El fallo de la Corte es nulo por ilegal

“POLITICA Y DESARROLLO”
“ARGENTINA GROUPS” y otros
Agosto del 2008

“SIN SEGURIDAD JURIDICA NO HAY NINGUNA SEGURIDAD”

CONFERENCIA DE PRENSA CELEBRADA EN MENDOZA SOBRE EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EL CASO

Se trata de una acción de amparo promovida en abril del 2004 en la que Manuel Belmonte y la Asociación Ruralista de General Alvear solicitan el cumplimiento de la Ley 25.156 que ordena la creación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, tadalafil que a 8 años de sancionada la Ley, view no ha sido constituido.

En subsidio, se solicitaba la formación de acuerdo a la Ley 22.262 de la Comisión que tiene funciones “interinas” desde hace 8 años y que llegó a funcionar con sólo dos miembros al momento de incoarse la acciñon de amparo.

Edgardo Civit Evans afirmó que en caso que esta grosera violación de principios Constitucionales y de leyes vigentes y el dictado de una sentencia opuesta a otra en la misma causa no sea revocada, acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Internacional de Justicia, porque casos como éste no se si suceden en países menos desarrollados que Argentina, donde al menos se respetan ciertos códigos.

La arbitraria sentencia ratifica lo que el Gobierno hizo mal, o no hizo;  no condena que se incumplan la Constitución y la Ley;  y convalida un ilegal funcionamiento de un órgano de control.

Por ello, pareciera (sin pensar mal) que la redacción hubiera sido hecha a sugerencia de los grandes grupos denunciados, o  por Guillermo Moreno.

“Desde hace 4 años sostengo que los monopolios en el mercadeo alimentario generan inflación. En el mundo son severamente controlados y penalizados sus abusos. En Argentina son premiados y condecorados sus directivos.”

Hago la salvedad de los 3 Ministros de la Corte que no firmaron la cuestionada sentencia, los doctores Carmen Argibay, Zaffaroni y Fayt.

Manifestó que el viernes se presentó “RECURSO POR SENTENCIA ARBITRARIA” en  la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra una resolución que violenta: elementales derechos consagrados en la Constitución Nacional; Tratados Internacionales; la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia; el Código Procesal Penal de la Nación (supletorio de la norma); la derogada Ley 22.262, y otras normas.

LA SENTENCIA DEL 16 DE ABRIL DEL 2008 resuelve sobre cuestiones no planteadas en la acción de Amparo y no considera la abundante prueba ofrecida que acredita la razonabilidad y lo ajustado a derecho de la acción de amparo.

Es arbitraria y contradictoria.

SE CONTRADICE CON EL FALLO DEFINITIVO DICTADO EN LA MISMA CAUSA, CON LOS MISMOS ACTORES, POR LOS MISMOS MOTIVOS, CON FECHA 3 DE JULIO DEL 2007, CON EL VOTO PREVIO DE LA DOCTORA CARMEN ARGIBAY.

Contradice las 21 Resoluciones emanadas del Juez Federal de 1ra. Instancia de San Rafael y la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, fundadas en Derecho, en sobrada Jurisprudencia de la propia Corte Suprema  y en Doctrina.

La sentencia NO se compatibiliza con los fundamentos de la misma (incongruencia).

Resuelve sobre cuestiones ya firmes no respetando el principio de preclusión procesal.

No se ajusta a Derecho, a la propia Jurisprudencia de la Corte ni a Doctrina citada en el expediente.

La Corte Suprema puede aceptar o no las opiniones de la Procuración. En este caso, primero dice que las hace suyas y luego las modifica.

La Corte y la Doctrina sostienen que las sentencias arbitrarias deben ser dejadas sin efecto cuando se apartan del derecho; menoscaban la garantía del debido proceso; CUANDO NO AFIANZAN LA JUSTICIA o padecen de errores y omisiones de gravedad que los invalidan; cuando hay incongruencia o son contradictorias; de modo especial, cuando se encuentra comprometido el orden público.

En este caso no se ha decidido sobre cuestiones planteadas; se ha prescindido de la ley sin justificativo alguno; se han aplicado normas no que no se compadecen con el caso; se ha OBVIADO prueba decisiva; incurre en autocontradicción porque contiene incoherencias que la tornan jurídicamente incomprensible, violentando la armonía que debe mediar entre los fundamentos y lo decidido y es contradictoria porque existe un fallo que sienta dos bases incompatibles entre sí.

