Defensa de la competencia: sin Tribunal

“ABOGADOS ROSARIO.COM”
“INFOBAE PROFESIONAL”
12 de marzo del 2005

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Civit: “Sin tribunal, viagra la Ley de Defensa de la Competencia pierde sentido”

Edgardo Civit Evans, uno de los amparistas del caso, dice que a más de cinco años de sancionada la ley 25.156, el Tribunal no se conformó y que eso genera inseguridad jurídica

“En un reciente artículo en INFOBAEprofesional, el juez en lo Comercial N° 4, doctor Francisco Cárrega, ha efectuado un profundo análisis de la Ley de Defensa de la Competencia, que coincide plenamente con los amparos y cautelares presentados ante los magistrados federales nacionales, con asiento en Mendoza, quienes han receptado positivamente los requerimientos formulados.

“El juez Federal de Buenos Aires -ajustándose a la ley- señala que la falta de constitución del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia genera inseguridad jurídica y que no se ha conformado el organismo por decisión política.

“Esta opinión de un juez con competencia en Buenos Aires, que no está personalmente involucrado en la causa, avala lo resuelto por los magistrados de Mendoza, quienes resolvieron conforme a derecho.

“Sin tribunal, la ley 25.156 de Defensa de la Competencia pierde su sentido, tornándose abstracta.

La ley es un todo, no puede tomarse algún artículo y usarlo arbitrariamente, olvidando los 59 restantes. Por más rebusques interpretativos que pretendan realizarse.

“La ley, de 1999, ordenó al Poder Ejecutivo reglamentarla (art. 60) en 120 días. El Poder Administrador lo hizo más de un año después, el 25 de enero del 2001. El decreto 89/2001 dispone que en un ‘plazo de 60 días’ serían transferidas las causas existentes en la Comisión al nuevo organismo, el Tribunal Nacional.

“Mediante resolución ministerial de Economía N° 29 del año 2002, se efectuó la “Convocatoria a Concurso de Antecedentes y Oposición para la Designación de los Miembros del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia”.

El 22 de abril del 2003 se cierra el concurso, presentándose 39 profesionales pero nunca se resolvió sobre este concurso. A más de 5 años de sancionada la ley 25.156, el Tribunal no está conformado.

“El decreto 89/2001; la resolución 29/2002; el llamado a concurso (abril del 2003), y el reclamo judicial requiriendo la constitución del Tribunal Nacional (abril del 2004), acreditan que no estamos en presencia de una simple omisión del Poder Ejecutivo.

“El Poder Administrador reestructuró secretarías por donde han pasado los trámites de Defensa de la Competencia y designó nuevos miembros en la Comisión pero no constituyó el Tribunal.

“Advirtamos la importancia del tribunal: los miembros tienen mandatos de 6 años; 2 más que el Presidente y Vice de la Nación; que los diputados nacionales y que los Gobernadores.

El Legislador brindó al Tribunal y a sus miembros, autonomía, autarquía, e independencia del poder político. Sus 7 miembros son elegidos por concurso de antecedentes y oposición por un calificado Jurado.

“En el expediente judicial, los apoderados del Ejecutivo sostienen que la Comisión es un órgano consultivo. Que las facultades las tiene el Secretario de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía, (como antes otros Secretarios).

La Ley 25.156, Artículo 59 “deroga toda atribución de competencia relacionada con el objeto y finalidad de esta ley otorgada a otros organismos o entes estatales.”

La norma no dice algunas, afirma “toda atribución”. Pero es la Comisión la que notifica al Ejecutivo Nacional sobre las Resoluciones de la Justicia Federal.

“Se enerva aún más el espíritu y texto de la Ley 25.156 porque la norma se refiere al Tribunal y sus facultades. Y éstas las detenta un solo funcionario, político, no elegido por concurso, dependiente del Poder Ejecutivo.

“Este funcionario trata concentraciones por millones de dólares, como las de Unifón con Movicom; Cablevisión y Multicanal y otras (casos expuestos en el expediente), incumpliendo la Ley 25.156, por cuyo motivo deben ser impugnadas judicialmente.

“Se equivocan quienes creen que planteamos sólo el problema de la concentración de ROYAL AHOLD con CENCOSUD. Si por omisión del Ejecutivo la ley es violada en un caso, también lo es en los demás.

“La Justicia debe detener este proceso de concentraciones que afecta al conjunto de la economía, al interés general y todos los usuarios y consumidores, por los aumentos en los precios, hecho que anticipamos hace meses.

No generan mayor producción de bienes y servicios, dado que sólo se trata de transferencias accionarias e incrementan la desocupación.

“Hemos recibido la información que ante las resoluciones de la Justicia disponiendo medidas cautelares, y para evitar ser alcanzados por la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia, algunos grupos económicos usarían a fideicomisos, fondos de inversión o grupos de inversores extranjeros para concretar ciertas operaciones.

La prudente norma dispone que se aplica a todas las personas jurídicas radicadas en Argentina, ‘y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional’.

Los fracasos de grandes concentraciones

“No estamos contra las concentraciones, en tanto cumplan con la Constitución y la Ley, y no atenten contra el interés general.

“Cencosud y Royal Ahold, según informaron públicamente, el 2 de noviembre del 2004 concretaron la operación de fusión, pero no cuentan con la aprobación previa del órgano competente, el Tribunal de Defensa de la Competencia.

Se fusionaron a pesar de existir medidas cautelares dispuestas por la Justicia Federal que suspendían dicha concentración.

“Importante doctrina sostiene que ‘la nulidad es la consecuencia a la transgresión del orden jurídico.

Son los antibióticos de la juridicidad para combatir el anti – derecho’.

Inseguridad jurídica existe cuando no se cumplen la Constitución y las leyes.

“Lo demás son artilugios sin fundamento jurídico. Autoritarismo disfrazado de supuesta legalidad, realizados para justificar el accionar de algunos grupos que se sienten con poder suficiente para seguir haciendo lo que quieren en Argentina”.

Edgardo Civit Evans
Asesor Económico Financiero
Presidente de UNIDEVI

Fuente:www.infobaeprofesional.com

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