Amplía denuncia ante Com.InterAm.Dchos.

Estimados Señores Miembros de la

Honorable Comisión Inter Americana

de Derechos Humanos:

Distinguidos Señores:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fin de adjuntar un elemento de prueba al Expediente Nº 800 del 2008 que considero concluye en forma terminante y definitiva con los argumentos ilegalmente expuestos en el Fallo Definitivo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina cuando dispuso revocar las resoluciones de la Honorable Cámara Federal de Apelaciones, find cuando en realidad lo que hacía era revocar sus propias 5 sentencias anteriores, y de modo especial el de fecha 3 de julio del 2007 (B – 578 XLI – Expte. 77.334), contrariando así su propia UNANIME JURISPRUDENCIA precedente, y en el mismo caso.

La Corte Suprema había fundado el Fallo (contenido en S.C. B. 1626, L. XLII) que revocó el anterior definitivo, en razón que “por el contrario ese criterio es incompatible con el modo en que diversos regímenes regulan la actuación de órganos colegiados de la Administración Pública Nacional, en tanto establecen la validez de su funcionamiento con un número menor a la totalidad de sus integrantes (conf. Art. 58 de la Ley 24.076 CENARGASC; art. 62 de la Ley 24.065 CENREC)”.

En mi presentación ante esa Honorable Comisión Inter Americana sostuve que, tal como dispone la Ley Nº 25.156 en los Artículos 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, y concordantes, el UNICO ORGANO de aplicación de la norma es el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (Art. 17º); que estará integrado por 7 (siete) miembros (Art. 18º); que serán designados por el Poder Ejecutivo previo concurso público de antecedentes y oposición (Art. 19º), los que durarán en su mandato 6 (seis) años (Art. 20º), etc.

La Ley Nº 25.156 es la única norma que rige los casos objeto de la norma contemplados en los Artículos 1º, 2º y 3º.

Prohíbe en forma expresa la intervención o atribución de competencia de otros organismos o entes estatales (Artículo 59º).

Dispone que en los casos no prescriptos por esta ley, (Artículo 56º), serán de aplicación el Código Penal de la Nación y el Código Procesal Penal. Este último requiere un mínimo de miembros de los Tribunales Colegiados para dictar sentencia bajo pena de NULIDAD ABSOLUTA. Esto fue obviado por el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia.

El accionar del Poder Ejecutivo que cuestiono en el Expediente Nº 800 del 2008 violenta burdamente lo normado por la Ley Nº 25.156.

De modo especial porque sigue siendo un funcionario, el Secretario de Comercio Interior, el que dicta resoluciones sobre todas aquellas materias que son de EXCLUSIVA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

El Poder Ejecutivo a 11 años de la sanción de la Ley Nº 25.156 NO HA CREADO EL TRIBUNAL. Sigue violando todos los días la mencionada norma.

En el caso que denuncio, mediante el increíble, arbitrario, preclusorio, contrario a su Jurisprudencia, fallo de la Corte Suprema de Justicia, que para fundar su ilegal resolución lo fundamenta en normas que no son de aplicación para la Constitucional “defensa de la competencia” intentando justificar así el ilegítimo y repudiable accionar del Poder Ejecutivo.

Pero suponiendo que pudiera hacerlo – VIOLANDO LA LEY – ahora son todos los ex – Secretarios de Estado de Energía que han tenido los sucesivos Gobiernos desde la instauración de la democracia, los que DENUNCIAN el accionar del Poder Ejecutivo, que también VIOLA las Leyes que ha utilizado la Corte Suprema para justificar el ilegítimo accionar y dictar un fallo no ajustado a Derecho.

Denuncian los ex – funcionarios, que el Poder Ejecutivo TAMPOCO CUMPLE con las Leyes invocadas arbitrariamente por la Corte Suprema.

De este modo, nos encontramos con una suerte de VIOLACIONES A NORMAS INVOCADAS PARA VIOLAR la Ley de Defensa de la Competencia, tal como claramente se ha expuesto en la denuncia contenida en el Expediente Nº 800 del 2008.

PARA EL PODER EJECUTIVO DE ARGENTINA NO EXISTE ARTICULO DE LA CONSTITUCION NACIONAL QUE NO PUEDA OBVIAR; NO EXISTE LEY QUE NO PUEDA VIOLAR, INCLUSO HASTA CUANDO LA CORTE LE PERMITE “UTILIZAR” NORMAS QUE NO SON DE APLICACIÓN.

Esta Declaración de los ex – Secretarios de Estado de Energía así lo acredita.

Confío en una pronta resolución de esa Honorable Comisión Inter Americana de Derechos Humanos ajustada a la CONSTITUCION NACIONAL, a los Tratados Internacionales y a las Leyes vigentes en Argentina.

Los saluda con la más atenta consideración.

