Libertad económica es competencia

“LA NACION”
Jueves, mind 13 DE ENERO DEL 2005

OPINION

“Libertad económica es defender la competencia”

Por Edgardo Civit Evans (*)

“En LA NACION del lunes 10 de enero, order el abogado Daniel H. Lagos se refiere a expresiones mías relacionadas con la concentración de Disco y Cencosud con términos que estimo agraviantes. Preocupante dado que provienen de un profesor universitario, master en Yale y otras calidades más.

“Al intentar defender la cuestionada concentración, me imputa formular apreciaciones erróneas, que producen efecto disvalioso. Agrega que es menester dejar de lado el discurso ideológico, que constituye un anacronismo demonizar los fenómenos de concentración económica y concluye en la existencia de prejuicios ideológicos e ideologización intoxicante.

“¡Todas palabras que me traen recuerdos de autoritarismos y dictaduras pasadas!

“Por ello le solicito la publicación del presente, que tiene la misma extensión.

“Sinceramente, después de leer el artículo, creí que el abogado López se refería a otra persona, y no a mí.

“En el ánimo de defender un accionar ilegal del Poder Ejecutivo, efectúa un discurso de neto corte ideológico, más grave, o interesado, que el que pretende imputarme.

“No me conoce. Por ello comete varios errores. Increíbles dado su nivel académico. Por empezar no soy abogado. Soy un ciudadano consciente de sus derechos, que están amparados por varios artículos de la Constitución Nacional. Aunque a algunos no les agraden, como la defensa de la competencia, del usuario, de los consumidores. Jamás tuve vinculación política alguna con los sectores que pretende vincularme. Otro error.

“Responde a supuestas declaraciones mías publicadas el 21 de diciembre en LA NACION. No he podido encontrar en ese prestigioso matutino tal artículo. Quizás salieron en otro medio de difusión. Otro error.

“Como ciudadano seguiré opinando. Cuestionando las ilegalidades e inequidades. Como en la época del Proceso, y también en democracia, cuando enfrentamos la indexación, la usura, el robo a los jubilados, a los ahorristas, el vaciamiento nacional.

“No tengo prejuicios ideológicos ni demonizo sobre las concentraciones económicas en general. Si me preocupa que de ellas, como dice la ley 25.156, pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

“Cataloga mis conceptos de erróneos que producen efecto disvalioso, de ideologismo intoxicante. Supongo que no les enseñará a sus alumnos a tratar de esa manera a quienes ejercen el democrático derecho de disentir, porque no piensan como él, o no defienden los mismos intereses. Sobre todo cuando no soy el único prejuiciado y demonizante que opina de la manera que él cuestiona.

“Comparten varias de mis opiniones prestigiosos profesionales del derecho; integrantes del Senado de la Nación que han efectuado pedidos de informes e interpelaciones; la Legislatura de Mendoza; la subsecretaria de Defensa de la Competencia; el Defensor del Pueblo de la Nación; las 935 asociaciones de industriales y comerciantes que integran la CAME; cámaras de productores, y muchas otras personalidades de todo el país. Sería largo nombrarlos a todos.

“Conceptos que son ratificados por importantes sentencias de un juez federal, y el voto unánime de una Cámara Federal. Que no son la Justicia Federal mendocina como irónicamente el abogado López la denomina, sino la Justicia Federal de la Nación Argentina.

“Demuestra el profesional que no conoce lo que se peticiona en las acciones de amparo promovidas por la Asociación Ruralista de General Alvear, y por la entidad que presido, con el asesoramiento de prestigiosos profesionales.

“Sostenemos que resulta incomprensible que a 5 años de sancionada la ley 25.156 de defensa de la competencia, los sucesivos Gobiernos, no hayan creado el Tribunal, como lo dispone la norma. Lo mismo que afirma el abogado López en la última parte de su contradictorio artículo. Y es lo mismo que opinan los magistrados.

“Estimo que ningún honesto tribunal de justicia del mundo, podría sentenciar de otra manera, ante los claros textos de la Constitución Nacional y de la ley de defensa de la competencia.

“¿Por qué afirmamos que la comisión es ilegítima? Porque la derogada ley 22.262 no le confería facultades para tratar concentraciones; porque no tiene la cantidad de miembros que establecía la norma; porque ha llegado a funcionar con dos personas (palabras de su presidente, el doctor Melis en el Senado de la Nación); porque no es autárquica; porque es designada y responde a directivas del poder político; porque está vigente la ley 25.156, que sólo le dio facultades transitorias a esa comisión. Han pasado 5 años de transitoriedad. Muy poco serio.

“La norma (artículo 3) dispone que están sometidas a ella todas las personas físicas o jurídicas. De modo especial cuando las fusiones o concentraciones superen los $ 200.000.000 (artículo 8), que deberán ser notificadas al Tribunal de Defensa de la Competencia. La exclusiva competencia del tribunal se amplía en el artículo 11.

“Todo el capítulo IV, de la ley 25.156, compuesto por ocho artículos, está dedicado a la autoridad de aplicación, que es el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Crea un registro en el cual deberán inscribirse las operaciones de concentración económica previstas en el capítulo III . En el capítulo V, artículo 25, formula su presupuesto, lo que ratifica su autarquía.

“Son de fundamental importancia los artículos 17, 18, 19 y 20, que disponen que los miembros del Tribunal serán designados previo concurso público de antecedentes y oposición, por un importante jurado.

