“Déficit habitacional en Mendoza”

DIARIO  “LOS ANDES” de Mendoza
OPINIÓN

“El problema de la vivienda en Mendoza”

Por Edgardo Civit Evans – Presidente de Unidevi

En la Argentina el déficit habitacional rondaría en 3.200.000 viviendas, pharm constituyendo uno de los problemas más graves del país. Para intentar una solución en el mediano o largo plazos sería necesario construir 260.000 viviendas anuales en un plan a 25 años para cubrir el déficit existente más el crecimiento vegetativo. Hoy se construye la mitad de las necesidades.

El gobernador Celso Jaque recibe una provincia con un déficit que ha sido estimado entre 120.000 y 130.000 viviendas. De su decisión dependerá que las cosas cambien o sigan como están.

La población ronda 1.700.000 personas. Dividiendo esta cifra por 4 (integrantes de una familia tipo), salve en Mendoza habría 430.000 familias.

Significaría que aproximadamente 25% de la población carece de vivienda, reside en condiciones de hacinamiento, posee una casa de adobe, o vive en forma deplorable en villas marginales.

El déficit se incrementa anualmente, agudizando una explosiva situación social por el desmedido crecimiento de las llamadas “villas inestables” o “villas miseria”, que generan problemas económicos, de seguridad, educativos, culturales, sociales.

Sin contar las familias que carecen de agua potable y cloacas.

No existe planificación urbanística ni proyectos de mediano plazo para contener el crecimiento del déficit de viviendas.

Desde hace 40 años se discute la Ley de Suelos; y hace 12 años perdió vigencia la Ley 5.804 de Expropiación de tierras del pedemonte para usos de interés público.

La improvisación, ineficiencia e ineptitud han imperado en este rubro. También los casos de corrupción. Varios han sido denunciados ante Fiscalía de Estado sin resultado.

Viviendas construidas con fondos del Estado en lechos de ríos, en zonas no aptas, o casas que al poco tiempo deben ser demolidas o remodeladas por vicios constructivos.

La Constitución Nacional consagra el derecho a una vivienda digna, derecho que parece una mera expresión de deseos.

El déficit habitacional se agrava a partir de la crisis de 2001 porque al producirse una violenta caída del poder adquisitivo de los salarios, a las familias de clase media y media baja, y a los matrimonios jóvenes, se les dificulta acceder a una vivienda.

Poseen un nivel económico, cultural y social más elevado que las personas a las que se destinan viviendas financiadas por el IPV, pero carecen de recursos suficientes para adquirir por vía de otro sistema de financiamiento. Esta situación traba la necesaria movilidad social.

A diferencia de otros países, no hay créditos para la construcción de viviendas destinadas a alquiler. Debido a la inflación, el precio de las viviendas y de los alquileres se incrementan, incluso por encima de la inflación, generando que quienes antes podían alquilar una casa de cierta calidad, al vencimiento del contrato deban buscar otra de menor jerarquía, o más alejada, con lo cual se pierde calidad de vida.

La Asociación de Inquilinos de Argentina ha denunciado que en 2007 los incrementos en alquileres fueron de 46%.

Algunos gobiernos han intentado brindar una solución construyendo casas de menor superficie, de un dormitorio. En el tiempo, el problema se agrava. Hay falta de planificación y escasez de recursos.
Los gobiernos provinciales construyen viviendas esencialmente con aportes provenientes de la Nación.

Poco se ha hecho para cambiar esta dependencia de los recursos nacionales que, promedio en los últimos 20 años, han permitido la construcción de aproximadamente entre 2.200 y 2.400 viviendas anuales, cifra por demás exigua, y que representa el 40% del total. El resto se financia con recursos privados.

Se llegaría a 5.600 viviendas anuales, cantidad que no alcanza para cubrir el crecimiento vegetativo, situación que incrementa el déficit.

Hace 15 años se calculaba el déficit entre viviendas y necesidades de servicios, en el orden de las 90.000 unidades. En ese lapso el déficit ha crecido en más de 30.000 viviendas, o sea 40%.

Estas cifras acreditan imprescindible desarrollar una agresiva política de viviendas tendiente a revertir esta grave situación.

Deberán aunarse esfuerzos públicos y privados para incrementar la construcción de viviendas a un mínimo de 8.000 a 8.500 unidades por año para impedir que continúe incrementándose el déficit, y disminuir el existente. Estas cifras surgen de considerar que la población de Mendoza representa 3,4% del total nacional, y calculando el déficit total del país dividido por población.

El déficit habitacional de Mendoza supera la media nacional. Está por encima de varias provincias, siendo similar en proporción a los habitantes, al que padecen estados con menos recursos.

Es necesaria una decisión política para elaborar una política de Estado en materia de vivienda. Sancionar leyes, y un plan coherente y realizable que modifique el sistema vigente. Y controlar y optimizar en forma eficiente la utilización de los escasos recursos existentes, tendiente a lograr un mejoramiento en la calidad de las construcciones

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