“Las presiones de los poderosos”

DIARIO “UNO” de Mendoza
Jueves, purchase 23 de diciembre del 2004

OPINION

“CONTRA LAS PRESIONES DE LOS PODEROSOS”
Por Edgardo Civit Evans

El consultor económico advierte sobre la concentración que pretende concretar la cadena de supermercados Disco, recipe controlante de la cadena Vea en Mendoza

Respecto de las concentraciones económicas se escuchan diferentes voces. Unos informan la verdad, algunos la ocultan y están quienes intentan confundir a la ciudadanía.

Otros argumentan la inseguridad jurídica existente en Argentina, para apoyar ilegalidades que en esencia implican profundizar esa inseguridad jurídica que dicen cuestionar.

Cuentan con inmensos recursos que les permiten afrontar costosas campañas, lobbistas y justificativos varios.

Me hacen recordar la época en que algunos le decían al sufrido pueblo argentino que con las privatizaciones se solucionaban todos los males del país. Así se vendió casi todo el patrimonio nacional.

Los problemas de Disco y Royal Ahold no son consecuencia del accionar de un juez que cumple con la ley vigente, sino de los actos propios de sus directivos.

No hemos escuchado decir que Royal Ahold ha sido condenada por la Justicia de Holanda a pagar la suma de U$S10.000.000 para librarse de un juicio por falsificar documentos y publicar datos incorrectos en sus libros, y en sus subsidiarias en Escandinavia, Brasil y Guatemala. Su ex presidente, Cees van der Hoeven, se encontraría procesado.

Ni que está siendo investigada en Uruguay por un juez penal por su posible vinculación con la defraudación a centenares de uruguayos por la quiebra de Velox. Y que en Argentina es investigada por la AFIP por presunta millonaria evasión de impuestos. Que han debido vender sucursales. Estos hechos, de público conocimiento, algunos los ocultan.

Tampoco manifiestan que el grupo económico que ha comprado Disco en Argentina ha sido condenado por el máximo tribunal económico de Chile a pagar una cifra millonaria por actuar en forma coercitiva y unilateral, haciendo abuso de poder dominante sobre productores y proveedores a través de Santa Isabel, luego de comprar esta empresa, precisamente, a Royal Ahold (Disco).

En Mendoza, la Cámara Federal, en reciente fallo ajustado a derecho, resolvió no hacer lugar a la solicitud de levantamiento de la medida cautelar por hecho nuevo peticionado por la quejosa, rechazando el argumento esgrimido por Disco respecto a que había sido designado un integrante más en la ilegítima Comisión de la Competencia, llevando a 3 sus miembros. La derogada Ley 22.262 requería de 5 miembros para funcionar.

Deben expresarse con firmeza temas esenciales en un Estado de derecho, terminando con la hipocresía y la pretensión de confundir a la ciudadanía, mediante expresiones que provienen de personajes y empresarios varios, que atacan al juez Acosta, quien tuvo la osadía de resolver conforme lo disponen la Constitución y la Ley 25.156.

Las resoluciones del juez federal de San Rafael y de la Cámara Federal de Mendoza se refieren a aspectos netamente jurídicos.

Estimo que los fallos también comprenden aspectos políticos, porque defienden el sistema republicano de gobierno afectado por decisiones arbitrarias del poder administrador. Que ahora aparecen apoyadas por onerosas campañas de dudoso origen.

Tratar de impedir este derecho, como pretenden algunos, es negar acceder a la Constitución.

La norma vigente dispone que en los procesos de concentración económica que superen los $200.000.000 debe intervenir el Tribunal de Defensa de la Competencia (Art. 8).

El Tribunal de Defensa de la Competencia no está constituido, a pesar de que la Ley 25.156 fue sancionada en setiembre de 1999.

La ley creó ese organismo colegiado, técnico, no político, elegido por concurso de antecedentes y oposición (Arts. 17°, 18°, 19°, 24° y concordantes), para brindar transparencia a las fusiones o concentraciones económicas.

Lo sano y correcto hubiera sido que fueran las empresas quienes solicitaran la conformación del Tribunal conforme lo dispone la Ley de Defensa de la Competencia. Esto hubiera permitido transparentar sus negocios. No apoyar la continuación de una ilegítima comisión, hecho que puede generar graves dudas.

Ninguno de los gobiernos desde 1999 cumplió con la Ley 25.156, creando el Tribunal conforme lo ordena la norma. La pregunta es: ¿por qué? ¿Para seguir controlando las grandes fusiones económicas?

Para defender esta ilegalidad se argumenta que la irregular comisión ha aprobado otras concentraciones, y que ésta interviene por decisión del poder político.

No son similares la fusión de Bimbo y Fargo, que venden pan, que no tienen incidencia nacional en otros negocios, con la concentración de dos cadenas de supermercados que tendrán cerca del 25% del poder de compra y de venta de miles de productos para el consumo masivo de toda la población del país. Y en Mendoza cerca del 70% del mercado.

Que además, junto con Carrefour, sólo dos empresas superarán el 54% del mercado a nivel nacional, con grave riesgo de continuar avanzando sobre los pequeños y medianos productores, industriales y empresarios nacionales. Y pudiendo afectar gravemente a los consumidores. ¿Qué ocurriría si en el futuro compran otros supermercados menores?

En los países desarrollados no existe tal grado de concentraciones, sobre todo si además son de capital extranjero. En Chile los supermercados extranjeros sólo tienen el 2,7% del mercado; en Estados Unidos el 5,4%; en Francia el 4%. En Argentina el 66%.

A quienes sostienen que esta operación se debe concretar lo mismo, al margen o violando la Ley 25.156, les sugiero decir toda la verdad sobre lo que es inseguridad jurídica.

Resulta increíble que a 5 años de sancionada la Ley de Defensa de la Competencia, norma de gran trascendencia económica, no se haya constituido el tribunal conforme a derecho.

Y que se sigan realizando concentraciones, cualquiera sean, en clara violación a la Ley 25.156. Mediante una comisión sin facultades legales, que no está formalmente constituida porque no tiene todos sus miembros y aplicando una ley derogada, la 22.262.

Esto revela el desmedido poder del administrador.

Es preciso terminar con las desigualdades, faltas de respeto y violación de los derechos de los ciudadanos, que conducen a la inseguridad jurídica, la impunidad y la arbitrariedad. Con el atropello a las leyes por parte de funcionarios y de poderosos grupos, que se valen de sus fuerzas para pretender negar la Constitución y las leyes de la Nación, con argumentos no ajustados a derecho.

Acompañemos a los magistrados que hacen Justicia. Que sostienen la división de poderes, para preservar la República. Poniendo racionalidad y equidad donde hoy existen las presiones de los poderosos, y las arbitrarias y cuestionadas decisiones del poder político.

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