única vía jurídica rápida para defender los derechos de los ciudadanos, usuarios y consumidores.

Sostuvimos que “de la posición dominante generada por la concentración resultaremos principalmente afectados los ciudadanos consumidores y los productores de las provincias, ya que en algunas zonas la concentración permitirá que el monopolio sea casi absoluto”.

“La forma más simple de eliminar un competidor del mercado y restringir en consecuencia el régimen de libre competencia amparado por la Constitución nacional es adquirir a una empresa competidora”.

Por la reciente caída de “Los Amigos”, en General Alvear, hoy existe un solo supermercado.

Afirmamos: “Toda concentración económica horizontal implica la supresión de uno o varios competidores”, motivo por el cual resulta de imperiosa necesidad la aplicación completa de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia, que exige el procedimiento de control previo de tales fusiones (Artículo 8°).

Dijimos: “La circunstancia de que el derecho de la competencia sea un derecho colectivo, que protege un interés público, exige para su protección de un organismo técnico y autónomo que investigue las conductas anticompetitivas y las concentraciones económicas”.

Ese organismo es el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que a pesar de haber transcurrido más de 5 años de sancionada la Ley 25.156, aún no ha sido conformado.

Un solo funcionario, el secretario de Coordinación Técnica, contrariando lo que dispone la ley, se ocupa de concentraciones, fusiones, precios y demás actos que contempla la norma.

Afirmamos: “La falta de disciplinamiento por parte de los competidores les permitirá incrementar el precio de los productos que venden, discriminar precios e incurrir en abusos de posición dominante”.

Esto que anticipamos hace un año lamentablemente está sucediendo.

Una de las cadenas de supermercados más importantes, según datos fidedignos obrantes en nuestro poder, ha incrementado los precios de 300 productos en el transcurso de los últimos meses. Esto le permite vender a valores entre el 20% y el 123% más alto que sus competidores.

Esta situación, por el efecto de vasos comunicantes, conduce a aumentos generalizados, produciendo inflación.

Hemos planteado este grave hecho ante la Justicia federal.

Los consumidores –en general– no advierten estas variaciones por cuanto las modificaciones se efectúan por monedas, mes a mes. Pero al cabo de 60 o 90 días, las familias comprueban que lo que antes podían comprar por ejemplo con $100, hoy adquieren un porcentaje mucho menor.

Expusimos en sede judicial que en el mes de febrero, mientras los precios mayoristas disminuyeron 1,6%, los precios al consumidor se incrementaron 1,7%, generando una importante diferencia a favor de los grandes intermediarios (datos oficiales del INDEC). Esta diferencia, en miles de millones de pesos de ventas, genera utilidades impresionantes.

Estas conductas, entre otros importantes motivos, son las que el juez federal de San Rafael y la Cámara Federal Nacional han merituado para dictar excelentes sentencias ajustadas a derecho, que tienen en cuenta las necesidades de usuarios y consumidores.

El Gobierno nacional debe cumplir con la Ley 25.156, creando el tribunal independiente, idóneo, transparente, profesional, que disponga una inmediata investigación de todos estos aumentos (no sólo de algunos), que afectan al interés general y dañan el reducido poder adquisitivo del salario de los argentinos.

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