Defensa de la competencia

DIARIO “EL ZONDA” de SAN JUAN

San Juan 22 de diciembre de 2008

El flagelo de la concentración económica

Discursos contradictorios por parte del Gobierno, stuff violación de la Constitución e inseguridad jurídica en su máximo nivel son algunos de los tópicos en los que el consultor económico mendocino, Edgardo Civit Evans, es un gran conocedor. Durante una entrevista que concedió a P&E dio a conocer su lucha por el cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia en Argentina.

Un frondoso expediente que actualmente está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene más de 3.000 fojas de pruebas relacionadas con acciones de violación a la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia y a la Constitución Nacional. El autor de la presentación no es otro que Edgardo Civit Evans, asesor económico financiero, ex interventor del Banco Hipotecario Nacional, ex secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos de Desarrollo de América Latina, por nombrar algunos de sus antecedentes.

De acuerdo con este luchador por los derechos de los argentinos, en 2004 se plantearon una serie de acciones amparo por violación de la Constitución en lo que hace a la defensa de la competencia y de los usuarios. “Después de 21 sentencias a favor de primera y segunda instancia, favorables a los reclamantes, y de 6 sentencias de la Corte de Justicia de la Nación, sorprendentemente, el máximo Tribunal de la Nación revocó los fallos anteriores y rechazó las presentaciones realizadas por los reclamantes, que pedían el cumplimiento de la Constitución y de la ley.

Es la primera vez en la historia jurídica del mundo que un máximo tribunal de justicia revoca sus propias sentencias en una misma causa, con el mismo objeto y con las mismas personas. Esto es para el libro récord de las aberraciones jurídicas”, dijo Edgardo Civit Evans.

Los consecuentes efectos de la violación de la Ley de Competencia se traducen, de acuerdo con el consultor, en la conformación de un sistema económico en el que se fomenta la generación de grandes monopolios empresarios que controlan varios sectores de la economía, aunque esto se contradiga con el discurso presidencial.

“Una prueba de lo que estoy manifestando es que después del congreso de IDEA de 2005 en el que el señor Kirchner criticó a los supermercados, a uno de los propietarios de estas empresas el mismo Kirchner le ha otorgado la Orden del Libertador General San Martín. Además, es la misma persona a la que el ex presidente le ha vendido terrenos en Calafate con una utilidad monstruosa. Esto acredita la cercanía entre el poder político y las grandes concentraciones económicas”, afirmó.

Entre las fusiones y concentraciones se pueden mencionar: en telefonía Movistar unió a Personal, Bell South, Movicom y Unifon; en el caso de los alimentos, Bimbo y Fargo; hidrocarburos, Petrobras y Pecom.

Como éstos también hay otros sectores que concentran una gran porción del mercado, según puede constatar Edgardo Civit Evans. Dos empresas en el país fabrican tolueno, que sirve para fabricar envases de consumo masivo. Una sola empresa produce el 99 por ciento de la chapa laminada en frío y el 84 por ciento de chapa laminada en caliente, utilizada en la fabricación de vehículos, lavarropas, cocinas, entre otros productos.

Pero no termina ahí. De acuerdo con el consultor económico-financiero dos empresas controlan el 96 por ciento de la producción, una empresa el 77 por ciento del mercado de fertilizantes, otra el 79 por ciento la comercialización de los agroquímicos, dos compañías manejan el 77 por ciento del mercado de galletería y dos más concentran el 70 por ciento de la comercialización de leche fluida chocolatada y yogures.

El caso de los supermercados

De igual manera se presenta la concentración en el sector de supermercadistas, denuncia por la cual el consultor ha escrito una gran cantidad de artículos en diferentes medios de comunicación.
“Tres cadenas de supermercados controlan el 82 por ciento del mercado alimentario nacional, generando un constante aumento en los precios y dos aberraciones de la economía. Una de ellas es el monopolio, que supone el poder de imponer precios a los consumidores.

El otro es el monopsonio, que es el poder de imponer el precio a los productores a quienes les compran. Estas empresas son el grupo Cencosud que incluye a empresas como Jumbo, Vea, Súper Vea, Unicenter, Los Amigos e Easy; el Grupo Carrefour y el Grupo Coto”, señaló.

Según CiviT Evans, el problema de la concentración en este sector se agravará en los próximos años con la instalación de 60 locales por parte de estas empresas en el país, según fue anunciado por Néstor Kirchner.

“En Estados Unidos, mediante la Ley de Defensa de la Competencia se condenó a Wall Mart a pagar una multimillonaria multa por superar el 11 por ciento del control del mercado. Mientras, en Argentina en todas las actividades económicas hay una o dos empresas que manejan el 80 por ciento del mercado”.

El asesor económico explicó que en el país, la ley Nº 25.156 fue creada en 1999, sin embargo, todavía no ha sido creado el Tribunal de Defensa de la Competencia, que es el único organismo autorizado por ley para ejercer el control respecto de las concentraciones.

“Un funcionario político es el que arregla todas estas cuestiones que no son menores.”

“Estamos hablando de regulación de precios, concentraciones económicas, inflación, regulaciones de mercado, entradas y salidas, barreras de protección. En Estados Unidos se llama Ley de leyes, y acá no se aplica”, agregó.

La denuncia de estas prácticas no ha sido efectuada solamente por este consultor económico sino también por funcionarios de Gobierno. “El ex secretario Sbatella, que fue presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia, denunció que en los últimos años, cientos de denuncias fueron cajoneadas en esa comisión.

Por supuesto lo echaron porque está esa un área que maneja un funcionario muy allegado ex presidente Kirchner, un tal Guillermo Moreno”, dijo Civit Evans.

La salida

Ante un panorama más que preocupante, la única salida que plantea Edgardo Civit Evans, quien todavía espera avances de su presentación en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, es “el cumplimiento total y estricto de la Constitución Nacional el procesamiento inmediato de los funcionarios que mediante actos de corrupción se hayan enriquecido en los últimos 25, 30 y 40 años sin poder acreditar su poder económico.

¿Cómo puede ser que una persona que era chofer hace 5 años, hoy sea uno de los hombres más ricos de la Argentina? Eso no tiene explicación lógica”, señaló.

“Esto se soluciona con jueces dignos y con una Corte absolutamente al servicio de la Constitución y de la ley. Decía Santo Tomás que cuando el Príncipe, por el Gobierno, no hace lo que el pueblo necesita y reclama, pierde el derecho a ser obedecido. Hoy nos están llevando a una situación límite”, concluyó.

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