Todas estas razones NULIFICAN LA SENTENCIA.

En fallos anteriores, la C. S. J. N. ha considerado que existe sentencia arbitraria antipreclusoria vulnerante del derecho de propiedad cuando se revoca una sentencia firme, aunque se invoque error y cuando un fallo anuló una actuación que se hallaba firme fundada en el error incurrido en el trámite, por considerarlos violatorios del derecho de propiedad consagrado en el Art. 18º de la Constitución.

LA CORTE NO SENTENCIA SOBRE LO PETICIONADO EN LA ACCION DE AMPARO.

ESTO ES sobre LA CONSTITUCION CONFORME A LA LEY 25.156 DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, Y EN SUBSIDIO LA CONFORMACION DE LA COMISION CON TODOS SUS MIEMBROS COMO ORDENA LA LEY 22.262, SINO SOBRE ASPECTOS NO PLANTEADOS EN LA CAUSA.

La SENTENCIA NO contempla los derechos CONSTITUCIONALES de los usuarios y consumidores, la defensa de la competencia; la incidencia económica y la posible afectación al interés general.

La Corte Suprema de Justicia le da la razón a quienes no pidieron el cumplimiento de principios Constitucionales ni de la Ley de Defensa de la Competencia. Ni siquiera de la derogada Ley 22.262.

No tiene en cuenta las disposiciones del Código Procesal Penal de aplicación supletoria obligatoria.

En una REPUBLICA, contrariamente a lo sostenido por la Procuradora Fiscal, el control de LEGALIDAD de los actos de Gobierno lo ejerce el Poder Judicial.

¿Estamos en una REPUBLICA donde debe existir la división y control de poderes o ante un autoritarismo en el cual hasta los órganos de control pueden hacer lo que quieran?

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación NO se ajusta a lo que disponen las Leyes 25.156 y 22.262 y a la obligación de aplicar supletoriamente el Código Procesal Penal.

CONSTITUCION DEL TRIBUNAL

En la causa se demandó al Estado Nacional por no cumplir con la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia que le ordena conformar el Tribunal Nacional, cosa que a 8 años de sancionada la Ley no ha hecho.


El Poder Ejecutivo al omitir con manifiesta ilegalidad constituir el Tribunal de Defensa de la Competencia, incumple la voluntad del legislador y el deber legal dispuesto en la L. D. C. Nº 25.156.

Se trata de una INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION porque se antepone la voluntad de la Administración por sobre la voluntad de la Ley sancionada por el Congreso de la Nación.

Esta circunstancia afecta los derechos de la competencia y de los consumidores, usuarios y productores, porque nos vemos privados del organismo técnico e independiente previsto en la LDC. 25.156 para la protección de la competencia, tal como manda la Constitución Nacional.

CONFORMACION DE LA COMISION

Como no se ha conformado el Tribunal, en su lugar, “TRANSITORIAMENTE DESDE HACE 8 AÑOS”, continúa funcionando una DEROGADA Comisión que debería contar con 5 miembros.

Para fundamentar su sentencia, erróneamente la Corte Suprema sostiene que la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza pretende imponerle a la Comisión un número para sesionar ya que debe conformarse con 5 miembros.

Esto NO ES ASI. Es la Ley 22.262 que ordena: “Artículo 7º: “La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia estará  integrada por un (1) presidente y cuatro (4) vocales, designados por el Ministerio de Economía. El presidente será uno de los Subsecretarios de la Secretaría de Estado de Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales. Los vocales durarán cuatro (4) en sus funciones, pudiendo ser renovada su designación.”

La Ley NO PERMITE QUE FALTE EL PRESIDENTE, al que reemplaza EN FORMA INMEDIATA, y a los demás DIRECTORES EN NO MAS DE 10 DIAS.

Es obligatorio porque lo dispone la Ley, no la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza como en forma errónea afirma la sentencia de la Corte.

Lo que sostiene el Máximo Tribunal de Justicia está en contraposición con la Ley.

