Denuncia ante Com Inter Am Dchos Hum

DENUNCIA PODER EJECUTIVO Y CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA POR VIOLACION
CONSTITUCION NACIONAL Y TRATADOS INTERNACIONALES

SOLICITA INTERVENCION CORTE INTERAMERICANA DE JUSTICIA

Señor PRESIDENTE Y MIEMBROS DE LA

HONORABLE COMISION INTER AMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS – WASHINGTON

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA

EDGARDO ALEJANDRO CIVIT EVANS, levitra Argentino, seek casado, padre de 5 hijos, de 63 años de edad, asesor económico financiero, mediador, con documento de identidad Nº 8.142.980, con domicilio legal en San Infanta Mercedes de San Martín Nº 78, de la ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, República Argentina, en su carácter de ciudadano y a mérito de los derechos que le confieren la Constitución Nacional (que será explicitados más adelante) y los Artículos Nº 44º y concordantes de la Convención Americana, me presento ante la Honorable Corte InterAmericana de Derechos Humanos, y respetuosamente digo:

I.- OBJETO Y FUNDAMENTOS:

Que vengo a DENUNCIAR REITERADAS VIOLACIONES a derechos consagrados en la Constitución Nacional de Argentina y Tratados Internacionales, por parte del Poder Ejecutivo de este país, como así también el dictado de una sentencia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se contrapone con la Carta Magna, la Doctrina y la propia Jurisprudencia del Máximo Tribunal de Justicia de Argentina, hecho inédito en la historia Judicial del mundo.

Que los denunciados son: 1) el Poder Ejecutivo de Argentina, por no cumplir con lo dispuesto por el Artículo 42º y concordantes de la Constitución Nacional que establece el derecho a la defensa de la competencia y la protección frente a los monopolios, y por violar la Ley Nº 25.156, reglamentaria de ese derecho Constitucional, como así también la Ley de Amparo, consagrada en el Artículo 43º de la Constitución; y 2) la Corte Suprema de Justicia de Argentina por haber dictado una sentencia absolutamente INCONSTITUCIONAL, ARBITRARIA e ILEGAL, que se contrapone con la Constitución Nacional, la Ley Nº 25.156, la Ley Nº 22.262; con todo el ordenamiento jurídico de Argentina, especialmente el derecho Constitucional de Amparo; y con la Jurisprudencia de la propia Corte, incluso en el mismo expediente.

Dejo constancia que el día 3 de julio del 2008, a las 9 horas, he efectuado el llenado y envío del formulario requerido por esa Honorable Comisión InterAmericana como así también un mail anticipando la remisión del presente escrito.

Esta presentación está avalada por el Preámbulo de la Constitución Nacional, cuyos objetivos son “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad”, lo que es de notorio y público conocimiento en el mundo que no se están cumpliendo en Argentina.

Asimismo por numerosos Artículos de la Carta Magna que serán citados más adelante; Tratados Internacionales suscriptos por la Nación Argentina y demás razones de hecho, de Derecho, Doctrinarios y Jurisprudenciales que se expondrán en el presente escrito.

Me permito solicitar de esa Honorable Comisión InterAmericana que PROCEDA A DECLARAR LA ADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE DENUNCIA Y A INICIAR LAS ACCIONES QUE CONTEMPLAN LOS ARTICULOS 25º, 41º, 44º, 46º, 48º y concordantes de esa Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En razón de la EXTREMA GRAVEDAD de los hechos que se denuncian, me permito solicitar a esa Respetable COMISION que una vez declarada la Admisibilidad de la denuncia, brinde INMEDIATA INTERVENCION A LA HONORABLE CORTE INTERMAERICANA, conforme lo disponen el Artículo 61ª y concordantes de ese organismo, tendientes a que el Poder Ejecutivo de Argentina, y la Corte Suprema de Justicia subsanen y revoquen (en su caso) los hechos que se denuncian en este escrito, conforme lo normado por la Carta Orgánica del Alto Tribunal Internacional.

Resalto que existe por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Corte Suprema de Justicia un evidente mal desempeño de sus funciones, al no haber cumplido con Normas Constitucionales, Tratados, Leyes y Jurisprudencia unánime.

Ha sostenido Omar Díaz Solimine en “ACCION DE AMPARO” que “el rol esencial de las instituciones y su concepción es la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna.” (entre las instituciones se encuentran la Comisión InterAmericana de Derechos Humanos y la Honorable Corte InterAmericana de Justicia, conforme el Artículo 75º de la Constitución Nacional de Argentina).

La Corte Suprema de Justicia ha emitido sentencias Inconstitucionales, ilegales, contradictorias, incompatibles y arbitrarias; ha dictado un fallo opuesto a la Constitución y Leyes vigentes, desconociendo procedimientos obligatorios normados por Leyes Nacionales y el Código Procesal Penal; no ha dictaminado sobre lo planteado en la Acción de Amparo, violando esta norma; y ha cometido otros vicios y errores que serán expuestos seguidamente.

Informo a esa Comisión Internacional que previo a la presentación de este escrito, se han interpuesto y agotado todos los recursos de Jurisdicción interna (Art. 46º inc. a);

Que la presente denuncia es presentada dentro del plazo de 6 meses del Art. 46º, inc. b), partir de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que tiene fecha 16 de abril del 2008;

Que la materia de la petición no está pendiente de otro procedimiento, por existir una ARBITRARIA sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Art. 46º, inc. c);

Que se dan cumplimiento a los restantes requisitos para la validez de esta presentación ante la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos.

Ante la INMINENCIA DE LA GENERACION DE GRAVISIMOS DAÑOS Y PERJUICIOS EN LOS PATRIMONIOS DE LAS PERSONAS QUE PRESENTARON ACCION DE AMPARO SOLICITANDO EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION NACIONAL Y DE LAS LEYES VIGENTES, POR EL PEDIDO DE HONORARIOS BASADOS EN UNA ILEGALIDAD, vengo a solicitar de esa Comisión Internacional que en FORMA MUY URGENTE se dedique a tratar la presente denuncia y requiera por la vía que corresponda, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina REMITA A ESA COMISION INTERNACIONAL todos los antecedentes vinculados con el Expediente Nº 77.334 “BELMONTE MANUEL Y ASOCIACION RURALISTA DE GENERAL ALVEAR C/ ESTADO NACIONAL – PODER EJECUTIVO NACIONAL – MINISTERIO DE ECONOMIA – SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA – COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA P/ ACCION DE AMPARO”, y de manera especial los contenidos en B-578, B-861, B-1793, B-2447 y B-2448, por un lado, y en B-1626, por otro.

También que se solicite la SUSPENSION de cualquier procedimiento, especialmente los tendientes al cobro de honorarios que afectarán los derechos y patrimonios de todos los peticionantes de la acción de amparo efectuada para que se cumplan la Constitución y las Leyes vigentes.

Los Ministros integrantes de la Corte Suprema de Justicia que han votado la ARBITRARIA Y ANTIJURIDICA sentencia no garantizan absoluta imparcialidad y respeto a la Constitución Nacional, a Tratados Internacionales y al ordenamiento jurídico vigente.

