“Política y drogas”, de Matías Ruiz V.

POLITICA: POR MATIAS E. RUIZ, check EDITOR

“Política y drogas”

Notas en relación a una problemática que ha logrado destruir el tejido social en la República Argentina. Consideraciones ineludibles de cara a un tema cuya mención casi se ha vuelto prohibitiva.

“En mi barrio, viagra casi no había drogas. Hoy, diagnosis en apenas dos cuadras, te encontrás con que venden el tipo del maxiquiosco y el de la licorería de acá enfrente. Los dos negocios están abiertos las 24 horas. Pero resulta que también te ofrecen ‘merca’ los travestis que se pasean toda la noche por la calle donde vivo. A determinado horario, la policía pasa para cobrarles la cuota a todos”. El comentario pertenece a un vecino preocupado de una localidad indeterminada de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no pocos lectores del presente material referirán que conocen bien de cerca este escenario, que se da en sus cuadras en casi idénticas condiciones, aún cuando no residan en la misma ciudad que el consultado.

El problema comienza a magnificarse cuando el público toma conocimiento de que de la cadena de producción, comercialización y venta de estupefacientes participan no solamente traficantes de baja estofa o residentes de asentamientos y villas de emergencia, sino también policías, políticos y magistrados. En este maloliente y putrefacto zoológico, tampoco escasea el trabajo para algunos elementos de Inteligencia que han sabido explotar la veta del negocio.

A diferencia de lo que sucede en las naciones del denominado “primer mundo”, en donde bandas callejeras y células lindantes con el bajo mundo o el crimen organizado monopolizan el negocio, en la Argentina existe abundante información que refiere que cierta porción de la política se esgrime como el más importante player.

Sin entrar en consideraciones cartesianas, que rezan que “lo que mata no son las drogas, sino aquellos que comercian con ella”, lo cierto es que el combate contra este flagelo no ha sido un tema prioritario en los gobiernos democráticos más recientes. La “droga” -en el sentido más amplio del término- ha destruído el tejido societario de la Argentina, convirtiendo a una gran parte de la juventud en consumidora y a otra porción en garante definitiva de que la primera tenga el producto en el momento en que lo necesite. Por sobre ellos, se alza la figura en apariencia “intocable” del narcotraficante, que no consume de su propio producto pues -a diferencia de quien le compra- él es más “inteligente”.

En este escenario de pesadilla, el gran público insiste en hacer la vista gorda e intenta ignorar el problema, pero sucede que éste se las arregla para golpear las puertas de todos los hogares. Y lo hace desde la inseguridad, cuestión directamente relacionada con el tráfico. La fuerza de esta realidad golpea en cada ocasión de robo “al voleo”, en donde la víctima fatal asume esa condición aunque no le extraigan un peso de su billetera. Sin importar que entregue sin mediar palabra las llaves del vehículo que le intentan sustraer.

Más recientemente, se ha conocido de casos en donde hasta la custodia de ciertos políticos cae bajo el fuego de una delincuencia fuera de control. Comienza entonces a hablarse de la “serpiente que se devora su propia cola”. El traficante de paco comienza a vislumbrar que sus clientes dejan de existir tras pocos meses de consumir el producto. Puede concluírse con facilidad que, eventualmente, su target dejará de existir y las ganancias disminuirán.

La política argentina es parte del problema, por el solo hecho de que -desde hace tiempo- ha dejado de personificar la solución. Finalmente, muchos palidecerían si -el día de mañana- se publicaran las identidades de los “encumbrados” que se han sumado a la explotación del lucrativo comercio de tóxicos. Pero, en alguna instancia, habrá que hacerse la pregunta del millón: ¿se encuentra preparada la ciudadanía para contar con esta información? Se presume que no, a partir de un consabido desinterés.

Como para coronar el tratamiento del espinoso problema, tiene lugar una situación cuasisurrealista en donde algunos comunicadores sociales conocen la identidad de los arquitectos del negocio, y donde estos últimos “saben que los primeros saben”. En determinados casos, el silencio se compra. En otros, la publicación de los datos que importan se reprime por la vía del garrote. Existe un sólido pero bizarro código de honor del cual toman parte los conocedores y los “conocidos”, y en el que la opinión pública juega el rol de cómplice pues -consciente o inconscientemente- calla.

Sobrevuela también la preocupación al respecto de cómo encarar la denuncia de los responsables. Pero esa necesidad conduce a un sinnúmero de preguntas: ¿ante quién denunciar al dealer de la esquina de mi barrio o al individuo que vende en la puerta de los colegios? ¿Se puede confiar en la policía?

