Afectan pequeñas y medianas empresas

DESTRUCCION DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS  BARRERAS DE ENTRADA AL MERCADO
VIOLACION DE LA LEY 25.156
14 de diciembre del 2005

Por Edgardo Civit Evans

Es aceptado en el mundo desarrollado que el motor que posibilita la existencia de una economía de crecimiento constante son las pequeñas y medianas empresas, salve grandes proveedoras de productos y multiplicadoras del proceso de ocupación laboral.

En un excelente trabajo, thumb el prestigioso economista chileno, decease Finn R. Samsing Arentsen expone sobre las “Barreras de Entrada” explicando que son “las acciones desarrolladas por una empresa para evitar que un nuevo competidor trate de entrar en el mercado.

Estas barreras, entre ellas las economías de escala, las patentes de propiedad industrial, etc., están destinadas a hacer una operación no rentable para aquellos competidores que deseen entrar el mercado.”

Agrega: “En Chile, en las relaciones comerciales entre empresas, está arraigado el concepto de los descuentos por volumen o condiciones especiales para aquellas compras realizadas por las grandes empresas.”

Una práctica similar existe en Argentina.

“Este concepto es ilegal en Estados Unidos, es multado, penalizado con cárcel y sujeto a pago de indemnizaciones, ya que aceptarlo genera una importantísima barrera de entrada al mercado a los medianos y pequeños empresarios, comerciantes e industriales, que no pueden acceder a los mismos costos de adquisición de las grandes empresas”, afirma Samsing Arentsen.

En Estados Unidos se estima que es discriminatorio, atenta contra la economía libre de mercado y especialmente contra el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, la aplicación de precios diferentes según el volumen. “Todas las empresas, sean grandes o pequeñas, compran a un mismo proveedor en los mismos precios y condiciones”.

Si quienes predican el libre mercado aplican estos conceptos, restricciones y limitaciones, es porque los consideran fundamentales para frenar o evitar los peligros y diferentes tipos de abusos de las grandes concentraciones.

En Argentina, como sucede en Chile,  el erróneo concepto aplicado, ha generado un marcado proceso de concentración económica, tanto en la industria como en el comercio.

Pocos actores son los propietarios de las grandes empresas y cadenas.

Han desaparecido miles de pequeñas y medianas empresas, a pesar que la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia “prohíbe los actos o conductas de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes y servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.”

En el Artículo 2º de la Ley, en 14 incisos se desarrollan, entre otras, las conductas que pueden constituir prácticas restrictivas de la competencia.

Esta excelente norma, con fundamentos tomados de la Ley Sherman de Estados Unidos, fue sancionada en noviembre de 1.999.

Exigía la constitución de un Tribunal Nacional para su correcta aplicación.

Han pasado más de 6 años y este Tribunal, idóneo, profesional, no político, elegido por concurso de antecedentes y oposición, no ha sido conformado.

Indebidamente, funcionarios políticos, elegidos a dedo, forman parte de una Comisión creada por una Ley derogada por el Congreso de la Nación.

Se podrán tener diferentes apreciaciones sobre temas vinculados con la defensa de la competencia, pero lo concreto es que desde 1999 no se constituye el Tribunal Nacional que exige la norma para la correcta aplicación de la Ley 25.156.

El Presidente de la Nación, el 23 de noviembre, expresó que los señores Coto y Horst Paullman, de los supermercados Coto y la cadena Cencosud (Jumbo, Disco, VEA, Super VEA, Unicenter, Easy, etc), estaban desarrollando prácticas de cartelización.

Si esto es así, el Poder Ejecutivo debería propiciar aplicarles las penalidades que determina la Ley 25.156, ya que constituyen conductas terminantemente prohibidas por el Artículo 2º de la norma.

Desde hace dos años venimos planteando ante la Justicia Federal las consecuencias del no cumplimiento por parte del Estado Nacional de la Ley 25.156.

No hemos demandado a empresa alguna, como falaz y dolosamente se ha sostenido.

Nuestras acciones estuvieron y están dirigidas a que el Estado cumpla con las disposiciones de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia, para evitar la continuidad de estas prácticas prohibidas por la norma.

No hacerlo o intentar cambiar su sentido, dando más poder a funcionarios políticos, conlleva las consecuencias que estamos padeciendo de mayores concentraciones económicas y de practicas reprimidas por la Ley, como son el abuso de posición dominante, monopolios, monopsomios, cartelización, acuerdos de precios, repartos de mercados y concertaciones de inversiones, barreras para evitar la entrada de competidores, ventas con fabulosas utilidades, y otras conductas castigadas por una norma que no se aplica integralmente.

El accionar del Estado ocasiona la afectación de derechos consagrados Constitucional y legalmente, un grave perjuicio al interés general y al castigado bolsillo de los tolerantes Argentinos.

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