El requisito que los Tribunales colegiados tomen sus decisiones por mayoría absoluta de sus miembros es una exigencia que se deriva del derecho de defensa amparado por el Artículo 18º de la Constitución Nacional.

LA SENTENCIA NO LO CONTEMPLA.

La Ley 22.262 no guarda silencio como erróneamente afirma la sentencia de la Corte.

La Ley obliga a que la Comisión tenga el total de 5 miembros, un presidente y 4 directores (Arts. 7º y 8º);

La Ley 22.262 no contempla la posibilidad que hayan menos de 5 directores, a punto tal que en caso de excusación del Presidente, que es un Subsecretario de Estado, debe ser reemplazado de inmediato por otro Subsecretario del Ministerio de Economía (Art. 10ª).

La Ley 22.262 dispone que por cualquier motivo de ausencia o renuncia de alguno de los Directores, el Ministerio de Economía en un plazo no mayor de 10 días deberá nombrar al Suplente o persona que lo reemplace.

El Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria y OBLIGATORIA conforme el Artículo 43ª de la Ley 22.262, dispone que las Cámaras o cuerpos colegiados se compondrán con 5 miembros, y que sus dictámenes deberán ser firmados por todos ellos.

Otro grueso error de la sentencia de la Corte: sostiene que no es necesario fijar un quórum a la Comisión para sesionar.

Consideramos, junto con la Ley, que cualquier resolución que adopte la C.N.D.C. (creada por la anterior Ley 22.262) sin su quórum mínimo para funcionar resultará nula de nulidad absoluta, toda vez que la legislación aplicable al caso no autoriza que actúe con sólo dos miembros, como lo hacía. y JUSTIFICA INCREIBLEMENTE LA CORTE.

Asiste absoluta razón a la Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza de fecha 22 de marzo del 2007, porque ella se ajusta a las normas vigentes en materia de defensa de la Competencia y a las normas de procedimiento.

La revocación de tal Resolución por la CORTE SUPREMA es un hecho de gravedad extrema porque se APARTA DE LO QUE DISPONEN LAS LEYES DE APLICACION OBLIGATORIA.

Llegamos a otra grave situación. Si tanto la Ley 22.262 como la 25.156 exigen un número de miembros para conformar la Comisión o el Tribunal, en su caso, y es de aplicación supletoria y obligatoria el Código Procesal Penal que requiere unanimidad de sus miembros o de quórum absoluto; si así también lo dispone el R.J.N., ¿Por qué EN ESTE CASO UNICO se aplica un criterio diferente, criterio contrario al que en forma constante ha sostenido la Corte Suprema en forma invariable para situaciones similares?

Si el Máximo Tribunal de Justicia se desdice y contradice sus propias sentencias ¿Qué podría suceder con los Inferiores?

La Jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación es terminante, y avala el fundamento tenido en cuenta para la creación y existencia de Tribunales colegiados, esto es garantizar una mayor imparcialidad, conocimiento y debate de sus miembros en el dictado de actos jurisdiccionales, requisito esencial que surge de nuestra Constitución Nacional.

En esta sentencia RESUELVE LO CONTRARIO.

Nos encontramos frente a un GRUESO ERROR DEL DERECHO APLICABLE QUE NULIFICA LA SENTENCIA.

La naturaleza jurídica de la defensa de la competencia es de carácter penal económico, por ello, entre otros motivos, tanto la derogada Ley 22.262 como la actual 25.156 contemplan el sentido penal y obligan a utilizar el Código Procesal Penal en todo aquello no previsto por la respectiva Ley.

Pretender darle otra interpretación es violentar lo que clara y terminante disponen las Leyes de aplicación al tema. La sentencia de la Corte Suprema NO CONSIDERA estas normas.

Dictar sentencias contra Derecho, su propia Jurisprudencia y Doctrina llevan a una situación jurídica muy compleja de INMEDIABLES CONSECUENCIAS INSTITUCIONALES.

Si el tema de fondo resulta increíble, la cuestión de las COSTAS PARECE DE UNA NOVELA DE FANTASIA.

Mediante una Acción de Amparo se RECLAMA EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION Y LEYES VIGENTES SE TRANSFORMA EN UN JUICIO ORDINARIO que tiene 13 cuerpos y más de 4 años de duración, contrariando así la obligación de acción rápida y sencilla para la protección de los derechos consagrados por el Artículo 43º de la Carta Magna.

