Defensa de la competencia, pub. en Chile

“EQUIPO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS”
Santiago de Chile
Jueves, viagra 03 febrero, 2005

DESDE ARGENTINA: CASO CENCOSUD-ROYAL AHOLD.
CONCENTRACIONES ECONOMICAS Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

EDGARDO CIVIT EVANS

Es conocido que en Argentina el Poder Administrador no controla las fusiones ni las concentraciones económicas. Tampoco los actos anticompetitivos.

Se ha denunciado públicamente la existencia de acuerdos que han permitido aumentos de precios, que por su negativo efecto en la sociedad, ahora “preocupan al Gobierno”.

Pero, ¿quien vuelve atrás los aumentos ya producidos?

Existen prácticas de abuso de posición dominante que no son reprimidas, a pesar que existe la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia sancionada en 1999, que no se aplica.

Los economistas coinciden en que las fusiones y concentraciones – en general – no producen importantes variaciones en la economía, porque no se trata de nuevas inversiones o producciones, sino de transferencias de titularidades accionarias respecto de bienes ya existentes.

En la mayoría de los casos, un grupo adquiere las acciones de otro para incrementar su participación en un determinado segmento del mercado.

Al no funcionar como correspondería los órganos de control, se alteran principios Constitucionales de defensa de la competencia, de los usuarios, de los consumidores. En síntesis, de toda la población.

En Argentina se habla de “inseguridad jurídica” cuando puede afectar a una empresa monopólica extranjera, con capacidad de generar operaciones políticas o de difusión en defensa de sus intereses comerciales.

Jacques Chirac se preocupa por “Aguas Argentinas” de la Lyonnase des Eaux; el Rey Juan Carlos por “Telefónica” y otras empresas; las autoridades italianas por sus bonistas. Defienden los intereses de personas y empresas de sus países.

Nadie hablaba, en el país o en el exterior, de desconfianza o de inseguridad jurídica cuando la Suprema Corte automática fallaba a favor de ciertos monopolios, como fueron el rebalanceo telefónico, o el salvataje de bancos.

Millones de dólares que pagamos los Argentinos.

Algunos interesados hablan de inseguridad jurídica cuando la Justicia resuelve a favor de los ciudadanos, de los usuarios, de los consumidores, de los productores, de los comerciantes, de los industriales de nuestro país.

No criticaron la inseguridad jurídica cuando se llevaban U$S. 120.000.000.000 al extranjero, produciendo un verdadero vaciamiento nacional.

Tampoco hablaron de inseguridad jurídica cuando miles de ahorristas fueron estafados por los bancos, perdiendo gran parte de sus ahorros de años. Esta ha sido la más canallezca y masiva violación de contratos ocurrida en el país en los últimos años. O cuando son esquilmados los jubilados.

En países serios, se protege a sus habitantes, se ampara a sus productores, industriales, comerciantes, generando beneficios económicos porque incrementa el nivel adquisitivo de la población, produciendo reactivación, ahorro, consumo.

Los Argentinos, en poco tiempo, perdimos el 60% del poder adquisitivo de nuestros ingresos.

Los males que aquejan a la Argentina son el resultado de las pésimas y desacertadas políticas económicas – financieras aplicadas en los últimos años, que han llevado a niveles de pobreza al 41% de la población y al 18% a la indigencia. Se incrementó la marginalidad, y como consecuencia el delito y la inseguridad personal.

En el granero del mundo hay más de 3.000.000 de niños que padecen hambre.

Estas erróneas políticas, fueron aplaudidas por organismos internacionales que ahora reconocen sus errores, y también por “prestigiosos profesionales” Argentinos, que hoy cuestionan sus consecuencias.

Recordemos cuando manifestaban que con las “privatizaciones” se solucionarían todos los males del país. Varias consistieron en la venta de empresas nacionales a monopolios extranjeros, también estatales.

