Cuestiono pago “Bono Aconcagua”

DIARIO “UNO”
Martes, order 23 de marzo de 2004

Opinión

“Sobre el pago del Bono Aconcagua”

Señor Director:

En los primeros días del mes de febrero el gobernador Julio Cobos me concedió una audiencia para dialogar sobre el Bono Aconcagua.

Durante la reunión le entregué una nota con varios antecedentes (publicada por Diario UNO, levitra 28-02-04) donde argumentaba por qué no era conveniente para la provincia pagar el 100% de los intereses semestrales del bono, troche U$S 12.500.000, que vencían el 4 de marzo.

Expuse que tampoco resultaba beneficioso para Mendoza contratar una consultora vinculada a los intereses acreedores de la Nación, que percibiría entre U$S 1.000.000 y U$S 1.500.000 por servicios de “asesoramiento”.

Me pregunto si en Mendoza no hay destacados profesionales, el Mercado de Valores, universidades, con sus Facultades de Ciencias Económicas, el colegio respectivo, funcionarios de Hacienda y Economía, etcétera, que puedan “asesorar” eficientemente al Gobierno.

Le expresé que existían otras alternativas, como las negociaciones que estaba efectuando la Nación tendientes a la reestructuración de la deuda con bonos, con quitas de capital e intereses. O que los mendocinos compráramos el bono para cancelar deudas con la Provincia.

Y más. Argumenté que Mendoza estaba pagando tasas del 10% anual cuando en el mundo no superaban el 2%, y en créditos a largo plazo el 4%, agregando que nuestra provincia está en situación muy favorable para reclamar otras condiciones dado que ha cumplido durante 7 años, abonando tasas más altas que las internacionales.

Sólo restan 3 años para cancelar la deuda.

Le resalté el grave problema que podría acarrear aceptar la prórroga de competencia a favor de tribunales extranjeros. Cabe suponer que en caso de divergencias, dictarán sentencias en contra de nuestros intereses.

Como corolario, solicité un debate para tratar un tema tan preocupante para los mendocinos y reflexionaba si Mendoza está fuera de la Nación Argentina.

El gobierno de Mendoza decidió solicitar a la Legislatura autorización para aceptar la competencia de tribunales radicados en el exterior. Esta se la concedió, a pesar del voto negativo de muchos senadores.

El día 2 de marzo, antes del vencimiento del plazo para pagar, el gobierno cancela los U$S 12.500.000, y paralelamente decide contratar el “asesoramiento” de la banca J.P. Morgan, en las condiciones que son de público conocimiento.

Todo lo contrario de lo sugerido.

Dos días más tarde, el Ministerio de Hacienda dispone una reprogramación financiera, que en la práctica implica una reducción de partidas del presupuesto de $ 61.000.000, que afectan a la construcción de viviendas y a los principales servicios públicos.

Se adujo que no se había firmado el Programa de Financiamiento Ordenado (PFO) con la Nación.

Si no estaba seguro ese convenio y el dinero de la Nación, ¿para qué se pagaron anticipadamente el 100% de los intereses del Bono con recursos provenientes de la recaudación provincial?

En diciembre del 2001 el gobierno nacional anuncia que Argentina está en cesación de pagos, lo que concreta técnicamente en enero del 2002, dándole marco legal mediante la Resolución Nº 73/2002 del Ministerio de Economía del 25 de abril, que dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública hasta el mes de diciembre del 2002, o hasta que se complete la refinanciación total de la misma.

Por otra parte, mediante la Ley Nacional Nº 25.565, artículo 6º, se dispuso que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, llevaría a cabo las gestiones para obtener la reestructuración de toda la deuda pública, en razón de lo dispuesto por el artículo 65º de la Ley Nº 24.156, con el objeto de adecuar los servicios a las reales posibilidades de pago del estado nacional.

Argentina inicia un proceso de negociaciones tendientes a lograr una reducción entre capital e intereses, que el presidente ha estimado para el caso de los bonos del orden del 75%, que resulta del monto que el país puede pagar sin más miseria, hambre y pobreza de sus habitantes, y de considerar intereses y condiciones razonables.

Después de dos años de entrar en cesación de pagos, son pocos los fondos extranjeros que han iniciado acciones legales contra Argentina, a pesar de que en algunos casos tienen sentencia en primera y segunda instancia favorable, aún no se afectan derechos argentinos.

