Proyecto de Ley Oficina Anticorrupción

F U N D A M E N T O S

H. Cámara:

La Ley 4.418 impuso al Fiscal de Estado la carga de investigar la posible comisión de irregularidades administrativas por parte o con intervención de agentes de la administración pública. Esta tarea la ha venido cumpliendo la Fiscalía de Estado a través del Departamento de Investigaciones Administrativas, physician que hasta hoy forma parte de su estructura funcional y depende directamente del Fiscal de Estado.

La misión inicialmente encomendada al Fiscal de Estado por la Ley 728 le impone una responsabilidad importante: ser el custodio del patrimonio del Estado, view para lo que debe intervenir – según lo expresa la propia Ley – “en todo asunto sobre enajenación, permuta, donación, arrendamiento o concesión de tierras públicas o de otros bienes del Estado”; “en las transacciones en que el Estado sea parte interesada”; “en la interpretación de contratos celebrados por el Estado”; “en las expropiaciones que deban ser indemnizadas por el Estado”; “en toda concesión de jubilaciones o pensiones y en las reclamaciones o gestiones iniciadas por particulares contra el Fisco, para reconocimiento de un derecho”; “en toda causa contencioso administrativa” y “en todos los casos del Artículo 394 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial”.

Como queda claro, las funciones que la Ley 728 le asignó al Fiscal de Estado son muchas, complejas y todas de carácter técnico jurídico, para cuya atención y resolución se requiere una dedicación especial y deseablemente exclusiva.

La investigación de irregularidades administrativas, introducida formalmente por la Ley 4.418,  tiene características distintas.

Para cumplir con sus objetivos resulta necesario obtener información, antecedentes y documentación no necesariamente de índole jurídica, analizar conductas, procesar y evaluar manifestaciones encontradas y mantener un aparato investigativo –formal e informal- capaz de detectar las acciones incorrectas o irregulares.

Las dos funciones son relevantes y es precisamente en mérito de su importancia que consideramos conveniente independizarlas, manteniendo la potestad del Fiscal de Estado para cuando el criterio de no avocarse o disponer el archivo de una actuación por parte del Fiscal Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas provoque la disconformidad del denunciante. Esta nueva potestad garantiza una instancia de revisión para los casos en que la denuncia fuera desestimada.

Por otra parte, la separación funcional de ambas fiscalías vendrá a remediar una incongruencia de la legislación actual.

Si por vía de la investigación administrativa se responzabilizare a un funcionario por irregularidades que produjeran perjuicios a un tercero, el Fiscal de Estado – que investigó y determinó la responsabilidad funcional, que el estado comparte – resultaría inhibido para intervenir a favor de los intereses del Estado ante una acción judicial promovida por el particular damnificado en busca de resarcimiento o indemnización, desvirtuándose así la carga fundamental impuesta al Fiscal por la Ley 728, antes citada.

La nueva estructura que proponemos no significa la desarticulación de la Fiscalía de Estado sino la separación de dos funciones distintas. Estamos convencidos de que la aprobación y posterior vigencia de esta propuesta potenciará a ambas.

Es preciso tener en cuenta que las Constituciones o legislaciones más modernas, como es el caso de la provincia de Córdoba, han incorporado la figura de la Fiscalía Anti Corrupción, como un mecanismo imprescindible para transparentar, pero al  mismo tiempo  investigar,  con  absoluta  y  total  independencia,  y  a  su  vez seriamente, el accionar de todos los funcionarios de la Administración Pública. Esta tarea será desarrollada por la Fiscalía Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas.

Por lo expuesto, solicitamos de la H. Cámara la aprobación de este proyecto de ley.

LA CAMARA DE DIPUTADOS Y DE SENADORES SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