Dejo expresa constancia que los Accionantes en la causa, MANUEL BELMONTE y la Asociación Ruralista de General Alvear, y otros, por quienes solicito y me presento han hecho expresa reserva de acudir ante Organismos Internacionales, por sí o por terceros, en resguardo de elementales Derechos Constitucionales, y por la posible afectación de su patrimonio por el dictado de una sentencia ARBITRARIA que contiene GROSEROS VICIOS DE HECHO, DERECHO, DOCTRINARIOS Y JURISPRUDENCIALES.

Manifiesto a la Comisión InterAmericana que la NO REVOCACION de la NULA sentencia del 16 de abril del 2008 en el Expte. 77.334, conlleva la ALTERACION DEL ORDEN JURIDICO y JUDICIAL en la República Argentina.

La cuestionada sentencia brinda sobrados fundamentos a quienes sostienen que en Argentina NO EXISTEN SEGURIDAD PERSONAL NI JURIDICA.

El fallo que se cuestiona atenta contra principios Jurídicos vigentes en el mundo, como son los de preclusión, cosa juzgada, dictar sentencia sin tener en cuenta el objeto motivo del litigio y otros, los que alteran el debido respeto a la Constitución, Tratados y a las Leyes sancionadas por el Congreso de la Nación.

Decía Francisco de Quevedo: “Donde no hay Justicia es peligroso tener razón, ya que los imbéciles son mayoría.”

La Corte Suprema de Justicia de Argentina al dictar la INCONSTITUCIONAL y ARBITRARIA sentencia del 16 de abril del 2008, ha perdido lo más valioso que poseía, que no es su poder sino su prestigio.

Con la autoridad moral que me confiere haber luchado desde hace 40 años a favor de la JUSTICIA, hoy con dolor debo manifestar que poco o nada queda en Argentina que permita sostener que existe respeto por la Constitución Nacional, por la JURIDICIDAD, por el ESTADO DE DERECHO.

Con actos como el que se denuncia y otros que informaré, resulta imposible decir al mundo que hay una REPUBLICA cuando no se respetan la forma representativa, republicana y federal de gobierno consagradas por el Artículo 1º de la Constitución Nacional.

El Poder Ejecutivo gobierna sin tener en cuenta al Congreso de la Nación, y presionando a los Magistrados del Poder Judicial, hechos de público conocimiento.

Tampoco respeta el poder de los Gobernadores, verdaderos Jefes de Estado en sus provincias, a los que somete mediante la distribución autoritaria de recursos provenientes de impuestos.

La situación generada con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que se cuestiona es de gravedad INSTITUCIONAL EXTREMA porque el accionar proviene, precisamente, del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, que destroza el sistema Judicial Argentino.

Si la Corte Suprema REVOCA su propia sentencia en menos de 9 meses en una misma causa, con el mismo objeto y personas, ¿Qué Jurisprudencia y ejemplo quedará para el resto de los Magistrados Inferiores?

EL PODER EJECUTIVO ha burlado el Derecho a la Defensa de la Competencia consagrado en el Artículo 42º de la Constitución Nacional al no cumplir con la Ley 25.156 que reglamentó lo dispuesto por la Carta Magna.

La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ha violentado las Leyes Nº 25.156, Nº 24.240; Nº 22.262, Nº 24.065 y Nº 24.076; no ha ajustado su accionar a lo dispuesto por el Código Procesal Penal y ha concretado un acto DENEGATORIO DE JUSTICIA, alterando el derecho de DEFENSA EN JUICIO, consagrado por el Artículo 18º de la Constitución Nacional y obligatorio conforme Tratados Internacionales.

Que vengo a solicitar que se resuelva en la Comisión InterAmericana la adminisibilidad de la presente DENUNCIA en forma MUY URGENTE por la afectación de derechos Constitucionales y personales de quienes plantearon la acción de amparo.

Que asimismo solicito que, en caso de disponerse la intervención de la Corte InterAmericana de Justicia, se analice la violación de derechos consagrados por la Constitución Nacional por parte del Poder Ejecutivo, esto es la creación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia conforme la Ley Nº 25.156; y la “revocación” de la sentencia que se cuestiona por estar viciada de NULIDAD por la Corte Suprema de Justicia.

Que me permito requerir de esa Honorable Comisión InterAmericana y/o la Corte InterAmericana de Justicia, en su caso, SOLICITEN CON CARÁCTER DE MUY URGENTE AL GOBIERNO DE ARGENTINA LA SUSPENSION DE TODOS Y CUALQUIER TRAMITE VINCULADO CON EL EXPEDIENTE Nº 77.334, y de manera especial la aplicación de la sentencia de la Corte Suprema del 16 de abril del 2008 (contenida en B-1626).

Ello así porque implican la clara violación de normas Constitucionales, Tratados Internacionales y Leyes de la Nación Argentina, que afectan la INSTITUCIONALIDAD Y LA SEGURIDAD JURIDICA Y JUDICIAL DE LA NACION, como así también el BIENESTAR Y EL ORDEN PUBLICO, Y “EL INTERES ECONOMICO GENERAL” (Art. 1º Ley 25.156).

Dada la gravedad INSTITUCIONAL y de preservación del sistema REPUBLICANO DE GOBIERNO, considero que la Honorable Comisión InterAmericana debería hacer suyo lo expuesto en el presente escrito.

Este constituye un ampliatorio de lo peticionado por los Amparistas en el “Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria” presentado el día 25 de abril del 2008, en el que se plantea la NULIDAD de la sentencia de la Corte Suprema, que ha sido rechazado; por lo que correspondería remitir la presente DENUNCIA a la Honorable Corte InterAmericana de Justicia.

La DENUNCIA ante esa Digna Comisión encuentra sustento en los reiterados hechos que en Argentina ATENTAN contra la vigencia de la CONSTITUCION NACIONAL, y consecuentemente la SEGURIDAD JURIDICA Y PERSONAL de los ciudadanos y habitantes, situación contemplada en varios Artículos de la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, que han sido incluidos en la Constitución Nacional Argentina en el Artículo 75, inc. 22.

Nos basta señalar como situaciones que implican la alteración de esos derechos las tremendas movilizaciones de millones de Argentinos golpeando cacerolas; las tomas de rutas; los problemas con los agricultores; carpas frente al Congreso de la Nación; inflación; desabastecimiento; inseguridad jurídica y personal (con miles de muertes); lo que acredita un proceso de descomposición de características casi apocalípticas.

La Ley Nacional Nº 23.054 aprobó el “PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA”, incorporándolo a la Legislación Argentina con carácter de Obligatorio.

La Ley Nacional Nº 23.313 incorpora el “PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS, ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Y PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO”, abiertos a la firma en Nueva York, el 19 de diciembre de 1966.

Forma parte integrante de la legislación Argentina la “DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS”, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre del año 1948.

De estos Tratados Internacionales, que tienen rango Constitucional, en Argentina se han violado los siguientes derechos: a) igualdad ante la Ley; b) a la protección de la familia; c) derecho a una Justicia independiente e imparcial; d) derecho a una acción rápida y eficiente para obtener la protección de derechos Constitucionales; e) derecho a la propiedad; f) derecho de petición; g) derecho a un proceso regular; g) “a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”; h) al respeto a sus libertades y derechos y al amparo Constitucional de los mismos, sin ningún tipo de discriminación; i) a gozar de garantías judiciales; j) al principio de legalidad y de irretroactividad; k) a la indemnización por error judicial; l) derecho de expresión y de opinión; ll) a la intimidad, y otros.

