“Los tiempos de la Justicia”

DIARIO “UNO”

3 NOVIEMBRE 2008

Opinión

“Los tiempos que tiene la Justicia”.

La cifra de causas existentes en los tribunales locales, decease que supera el millón, sovaldi sale habla de la gran litigiosidad de nuestra sociedad. Un sistema sin beneficiados.

Edgardo Civit Evans
Presidente de Unidevi

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, ha denunciado la inmensa cantidad de causas que abarrotan los tribunales en Mendoza (superarían 1.200.000). En algunos casos están colapsados, resultándoles casi imposible cumplir términos procesales.

Esa cifra acredita el tremendo grado de litigiosidad existente en la sociedad.

Considerando que Mendoza tiene 1.800.000 habitantes, si restamos los menores, concluimos que, promedio, todos los mendocinos tienen una o más causas en la Justicia.

Adicionando las radicadas en la Justicia federal, nos colocan en los primeros lugares en el mundo en la relación habitantes-causas judiciales.

Basta saber que a los tribunales tributarios ingresan cerca de 32.000 causas por mes para cinco juzgados. Provienen del Estado (Rentas y otros). Muchas son causas prescriptas, propiedades dadas de baja, vendidas, etcétera, pero se inician nuevos juicios.

Nadie se beneficia con este problema. Pierden los que acuden peticionando justicia y ven demoradas sus demandas; pierden los jueces, pierden los abogados, pierden los empleados. Pierde el Estado por los mayores gastos.

En la causa laboral Nº 031 “Bazán c/ Intal p/ ordinario” el actor cobró el dinero que le correspondía 18 años después de iniciada la demanda.

Juicios civiles y laborales demoran promedio cuatro, cinco o más años.

Los tiempos de la Justicia no van unidos a los tiempos de quienes demandan por sus legítimos derechos.

La falla está en el sistema. En la falta de infraestructura, de personal, y/o en su distribución. Resulta lamentable ver empleados buscando expedientes depositados sobre mesas, sillas y en el suelo. Buena parte de jueces y empleados hacen lo que pueden.

Personalmente he padecido que un profesional pretenda cobrar indebidamente honorarios no pactados. Amparándose en el derecho de defensa, demoró 30 meses el cobro de montos que me correspondían. Efectuó seis presentaciones (nulidad, recursos de reposición, de revocatoria, in extremis, extraordinario, etcétera) ante la Cámara y la Suprema Corte de Justicia. La fiscal, la Cámara Laboral y la Suprema Corte rechazaron sus reiteradas pretensiones no ajustadas a derecho.

¿Quién paga los enormes gastos que generan estas acciones? Los ciudadanos mediante impuestos.

¿Y los daños y perjuicios? ¿Hay que hacer otras interminables demandas?

En otras profesiones (médicos por mala praxis; ingenieros y arquitectos por vicios, etcétera) se responsabiliza a quienes actúan en forma incorrecta; ¿no deberían hacerse cargo los malos profesionales y magistrados de los gastos y daños que ocasionan al Estado y a particulares por malas sentencias y demandas sin sentido?

Una misma demanda fue presentada tres veces, con tan mala suerte que resultó sorteado el mismo tribunal, ello permitió advertir la maniobra. Se presentan similares acciones en sede laboral y civil. Así se duplican o triplican las causas.

En un caso, la designación de un perito, su dictamen y la aprobación del mismo demoraron la causa un año.

Una empresa, con el fin de disminuir o evadir el pago de Impuesto a las Ganancias frente a excesivas utilidades, se hace demandar por numerosos empleados.

Quienes carecen de incapacidad física laboral demandan por si pasa. Varios pagan.

Es necesario adoptar urgentes medidas. Sin ser abogado pero teniendo en cuenta lo que hacen otros países, y experiencias personales, estimo que podrían modificarse los códigos procesales para abreviar determinados plazos. Cambiar sistemas, propiciando más la conciliación que el litigio.

Podría existir otra forma de identificar los expedientes (por número de documento del actor, por ejemplo) para evitar la presentación de demandas por una misma razón en diferentes tribunales.

Se podría incluir la mediación previa en todos los juicios, que ha dado buen resultado en materia de familia. Otra alternativa consistiría en reducir en las cuestiones de pleno derecho las posibilidades de apelar o recurrir.

En los tribunales tributarios se podrían exigir elementos actualizados que acrediten el derecho del demandante.

Estas pocas ideas tienden a mejorar el funcionamiento del poder más trascendental en una república: el Judicial.

De ningún modo se pretende coartar el derecho de legítima defensa que consagra el artículo 18º de la Constitución nacional. Menos aún la posibilidad de recurrir.

Pero no todo reclamo es legítimo, justo, o atendible.

Hay cuestiones que son tan evidentes que no admiten un eterno e intolerable tramiterío judicial. Debería primar la ética sobre insostenibles argumentos sin fundamentos jurídicos.

Procesos iniciados por jubilados no han concluido y los actores han fallecido.

“Justicia tardía no es justicia”

Análisis especial merecen ciertos magistrados. Una cámara penal de Buenos Aires dejó en libertad condicional a quien asesinó con 113 puñaladas a su joven ex novia. Las pericias psiquiátricas y el personal de Penitenciaría acreditaban que no podía salir en libertad por haber generado dos intentos de asesinato en la cárcel. Para pensar.

El juez Daniel Petrone, a pesar de todas las constancias que son de dominio público y que acreditan la presencia y participación de Claudio Uberti (quien tuvo que renunciar al cargo) en el famoso vuelo junto con Antonini Wilson, acaba de dictarle “falta de mérito”. No se puede creer.

La increíble Corte nacional

El peor ejemplo lo brinda la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la acción de amparo, vía rápida y expedita (artículo 43 de la Constitución nacional) que demoró cuatro años, relacionada con monopolios en que se requería el cumplimiento de la Constitución, de los códigos Penal y Procesal Penal, y de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia, luego de 21 resoluciones ajustadas a derecho del juez de Primera Instancia y de la Cámara Federal, más 7 sentencias de la propia Corte, el máximo tribunal revoca lo resuelto 9 meses antes y dicta una arbitraria, preclusoria, arbitraria e ilegal sentencia, absolutamente contraria a su jurisprudencia, incluso en la misma causa, en el mismo expediente y los mismos actores.

Condena en costas a quienes solicitaban el cumplimiento de la Constitución y la ley. Una aberración digna del Libro de Guinnes.

Este caso, ilustrativo de la inseguridad jurídica existente, no reconoce precedentes a nivel mundial. Sobre todo por tratarse del máximo tribunal de Justicia de la Nación.

Sin una Justicia realmente independiente, que ejerza el control de los restantes poderes aplicando la Constitución y las leyes, es difícil, por no decir imposible, que funcionen las instituciones republicanas. Y que el ciudadano aportante al erario público reciba justicia en tiempo y forma.

Quienes conocen la problemática judicial deben actuar de inmediato. Esta gravísima situación obliga a que el poder político, los magistrados, los legisladores, el colegio de profesionales, los trabajadores judiciales, estudien urgentemente alternativas de solución, que, como sostenía Aristóteles, deben basarse en la moral, teniendo como destinatarios a quienes buscan justicia.

Sólo así lograremos un razonable nivel de convivencia en paz y armonía, razón de ser del Estado.

Colapsados. Los tribunales de nuestra provincia tienen miles de causas en espera de una resolución.

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