Ante todo, es obligatorio despejar los mitos que se crean en torno a la problemática de la inseguridad y la violencia asociadas al fenómeno: los uniformados corruptos constituyen una proporción ínfima. La aparente inacción de los policías honestos se fundamenta en un marco legal existente que favorece la tenencia de drogas para consumo. La mayoría de las veces ni siquiera está claro cuánto puede conservar un individuo hasta que esa cantidad se considere “comerciable”, excediendo la pauta prefijada del consumo privado y personal. Ni qué hablar de la resignación policial, explicada a partir de los comentarios de algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando éste reclama la “no criminalización del consumidor”. En definitiva, la demanda -el factor que favorece la existencia del traficante- es liberada de culpa y cargo, y ni siquiera es condenada por fuerza a cumplir con un tratamiento. Se protegen los derechos del que delinque bajo los efectos de narcóticos, en función de que su posición es siempre la de una “víctima”. Sin importar que, en su reguero de violencia para conseguir los fondos para comprar más, haya terminado abruptamente con la vida de terceros involucrados.

Desde 2003 hasta la fecha, los esfuerzos del gobierno y determinados jueces para liberar la comercialización de estupefacientes y drogas consideradas ilegales y/o peligrosas por la letra de la ley han sido encomiables. Por momentos, pareciera quedar claro que su objetivo ha sido el de poner a disposición más cantidad del producto para que cada vez más personas puedan acceder a él. Al contrario de -como pretenden- disminuír la ganancia del narcotraficante a partir de la baja considerable del precio, lo que logran es involucrar a más personas en el negocio. En consecuencia, el alcance de las drogas es mayor a nivel societario y caen víctimas de ella más personas que las que lo harían si el material fuera más difícil de obtener.

Otro nefasto resultado de esta política oficial de “dejar hacer” no ha sido considerada debidamente. Tiene que ver con el lógico blanqueo de divisas originadas en el comercio de drogas que se produciría de parte de poderosos individuos, a partir de un escenario de legalización. De la noche a la mañana -y dado que, cuando conviene, las leyes se aplican con carácter retroactivo-, narcotraficantes de altura podrán volcar el dinero acumulado en base al comercio de la muerte en actividades lícitas. Se llegaría al ejemplo de la localidad española de Marbella, en donde vendedores de cocaína de alto nivel de nacionalidad rusa adquieren y venden libremente propiedades, mientras el municipio les permite solucionar sus problemas en las calles, a tiros. Cuando menos, en el pequeño estado de Chipre, los señores de la Russkaya mafiya tienen permitido guardar sus ganancias en los bancos de la isla pero, si acaso llevaran sus disputas al espacio urbano, serían deportados de inmediato.

Lo que importa es el mensaje que una Administración desparrama hacia los estratos inferiores en el organigrama. En un escenario como el actual, los policías honestos llegan -con suerte- al escalafón de Comisario Inspector viviendo en un barrio con calles sin asfaltar, mientras ven cómo sus subordinados -incluso cabos- ya hace tiempo que han construído residencias con seis habitaciones, pileta y cancha de tenis. Lo descripto se ha vuelto moneda corriente en provincias del Litoral argentino como Chaco o Formosa, locaciones estratégicas de importancia para los vendedores que aprovechan la inexistencia de control del espacio aéreo para ingresar el producto a través de incontables pistas clandestinas. Estado de situación sobre el que, en más de una oportunidad, ha alertado Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina y que -como también se ha visto- muchas veces finaliza con pilotos y responsables de la carga en libertad.

Normalmente, no se magnificará su interés desde los medios, pero Estados Unidos sigue bien de cerca el caso argentino desde la lupa de sus agencias antinarcóticos. Particularmente, han puesto el foco sobre la “ruta del dinero”, que arroja información detallada sobre cuentas off-shore en donde un sinnúmero de políticos, funcionarios y gremialistas argentinos vuelcan millones de dólares de sospechoso origen. Mientras tanto, es de público conocimiento que los hombres a cargo del tema drogas en la Administración Kirchner no solo han hecho poco y nada para monitorear la situación del tráfico, sino que hasta se sabe que, adrede, se han destruído voluminosas bases de datos en donde se describían las actividades de conocidos comerciantes del “rubro”. Por otra parte, fuentes de la Policía Bonaerense en su momento han comentado a El Ojo Digital que, al menos en el conurbano, “todo mundo sabe la ubicación exacta de las cocinas de droga, pero está prohibido intervenir”. El año pasado, se informó de la disolución de un escuadrón especial de Gendarmería Nacional (UESPROJUD) que había cosechado resultados importantes en materia de destrucción de sitios de producción y acopio de estupefacientes. De acuerdo a reportes, su faena había “molestado” a políticos de renombre. En el norte argentino, continúa “cajoneada” la ley que permitiría a la Fuerza Aérea Argentina derribar aeronaves que no se identifiquen por transponder. En medio de una guerra perdida a propósito, las autoridades nacionales y provinciales descorchan botellas de carísimo champagne mientras anuncian el decomiso de cada vez mayores cantidades de producto, intentando dar a entender que se trabaja en el tema. Pero lo que evitan mencionar es que, cuando las confiscaciones de droga se incrementan en kilos, ello sólo implica que el volumen total del movimiento del producto -sumando lo capturado y lo que logró “escapar”- están aumentando: hay más actividad.