La sentencia cuestionada constituye una clara, indudable y aberrante violación del Artículo 25ª de la “CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS”.

II.- HECHOS – ACCION DE AMPARO

“El amparo es una figura que protege a los particulares de las agresiones de los poderes públicos”, Aldo Giordano, ex Fiscal de Estado, Mendoza, Diario “UNO”, pag. 16, 1º de julio del 2008.

“El amparo es un proceso sumamente simplificado tanto en su aspecto temporal como en cuanto a sus formas. Su principal objeto es reparar de modo urgente y eficaz la lesión de un derecho Constitucional.” “La finalidad es lograr, en su caso, la anulación del acto lesivo del derecho fundamental, es decir cualquiera de aquellos expresa o implícitamente reconocidos por la Constitución.” “ACCION DE AMPARO”, Omar Díaz Solimine, pag. 47, José Luis Depalma Editor, volumen 13, 2003.

El 7 de abril del año 2004, MANUEL BELMONTE Y LA ASOCIACION RURALISTA DE GENERAL ALVEAR, interponen Acción de Amparo – “expedita y rápida” – contra el ESTADO NACIONAL – PODER EJECUTIVO – MINISTERIO DE ECONOMIA – SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA – COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, conforme el Artículo 43º de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, requiriendo del Juez Federal de San Rafael que se solicite al Poder Ejecutivo Nacional la conformación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, tal como disponen el Artículo 42ª de la Constitución, y los Artículos 17º y concordantes de la Ley 25.156, reglamentaria del mencionado artículo de la Carta Magna. La Ley 25.156 fue sancionada en el año 1999.

Lo peticionado en la Acción interpuesta SOLAMENTE contra el Estado Nacional – Poder Ejecutivo – Ministerio de Economía y Producción –consistía en solicitar al Poder Ejecutivo y demás organismos del Estado, que se abstuvieran de tratar concentraciones económicas sin cumplir con lo normado por la Ley 25.156 hasta tanto se creara el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, único organismo que conforme a Derecho, puede tratar las fusiones y concentraciones de empresas que superen los $ 200.000.000, como lo disponen el Artículo 8º y concordantes de la mencionada Ley

En subsidio, a los fines de permitir la continuidad de las acciones del Poder Administrador, se solicitaba que se conformara con todos los miembros la Comisión de Defensa de la Competencia, tal como disponen los Artículos 7º, 8º, y 10º de la derogada Ley 22.262.

En ese momento (7 de abril del 2004), la mencionada Comisión, solamente estaba constituida con 2 miembros, esto es, sin el quórum legal mínimo indispensable para sesionar válidamente que exige todo el ordenamiento jurídico Argentino, y de manera especial el Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación obligatoria, dada la naturaleza penal económica de la defensa de la competencia. Se solicitaba medida cautelar.

En síntesis, en la Acción de Amparo se peticionaba: 1) el estricto cumplimiento de lo que disponen el Artículo 42º de la Constitución Nacional, y la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia que reglamenta ese derecho; y 2) en subsidio, hasta tanto se constituyera el Tribunal, que se conformara la Comisión con todos sus miembros para al menos, tener quórum mínimo para sesionar, tal como disponen la Ley Nº 22.262, el Código Procesal Penal de la Nación y el resto del ordenamiento jurídico.

El Juez Federal de San Rafael concede la medida cautelar y posteriormente la Acción de Amparo, conforme a Derecho, Doctrina y Jurisprudencia.

El demandado ESTADO NACIONAL interpone varios infundados recursos ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Las empresas DISCO AHOLD y CENCOSUD S. A. solicitan ser tenidas como parte.

Tanto el Juez Federal de San Rafael como la Cámara Federal de Apelaciones RECHAZAN un total de 21 presentaciones efectuadas por los quejosos. Todas estas Resoluciones Judiciales están sobradamente fundadas en Derecho, Doctrina y Jurisprudencia.

Los recurrentes presentan un “per saltum” ante la Corte Suprema de Justicia y varios recursos, los que son rechazados por el Máximo Tribunal de Justicia de Argentina, entre los años 2005 y 2006.

El 22 de marzo del 2006, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza dicta una Resolución extensa, fundada y ajustada a Derecho, Doctrina y Jurisprudencia (fs. 1679 a 1691 del expediente principal).

Resuelve: 1) hacer lugar parcialmente a los recursos impetrados por los amparistas; 2) no hacer lugar a los recursos de los quejosos, Estado Nacional, Cencosud S. A. y Disco Ahold; 3) declara “devenidas en abstracto” las acciones; 4) ordena a la Comisión de Defensa que con todos sus miembros, tal como ordena la Ley 22.262, inicie el trámite conforme lo determina el Artículo 8º de la Ley 25.156; 5) impone las costas de ambas instancias al Estado Nacional, a Cencosud S. A. y a Disco Ahold.

El día 3 de Julio del año 2007, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION emite FALLO DEFINITIVO ”, en los Expedientes B-578, B-861, B-1793, B-2447 y B-2448, ratificando lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

La Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta SU Jurisprudencia anterior, ratifica que la causa ha “devenido en abstracto”, motivo por el cual “la Corte carece de jurisdicción”, y porque “debe atender a la situación existente al momento de ser dictadas”.

Ordena el archivo del expediente, la remisión al Tribunal originario de Mendoza y remite copia al Consejo de la Magistratura frente a la posibilidad de sentencias contrapuestas del Inferior.

Sorprendentemente, sin justificativo Constitucional o Legal alguno, el 17 de abril del año 2008, o sea 9 meses más tarde, en la misma causa, con los mismos actores, con el mismo objeto, la Corte Suprema de Justicia, alterando su propia unánime Jurisprudencia, incluso en el mismo caso, en el recurso B-1626/2006, resuelve “hacer lugar a las quejas, se declaran procedentes los recursos extraordinarios y se revoca la sentencia de la Cámara Federal. Con costas.”

Lo expuesto sucede en el mismo expediente principal, Nº 77.334.

Ante lo increíble de esta sentencia, quienes habían pedido el cumplimiento de la Constitución y las Leyes vigentes, presentan un fundado “Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria” que la Corte Suprema rechaza basado en una Ley que no es de aplicación al caso.

REALMENTE SORPRENDENTE.

