Jubilados: 82% para todos y todas

Jubilados: 82% móvil para todos y todas

Martes, nurse 26 de marzo de 2013

Por Edgardo Civit Evans – Delegado en Mendoza de la Asociación Argentina de Jubilados

Entre 15.000 y 16.000 mendocinos iniciamos acciones administrativas o judiciales reclamando la actualización de indignas jubilaciones. En el país hay 380.000 juicios. Se estima que anualmente fallece el 10% de jubilados sin poder cobrar lo que les corresponde. Pagan 5.000 sentencias por año. Razonan quienes así obran, que quedarán 32.000 sin efectivizarse. ¿Cómo llamar a estas miles de injustas muertes? ¿No sería violencia de Estado? ¿Y los fiscales federales?

Mientras al común de los jubilados nos pagan miseria, a quienes se retiran de la AFIP, la Aduana y otros organismos nacionales les pagan el 80% y les dan 20 sueldos como premio. Si alguien se retira ganando $ 40.000, se jubilará con $ 32.000 mensuales y recibirá $ 800.000 de premios.  Privilegiados políticos cobran el equivalente en dólares.

¡Esa es la equidad, la moral, la vergüenza que existe en el sistema jubilatorio!

No podemos elegir representantes ante organismos como Anses, OSEP o PAMI, ya que éste, violando la ley 25.615, está ilegalmente intervenido desde hace 11 años. Sus funcionarios perciben ingresos entre 10 y 20 veces superiores a los nuestros. Disminuye nuestra calidad de vida. Muchos pierden el deseo de vivir.

El hoy Papa Francisco apoyó nuestras peticiones.

A los jubilados que reclamamos por nuestros derechos nos llaman caranchos y buitres. O de clase pudiente, por ser diabéticos el 40% de los adultos mayores.

Estas expresiones no merecen comentario alguno, sobre todo si se comparan con el injustificado enriquecimiento de muchos. Los trabajadores activos deberían sumarse a nuestros justos reclamos. Mañana lo padecerán. Especialmente quienes cobran parte del salario con extras, por no decir en negro.

El Congreso de la Nación sancionó el 82% móvil. Fue vetado por la presidente aduciendo razones de economía. Pero con dinero de Anses – jubilados- subsidian a fútbol para todos y a clubes semi fundidos. Tiene un déficit de $ 1.200.000.000; monto similar al pasivo del Canal 7 oficial. También ayudan a empresas privadas; concesionarias de servicios públicos; gobiernos provinciales con déficits; automovilismo; notebooks; construir viviendas; donativos; asignaciones, prebendas, etc.

El presidente de deficitarias empresas como Aerolíneas Argentinas (U$S 2.000.000 diarios) gana más de $ 100.000 mensuales, y el de YPF, U$S 1.000.000 anuales.

Son subsidiados los responsables de inadmisibles tragedias, como la de Once.

El Congreso Nacional en 2008 sancionó la ley Nº 26.425. Crea el Sistema Integrado Previsional Argentino y el Fondo de Sustentabilidad para preservar los recursos.

El artículo 2º dispone: “El Estado nacional garantiza a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley”. Los jubilados percibimos miserables remuneraciones que en la mayoría de los casos no superan los $ 2.200. Llevados a valor dólar real, son inferiores a los de deprimentes épocas pasadas. No permiten una subsistencia decorosa. Salvo que alguien crea que se puede vivir con $ 6 diarios, como sostiene el impresentable secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

El artículo 4º de la Ley 26.425 garantiza que los beneficios que debían ser liquidados por las AFJP, “serán pagados por el régimen previsional público” mediante la valorización conforme la cuantía de la cuota más alta vigente entre enero y septiembre del 2008.

El Artículo 6º de la Ley dispone que los jubilados podrán transferirlos a la Anses para mejorar su haber previsional. En muchos casos, sin autorización, Anses se ha quedado con los fondos aportados por los jubilados a las AFJP, no devolviendo los importes depositados, ni mejorando las remuneraciones.

Artículo 8º: “La totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino” (¿está claro?).

El activo del Fondo se invertirá de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad, garantizando el crecimiento económico que asegure el incremento de los recursos de la seguridad social.
La totalidad de los recursos de Anses no se destinan a los jubilados, ni a mejorar sus remuneraciones.

