Créditos: sin ninguna solución legal

DIARIO “UNO” de Mendoza
Martes, seek 24 de Octubre de 2006

OPINION

LA TEORIA DEL “ESFUERZO COMPARTIDO”

El autor reflexiona sobre la historia de los créditos hipotecarios impagos y critica las soluciones que se pretende dar al tema. Ve que no existe decisión política.

Edgardo Civit Evans
Presidente de Unidevi

Algunos legisladores nacionales del oficialista Frente para la Victoria en una reunión plenaria de Comisiones del Senado han intentado aplicar la “teoría del esfuerzo compartido” con relación a las deudas hipotecarias que miles de familias tienen con diversas entidades financieras, o con prestamistas a través de los llamados “créditos de escribanías”.

No realizaré un desarrollo histórico de la situación padecida por millones de familias argentinas como consecuencia de las erróneas decisiones políticas y económicas llevadas a cabo por sucesivos gobiernos y ratificadas por quienes nos deberían representar,los integrantes del Congreso de la Nación.

Estoy avalado por el lamentable hecho de que hay más de 3.500.000 Argentinos que padecen hambre.

El Congreso sancionó, a propuesta del Ejecutivo, la Ley 25.798 creando un “Sistema de Refinanciación Hipotecaria” mediante el cual un fideicomiso toma las deudas hipotecarias, siendo el Banco de la Nación Argentina el fiduciario del mismo.

La norma dejó librada a la voluntad de los acreedores bancarios la incorporación de los deudores a dicho sistema.

La casi totalidad de los bancos no optaron por tal incorporación y plantearon judicialmente sus divergencias con la normativa, continuando con las causas judiciales y los remates de viviendas.

Más grave aún.

El Banco de la Nación Argentina, luego de aceptar incorporar deudores al fideicomiso, ante el reclamo de los acreedores dejó fuera en forma unilateral y extemporánea a quienes poco tiempo antes había incorporado (caso Edgardo Fradusco en Mendoza).

El principal incumplidor de la norma ha sido el propio Estado.

Creado el fideicomiso, que por supuesto tiene sus autoridades, asesores, empleados y demás, la pregunta es: de los miles de deudores que se presentaron: ¿cuántos han sido incorporados al fideicomiso?

¿Cuántos causas judiciales y remates se han parado? Según algunos no llegan a 1.200, o sea el 3% del total. ¿No saldrá más caro mantener este fideicomiso que solucionar el problema de los deudores hipotecarios?

Resalto que en sentencias judiciales algunos magistrados manifiestan que la aceptación de los deudores en el fideicomiso se solucionaría mediante una decisión política de las autoridades del Ministerio de Economía, del Banco de la Nación y del Fideicomiso, siendo por tanto materia no judiciable.

La Ley Nº 25.908 que modifica la Ley Nº 25.798 aclara que quienes deben entender y resolver en caso de incumplimiento u omisión por parte del fiduciario son los jueces que llevan las causas de la ejecución.

Estos principios contrapuestos de las normas, no sólo demorarían las causas, judicializando un problema político, sino que perjudican a familias argentinas.

Resulta lamentable que la culpa de la no incorporación de deudores no sea sólo de la mala redacción de la ley y de los bancos, sino de quienes teniendo la decisión política –el Poder Ejecutivo– no la aplican como correspondería.

Ante el rotundo fracaso de esta norma, se dispuso una nueva prórroga de la suspensión de remates, tirando otra vez el problema para adelante.

Reunidas en el Senado las diversas comisiones, sin la participación de organizaciones que representan a los deudores, se escuchó sólo la voz oficialista y el reclamo de algunos legisladores de la oposición (de la verdadera no de la cooptada).

Un senador del Frente para la Victoria, Nicolás Fernández, coincidió con el senador Capitanich respecto de aplicar a los deudores la “teoría del esfuerzo compartido”.

Les recuerdo a los legisladores que el Congreso ha sancionado normas como la Ley 23.370 mediante la cual se reestructuraron los saldos de las deudas por créditos hipotecarios como consecuencia de la aplicación de normas indexatorias, altas tasas de interés, capitalizaciones y otros inventos financieros que rigieron durante la época del proceso militar, como fueron las R. F. 8, 12, 202, 687 y la famosa Circular 1.050, entre otras.

El actual Congreso de la Nación no sólo no ha solucionado el problema generado como consecuencia de políticas aplicadas por varios gobiernos y ratificadas por el Congreso, sino que ha sancionado leyes como la derogación de la ley de subversión económica que permitió la fuga de muchos sospechados; los “superpoderes”; y la 25.798, que los mismos senadores reconocen que no se aplica y que es cuestionada por algunos jueces dada su dudosa redacción.

Ninguna norma del actual gobierno ha intentado brindar una solución seria y definitiva al problema de los deudores hipotecarios que fueron castigados con políticas económicas que los sumieron en el hambre, la desesperación y la posibilidad de perder su vivienda.

Mientras precios e insumos se multiplicaban por tres, los salarios en el mismo período sólo crecieron el 120%, representando una pérdida del poder adquisitivo cercana al 200%.

Con hipocresía algunos hablan de soluciones que no existen, y de un “esfuerzo compartido” que no aplicaron con los acreedores financieros a los que beneficiaron mediante compensaciones, reconocimientos de asimetrías y otras bondades más por miles de millones de dólares, que por supuesto pagamos todos los argentinos.

Este diferente trato entre acreedores ricos compensados, y deudores pobres indexados, que son familias argentinas que deben aportar su nuevo “esfuerzo”, después de padecer indexaciones, tasas usurarias, capitalizaciones, coeficientes de actualización, plantea una tremenda discriminación inaceptable por nuestra Constitución que establece la igualdad de todos los habitantes.

Y no que por una ley que intentaría ¿ayudar? a algunos deudores hipotecarios, elegidos arbitraria y políticamente a dedo, no incluyendo caprichosamente a quienes dejaron de pagar un lunes e incorporando a quienes dejaron de pagar el martes.

La solución es que el Congreso sancione una ley que contemple la situación de todos los deudores, pre y posconvertibilidad, por cuanto todos han sido castigados y sometidos.

Esta ley deberá ser obligatoria, no optativa, y de orden público. La crisis no comenzó en el 2001, sino mucho antes.

Así se hizo antes en Argentina, y en otros países del mundo, para solucionar problemas similares.

Para que los bancos no ¿pierdan? debería aplicarse el mismo sistema de la Ley 23.370, tasa pasiva retroactiva (la que perciben los bancos) sin ningún tipo de intereses, indexaciones ni capitalizaciones.

Obtenido el nuevo saldo deudor, si quedara deuda porque considero que muchos estarían cancelados, se abonarán cuotas que no superen el 20% del ingreso en un plazo fijo y determinado.

Esta es una alternativa de solución, aunque puedan existir otras, tal vez mejores. Pero esta es de difícil cuestionamiento, por cuanto ya se ha aplicado con excelentes resultados.

Las propuestas oficialistas, hasta ahora, son más de lo mismo. Porque no se cuestiona ni se reestructuran los inflados y exorbitantes saldos de deudas, hecho que constituye una convalidación de un sistema que durante años ha privilegiado el usurario sistema aplicado contra los intereses de las familias y empresas argentinas.

Actuar en este sentido ayudará a la paz social.

Salvo que algunos pretendan seguir rematando y lucrando como en la época del proceso, que les sirvió para enriquecerse a costa de la gente.

Aun cuando en forma pública declaman un sentido solidario del cual hasta ahora no han dado muestras.

Be Sociable, Share!


Deje su Comentario