Los Magistrados que emitieron la cuestionada sentencia del 16 de abril del 2008:

1) Han fallado contra lo que disponen numerosos Artículos de la Constitución Nacional, en este caso, de modo especial los Artículo 42º y 43º; y las Leyes 25.156 y 22.262;

2) No han tenido en cuenta lo normado por el Código Procesal Penal de la Nación y el Reglamento para la Justicia Nacional, de aplicación obligatoria y supletoria (Artículo 56º de la Ley 25.156);

3) No han considerado la abundante prueba obrante en el Expte. 77.334, que tiene miles de fojas, y más de 4 años, a pesar de tratarse de una acción “expedita y rápida” para requerir el cumplimiento de derechos consagrados en la Constitución Nacional;

4) Han desconocido la normativa Constitucional referida al Amparo consagrada en el Artículo 43º de la Carta Magna;

5) Han desestimado las fundadas y estudiadas razones volcadas en 21 Resoluciones de los Tribunales inferiores, esto es el Juez Federal de San Rafael y la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, ajustadas a Derecho, Doctrina y Jurisprudencia de la propia Corte Suprema;

6) Han dictaminado en CONTRA DE SU PROPIA UNANIME JURISPRUDENCIA;

7) Más grave aún, han emitido sentencia EN CONTRA DEL FALLO DEFINITIVO DEL 3 DE JULIO DEL 2007 DE LA MISMA CORTE SUPREMA EN LA MISMA CAUSA, POR EL MISMO OBJETO Y CON LAS MISMAS PERSONAS, HECHO QUE NO RECONOCE PRECEDENTES EN LA HISTORIA JUDICIAL DE ARGENTINA NI DEL MUNDO;

8) Han fundado su sentencia en normas de naturaleza administrativa, que no son de aplicación al caso, porque la defensa de la competencia es penal y/o contravencional económica;

9) Al desdecir y contradecir en el término de 9 meses su propia sentencia en la misma causa, preclusión, que ha sido reiteradamente penalizada por el Máximo Tribunal, la Corte Suprema genera un serio problema respecto del funcionamiento del Sistema Judicial Argentino porque ¿si la Corte Suprema de Justicia de la Nación no respeta y contradice sus propias Sentencias en UNA MISMA CAUSA, cómo hará o que validez jurídica y moral tendrán sus fallos ante los Tribunales Inferiores?; esto es INSEGURIDAD JURIDICA Y JUDICIAL;

10) Ha sentenciado en contra de las expresas disposiciones de la Ley de Amparo, basada en Tratados Internacionales y en el Artículo 43º de la Constitución, que consagran la “vía rápida y expedita” frente a violaciones de la Constitución o de Tratados Internacionales por parte de los Gobiernos Parte (Artículo 25ª de la Convención Americana);

11) Ha dictado un fallo sin tener en cuenta lo requerido o peticionado en la Acción de Amparo ni la prueba, hecho de extrema gravedad.

12) Los “Considerando” de la sentencia se contradicen con los fundamentos y con el dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hace suyos; la Procuradora hacía lugar formalmente a los recursos y la Corte Suprema sin justificativo legal alguno, contraría en el mismo escrito lo que afirma antes, hecho que consistiría en falsear sus basamentos;

13) Asimismo, hace decir a la Cámara Federal de Apelaciones lo que no ha manifestado. La Corte pone en boca de la Cámara el supuesto “silencio” de la Ley 22.262 sobre la cantidad de miembros para sesionar.

En realidad el Tribunal de Mendoza dice todo lo contrario, haciendo especial referencia al Artículo 7º de la norma, manifestando: “¿Puede hablarse de Comisión cuando la decisión la está por adoptar con un número insuficiente de miembros? De lo que no nos cabe la menor duda es que el número de miembros es francamente mínimo ya que la Ley 22.262 exige cinco, y en consecuencia el órgano no puede válidamente tomar decisiones por carecer de quórum.”

Concluye: “Cuando el legislador prevé los reemplazos en casos de excusación, lo que ha de interpretarse es que su intención fue justamente que la Comisión se halle siempre integrada por sus cinco miembros.” (página 13 de la sentencia, fs. 1685 del expediente)

NO SE CONOCE EN LA HISTORIA JUDICIAL UN CASO SIMILAR, DONDE ES CONDENADO INCLUSO CON COSTAS, QUIEN HA EJERCIDO EL DERECHO DE SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION, TRATADOS INTERNACIONALES Y LAS LEYES VIGENTES.

Un viejo axioma jurídico sostiene que: “Jamás podrá ser condenado quien pide el cumplimiento de la Constitución y de la Ley.” Salvo en Argentina.

Se acude ante esa Honorable Comisión InterAmericana para denunciar estos graves hechos que atentan contra el sistema Jurídico y el Estado de Derecho, con el fin que se notifique al GOBIERNO DE LA NACION ARGENTINA que debe modificar la situación existente, conformando el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA como ordena la Ley 25.156.

También para que sea REVOCADA la ARBITRARIA, ILEGAL Y ABSURDA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de fecha 16 de abril del 2008.

ELLO CON CARÁCTER DE URGENTE, EN RAZON DE LA AFECTACION DE DERECHOS PERSONALES Y PATRIMONIALES DE QUIENES SOLICITARON POR LA VIA CONSTITUCIONAL DEL AMPARO, EL CUMPLIMIENTO DE LA CARTA MAGNA Y QUE
AHORA RESULTAN CONDENADOS EN COSTAS.

UNA VERGUENZA.

III.- LA CONSTITUCION NACIONAL

El Preámbulo dispone que se debe “afianzar la justicia” y “promover el bienestar general”.

Los Artículos 1º (“forma representativa republicana” de gobierno); 14ª (“derecho de peticionar a las autoridades”); 16º (“todos los habitantes son iguales ante la ley”); 17º (sentencia fundada en ley); 18ª (“inviolabilidad de la defensa en juicio”); 28ª (prioridad de los Derechos Constitucionales); 29º (prohibición de concesión de facultades); 31ª (respeto al orden Constitucional, Tratados Internacionales y orden Jurídico); 33º (principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno); 37º (garantía de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular); 42º (protección de los usuarios y consumidores y a “la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales”); 43ª, que consagra el derecho de las asociaciones y de los ciudadanos afectados “contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restringa, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por esta Constitución, un tratado o una ley”; 53º (derecho de acusar “… a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño” ….; 75º (Atribuciones del Congreso de la Nación), de modo especial el inciso 22 que confiere garantía Constitucional a los Tratados Internacionales); 76º (prohibición de delegación de facultades); y concordantes de la Constitución Nacional; Tratados Internacionales suscriptos por la Nación Argentina y demás razones de hecho, de Derecho y Jurisprudenciales que se expondrán en la presente DENUNCIA brinda sustento Constitucional a la petición.

La Constitución Argentina dispone en el Artículo 42ª: “Las autoridades proveerán a la … a defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.”

Ha sostenido la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que: “Lo que no puede transgredirse bajo pretextos pueriles de falta de constitución de los órganos competentes impuestos razonablemente por leyes posteriores y más justas, y suplantarse con meros trámites formales que no satisfacen el debido e irrestricto acatamiento del art. 42 de la Carta Magna.”

La Cámara Federal afirma el cumplimiento del mandato Constitucional.

Este mandato se concreta mediante la sanción por parte del Congreso de la Nación de la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia, de aplicación OBLIGATORIA.

Esta norma se complementa con la Ley Nº 24.240 de Defensa del Usuario y del Consumidor, también de raigambre Constitucional.

IV.- GRAVE Y PELIGROSA SITUACION INSTITUCIONAL EN ARGENTINA.

