C. N. Art. 29º: Infames traidores

“CORRIENTES NOTICIAS”
10 de julio del 2006

Cartas de lectores

“Infames traidores a la Patria” – C. N. art. 29º –
Por Edgardo Civit Evans

En Argentina existe la mala costumbre de cambiar las cosas, pharm alterando su sentido o contenido; de encontrar siempre una explicación para justificar lo injustificable; de ser permisivos cuando no se debe; de no llamar las cosas por su nombre; de ser engañados y tolerarlo; de difamar y agraviar a quienes opinan de manera distinta; de criticar a quienes se atreven a ejercer el derecho de libertad de prensa y de expresión……

Se analiza el posible tratamiento y otorgamiento de “nuevos superpoderes”, sin límite de plazo, que permitirían al Jefe de Gabinete manejar el Presupuesto Nacional a su antojo, cambiando partidas sin brindar explicaciones a nadie.

Esto conlleva una alteración del sistema republicano de gobierno, si el Congreso de la Nación otorgara facultades al Ejecutivo que son propias del legislador. ¿Que sostiene nuestra Carta Magna?

La Constitución en el Artículo 29°
dispone: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las Legislaturas provinciales a los Gobernadores de provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.”

El Código Penal de la Nación, en corelación con la Carta Magna, trata los “Atentados al orden Constitucional y a la vida democrática” en los Artículos 226, 226 bis, 227, 227 bis y concordantes. El Artículo 215°, de aplicación conforme el 227° castiga estos delitos con “reclusión o prisión perpetua”.

La Constitución en el Artículo 75°, “Atribuciones del Congreso”, en dos incisos concluye la cuestión.

En el 2° afirma: “No habrá transferencias de competencias, servicios o funciones, sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere…”

En el inciso 3° dispone, como facultad exclusiva del Congreso: “Establecer y modificar asignaciones específicas y recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.”

El Artículo 76° de la C. N. ordena: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.”

Estos textos no requieren de interpretación alguna. La Constitución es terminante y absolutamente clara. El Código Penal también.

No existe en la actualidad emergencia pública o económica que justifique otorgar esos superpoderes o delegación de funciones propias del Congreso.

Tampoco podrían concederse, porque están prohibidos, sin límite de tiempo.

Las lucubraciones de políticos trasnochados, o de los interesados en lavar las medias del mandamás de turno mediante el repulsivo uso de la lengua (chupamedias), no encuentran justificativo Constitucional.

Quienes otorguen superpoderes al Poder Ejecutivo, y ahora también a sus secretarios, estarán aprobando actos de “nulidad insanable” y quienes los consienten, formulen o firmen estarán sujetos a la “responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.”

Los Fiscales y Jueces de la República, o lo que quedará de ella, tendrán la “obligación” de investigar y condenar de oficio a los intervinientes, cualquiera sea el signo político al que pertenezcan cuando se viole la Constitución.

Caso contrario estarían convalidando una clara y obscena alteración del orden Constitucional. Este accionar es extensivo a quienes a sabiendas y con premeditación hacen la apología de este delito.

La ilegalidad de haber concedido desde 1997 a Menem y sucesores, a Domingo Cavallo en el 2001, poderes especiales no justifica este nuevo atropello a la Constitución.

Así nos fue.

Constituyó una barbaridad en aquel momento, y lo será ahora también. Con el agravante que el Poder Ejecutivo en la actualidad cuenta con mayoría en el Congreso, no necesitando “superpoderes” para gobernar dentro del marco de la Constitución.

La peor inseguridad jurídica es la falta de respeto al sistema establecido por la Constitución Nacional porque aniquila el orden jurídico. Si la violan los diputados y senadores, responsables de sancionar leyes, ¿que quedará para el resto de la ciudadanía?

Esta es una autoritaria e indecorosa forma de destrozar las instituciones.

Ha sostenido Alfonsín que esto implica “la destrucción de la república”.

Antonio María Hernández, Mariano Grondona, otros pensadores y constitucionalistas opinan de manera similar.

Se han presentado acciones de amparo y denuncias ante la Justicia.

¿Cómo, con qué autoridad y legitimidad podrá condenarme un juez por una infracción de tránsito o por no pagar impuestos si no condenan a los que teniendo la obligación de hacer leyes Constitucionales violan en forma impúdica la Carta Magna?

Los casos de legisladores que son abogados resultan sorprendentes por cuanto deberían ayudar a preservar el orden Constitucional. O la señora Cristina Fernández de Kirchner, quien hace años fue una de las voces opositoras al otorgamiento de superpoderes, y hoy avala que su esposo pida lo que antes era repudiable.

Para salvar lo que queda de la república los legisladores nacionales y también los provinciales deben dejar de ser meros obsecuentes del gobierno de turno y dedicarse a sancionar leyes para el bien del país y la gente. Ningún ciudadano les confirió autorización para otorgar superpoderes prohibidos por la Constitución.

Llegaron los tiempos de la reforma política que contemple la revocación de mandatos.

La historia muestra que tras las violaciones a la Constitución, en breve plazo puede cundir la desazón que concluye en dictaduras o anarquía. Por ello debe evitarse este nuevo agravio a la Constitución Nacional.

La Justicia, último valuarte y sostén de la República, debe obrar como dispone la Constitución declarando nulos tales actos y procesando a los responsables.

Amargas historias padecimos en Argentina por actitudes similares.

Que esta no sea otra más.

Edgardo Civit Evans

Be Sociable, Share!


Deje su Comentario