Art. 1°.- Créase la Fiscalía   Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas  de la Provincia, Organismo de Control autónomo y autárquico, que cumplirá sus funciones con independencia de toda autoridad administrativa y de la propia Fiscalía de Estado, salvo en los casos expresamente indicados en el artículo 8° de la presente Ley.
Art. 2°.- La Fiscalía Anti-Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia estará a cargo de un Fiscal , función para la cual se designa al actual Fiscal Adjunto de Investigaciones Administrativas,  (Ley N° 4.418). El Fiscal  Anti-Corrupción de la Provincia gozará de una compensación pecuniaria igual a lo que percibe, por todo concepto, un miembro de las Cámaras de Apelaciones de la Justicia Ordinaria Provincial.
Art.3°.- En caso de impedimento, enfermedad, ausencia o acefalía del puesto de Fiscal Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas  de la Provincia, sus funciones serán ejercidas interinamente por el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Anticorrupción.
Art.4º.-
Para la designación de los futuros Fiscales Anti Corrupción y  de Investigaciones Administrativas de la Provincia, que sucedan al designado en el artículo 2°, se los nombrará, a propuesta del Poder Ejecutivo, que deberá presentar una terna con tres profesionales y  con acuerdo de la H. Cámara de Senadores de la Provincia. Al designado en el artículo 2° y a los futuros Fiscales Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia, les será aplicable lo dispuesto en el art. 151° de la Constitución de la Provincia y serán enjuiciables ante el Jury creado por el art. 164° de la misma.
Art. 5°.- Para ser Fiscal Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia se requiere: ser abogado, con un mínimo de diez años de ejercicio de la profesión y cinco años de desempeño en la Planta Permanente de la Fiscalía Anti Corrupción y/o en la Fiscalía de Estado y/o Asesoría de Gobierno y/o en el Poder Judicial y/o en el Tribunal de Cuentas o  en el anterior Departamento de Investigaciones Administrativas – Ley N° 4418 -.
Art. 6°.- Corresponderá al Fiscal Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia:

a)    Investigar la conducta administrativa de todos los agentes de la Administración Pública provincial, de los tres poderes, sus reparticiones descentralizadas, municipios, entes reguladores y empresas del Estado.

b)    Efectuar investigaciones en toda institución o asociación, de carácter público, privado o mixto; que tenga como principal fuente de recursos aportes estatales.

c)    Denunciar ante la justicia competente los hechos que  aparezcan como presuntos delitos.

Art. 7°.- Las investigaciones a las que se refiere esta Ley serán promovidas por el Fiscal Anti Corrupción de la Provincia de oficio o por denuncia concreta y fundada. Los expedientes se iniciarán sin necesidad de intervención alguna de otra autoridad administrativa. El Fiscal Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia podrá designar al Fiscal Adjunto de Investigaciones, a efectos de sustanciar las investigaciones que resolviera no efectuar personalmente, con las facultades que esta ley acuerda al Fiscal Anti Corrupción.

Agotada la investigación, el Fiscal Adjunto pondrá el expediente a Despacho, con sus conclusiones, para resolución final del Fiscal Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia.

Art. 8°.- En los casos en que el Fiscal Anti Corrupción  de la Provincia, ante una denuncia concreta, decida no avocarse a la investigación o, en cualquier estado de ésta, disponga su archivo, el denunciante podrá recurrir la resolución, dentro de los 5 días hábiles de notificado, ante el Fiscal de Estado. La intervención de este último se limitará a ratificar lo decidido por el Fiscal Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia, o disponer el avoque y/o continuación de la investigación, en cuyo caso las actuaciones volverán al Fiscal Anti Corrupción  para su continuidad. Si el Fiscal de Estado ratificara la decisión del Fiscal  Anti Corrupción  de la Provincia, quedará agotada la vía recursiva.
Art. 9°.- Cuando de la investigación practicada surgiera la existencia de irregularidades administrativas, el Fiscal Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia girará las actuaciones al funcionario con mayor jerarquía administrativa en la repartición correspondiente o, en su defecto, a quien ostente la potestad para resolver sobre la situación definitiva de quienes aparezcan como responsables. Cuando corresponda iniciar sumario administrativo, las actuaciones de la Fiscalía serán cabeza del mismo.
Art.10°.- Las autoridades administrativas que se mencionan en los Organismos incluidos en el art. 6° inc. a) de la presente ley, deberán comunicar a la Fiscalía Anti Corrupción y Investigaciones Administrativas, en un plazo de tres (3) días como máximo, la iniciación de aquellos sumarios administrativos que revistan importancia, gravedad o trascendencia, con una relación de los hechos que los origine, a fin de que ésta, si lo estimare necesario o conveniente, tome intervención.

Para el caso de que no tome intervención, una vez resuelto el sumario deberá remitírsele copia autenticada de la resolución final, dentro de los tres (3) días de quedar firme.

Art.11°.- En los casos mencionados en el artículo precedente, el Fiscal Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas   podrá optar por:

1)    Disponer la suspensión del sumario administrativo, el que le deberá ser girado de inmediato, a fin de practicar la investigación prevista en el inc. a) del artículo 6° de la presente ley.

2)    Que el sumario se instruya por la vía correspondiente, en cuyo caso, la Fiscalía Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas deberá ser tenida necesariamente como parte acusadora con iguales derechos a los de la sumariada, en especial el de recurrir toda resolución adversa a sus pretensiones. Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo actuado o de lo resuelto, según el caso.