Prestigiosos tratadistas de Derecho Constitucional, reconocidos y antiguos medios de difusión (diarios, radios, canales de televisión, páginas en Internet), periodistas, analistas, dan cuenta todos los días de la grave situación institucional que padecemos en Argentina.

Existe por parte del Poder Ejecutivo un verdadero desprecio por los Derechos Constitucionales de los Argentinos y por las Instituciones.

Hablar de soberbia, autoritarismo y de un gobierno casi dictatorial es palabra común.

Se ha llegado al caso que mediante una Resolución Ministerial, la Nº 125 del Ministerio de Economía, se legisla sobre gravámenes y cargas impositivas, facultad propia del Congreso (Artículo 75º, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional).

Esta Resolución es verdaderamente confiscatoria al crear una “retención” (impuesto) del 47% sobre las explotaciones de los productores ruralistas. Esto ha motivado la reacción que conoce el mundo, con millones de ciudadanos en todo el país golpeando cacerolas, cortes de rutas, detenidos sin juicio previo, agravios.

El Poder Ejecutivo desde hace años hace uso y abuso de super poderes que le permiten LEGISLAR sin intervención y por encima del Congreso, alterando el sistema republicano de división de poderes.

Impera el pensamiento UNICO, casi absolutista, de quienes mandan.

Quienes no están de acuerdo son considerados ENEMIGOS.

Han destruido el pacto social y la convivencia pacífica y armónica de los Argentinos.

En lugar de sanar heridas de nuestra historia, y dedicarse a construir el futuro, se gobierna retornando a un pasado que los tiene a los propios actuales Gobernantes como protagonistas de groseros errores de nuestra historia reciente. Tal el grado de soberbia y autoritarimo.

Los medios de difusión que osan disentir o mencionar verdades respecto de lo que sucede en el país son acusados de “golpistas” por las autoridades. Se intenta silenciarlos, con lo cual atacan la libertad de prensa y la libre expresión. Este grave hecho es señalado por los periodistas corresponsales de medios extranjeros en sus notas.

Quienes no coincidimos con las autoritarias políticas oficiales, y propiciamos el debate, hecho fundamental en una democracia republicana, somos acusados de “desestabilizadores”; “gorilas”, “retrógrados”, “oligarcas”, “golpistas”, etc, ya sea por funcionarios nacionales o por personeros voceros del Gobierno. Se atenta contra el derecho de disentir y de difundir las ideas.

Se ha denunciado en forma pública que existen cerca de 10.000 teléfonos intervenidos ilegalmente (“pinchados”) para conocer que hace la oposición. Nos hace recordar la K.G.B. soviética.

Recordemos que a Richard Nixon le costó la presidencia de Estados Unidos una sola intervención o escucha ilegal en la sede del partido opositor.

El vicepresidente de la Nación y los diputados que disienten con los criterios del matrimonio Presidencial (actual y ex), son acusados en forma pública de “traidores.”

El ex presidente Kirchner amenaza a los diputados y senadores Nacionales advirtiéndoles que si no votan como el manda, “les aplicará la ley de defensa de la democracia y hará todo lo posible, y hasta la imposible, para meterlos presos.” Sin ningún empacho se habla de “sobornos” para votar leyes. (“Los Andes”, página 23ª, domingo 29 de junio del 2008 – “La Argentina de los malos presagios”, artículo del columnista de “La Nación” de Buenos Aires, Joaquín Morales Solá)

Nuevamente volvemos a ocupar los primeros lugares entre los países considerados con mayor grado de corrupción e inseguridad, tanto personal como jurídica.

Se convoca a actos oficiales mediante el recurso de “pagar” la asistencia con fondos que deben salir del Estado. Así lo acreditó la lamentable muerte de un joven que desde Tucumán (más de 1.000 kms) había ido a Plaza de Mayo “porque le daban $ 200, el viaje y la comida,” según sus padres.

Algunos están convencidos que “todos se compran, todos se venden.” Se ha alterado el derecho de discrepar en democracia, reemplazándolo con la compra de voluntades para lograr apoyos. Lamentable.

Los ciudadanos somos rehenes del accionar de grupos con armas o palos que se permiten, incluso, producir verdaderos “sitios” en determinadas zonas.

Tristemente se está enfrentando a Argentinos contra Argentinos, situación que se contradice con el Preámbulo de la Constitución Nacional que propicia … “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior …. promover el bienestar general.”

Párrafo especial merece la INSEGURIDAD. En el año 2007 fallecieron en accidentes de automóviles 8.104 personas, con miles de heridos. Otras 2.000 personas murieron por hechos de violencia (asesinatos, asaltos, violaciones). Cerca de 10.000 muertos por año, más que en muchas guerras.

Hay cerca de 24.000 robos por día. Un reciente informe de la O. E. A. acredita que Argentina es el país de América Latina con mayor tráfico y consumo de drogas.

Paralelamente, se estima en cerca de 3.500.000 niños los que se encuentran en estado de sub alimentación. En uno de los graneros del mundo millones padecen hambre.

Se han degradado la educación y la salud a niveles insospechados.

MAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, CIVILES, POLITICOS, SOCIALES Y ECONOMICOS NO PUEDEN EXISTIR.

Ante la tremenda gravedad de los hechos denunciados, es imprescindible que esa Comisión InterAmericana disponga intervenir en el presente caso, y si así lo considera, sometiendo el mismo a la competencia de la Corte InterAmericana de Justicia (Art. 61º).

V.- VIOLACION DE LA LEY NACIONAL Nº 25.156 DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Esta denuncia ante la Honorable Comisión InterAmericana, entre otros motivos, encuentra sobrado fundamento en que la Corte Suprema de Justicia al hacer lugar en la sentencia del 16 de abril del 2008 a uno de los recursos de los quejosos, está aceptando la ilegal e injustificada MORA DEL ADMINISTRADOR en la creación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia tal como ordenan los Artículos 17º y concordantes de la Ley 25.156, que reglamenta el Artículo 42º de la Constitución Nacional.

Dice la Ley Nº 25.156:

“ARTICULO 1º – Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.
Queda comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos del párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción declarada por acto administrativo o sentencia firme, de otras normas.”

Dada la tremenda trascendencia de la norma que se refiere a toda conducta de la cual “pueda resultar perjuicio para el interés económico general”, el accionar OMISIVO del Poder Ejecutivo reprimido por la Constitución Nacional (Artículo 43º que consagra la acción de amparo) y el ordenamiento jurídico resulta de SUMA GRAVEDAD.

No hace lo que una Ley le ordena.

El Artículo 248º del Código Penal de la Nación dispone: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación por doble tiempo, el funcionario público que ……o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.”

La no conformación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia no es un tema menor.

La Constitución Nacional en el Artículo 42º consagra el derecho a la defensa de la competencia y a la protección de los monopolios.

El Artículo 17º y siguientes de la Ley 25.156 ordenan la conformación del Tribunal Nacional, único órgano con competencia para aprobar fusiones y concentraciones económicas, autónomo, no político, integrado por profesionales que tienen un mandato de 6 años (más que el presidente de la Nación), que son elegidos por riguroso concurso de antecedentes por calificado tribunal. Sus amplias facultades están mencionadas en la Ley.