Se perdió el patrimonio nacional, quedaron miles de personas sin trabajo, y continúan los monopolios.

Que como ahora no ganan como antes, se quieren ir.

No tengo ningún impedimento ideológico respecto a la existencia de empresas de capital extranjero. Siempre y cuando trabajen en Argentina con los mismos niveles de eficiencia, seriedad y honestidad con que están obligadas a hacerlo en sus países de origen.

LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

En setiembre de 1999 el Congreso de la Nación sanciona la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia.

La totalidad de la norma (Artículos 8°, 11°, 13°, 29°, 31°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°,37°, 38°, 39°, 42°, 43°, 44°, y relacionados) hace referencia directa al Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, organismo autárquico, técnico, no político, independiente, integrado por 7 miembros, de los cuales 2 deben ser abogados y 2 profesionales en ciencias económicas, elegidos por concurso de antecedentes y oposición por un calificado Jurado. Duran 6 años en sus mandatos, y sólo pueden ser removidos por un Jurado de la misma calidad y composición. (Artículos 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25° y concordantes de la Ley).

Conforme los “Antecedentes Parlamentarios de la Ley 25.156”, se creó un organismo autárquico similar a los existentes en Estados Unidos y países de Europa.

El objetivo era brindar mayor transparencia a las fusiones o concentraciones.

Apesar que han pasado más de 5 años, el Tribunal no ha sido constituido.

En su lugar, indebida e irregularmente, continúa funcionando una Comisión. Que no cuenta con todos los miembros que requería la derogada Ley 22.262; que es política; dependiente de un funcionario del Poder Administrador; no técnica; no está designada por concurso de antecedentes y oposición.

La Ley dispuso que esta Comisión seguiría funcionando intertanto se creaba el Tribunal, al cual debía pasar los expedientes en trámite (Artículo 58°).

Por el Artículo 59° “queda derogada toda atribución de competencia relacionada con el objeto y finalidad de esta ley otorgada a otros organismos o entes estatales.” A pesar que la Ley dispone que en 120 días el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla (Artículo 60°), recién dos años más tarde el Gobierno dicta el Decreto 89/01 y llama a concurso para constituir el Tribunal, lo que no se concretó.

LA LEY ES UN TODO. LA NO CREACION DEL TRIBUNAL TRANSFORMA A LA LEY 25.156 EN VACIA DE CONTENIDO. EN LA PRACTICA, EN INEXISTENTE.

El Poder Administrador, desde 1999, continúa aprobando fusiones y concentraciones en abierta oposición, o violación, a la vigente Ley de Defensa de la Competencia, que creó un organismo autárquico, como en Estados Unidos y Europa, precisamente para separarlo de las decisiones personales o políticas de los funcionarios de turno.

Es terminante la Cámara Federal Nacional con asiento en Mendoza cuando al referirse a la ratificación de la cautelar en la Acción de Amparo promovida contra el Estado Nacional por no cumplir la Ley (caso fusión Cencosud – Royal Ahold) afirma: “En verdad, lo que se observa claramente – a la altura de este proceso y con las constancias acompañadas – es la injustificada e inexplicable omisión del Poder Ejecutivo Nacional en la puesta en marcha del T. N. D. C., cuando ya han transcurrido más de cinco años desde su creación legal (Ley 25.156), y si el órgano que garantiza el cumplimiento y la aplicación de la Ley no existe, ¿la defensa de la competencia, no se encuentra diezmada o amenazada?.”

El problema no pasa sólo por las concentraciones o fusiones, sino por el cuestionable hecho que en Argentina no existe el órgano de control de la competencia creado por una Ley del Congreso de la Nación.

Esto es inseguridad jurídica.

Estoy convencido que ningún honesto Tribunal de Justicia del mundo podría fallar de manera distinta a como lo han hecho el Juez Federal de San Rafael, Mendoza y la Cámara Federal Nacional.

