Cuestionan reforma a Ley Nº 25.156

“LA GACETA”
“URGENTE 24”

febrero del 2006

“REFORMA DE LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA”

MAYOR CONCENTRACION A FAVOR DEL PODER EN EL EJECUTIVO

El Gobierno Nacional ha anunciado que remitirá al Congreso un proyecto de ley reformando la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia.

Tras largos estudios y comparaciones con las legislaciones más avanzadas y serias del mundo, cialis esta norma fue sancionada en setiembre de 1999.

En casi toda la ley se menciona la existencia del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, generic organismo independiente, autónomo, compuesto por 7 miembros, profesionales idóneos, elegidos por concurso de antecedentes y oposición, con mandatos que duran 6 años;más que el presidencial.

Esta Ley no fue cumplida desde 1999 a la fecha por ninguno de los sucesivos gobiernos. Tanto es así que a la fecha el Tribunal de Defensa de la Competencia no se encuentra constituido, lo que en declaraciones públicas es reconocido por los máximos funcionarios nacionales.

En su lugar, irregular e ilegalmente, ha funcionado una Comisión basada en la derogada ley 22.262.

Ha sido tan irregular el funcionamiento que ha llegado a actuar con uno o dos miembros. Ni siquiera se respetaba la cantidad de integrantes que eran 5. Todo en abierta violación de la legislación vigente.

Más grave aún, es que en los juicios que promoviéramos reclamando el cumplimiento de la Ley 25.156 y la constitución del Tribunal, los representantes del Poder Ejecutivo manifiestan ante la Justicia Federal que quien tiene atribuciones es un solo funcionario, el Secretario de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía.

Esto no es verdad. La Ley nunca le confirió facultades a este funcionario.

A pesar de ello, se aprobaron fusiones y concentraciones por centenares de millones de dólares, en abierta violación al ordenamiento jurídico.

Ahora el Poder Ejecutivo remite al Congreso un proyecto para que este funcionario, el Secretario de Coordinación Técnica, tenga las facultades que la ley vigente le niega.

Esto implica el más claro y absoluto reconocimiento de lo que planteábamos ante la Justicia Federal.

De esta manera, el Poder Ejecutivo lo que pretende es blanquear una grave situación, que es continuar controlando en forma directa las concentraciones y fusiones económicas, como ilegalmente lo ha venido haciendo.

El argumento utilizado es que se actúa en defensa de los consumidores, lo que tampoco es verdad.

Son las asociaciones de consumidores las que reclaman el cumplimiento de la Ley 25.156 y no más control burocrático por parte del Estado.

Con este proyecto no habrá más defensa de los consumidores, sino más control por parte del Gobierno sobre las concentraciones económicas y las fusiones.

Este proyecto del Ejecutivo acredita que hasta la fecha han estado violando la Ley 25.156, todos los gobiernos desde 1999 a la fecha.

Debe quedar claro que constituye un avance más de uno o dos funcionarios del poder político sobre la economía, que ahora se pretende reconocer por ley.

También representa un reconocimiento que las concentraciones y fusiones económicas realizadas, desde 1999 hasta la fecha, fueron concretadas ilegítimamente, al margen de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia todavía vigente, como lo expresamos en sede judicial.

Ahora queda acreditado el interés de algunos funcionarios de defender la ilegalidad en los juicios promovidos por las concentraciones, quienes a través de declaraciones públicas, e incluso interesándose personalmente en el estado de las causas judiciales, han apoyado este mayor poder en pocas manos.

Como así también el interés de algunos en determinadas concentraciones o fusiones económicas, que no han sido realizadas para beneficiar la participación de empresas argentinas sino extranjeras.

Lo sorprendente es que – cuando estas empresas no obtienen las monstruosas utilidades que ganan en Argentina – se van del país e inician demandas a la Nación.

Y siempre termina pagando el abusado pueblo argentino los errores de sus funcionarios.

Edgardo Civit Evans
Asesor Económico Financiero

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