El Estado ha empapelado Anses con títulos públicos por cerca de $ 120.000.000.0000. ¿Se devolverán algún día? Representan un elevado porcentaje del activo de Anses.

Según economistas, el Estado estaría sacando de Anses cerca de U$S 2.000.000 diarios, con grave perjuicio para actuales y futuros jubilados. Por su descapitalización, vendería acciones en empresas a las que apoyó financieramente.

¿Qué inversiones realiza Anses que garanticen la rentabilidad y seguridad destinados a pagar jubilaciones dignas? No paga a los jubilados ni los juicios cuando es condenada a hacerlo. El 85% de las jubilaciones no supera los $ 2.200 por mes, cuando la canasta básica total (con impuestos, alquiler, servicios, etc) pasa los $ 6.114. Considera sólo $ 35 para salud y remedios, que para adultos mayores es una bastarda miseria.

El Artículo 14º bis de la Constitución dispone “Jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia”.

Con una inflación del 30% anual, con remuneraciones que se actualizan cada 6 meses vencidos, no se protege a los jubilados, sus familias ni sus bienes. Se los aniquila.

Plata hay. Lo que no existe es la decisión política de devolver a los jubilados el dinero que les pertenece, porque trabajaron y aportaron durante una vida.

Hablan de inclusión social cuando la pobreza aumenta, a pesar de los falsos índices del Indec. Basta ver el crecimiento de villas de emergencia en todas las ciudades.

Si todo está tan bien, como afirman, ¿por que no pagan el 82% del salario del activo a todos y todas y no sólo a algunos privilegiados?

La Corte Suprema en “Eliff” resolvió que las liquidaciones se practicarán hasta la fecha de adquisición del beneficio, disponiendo una movilidad equivalente a la variación anual del índice de salarios, sin las limitaciones de Anses que acotó la actualización de las remuneraciones. Resolvió que: “La prestación previsional viene a sustituir el ingreso que tenía el peticionario como consecuencia de su labor, de modo que el nivel de vida asegurado por la jubilación debe guardar una relación justa y razonable con el que le proporcionaban al trabajador y a su núcleo familiar las remuneraciones que venía recibiendo y que definían la cuantía de sus aportes, lo que ha llevado a privilegiar como principio el de la necesaria proporcionalidad entre los haberes de pasividad y de actividad”.

En “Badaro”, la Corte dispuso una movilidad jubilatoria equivalente al 88,6% por el período 2002-2006 y fijó el pago de la retroactividad acumulada esos años, más los intereses.

La Cámara de Seguridad Social ordenó a Anses actualizar el haber de un jubilado debido al “irrazonable tiempo que insume el proceso judicial que significa un grave daño” para esa remuneración que tiene carácter “alimentario”, disponiendo “el goce inmediato, íntegro y provisorio de la garantía de movilidad de su prestación jubilatoria”.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en “Couto de Capa” aplicó la doctrina del caso Badaro, de movilidad jubilatoria.

Frente a lo ordenado por la Constitución, los Tratados Internacionales, la jurisprudencia de la Corte Suprema y las Cámaras de Seguridad Social y Nacional de Apelaciones del Trabajo, resulta incomprensible que el Poder Ejecutivo no ajuste las remuneraciones al 82% con relación a los activos, ni cumpla con las sentencias, hecho que constituiría desacato, condenando a miles de personas a percibir jubilaciones indignas, pasar penurias, ingresar en la indigencia, morir.

Obligan a promover juicios interminables, perjudicando al país, al sistema judicial. Antes de concluir las demandas terminarán con la vida de quienes reclaman por sus violados derechos.
La Corte Suprema denunció la contradicción del Gobierno, afirmando que “mientras da discursos a favor de los jubilados, no cumple con los pagos de las sentencias”.

El Gobierno tampoco respeta lo acordado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2009 se comprometió a no apelar sentencias a favor de los jubilados. Anses sigue apelando, y si no, cuestiona a los magistrados.

En una república no pueden tener más fuerza las autoritarias y cuestionadas decisiones del Ejecutivo por encima de la Constitución, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y tratados internacionales. Sobre todo, cuando en muchos casos, están destinadas a hacer partidismo, generar clientelismo prebendarlo, o subsidiar empresarios, con dineros que no le pertenecen.

Edgardo Civit Evans

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