La Defensa de la Competencia se concreta a través del Tribunal.

NO ESTA CREADO. NO HAY DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Es como si la Constitución amparara la Justicia, se sanciona una Ley que dispone crear Tribunales y Juzgados, pero no se nombran los Jueces.

NO HAY JUSTICIA.

La Cámara Federal de Apelaciones ha condenado la MORA DEL EJECUTIVO en cumplir lo que ordenan la Constitución y la Ley Nº 25.156.

La Corte Suprema, al revocar su propia sentencia, está exonerando de culpa a quien ha obrado EN CONTRA de lo que dispone una Ley del Congreso de la Nación sancionada en 1999, que reglamenta el Artículo 42º de la Constitución Nacional que consagra la defensa de la competencia.

Una barbaridad jurídica que avala una violación de la Constitución y de la Ley 25.156.

Se viola lo dispuesto por la institución del Amparo, que obliga a pronunciarse sobre el objeto de la acción.

El fallo no se compadece con lo tratado en un expediente que tiene más de 13 cuerpos y 4 años de sustanciación.

Esto solamente es causal para NULIFICAR la SENTENCIA de la Corte Suprema de Justicia, y promover las acciones que esa Comisión Internacional considere de aplicación.

La Ley Nº 25.156 fué sancionada por el Congreso de la Nación el 25 de agosto de 1999, promulgada el 16 de septiembre de 1999 y publicada en el Boletín Oficial de la Nación 4 días más tarde.

La Ley 25.156 ordena que esta norma debía ser reglamentada en el plazo de 120 días (Artículo 60º).

El 25 de enero del 2001, o sea un año y medio después, el Poder Ejecutivo sanciona el Decreto N° 89/2001, reglamentando la Ley, es decir un año y 6 meses después, cuando debió hacerlo como máximo en abril del año 2.000.

Aún cuando se pudiera soslayar ese importante aspecto esencial, la inexcusable OMISION del Poder Ejecutivo queda manifestada en su propio accionar, dado que al reglamentar el Artículo 19° de la Ley 25.156, dispone que :

“El Señor Presidente de la Nación designará a los miembros del TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA conforme el procedimiento establecido en la presente reglamentación.”

El citado Artículo ordena que el Ministro de Economía y la Producción, a instancia del Secretario de Defensa de la Competencia y del Consumidor, dictará el Reglamento del Concurso; hará el llamado público para dicho concurso; y convocará al Jurado para su substanciación y resolución.

Este accionar debió cumplimentarse en el plazo de 60 DIAS siguientes a la vigencia del decreto. a más tardar en abril del 2001.

Dentro del plazo establecido, debió confeccionarse la lista de profesionales candidatos a integrar el Tribunal; y en los 20 DIAS POSTERIORES, el Presidente de la Nación, a propuesta del Ministro de Economía, tendría que haber designado a los integrantes del TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Este organismo debió comenzar a ejercer sus funciones después de 60 días posteriores a la designación por parte del Presidente de la Nación.

El Artículo 59° del Decreto Reglamentario dispone: “Dentro de los sesenta (60) días a contar a partir de la entrada en vigencia de la presente reglamentación, la Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor establecerá los mecanismos para: a) la comunicación periódica de información; b) la transferencia de todas las causas y tramitaciones, que en las materias objeto de esta ley hayan sido con anterioridad obtenidas por o atribuidas a otros organismos y/o entes estatales.”

AUN NO CUMPLIENDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY Nº 25.156, como máximo en JUNIO DEL 2001 debió estar conformado el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

TAMPOCO ESTE PLAZO SE CUMPLIO.

Tanto la Ley 25.156 como la Reglamentación disponen el traspaso perentorio de todas las causas y tramitaciones que se encontraban en la Comisión al órgano autárquico creado por Ley en cumplimiento de la Constitución Nacional: el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.

El Ministerio de Economía y de la Producción, mediante Resolución Ministerial N° 29 del año 2002 efectuó la “Convocatoria a Concurso de Antecedentes y Oposición para la Designación de los Miembros del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia”.

Se procede a entregar los formularios a los interesados, copia que obra en el Expediente 77.334 como prueba instrumental.

El 22 de abril del año 2003 se produce el cierre del Concurso, en el marco del Expediente N° S01:0028752/03 caratulado “FORMACION DEL TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA” mediante Acta labrada al efecto.

Se presentaron 39 profesionales con la documentación solicitada.

A pesar de haberse realizado el concurso de antecedentes y transcurrido un año más desde el Decreto 89/2001, a más de 6 años de éste y a casi 9 años de sancionada la Ley 25.156, el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA NO FUE CONSTITUIDO POR EL PODER EJECUTIVO.

El Decreto Nº 89/2001; la Resolución Nº 29/2002 y el Llamado a Concurso, acreditan que NO ESTAMOS EN PRESENCIA DE UNA SIMPLE OMISION.

La Acción de Amparo promovida por MANUEL BELMONTE Y LA ASOCIACION RURALISTA DE GENERAL ALVEAR, MENDOZA, reclamando la constitución del TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se inicia el 7 DE ABRIL DEL 2004, habiendo sido el PODER EJECUTIVO NACIONAL debidamente notificado de todo ello, como consta en el Expediente 77.334.

La Cámara Federal expresaba: “Por otra parte, cabe puntualizar que el órgano que autoriza deberá necesariamente efectuar un puntilloso y complejo estudio de mercado (detallado en los arts. 8°, LDC y reglamentado en el Decreto 89/01), cuyas condiciones sólo garantiza – sin hesitación – el T. N. D. C., entonces, ¿puede la colectividad – interesada – sentirse garantizada con la decisión de un órgano que además de no ser especializado – en los términos de la norma vigente – se encuentra “desintegrado”, y sus miembros – los pocos que quedan – son nombrados directamente y sin concurso por el Ministro de Economía? (art. 6°, Ley 22.262).”

Han pasado 8 años y 10 meses de sancionada la Ley 25.156 que ordena la creación del Tribunal conforme los Artículos 17º y concordantes de la norma, cumpliendo con el Art. 42º de la Constitución Nacional, y este Tribunal NO HA SIDO CONFORMADO POR EL PODER EJECUTIVO DE ARGENTINA.

Su responsabilidad por INACCION U OMISION y la MORA es INDUDABLE, IRRETUABLE e INDELEGABLE por no hacer lo que la Ley le ORDENA.

Esta inacción u omisión del Poder Ejecutivo brinda validez, certeza y razón a la Acción de Amparo oportunamente promovida.

Sin TRIBUNAL NACIONAL la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia es como si no existiera, pierde sentido.

En la norma, el Tribunal está citado en la mayoría de los 60 Artículos que la componen.

El indudable incumplimiento del Poder Ejecutivo en aplicar en tiempo y forma la Ley 25.156 altera el orden jurídico; violenta el interés económico general; subvierte el orden público; aniquila el Estado de Derecho; atenta contra la Constitución Nacional, y el interés general.

Sorprendentemente, la sentencia de la Corte Suprema que se cuestiona, al hacer lugar a los recursos – que antes había rechazado – ratifica esas ilegalidades.