Edgardo Civit Evans

Expediente Nº 800 del 2008

DECLARACIÓN DE LOS EX SECRETARIOS DE ENERGÍA SOBRE LOS ENTES REGULADORES

ES IMPOSTERGABLE NORMALIZAR LOS ENTES REGULADORES DE LA ELECTRICIDAD Y EL GAS NATURAL (ENRE Y ENARGAS)

LOS ENTES REGULADORES SON INSTITUCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL ESTADO ARGENTINO Y NO DEL GOBIERNO DE TURNO

La prestación de los servicios públicos de electricidad y gas natural en nuestro país está regulada por las leyes nacionales, 24.065 y 24.076, conocidas como los Marcos Regulatorios eléctrico y gasífero respectivamente.

Entre los objetivos comunes que crean esas leyes para ambos entes – Enre y Enargas- se destacan los siguientes:

Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios.

Promover la competitividad y alentar inversiones que garanticen el suministro a largo plazo.

Incentivar y asegurar la eficiencia de la oferta y la demanda por medio de tarifas apropiadas.

Alentar la realización de inversiones privadas, asegurando la competitividad de los mercados donde sea posible.

Sin embargo las intervenciones impuestas desde 2003, no solo no cumplen con estos objetivos sino que han transformado a estos entes regulatorios en una herramienta mas al servicio del actual Gobierno.

Si bien algunos de los artículos de dichas leyes se mantienen en suspenso desde la sanción de la ley de emergencia económica, dictada a comienzos de 2002 y prorrogada innecesariamente hasta el presente, existen otros aspectos donde la no aplicación de las disposiciones de dichas leyes constituyen un hecho anormal que debe ser denunciado y subsanado de inmediato.

En efecto, una piedra angular de las reformas introducidas por aquellas leyes fue la creación de los organismos de control o agencias reguladoras, Ente Nacional Regulador de la Electricidad (EN RE) y Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS)

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes y no derogadas, el Directorio de ambos Entes debe estar compuesto por cinco miembros a saber, Presidente, Vicepresidente y tres Vocales; los mismos “serán seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia y designados por el Poder Ejecutivo Nacional.

Si bien las designaciones las formaliza el Poder Ejecutivo Nacional, “Previa a la designación y/o a la remoción el Poder Ejecutivo Nacional deberá comunicar los fundamentos de tal decisión a una comisión del Congreso de la Nación integrada por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que cada una de las Cámaras determinen en función de su incumbencia, garantizando una representación igualitaria de senadores y diputados. Dicha comisión deberá emitir opinión dentro del plazo de treinta (30) días corridos de recibidas las actuaciones. Emitida la misma o transcurrido el plazo establecido para ello, el Poder Ejecutivo Nacional quedará habilitado para el dictado del acto respectivo” (Art. 59 Ley 24.065 y Art. 55 Ley 24.076)

Para cumplimentar lo dispuesto en el artículo 54 de ambas leyes desde la sanción de las mismas se impuso la práctica del concurso de antecedentes frente a jurados independientes, para luego elevar las propuestas a la Comisión del Congreso. Este proceso se fue reiterando en la medida que fuera necesario proceder a la renovación de los miembros de los Directorios hasta fines del año 2002.

A partir de 2003, las designaciones en los entes se fueron realizando en forma arbitraria, sin concursos públicos y en abierta violación de la legislación vigente. En el caso del ENARGAS se dispuso una intervención que subsiste hasta el presente que inexplicablemente se mantiene sin plazos.

Desde 2003, estos organismos han perdido su autonomía y se ven obligados a cumplir las directivas de las autoridades, situación que frente a las dificultades que se observan tanto en electricidad como gas lleva a que sea necesario exigir al Gobierno Nacional la inmediata normalización de los Entes, reimplantando la modalidad de selección por concurso público de sus miembros.

Los procedimientos utilizados en forma reiterada son claramente violatorios de la ley, no solo en su letra sino también en el espíritu de la misma, ya que la legislación vigente señala con claridad que “(los Entes) gozará(n) de autarquía y tendrá(n) plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado” (Art. 55 Ley 24.065 y Art. 51.Ley 24.076).

POR TODO ESTO SOLICITAMOS QUE SE DEJE DE VIOLAR ABIERTAMENTE LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y SE PROCEDA A NORMALIZAR EL ENRE Y EL ENARGAS DESIGNANDO SIN DEMORAS A LOS INTEGRANTES DE ESTOS IMPORTANTES ENTES REGULADORES RESPETANDO EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE, ELIGIENDO A AQUELLOS QUE TENGAN LA IDONEIDAD IMPRESCINDIBLE, Y QUE SOLO PUEDEN SURGIR MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS PÚBLICOS, CON JURADOS INDEPENDIENTES.

Firmado: Emilio Apud; Julio César Araóz; Enrique Devoto; Roberto Echarte; Alieto Guadagni; Jorge Lapeña; Daniel Montamat; Raúl Olocco

26 de Julio de 2010.

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