La mayoría de los acreedores han expresado que están dispuestos a aceptar condiciones diferentes a las pactadas originariamente.

Para continuar justificando el pago de la delictiva, ilegítima y usuraria deuda externa, algunos insisten en el eslogan: “Se deben honrar los compromisos”.

Sostengo que sólo deben honrarse las deudas legítimas, las razonables, no las que provienen de delitos y fraudes cometidos por unos pocos que se han enriquecido a costa de millones de argentinos. Y de la Nación.

En la denuncia formulada hace 20 años por el doctor Alejandro Olmos, respecto de la investigación de la deuda externa, se acreditaron ante la Justicia la existencia de más de 477 delitos e irregularidades sólo en YPF, empresa a la que fraudulentamente se le generó una deuda de U$S 6.000.000.000, sin que a la misma ingresara un solo dólar.

Se endeudó a YPF para, posteriormente, venderla por menor valor del real.

Se demostraron cerca de 700 delitos cometidos en la gestión de la deuda, que hoy alcanza los U$S 192.000.000.000.

A pesar que se conoce el cobro de millonarias comisiones por funcionarios argentinos, no hay nadie preso.

Es necesario que el gobierno de Mendoza brinde a los mendocinos la posibilidad de participar de un debate en el cual se explique a la ciudadanía por qué decidió pagar el 100% de los intereses del Bono Aconcagua, antes de su plazo de vencimiento y contratar a J.P. Morgan para que lo “asesore”.

Ello con el ánimo que sobre la deuda no se generen más sospechas. Argentina está técnicamente en cesación de pagos desde hace 2 años.

Desde el exterior, ¿alguien puede considerar a Mendoza como que está fuera de la Nación? ¿Cuál ha sido el beneficio de pagar antes, renunciando al derecho de 30 días para negociar, plazo que vence el 4 de abril?

¿Cuál es el motivo que lleva al gobierno de Mendoza a no acompañar a la Nación en la reestructuración de la deuda Argentina, especialmente bonos, pagando el 100% de los intereses?

¿Cuáles han sido las razones que justifiquen abonar intereses del 10% anual, cuando se pudieron obtener disminuciones sobre la base de las tasas existentes hoy en el mundo, que oscilan entre el 1,89% y el 4%?

Se trata, como mínimo, de una diferencia entre U$S 7.000.000 y U$S 9.000.000, sólo en este pago.

No podrá argumentar el gobernador de Mendoza que desconocía estas situaciones por cuanto se las informé, 30 días antes, en forma personal y por escrito.

Competencia extranjera “Delegación de soberanía.

El Juez Jorge Ballestero, en la causa Nº 14.467, Olmos, Alejandro s/denuncia de la deuda externa”, en los considerandos de la resolución expresa que se instrumentó “una política económica vulgar y agraviante, que puso de rodillas el país”, a través de maniobras que “tendían a beneficiar y sostener empresas y negocios privados, nacionales y extranjeros, en desmedro de sociedades y empresas del Estado, que a través de una política dirigida se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas”.

Entre los principales hechos que generaron daño al país, sostuvo el juez que “se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales”. Por aquellos motivos, los ex jueces, doctores Duhalde y Cruciani, consideraron a los autores de ese endeudamiento como “infames traidores a la Patria”.

¿Qué explicación nos brindarán a los mendocinos cuando el gobierno de Mendoza ha comunicado que ha aceptado prorrogar la competencia a favor de jueces extranjeros, como se hiciera durante el proceso militar y los gobiernos de Alfonsín, Menem y De la Rúa?

Los mendocinos quedamos a la espera de un amplio y democrático debate sobre un tema de trascendental importancia dado que, por tratarse de más de U$S. 300.000.000, nos afecta a todos.

“Es un tema demasiado grave para que sólo sea responsabilidad de un grupo de personas, un partido o un hombre”, sostuve.

Analizar y debatir la deuda en forma pública es una obligación republicana y participativa de la democracia.

Lo contrario, el silencio, forma parte del autoritarismo con que nos gobiernan desde hace años.

Edgardo Civit Evans

Asesor económico financiero, mediador
ex candidato a gobernador

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