Constitución y defensa de la competencia

DIARIO “LOS ANDES” de Mendoza
Martes, treatment 21 de diciembre del 2004

ECONOMIA

“CONSTITUCION Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA”

Respecto de las concentraciones económicas se escuchan diferentes voces. Unos informan la verdad; otros la ocultan; y están quienes intentan confundir a la ciudadanía.

La Cámara Federal de Mendoza, seek en un fallo ajustado a derecho, resolvió “no hacer lugar a la solicitud de levantamiento de la medida cautelar por hecho nuevo peticionado por la quejosa”, rechazando así el argumento esgrimido por Disco respecto de que había sido designado un integrante más en la ilegítima Comisión de Defensa de la Competencia, llevando a 3 sus miembros. La anterior y derogada Ley 22.262 requería de 5 miembros para funcionar.

Estado de Derecho

Deben expresarse con firmeza temas esenciales en un Estado de Derecho, terminando con la hipocresía, y la pretensión de confundir a la ciudadanía.

Las resoluciones del Juez Federal de San Rafael y de la Cámara Federal de Mendoza se refieren a aspectos netamente jurídicos. Aunque estimo que los fallos también comprenden aspectos políticos, porque defienden el sistema republicano de gobierno afectado por decisiones arbitrarias del poder administrador.

Cualquier ciudadano conoce el orden piramidal de las normas. La Constitución (que está en la cúspide) es la Ley máxima; a continuación las leyes nacionales sancionadas por el Congreso, y sucesivamente hasta llegar a la última resolución administrativa.

La Constitución consagra los derechos de defensa del consumidor, que pueden ser ejercitados por “el afectado”, cualquier ciudadano damnificado por una decisión del poder político, o por las entidades que defienden a los usuarios y consumidores.

La Ley 25.156

La norma vigente dispone que en los procesos de concentración económica que superen los $ 200.000.000 debe intervenir el Tribunal de Defensa de la Competencia. Más aún, prohíbe las concentraciones que no hayan cumplido con este requisito.

El Tribunal de Defensa de la Competencia no está constituido, a pesar de que la Ley fue sancionada en 1999.

La Ley creó ese organismo colegiado, técnico, no político, elegido por concurso de antecedentes y oposición, para brindar transparencia a las concentraciones económicas.

Lo sano y correcto hubiera sido que fueran las empresas quienes solicitaran la conformación del Tribunal conforme lo dispone la Ley de Defensa de la Competencia, no la continuación de una ilegítima Comisión, hecho que genera graves dudas.

La norma, que reconoce fundamentos en la Legislación de Estados Unidos, no pretende trabar el derecho de comerciar o asociarse libremente. Trata de evitar las situaciones de abuso de poder dominante, que concluyen en monopolios (poder de venta), monopolios (poder de compra), o cualquier desnaturalización de un racional y equilibrado sistema de mercado.

Ninguno de los gobiernos desde 1999 cumplió con la Ley 25.156, creando el Tribunal conforme lo dispone la norma.

Continúa funcionando irregularmente una Comisión que no cuenta con los miembros suficientes; no tiene facultades para tratar concentraciones económicas por cuanto la ley no se las confería, y basándose en una ley que está derogada, la 22.262.

Se ha reconocido que esta ilegítima Comisión ha actuado incluso con sólo uno o dos miembros, violando burdamente el espíritu y normatividad de la vigente Ley 25.156.

Para defender esta ilegalidad se argumenta que la ilegítima Comisión ha aprobado otras concentraciones, y que ésta interviene por decisión del poder político.

Concentraciones, producción y consumidores

No son similares la fusión de Bimbo y Fargo, que venden pan, que no tienen incidencia nacional en otros negocios, que la concentración de dos cadenas de supermercados que tendrán cerca del 25% del poder de compra y de venta de miles de productos para el consumo masivo de toda la población del país. Y en Mendoza más del 70% del mercado.

Que además, junto con Carrefour, sólo dos empresas superarán el 51% del mercado a nivel nacional, con grave riesgo de continuar avanzando sobre los pequeños y medianos productores y empresarios nacionales.

Y pudiendo afectar gravemente a los consumidores.

En los países desarrollados no existe tal grado de concentraciones, sobre todo si además son de capital extranjero. En Chile los supermercados extranjeros sólo tienen el 4% del mercado; en Estados Unidos el 5,6%; en Francia el 4%. En Argentina el 66%.

Violar la ley

Sostener que como ya se ha violado, o no se cumple con la Ley 25.156, hay que seguir aprobando ilegalidades, es cuando menos sorprendente.
Esto y pretender defender la conclusión del Estado de Derecho es casi lo mismo. Los tratadistas de las ciencias jurídicas se encontrarán absortos ante este criterio. Y es más grave pretender que la burda violación a la ley sea ratificada por la Justicia. Increíble si no fuera que estos criterios están volcados en expedientes judiciales.

Sintetizando:

1. Desde 1999 está vigente la Ley 25.156 que prohíbe las concentraciones económicas que superen los $ 200.000.000 si no son aprobadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia.

2. El Tribunal nunca ha sido integrado conforme a derecho.

3. Un Juez de la Nación dispuso una medida cautelar, hasta tanto se constituya legalmente el Tribunal de Defensa de la Competencia.

4. Nuestro gobierno, el Poder Ejecutivo, y una de las empresas apelaron.

5.La Cámara Federal rechazó un pedido de hecho nuevo.

6. Las empresas llevan adelante la operación de concentración económica sin esperar la resolución final de la Justicia. Sin comentarios.

Resulta increíble que a 5 años de sancionada la Ley de Defensa de la Competencia, norma de gran trascendencia económica, no se haya constituido el Tribunal conforme a derecho.

Y que se sigan realizando concentraciones, cualesquiera sean, en clara violación a la Ley 25.156, mediante la intervención de una supuesta Comisión que no tiene facultades legales, que no está formalmente constituida porque no tiene todos sus miembros, y aplicando una ley que está derogada, la 22.262.

Esto revela el desmedido poder del administrador, y la necesidad de que exista auténtica división de poderes.

Conclusiones

Es preciso terminar con las desigualdades, faltas de respeto y violación a los derechos de los ciudadanos, que conducen a la inseguridad jurídica, la impunidad y la arbitrariedad. Con el atropello por parte de poderosos grupos.

Esos repudiables factores han llevado a la Argentina a la postración económica, al deterioro social, a la inseguridad personal y jurídica.

Una República no puede existir si no se respetan la Constitución y las leyes. Seguir el mismo camino es síntoma de absoluta insensatez.

Deben los magistrados hacer Justicia. Poniendo racionalidad y equidad donde hoy existen la fuerza de los poderosos, y las arbitrarias y cuestionadas decisiones del poder político.

Por Edgardo Civit Evans
Presidente de Unidevi

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