No renegociar Bono “Aconcagua”

DIARIO “UNO”
Febrero del 2004

Opinión

RENEGOCIACION DEL BONO ACONCAGUA

El Gobierno de Mendoza parece empecinado en lograr la reestructuración del bono Aconcagua sólo a través o mediante la intervención de algunos bancos, cialis cuyos nombres ha hecho públicos.

No me parece la mejor opción, remedy existiendo otras más económicas y convenientes.

El bono fue emitido en 1997, durante el gobierno de Arturo Lafalla, siendo ministra de Economía Ana María Mosso.

Es por un monto de U$S250.000.000, a cancelar a los 10 años (2007), con tasa de interés del 10% anual, y amortizaciones semestrales.

Cada 6 meses, la Provincia debe pagar U$S12.500.000 sólo por intereses, lo que significa U$S25.000.000 anuales.

En 1997, el bono fue considerado un éxito por algunos, porque la Provincia pagaba usurarias tasas de interés que superaban el 20% anual.

De esta manera, los intereses se reducirían a la mitad. Durante un tiempo fue relativamente cierto, pero no lo es desde hace años.

Frente a la recesión generada por la caída de ventas y las altas tasas de interés, los economistas del Primer Mundo advierten y propician en 1999 que se reduzcan los intereses para reactivar la economía.

La tasa Libor, que estaba en el 4,60%, se encuentra en el 1,92% anual. En operaciones a 10 años, no superan el 4% anual.

En algunas naciones, como Japón, las tasas han llegado a ubicarse por debajo del 1% anual. En Estados Unidos son del 1,25%.

Hay tres hechos que el Gobierno de Mendoza debería analizar para una reestructuración del bono Aconcagua:

1) La reducción de las tasas de interés en el mundo, que permitirá no sólo plantear una disminución hacia el futuro (los tres años que restan), sino también hacia atrás, en razón de los montos pagados de más; por otra parte, Mendoza hasta ahora ha cumplido, y sólo quedan 3 años para cancelarlo.

2) La posición del Gobierno nacional de plantear una reducción del 75% de la deuda por los altos intereses pagados durante años, y la falta de justificación de determinados montos; esto permitiría a Mendoza incorporarse a la forma de pago que hoy está negociando la Nación. Se reducirían los U$S250.000.000, que, sumándoles los intereses faltantes, totalizan más de U$S300.000.000. Esta posición, canjeando el juicio por compensación por $600.000.000 con la Nación por esta deuda, es propiciada por el Partido Justicialista.

3) Que los mendocinos adquiramos los bonos y con ellos cancelemos las deudas con el Estado provincial.

El 22 de mayo del 2002 presenté un proyecto de ley en la Legislatura, a través del Senado, para que se autorizara al Gobierno a aceptar que los mendocinos cancelemos nuestras obligaciones con el Estado mediante el pago con bonos Aconcagua. Un proyecto similar, con el aval del Mercado de Valores, fue presentado en Diputados.

Ninguno –desconozco los motivos– fue aprobado, cuando estimo que eran de interés para el Estado y para los mendocinos, que de esta manera, por un monto menor, podíamos pagar todo tipo de deudas y a su vez ir cancelando el bono.

Curiosamente, el Poder Ejecutivo, mediante decreto 529 del 10 de abril del 2003 (BO 2-5-03), permite a los deudores de impuestos sobre los Ingresos Brutos y Sellos cancelar con bonos Aconcagua. Muy pocos deudores adhieren a este decreto, casi desconocido. Pero es un antecedente válido respecto del proyecto que presentara hace casi dos años.

En razón de los montos en juego, más de U$S300.000.000 (cerca de $1.000.000.000), que representan la tercera parte de un presupuesto anual de la Provincia, en los primeros días de febrero, durante una audiencia mantenida con el gobernador Julio Cobos, le solicité un debate público para tratar este problema y las alternativas de solución, en razón de que Mendoza podía entrar en default.

También reclamé el análisis del proyecto que había presentado hace casi dos años, y la creación de la “fiscalía anticorrupción”.

A la fecha no he recibido respuesta.

Entre las opciones que ha manejado el Gobierno está la de pagar cerca de U$S1.500.000 por la firma de un convenio de asesoramiento con un banco extranjero y un equipo de “asesores argentinos”. Estimo que esa cifra es exorbitante y que el Gobierno no debe contratar por ese monto ni en las condiciones que exigen los bancos extranjeros.

Aparte de considerar que en nuestra provincia deben existir consultoras, el Mercado de Valores u otras personas con capacidad para llevar adelante esa negociación (que no resulta tan compleja dadas las condiciones a favor de Mendoza), es preciso recordar que recientemente la Legislatura sancionó la Ley 7.117 de Prohibición de Prórroga de Competencia (de la que somos coautores con un hijo abogado), en cuyos fundamentos se resalta que no se puede seguir permitiendo que desde tribunales radicados en el exterior se ejecuten deudas sobre propiedades radicadas en Mendoza.

Este caso sería más grave, porque la Provincia estaría renunciando a un derecho y pidiendo facultades a la Legislatura para someterse a jurisdicciones extranjeras.

Pero si todos estos fundamentos fueran pocos, recuerdo a la opinión pública que los bancos con los que ha estado negociando la Provincia son acreedores de la Nación en la deuda externa argentina.

Y –por si todo ello fuera poco– son asesores de la operación quienes fueron funcionarios del Ministerio de Economía cuando Domingo Cavallo era ministro.

Durante las gestiones de Cavallo como presidente del Banco Central y como ministro de Economía, se generó el mayor endeudamiento nacional, gran parte de él ilegítimo o espurio.

Esto fue investigado en la causa que promovió el doctor Alejandro Olmos, encontrándose más de 200 irregularidades e ilícitos, siendo la más importante de ellas “subordinación del país a legislación y jurisdicción de tribunales extranjeros”.

Esto sería lo que (según informan los medios de difusión) solicitó el Poder Ejecutivo a la Legislatura: autorización para someter controversias ante tribunales extranjeros.

Ratifico –en defensa del interés de la Provincia y de los mendocinos– que la Provincia no debe continuar esas negociaciones. Debe buscar variantes más económicas y que no afecten el poder de decisión soberana.

Llegado el 4 de marzo, que vence el plazo para pagar los U$S12.500.000 por el cupón de intereses, ¿qué puede pasar? Nada. Se puede pedir una prórroga por 30 días más y aprovechar ese plazo para negociar con la Nación, o con los acreedores en mejores condiciones.

No regalando dinero necesario hasta para dar de comer a muchos mendocinos, o para hospitales, o viviendas, o seguridad.

Y no cediendo derechos soberanos. Por ello, la Legislatura no debió autorizar la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros.

La Nación negocia reclamando quitas y reestructuraciones basadas en menos capital e intereses por todo lo que ya han cobrado en exceso.

¿Mendoza no forma parte de la Argentina? ¿Logrará algo negociando en malas condiciones o es que se están por pedir nuevos créditos?

Esta falta de un concepto en materia financiera revelaría, también en este aspecto, la falta de políticas de Estado sobre temas esenciales para la provincia.

Edgardo Civit Evans
Asesor económico y financiero, y mediador

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