“El Tribunal estará integrado por 7 miembros con suficientes antecedentes e idoneidad para el cargo, debiendo ser por lo menos dos abogados y dos profesionales en ciencias económicas, todos con más de 5 años de antigüedad en la profesión. Sólo podrán ser removidos por un jurado de similar nivel al que los designó.

“Al debate serio y racional que menciona el abogado López, le respondo con la Ley 25.156 y sus Antecedentes, y la sentencia de los integrantes de la Cámara Federal Nacional, que tienen más jerarquía legal, jurídica y técnica.

“Ni la ley, ni los magistrados hacen discurso ideológico.

“El artículo 17 dispone: Créase el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia como organismo autárquico….

“Esto es merituado por la Cámara Federal Nacional que sostiene en su sentencia: Este aspecto fue especialmente valorado por el Congreso de la Nación al tratar la ley 25.156, señalándose que: …la norma crea el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, organismo de carácter autárquico que se diferencia de la actual Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es un organismo que funciona en el ámbito de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación. Esta es una diferencia clave y central: la independencia del poder político, o sea del Poder Ejecutivo, de la autoridad de aplicación que va a llevar adelante una norma de la importancia y la trascendencia que tiene ésta, con el objetivo justamente de controlar el accionar de los monopolios y de los grandes grupos económicos en la economía argentina. Por eso, al igual que en los países de avanzada en la materia, como es el caso de los Estados Unidos y los países de Europa, se prevé un organismo absolutamente autárquico, que está compuesto por 7 miembros, nombrados por concurso público, y a través de un jurado, y que duran 6 años en sus mandatos, independientemente de los cambios de gobierno que puedan ocurrir.”

“Concluye la Cámara Federal de la Nación: “En verdad, lo que se observa claramente- a la altura de este proceso y con las constancias acompañadas- es la injustificada e inexplicable omisión del Poder Ejecutivo Nacional en la puesta en marcha del TNDC, cuando ya han transcurrido más de cinco años desde su creación legal (ley 25.156), y si el órgano que garantiza el cumplimiento y la aplicación de la ley no existe, ¿la defensa de la competencia, no se encuentra diezmada o amenazada? (Fs. 362 del Expte. 74.689 “Belmonte, Manuel y Asoc. Ruralista de Gral. Alvear, Mza. I/ Acción de Amparo c/ Estado Nacional – PEN – Min. Econ. y Prod. – Sec. Coord. Tec. – Com. Nac. De Defensa de la Competencia).”

“La ley 25.156 es un todo. El Tribunal nacional de defensa de la competencia aparece en casi todos sus artículos. Es su basamento.

“El tribunal es un organismo autárquico, técnico, no político, de 7 miembros elegidos por concurso, no dependiente de un funcionario de turno. Esta es la diferencia esencial con la comisión.

“Sin el tribunal autárquico funcionando la ley pierde sentido.

“El abogado López, en sus contradicciones, nos concede la razón. Afirma que los legisladores establecieron un régimen transitorio durante el cual intervendría la comisión, hasta que se designe el tribunal.

“No olvidamos varios aspectos esenciales: 1) que en el mismo artículo 58 se deroga la ley 22.262 que creara la comisión, y que obliga a la Comisión a girar al Tribunal todas las causas que tenga bajo tratamiento. 3) Que el artículo 59 deroga toda atribución de competencia relacionada con el objeto y finalidad de la ley 25.156 otorgada a otros organismos o entes estatales.

“El artículo 60 dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará la norma en el término de 120 días computados desde su publicación.

“Han pasado mas de 5 años y el Tribunal nacional de defensa de la competencia no ha sido creado como dispone la ley 25.156.

“Esto no es ideologización intoxicante. No se cumple con la Ley. Basta de expresiones grandilocuentes para sostener una ilegitimidad.

“El régimen transitorio creado por la norma, y consecuentemente la comisión (que sigue aprobando fusiones), se han transformado en permanentes. Como muy bien manifiesta la Cámara Federal Nacional, resulta inexplicable e injustificado que a 5 años no esté creado el tribunal.

“Ratifico que considero a la comisión como ilegítima, contraria al espíritu del legislador y al claro y terminante texto de la ley 25.156 de defensa de la competencia. Más aún: estimo que deberían revisarse todos sus actos. Aunque a algunos interesados les moleste.

“Nuestro accionar siempre estuvo orientado a que el Poder Ejecutivo creara el tribunal conforme lo dispone la ley. Nuestras acciones de amparo fueron dirigidas hacia el Gobierno, no a las empresas. Afirmar otra cosa revela desconocimiento, o no haber leído nuestras presentaciones. Que la concentración Cencosud – Royal Ahold no es común, y la ponemos como ejemplo. Sin duda.

“Si el Gobierno hubiera creado el tribunal de defensa de la competencia cuando correspondía (hace 5 años); o en el mes de abril, cuando nos presentamos ante la Justicia; o inmediatamente después; no estaríamos debatiendo con el abogado López sobre la legitimidad de la comisión. Y el tema estaría resuelto.

“Hubiera sido más rápido y transparente que tanto las empresas, como sus profesionales, nos ayudaran a producir que desde el Gobierno se realizaran los actos tendientes a cumplir con la Constitución y la ley 25.156.

“Con el tribunal nacional de defensa de la competencia funcionando, nadie en este caso, podría hablar de inseguridad jurídica. Ni emitir términos que tiendan a descalificar a quienes estamos pidiendo que se cumplan las normas vigentes para que impere el estado de derecho. Una obligación en una verdadera República.”

(*) El autor es presidente de Unidevi y ex candidato a gobernador de Mendoza

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