Art. 12°.- Si de las investigaciones practicadas surgiera la razonable posibilidad de que los hechos considerados pudieran constituir delito, el Fiscal Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia deberá formular denuncia ante la justicia competente, enviando compulsa de lo actuado, con dictamen fundado.
Art. 13° Si de las actuaciones de la Fiscalía Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia surgieran irregularidades imputables a funcionarios sujetos a juicio político o jury de enjuiciamiento, los antecedentes deberán girarse, con dictamen fundado, al organismo correspondiente que deba entender en cada caso.
Art. 14°.- Para practicar las investigaciones a que se refiere la presente Ley, el Fiscal Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia tendrá las siguientes facultades:

a)    Recopilar, por sí o por funcionarios a su cargo, toda la información y/o documentación que juzgue conveniente y necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

b)    Requerir informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil, a todos los organismos y poderes del Estado, personas físicas o jurídicas, los que estarán obligados a proporcionar lo requerido dentro del plazo que en la notificación se les fije.

c)    Recibir declaraciones de personas, citadas o por presentación espontánea, que puedan aportar datos útiles para las investigaciones en curso. Las citaciones de la Fiscalía Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia constituyen carga pública y son, como consecuencia, de cumplimiento obligatorio.

d)    Disponer exámenes periciales, a cuyo fin podrá requerir la colaboración de reparticiones o funcionarios públicos, que estarán obligados a prestarla. Cuando la índole del peritaje lo requiera, podrá designar peritos “ad-hoc”.

e)    Requerir el auxilio de la fuerza pública y pedir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que estarán obligados a prestarlos en tiempo y forma.

f)      Desempeñar las funciones a que se refiere esta ley, por sí o por funcionarios a su cargo, en cualquier lugar de la Provincia. Si con motivo de una investigación en curso considera conveniente realizar una gestión fuera del ámbito provincial, deberá disponerla por resolución fundada que se incorporará a las actuaciones.

g)    Cuando estimare que la permanencia  de un ministro u otro funcionario de alto rango en su cargo pueda obstaculizar gravemente una investigación en curso, informará al Poder Ejecutivo para que éste determine las medidas preventivas que corresponda adoptar. Si se tratara de un funcionario de menor jerarquía esa información podrá dirigirse al ministro o funcionario responsable del área en que se desempeñe la persona cuya permanencia se considere inconveniente.

h)    Cuando considerare que la ejecución, continuación o ratificación de los actos sometidos a investigación pudieran provocar un perjuicio irreparable o grave para el Estado, solicitará al Poder Ejecutivo o autoridad competente la suspensión de las acciones potencialmente perjudiciales.

i)       El ejercicio de las facultades a que se refieren los incisos g) y h) deberá disponerse por auto fundado.

j)       El Fiscal Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia podrá dar a publicidad las conclusiones –parciales o finales – a las que arribe en sus investigaciones.

Art. 15°.- La Fiscalía Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia ajustará sus procedimientos, en todo lo que resulte compatible con las disposiciones de la presente Ley, a las normas del Código Procesal Penal.
Art. 16°.- La competencia, facultades y atribuciones que la presente Ley confiere al Fiscal Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia se mantendrán aún cuando el funcionario o agente investigado cesare en su cargo o hubiera cesado antes de iniciarse la investigación.
Art. 17°.- La Fiscalía Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia deberá contar para su funcionamiento con la Planta de Personal suficiente para el cumplimiento de sus objetivos, debiendo para ello el Fiscal  Anti Corrupción proponer la misma para su aprobación por ley.

Intertanto, mantendrá el personal que actualmente presta funciones en el Departamento de Investigaciones Administrativas de la Fiscalía de Estado.

Art.18°.- Modífícase el artículo 12° de la Ley N° 728 (modificada por la Ley N° 6716), cuyo texto pasa a ser el siguiente:

En caso de impedimento, enfermedad, ausencia o acefalía del puesto de Fiscal de Estado, sus funciones serán ejercidas interinamente y por un plazo de 30 días, por el Fiscal Anti Corrupción y de Investigaciones Administrativas de la Provincia. Antes del vencimiento del plazo citado, que podrá ser prorrogado excepcionalmente por 30 días más,  deberá procederse a la designación de nuevo Fiscal de Estado, conforme lo establece la Constitución de Mendoza.

Art. 19°.- Deróganse las Leyes N° 4.060, 4.106, 4.130; 4.418, el artículo 12° bis de la Ley N° 728, incorporado por la Ley N° 6716 y toda otra norma que se oponga, limite u obste a la presente.
Art. 20°.- De forma.

EDGARDO CIVIT EVANS

DR. JUAN PABLO S. CIVIT

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