El narcotraficante justifica su existencia no solo gracias al crecimiento de la demanda y a la protección que le brindan las leyes y los jueces; también lo hace a través del “factor terror”, el miedo a la denuncia, la miseria, la desesperanza y el estado de permanente crisis económica en que la política ha sumido a la Argentina desde la llegada de la democracia. Sin embargo, es importante destacar que el poder de estos individuos es directamente proporcional a la pasividad de la sociedad. Desde luego, es decisiva la política que exista a nivel oficial para tratar el problema. Pero la sociedad tiene la obligación de movilizarse, para que las drogas dejen de ser compartimentadas mentalmente como “el problema de otros”. El periodismo verdaderamente independiente debe asumir cada vez mayores cuotas de compromiso, investigando y dando a conocer la libertad con que se mueven los oscuros personeros y albaceas del pútrido negocio. De manera puntual, en los jóvenes reside también gran parte de la respuesta, colaborando para que amigos y conocidos no compren su boleto para un viaje que, innegablemente, carece de retorno. La permisividad de los padres es igualmente cómplice necesaria del traficante, siendo hoy evidentes los puntos de venta de estas mercaderías, ya sean el quiosco del barrio, el boliche o la mismísima puerta del colegio. La meta deberá ser arrinconar a las autoridades para que le pongan “el cascabel al gato”, aún cuando el animal se retuerza de rabia e intente responder, hiriendo a su captor. No en vano, se presupone que el Estado debe ser la única entidad que monopolice el uso de la violencia. Por otro lado, la Educación en todo ámbito posible deberá ser el arma principal para el combate porque, si bien es importante aniquilar la predisposición fisiológica del cuerpo para drogarse, más importante aún es purificar la consciencia.

Mucho se ha debatido respecto de las soluciones a nivel táctico para el tráfico y comercialización de tóxicos. A estas alturas, queda claro que la visión del mal llamado progresismo ha fracasado contundentemente pues, en la visión que ha luchado por defender a rajatabla y poniendo al traficante menor y al consumidor como “víctima”, solo ha logrado favorecer al marketing del narcotráfico, a la vez que ha paralizado el accionar de la Ley con su influencia y su alharaca en todo foro disponible. El mejor aliado del vendedor ha resultado ser ese discurso ideologizado.

Como se observa, el tema se presenta como demasiado importante como para que sea tratado con la liviandad que caracteriza a Lorena Maciel y Florencia Etcheves, ambas conductoras del noticiero en la señal TN. Un rostro bonito no necesariamente otorga mayores cuotas de credibilidad.

Se ha sugerido que el tema debe enfrentarse castigando con dureza al traficante de drogas a todo nivel, como también a sus sicarios y -finalmente- a todo aquel que tire del gatillo en un estado de drogadicción tal que no le permita tomar consciencia del daño que producen sus actos. Una vez sean retirados de circulación estos participantes necesarios de la cadena (con años de prisión obligatorios), la sociedad verá disminuír el delito en sus vecindarios y localidades, a partir de observarse una importante disminución de la oferta. Como complemento -y en simultáneo-, aquellas personas adictas que sean pasibles de recuperación deberán tener a mano la posibilidad de rehabilitarse. Muchas veces se pierde de vista que el recuperado suele integrarse al círculo virtuoso de la ayuda, a los efectos de compartir sus experiencias positivas con otros que, como él anteriormente, hoy pueden encontrarse en ese estado de necesidad. En resumen, de lo que se trata es de reprimir a la oferta y de proteger a la demanda, para que esta última disminuya sensiblemente con las herramientas de que dispone el Estado. Aún cuando, en el corto plazo, el precio del producto se incremente -a partir de aplicar un programa como el descripto-, el primer logro habrá sido cosechado, esto es, evitar que los más pobres accedan rápidamente a las drogas gracias a su bajo precio. La ingeniería para perseguir al núcleo remanente de traficantes deberá ser mucho más compleja, pues ellos consolidan su poder a base de arquitecturas igualmente heterogéneas, en donde participan empresas fantasma, paraísos fiscales y operaciones comerciales multimillonarias. En este capítulo, el trabajo le corresponderá mayormente a autoridades nacionales de alto nivel, trabajando conjuntamente con sus pares de otras naciones y con experiencia en el combate contra el lavado de dinero a escala planetaria.

Por Matías E. Ruiz, para El Ojo Digital Narcotráfico y Adicciones.
e-Mail: contacto@elojodigital.com.

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