Explican sentencia sobre concentraciones

DIARIO “UNO” de Mendoza
19 de agosto del 2004

OPINION

CONTRA LA CONCENTRACION

El presidente de Unidevi explica los alcances legales de la medida dispuesta por un juez federal para impedir que se concrete la compra de la cadena Disco-Vea por parte de la firma que ya tiene Jumbo

El juez federal de San Rafael Héctor Raúl Acosta resolvió “ordenar a la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que en forma inmediata suspenda el trámite de notificación previa (artículo 8º de la Ley de Defensa de la Competencia) o cualquier trámite administrativo de la concentración económica mediante la cual Cencosud pretende tomar control de la cadena de Supermercados Disco-Vea, viagra hasta que resuelva en definitiva”.

La resolución judicial es absolutamente ajustada a derecho.

Tiene en cuenta el peligro en la demora porque ambos grupos empresariales acordaron la concentración en los primeros días de marzo.

El Gobierno debería resolver en el término de 45 días (Art. 13º).

Transcurrido ese plazo sin mediar resolución, la operación se tendrá por autorizada tácitamente (Art. 14º – Ley 25.156).

Basados en el incumplimiento por parte del Gobierno nacional de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia, con la Asociación Ruralista de General Alvear interpusimos acciones de amparo con medidas cautelares en los tribunales federales de Mendoza y San Rafael, con el patrocinio de los doctores Juan Pablo Civit y Tíndaro Fernández.

Cuentan con legitimación otorgada por los artículos 41º, 42º y 43º de la Constitución nacional (basados en el principio de permitir el “acceso a la justicia”); en fallos de la Corte, de tribunales nacionales y provinciales y en la opinión de la doctrina.

Se interpusieron contra omisiones y actos de la administración pública, por lo manifiesto de la ilegitimidad y la urgencia de la reparación
.

En caso contrario, los productores y consumidores que podríamos resultar agraviados, quedaríamos expuestos a una lesión definitiva.

El Tribunal se declaró competente por ser derechos reconocidos por la Constitución, por tratarse de una ley nacional y por demandar al Gobierno nacional.

El artículo 7º de la Ley 25.156 prohíbe las concentraciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir la competencia, y cuando pueda resultar perjuicio al interés económico general.

El artículo 8º establece el procedimiento de control previo de concentraciones económicas, disponiendo que los actos sólo producirán efectos entre las partes o respecto de terceros una vez autorizados por el Tribunal de Defensa de la Competencia.

La ley dispone que todo proceso de fusión o concentración por más de $200.000.000 debe contar con la autorización previa del Tribunal.

En el caso de Cencosud (Jumbo, Easy, Unicenter) y Disco (Vea- Plaza Vea), la operación ronda los $1.000.000.000 o sea, cinco veces más.

El Tribunal (artículo 17º) debe estar constituido por 7 miembros, 2 de ellos abogados y dos profesionales en ciencias económicas, elegidos mediante concurso público de antecedentes y oposición ante un jurado previsto por la ley.

Conforme la norma, el Poder Ejecutivo debió constituir el Tribunal en un plazo no mayor a 120 días (artículo 60º, Ley 25.156, y artículo 18º del Decreto Reglamentario 89/2001).

Han pasado tres años y el Tribunal de Defensa de la Competencia no está conformado.

Funciona en forma irregular la Comisión de Defensa de la Competencia, creada por la anterior Ley 22.262, sin el número de 5 miembros que la derogada norma fijaba.

De aprobarse esta o cualquier concentración, será nula, de nulidad absoluta. (Fallos de la Corte Suprema, cámaras nacionales, artículo 167º, inc. 1 del CPPN, RJN, etcétera).

El Poder Ejecutivo, al no cumplir con lo dispuesto por la Ley 25.156, antepone su voluntad a la del Congreso de la Nación, manteniendo el control político sobre las autorizaciones de concentraciones económicas.

Se afectan los derechos de la competencia, de los consumidores y de los productores, que nos vemos privados del organismo técnico, idóneo e independiente creado por ley para la protección de la competencia, tal como manda la Constitución.

Como la Ley 25.156 prohíbe determinadas concentraciones estableció el control previo por el Tribunal.

En síntesis: 1) continúa funcionando la comisión creada por la derogada Ley 22.262; 2) esta comisión no cuenta con 5 miembros; 3) no ha sido creado el Tribunal de Defensa de la Competencia como dispone la Ley 25.156 (7 miembros, por concurso, profesionales, etcétera).

Además de la protección del derecho de competencia amparado por la Constitución, y por la Ley 25.156, Argentina suscribió el Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur (Fortaleza 17/12/1996), que define como infracción a las normas del protocolo a todos los actos que “tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia en el acceso al mercado, o que constituyan abuso de posición dominante en el mercado”.

Con la posible concentración de Cencosud con Disco-Vea, nos encontraríamos ante la alteración del derecho colectivo a la competencia por falta de constitución del Tribunal creado por ley.

Resalto las expresiones del juez federal, doctor Acosta, quien sostiene “aparece absolutamente incomprensible…, que el Poder Ejecutivo Nacional haya permitido, tolerado y accionado de un modo básicamente ilegítimo en un área tan sensible para el interés general como es la Defensa de la Competencia”.

Algunas concentraciones y empresas privatizadas han realizado actos contra usuarios y consumidores que no han sido debidamente controlados por el Estado.

Se ha generado desocupación donde había trabajo, hambre donde hay alimentos, miseria donde había riqueza.

Aparecieron monopolios que fijan los precios.

También los llamados “monopsomios”, que es el poder de compra de grupos económicos que imponen condiciones y cláusulas abusivas a los proveedores.

Se manifiestan en precios viles, pagos a largo plazo, retener o no pagar mercaderías, y otras acciones más.

La Ley 25.156, con el control previo de concentraciones, intenta evitar las prácticas anticompetitivas, los acuerdos de precios, los repartos de mercado, el abuso de posición dominante y otras maquinaciones que atentan contra los consumidores y productores.

Las empresas que pretenden concentrarse tienen un elevado porcentaje de las ventas, y de las compras en Mendoza, y en otras zonas del país.

No son ellas las demandadas, sino el Gobierno nacional para que cumpla con la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia.

Confiamos que los mendocinos acompañen este proceso porque en defensa de consumidores y productores requerimos que se haga justicia y se cumpla con la ley.

Edgardo Civit Evans

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