Siguiendo los criterios sustentados por la Corte Suprema en sus propias sentencias, su fallo CARECE DE VALIDEZ. Pero al mejor estilo Argentino: “la Constitución dice”….. “la Ley dice” ….. pero NOSOTROS (EL PODER) DECIMOS Y HACEMOS LO QUE QUEREMOS.

VI.- VIOLACION DE LA LEY 22.262 – ERROR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La Ley 25.156 reemplaza y DEROGA a la anterior Ley 22.262, que tenía otro carácter.

Tanto así que no resolvía sobre fusiones y concentraciones, dejando la decisión final de los temas que trata en un funcionario político de tercer nivel, un subsecretario del Ministerio de Economía.

Encuentra también sustento la presente DENUNCIA ante la Comisión Internacional en el GRUESO ERROR DE DERECHO en que incurre la Corte Suprema de Justicia al no aplicar en su sentencia en forma correcta ni siquiera la derogada Ley 22.262, de modo especial los Artículos 7º, 8º y 10º, que se refieren a la constitución de la Comisión de Defensa de la Competencia, hecho que NULIFICA SU SENTENCIA.

Sorprendente e increíblemente, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia hace decir a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que ante el … “silencio de la Ley 22.262” …, en cuanto a la conformación de la Comisión de Defensa de la Competencia, éste organismo debe actuar con la totalidad de sus miembros.

ESTO NO ES VERDAD.

La Cámara Federal de Apelaciones en reiteradas resoluciones – que al menos debieron haber sido leídas por la Corte Suprema – llama la atención al Poder Administrador (demandado en la acción de amparo) por el incumplimiento de la Ley 25.156 en no conformar el Tribunal Nacional, y además en no constituir la Comisión con la cantidad de miembros que la derogada Ley 22.262 ordena.

La Ley 22.262 en forma taxativa establece que la Comisión DEBE funcionar con 5 miembros, (y aclara para que no queden dudas) un presidente y 4 directores, 2 de ellos abogados y 2 profesionales en ciencias económicas.

La Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, RATIFICADA por la Corte el 3 de julio del 2007, se ajustaba a lo que prescriben los Artículos 7º, 8º y 10º de la Ley 22.262 y al resto de las normas de aplicación al caso.

La Corte Suprema REVOCA su propia sentencia utilizando erróneos argumentos de naturaleza administrativa que no corresponden y que tampoco dicen lo que sostiene la Corte, porque existe un sistema legal penal para la defensa de la competencia.

Los ejemplos citados en el fallo – Leyes 24.065 y 24.076 – no sólo CONTRADICEN lo que afirma el Máximo Tribunal de Justicia, sino que avalan la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Era más fácil y legal acudir a las normas que rigen en la materia que rebuscar fundamentos que incluso reafirman lo peticionado en la acción de amparo.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia se transforma en un CONTRASENTIDO ABSOLUTO.

La Corte Suprema fundamenta su fallo haciendo referencia a que la Ley 22.262 no requiere de un quórum o número mínimo necesario para sesionar válidamente, y relaciona esta errónea posición con la Ley 24.076. Esta Ley, que se refiere al funcionamiento del ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas), dispone:

“ARTICULO 53º. – El Ente Nacional Regulador del Gas será dirigido y administrado por un directorio de cinco miembros, uno de los cuales será el presidente, otro el vicepresidente y los restantes los vocales, designados todos ellos por el Poder Ejecutivo Nacional.”

Al referirse a la necesidad de conformación del quórum válido para sesionar, la Ley ordena:

“ARTICULO 58º. – El directorio formará quórum con la presencia de tres (3) de sus miembros, uno de los cuales deberá ser el presidente o quien lo reemplace y sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple. El presidente o quien lo reemplace tendrá doble voto en caso de empate.”

La Ley 24.076 citada para fundamentar la sentencia de la Corte Suprema no sólo dispone que el Directorio “será dirigido” por 5 miembros (como ordenaba la Ley 22.262 para el Directorio de la Comisión de Defensa de la Competencia), sino que obliga a conformar quórum con al menos 3 de sus miembros.

El otro antecedente citado por la Corte Suprema también ratifica lo sostenido por la Cámara Federal de Apelaciones, contrariamente a lo que sostiene el Máximo Tribunal.

Dice la Ley 24.065 que trata sobre el Marco Regulatorio de la Energía y el Ente que lo dirige:

“ARTICULO 57º.- El ente será dirigido y administrado por un directorio integrado por cinco (5) miembros, de los cuales uno será su presidente, otro su Vicepresidente y los restantes vocales.”

Afirma la Ley 24.065. “El ente será dirigido…” por un directorio de 5 miembros. No dice menos. Afirma, será… Es aún más imperativo que la Ley 22.262.

Y refiriéndose al quórum ordena:

“ARTICULO 62º.- El directorio formará quórum con la presencia de tres (3) de sus miembros, uno de los cuales será el presidente o quien lo reemplace y sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple. El presidente, o quien lo reemplace, tendrá doble voto en caso de empate.”

Los dos antecedentes citados en los Considerando de la sentencia de la Corte Suprema ORDENAN que los organismos cuenten con un Directorio de 5 miembros y que el quórum se conformará con al menos 3 de sus miembros. NUNCA MENOS.

Es absolutamente erróneo y no ajustado a Derecho lo afirmado en el dictamen por la Procuradora Fiscal que hace suyo la Corte Suprema cuando refiriéndose a la Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones afirma: “se pretende establecer por vía de un pronunciamiento judicial, disposiciones que no existen en las leyes de defensa de la competencia ni están determinadas en la reglamentación de éstas, configurando ello una inaceptable intromisión de un órgano del Estado sobre otro.”

NO ES VERDAD.

El Artículo 7º de la Ley 22.262 ORDENA que la Comisión … “estará…” integrada por 5 miembros, no por menos, sino por cinco (5).

La simple lectura de los Artículos 7º, 8º y 10º de la Ley 22.262 acreditan que lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia no se ajusta a la Ley y constituye una ARBITRARIA, ERRONEA Y EQUIVOCADA INTERPRETACION DE LA NORMA.

Y DE LAS LEYES CITADAS PARA FUNDAMENTAR UNA INCONGRUENTE SENTENCIA QUE TRATA SOBRE UN TEMA NO PLANTEADO EN LA ACCION DE AMPARO EN LA QUE SOLAMENTE SE SOLICITA LA CONFORMACION LEGAL DE LA COMISION.

Por esta ARBITRARIA y errónea interpretación, NO PUEDE HABER CONDENA EN COSTAS PARA LOS AMPARISTAS,
ES UNA BARBARIDAD.

Afirma la Ley 22.262 que en caso que faltara el presidente, será reemplazado por otro subsecretario de la cartera del Ministerio de Economía. Y si faltare un director, deberá ser reemplazado antes de los 10 días.

En ninguna parte la Ley autoriza a que la Comisión funcione con menos de 5 miembros como sostienen la Procuradora y la Corte Suprema.

En los casos no previstos, es de aplicación el Código Procesal Penal conforme ordenan la el Artículo 56º de la Ley 25.156 y la Ley 22.262, acerca de lo cual la Corte Suprema de Justicia ni siquiera hace referencia.