El demandado Estado y sus litis consorcistas, debido a sus injustificados reclamos fueron condenados con costas en 11 ocasiones por los Tribunales Inferiores.

Más grave aún: fueron condenados por la propia CORTE SUPREMA.

¿QUE HA CAMBIADO O SUCEDIDO PARA QUE EN TAN POCO TIEMPO SE REVOQUE UNA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN LA MISMA CAUSA, CON EL MISMO OBJETO Y SUJETOS, ALTERANDO DE ESTA FORMA UNANIME JURISPRUDENCIA DE LA PROPIA CORTE SUPREMA?

¿SE PRETENDE SEPARAR AL ESTADO DE SU INDELEGABLE E INEXCUSABLE RESPONSABILIDAD EN LA FALTA DE CONSTITUCION DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA VIOLANDO LA LEY 25.156?

¿SE CONSIDERA QUE DEBE CASTIGARSE, INCLUSO CON COSTAS, A QUIEN TUVO LA “OSADIA” DE SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION NACIONAL, DE TRATADOS INTERNACIONALES, DE LAS LEYES VIGENTES Y LOS CODIGOS DE PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN OBLIGATORIA?

Esto es un absurdo JURÍDICO.

“NADIE QUE PIDA EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION O DE UNA LEY PUEDE SER CONDENADO EN JUICIO.”

Este antiguo principio jurídico es violentado por este Sentencia.

El Estado Nacional NUNCA CONSTITUYO EL TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA COMO ORDENA LA LEY 25.156.

LEGALMENTE DEBE SER CONDENADO POR SU GROSERA OMISION E INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 25.156.

COMO TODOS AQUELLOS QUE FUERON LITIS CONSORCISTAS.

SI LA COMISION DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, SEGÚN CONSTA EN LA CAUSA PRINCIPAL, AL MOMENTO DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO DEL ARTICULO 8º DE LA LEY DE AMPARO SOLO CONTABA CON DOS MIEMBROS. ¿POR QUE NO SE VA A CONDENAR AL ESTADO INCUMPLIDOR EN COSTAS?

¿QUE JUSTIFICATIVO LEGAL AVALA TAL DECISION?

¿CUAL ES LA EXPLICACION CONSTITUCIONAL, LEGAL, DOCTRINARIA Y JURISPRUDENCIAL QUE TIENE ESTA SENTENCIA QUE INCLUYE COSTAS QUE NO SE AJUSTAN A NADA, POR CUANTO NI SIQUIERA SE MENCIONA A QUIEN SE CONDENA Y POR QUE MOTIVOS?

¿PODRIAMOS CONCLUIR QUE POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DEL DERECHO ARGENTINO SE PRETENDE CONDENAR A QUIEN SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION, TRATADOS Y LEYES VIGENTES?

POR TRATARSE DE UNA INCONSTITUCIONALIDAD, ILEGALIDAD, ARBITRARIEDAD, INJUSTICIA, VIOLATORIA DE NORMAS VIGENTES, Y DE LA PROPIA DOCTRINA DE LA CORTE, LA SENTENCIA SE NULIFICA.

POR LA PRESERVACION DEL SISTEMA REPUBLICANO, EL AFIANZAMIENTO DE LA JUSTICIA, LA IMAGEN DE LAS INSTITUCIONES Y LA SEGURIDAD JURIDICA, LA SENTENCIA DEBE SER REVOCADA.

Se formula reserva de derechos para efectuar reclamos en forma pública, de carácter administrativos, civiles y penales, de recurrir ante organismos nacionales e internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con asiento en Costa Rica, y la Corte Internacional de Justicia, con sede en Genova, Suiza, en forma directa o por intermedio de terceros.

Dada la tremenda gravedad institucional a nivel del funcionamiento de la Justicia y la afectación de Derechos consagrados por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y Leyes vigentes, se solicita SUSPENDER todos los efectos de la Sentencia del 16 de abril del 2008, hasta tanto se expidan sobre la Constitucionalidad de la misma los Tribunales Internacionales.

EDGARDO CIVIT EVANS
Asesor Económico financiero, mediador
Presidente de UNIDEVI

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