Numerosos autores han sostenido que es esencial a un mercado abierto, transparente, la existencia de competencia, y su consecuente control. Caso contrario, aparecen las conductas que deben ser reprimidas.

Que son aquellas que “tienen por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general” (Artículo 1° de la Ley 25.156).

Estas conductas tienden a imponer tanto los precios de venta, resultando damnificados los usuarios y consumidores; como los de compra, que perjudican a productores, industriales y pequeños comerciantes, que son los proveedores.

Nuestras acciones ante la Justicia Federal Nacional están dirigidas al Gobierno, para que cumpla con la Constitución y la Ley de Defensa de la Competencia, y produzca los actos tendientes a la inmediata conformación del Jurado que realizará el concurso de antecedentes y oposición que permita la creación del Tribunal Nacional, como dispone la Ley 25.156.

Las empresas, todas, de cualquier naturaleza, debieron apoyarnos para lograr la creación del Tribunal. Ello hubiera brindado seguridad jurídica y mayor transparencia a las operaciones, y no las transformaría en cuestionables. No debieron perder el tiempo defendiendo una ilegítima Comisión, o a quienes desde el Poder Administrador, consideran – erróneamente – que la República son sus arbitrarias decisiones.

CENCOSUD Y ROYAL AHOLD

Además de nuestras acciones (y de otras) en la Justicia Nacional, se han pronunciado contra esa fusión la CAME, cámara que nuclea a 935 asociaciones de pequeños y medianos productores y comerciantes; organizaciones de consumidores; sindicatos; la Legislatura de Mendoza; existe un pedido de investigación en el Senado de la Nación; el Defensor del Pueblo de la Nación; la Subsecretaria de Defensa de la Competencia, etc.-

Y existe un fallo del Juez Federal de San Rafael, Mendoza, ratificado por la Cámara Nacional, disponiendo cautelarmente la suspensión de la concentración.

El presidente de Cencosud manifestó antes del acuerdo de fusión que “no quedaría un empleado sin trabajo”. Sin embargo, en forma directa o indirecta, en Argentina han sido dejados cesantes más de 250 personas, en poco más de 30 días.

El señor Lauremce Golborne, gerente de Cencosud, ante la posible concentración por adquisición de OPA, de Almacenes París, ha hecho similares manifestaciones.

Fue cerrado un local de Plaza Vea en Mar del Plata debido a un incendio, y dos en Buenos Aires por carecer de elementos de prevención de incendios acordes a la magnitud de los edificios.

No es este el momento de analizar las graves dificultades con la Justicia que hoy tienen en varios países del mundo los directivos de Royal Ahold, ni la multa recibida en Chile por Cencosud por abuso de posición dominante. Pero estos temas también deberían ser expuestos públicamente.

Destaco que en modo alguno me opongo a que empresas extranjeras puedan tener participación en sectores de la economía, pero resulta casi intolerable que mientras en Chile los supermercados de capital extranjero representan el 2,7% del mercado; en Estados Unidos el 5,4%; en Francia el 4%; en Argentina detenten el 66%.

Y que de concretarse la concentración de Cencosud con Royal Ahold, sólo tres grupos económicos, Cencosud, Carrefour y Coto pueden tener, en casi todo el país y especialmente en las zonas más pobladas, el 90% del poder de compra y de venta de insumos y componentes de la canasta familiar.

Si las concentraciones promueven el desarrollo y el crecimiento, bienvenidas sean.

Pero la experiencia indica que han concluido generando despidos de personal; abusando de su posición dominante; imponiendo precios a los consumidores, y condiciones y precios a los proveedores. De ello puede resultar perjuicio al interés general.

Por tal motivo la Justicia debe actuar en estos casos, poniendo racionalidad y equidad, para evitar abusos, que generalmente provienen de las presiones de los poderosos, y de las cuestionadas decisiones del poder político.

EDGARDO CIVIT EVANS

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