Esto no es “silencio” de la Ley. Es pretender hacer valer normas en forma ERRONEA Y ARBITRARIA, y que digan lo que no dicen.

No aplicando el Código Procesal Penal que SI OBLIGA LA LEY.

Cuando fue planteada la acción de amparo, a pesar que la Ley 22.262 ordena que la Comisión “estará” compuesta con 5 miembros, solamente tenía 2 miembros número insuficiente hasta para conformar el quórum mínimo legal.

Esta situación se mantuvo aún después del Informe Circunstanciado que prevé el Artículo 8º de la Ley de Amparo.

Lo sostenido por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza se ajusta a Derecho.

La Cámara Federal no solamente cuestiona que la Comisión no tuviera los 5 directores que obliga la Ley 22.262, sino y lo que es fundamental, es que al contar con sólo 2 miembros, “se encontraba sin quórum mínimo” para sesionar válidamente, se “encontraba desintegrada.”

La arbitraria y errónea interpretación de la Corte, no ajustada a las normas de aplicación obligatoria, INVALIDA y NULIFICA la sentencia del 16 de abril del 2008 por cuanto la Corte Suprema no puede desconocer las obligaciones que establecen la Ley 22.262 y el resto de las normas que el mismo Tribunal cita. Ni la obligatoria aplicación del Código Procesal Penal.

Más grave. Mediante un rebuscado argumento pretender hacer decir lo que las Leyes no dicen.

Resulta increíble el error, equivocación desconocimiento, o lo que fuere, respecto de los alcances de varias Leyes por parte de la Procuradora Fiscal y el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación.

LA LEY 22.262 NO SOLO ORDENA QUE LA COMISION CUENTE CON 5 MIEMBROS, SINO QUE FALTANDO EL PRESIDENTE DEBE SER REEMPLAZADO POR OTRO SUBSECRETARIO Y SI ES UN DIRECTOR EN NO MAS DE 10 DIAS.

Esto es lo que sostiene la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que recepta la Corte Suprema en su primer “Fallo Definitivo” y REVOCA 9 meses más tarde.

La ARBITRARIA, ANTOJADIZA Y REBUSCADA interpretación de la Corte Suprema de Justicia no se ajusta a Ley alguna, por lo cual es NULA, conforme reiterada Jurisprudencia del Máximo Tribunal. Se mezcla, se confunde el rol y funciones de la Comisión, con la cantidad de miembros que deben integrarla. Esto constituye una DESACERTADA apreciación del Derecho.

Ha sostenido la Corte Suprema de Justicia que “una derivación no razonable del derecho aplicable, conlleva la violación de los Artículos 17º y 18ª de la Constitución Nacional.” (C.S.J. LL, t. 155, pag.710; 245-281; 234-310; 320-825)

En el Expediente 77.334 se encuentra sobrada y abundante prueba respecto a que la COMISION se encontraba constituida por sólo dos personas, al momento de iniciarse la acción de amparo. Si se agregaron miembros, fue con posterioridad al momento del Informe Circunstanciado de la Ley de Amparo. Esto no cambia la ILICITUD.

Basta para ratificarlo, con leer los propios argumentos del Poder Ejecutivo volcados en hoja 14 del traslado en el que se afirma que:

7) “El Doctor Ismael Malis es el presidente. Fue nombrado el 8-8-02.

8) “El Doctor Salerno fue nombrado el 8-1-04.”

ESTOS DOS PROFESIONALES ERAN LOS UNICOS QUE ESTABAN EN FUNCIONES AL MOMENTO DE PROMOVERSE LA ACCION DE AMPARO. ESTO LO DICE EL PROPIO ESTADO EN SU DEFENSA.

9) “El licenciado Mauricio Butera fue designado el 8 de julio del 2004”. O SEA TRES MESES DESPUES DE INICIADA LA ACCION DE AMPARTO. Increíblemente para Administración Pública (desconocemos bajo que justificación legal, extrema urgencia o necesidad, o si es costumbre del Poder Ejecutivo), fue designado con “EFECTO RETROACTIVO”.

10) El doctor Carlos Guardia Mendoca fue designado el 29 de septiembre de 2004, CINCO MESES DESPUES DE INICIADA LA ACCION DE AMPARO Y CON LA MEDIDA CAUTELAR YA DISPUESTA POR EL JUEZ FEDERAL.

11) El Doctor Eduardo R. Montanat finalizó su mandato el 22 de febrero de 2004, O SEA DOS MESES ANTES DE INICIARSE ESTA ACCION.

12) El doctor Lucas Grosman permaneció en funciones hasta la aceptación de su renuncia, el 25 de julio de 2003, O SEAN 9 MESES ANTES DE LA FECHA DE INICIACION DE LA CAUSA.

Recapitulemos. Los doctores Lucas Grosman y Eduardo R. Montanat habían cesado en sus mandatos mucho tiempo antes.

Y los doctores Butera y Guardia Mendoca fueron designados DESPUES de la presentación de la acción de amparo y del plazo del Informe Circunstanciado que ordena el Artículo 8º de la Ley de Amparo.

DESDE HACE 9 AÑOS NO SE CUMPLE CON LO QUE ORDENA LA LEY 25.156 DE CONFORMAR EL TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

El Congreso de la Nación NUNCA IMAGINO que el Poder Ejecutivo durante 9 AÑOS no iba a cumplir con lo ordenado por una Ley.

A la Comisión de la Ley 22.262 el Congreso le otorgó facultades “TEMPORARIAS” mientras se integraba el Tribunal en los plazos que dispone la Ley 25.156 (Artículos 58º, 59º y 60º) y el Decreto 89/2001.

NINGUN PLAZO LEGAL FUE CUMPLIDO POR EL PODER EJECUTIVO.

Las facultades “temporarias” se utilizan desde hace casi 9 años, con lo cual han pasado a ser permanentes, VIOLANDOSE EL ESPIRITU Y TEXTO DE LA LEY Nº 25.156 DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 42º DE LA CONSTITUCION NACIONAL.

De lo expuesto, surge la NECESARIA intervención de los Organismos Internacionales para restaurar derechos Constitucionales, como el derecho a la defensa de la competencia, de los usuarios y los consumidores, que los Poderes Públicos de Argentina no cumplen.

VII.- LA ARBITRARIA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA QUE SE CUESTIONA

Con fecha 25 de abril del 2008, los Amparistas presentaron en tiempo y forma legal “Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria” contra el fallo dictado el día 16 de abril del 2008 por la Excma. Corte Suprema de Justicia contenido en el Expte. B-1616 – XLII, y otros, en razón de haber tomado conocimiento en forma pública del mismo.

El “Recurso” sostiene que la mencionada sentencia:

1) Violenta elementales derechos consagrados en la Constitución Nacional (propiedad, igualdad ante la Ley, defensa en juicio, de los usuarios y consumidores, de defensa de la competencia, de amparo real y objetivo ante la Justicia, orden de prelación y cumplimiento de las Leyes de la Nación, y otros) y Tratados Internacionales.

2) No se compadece con el espíritu ni con lo normado por la Ley 25.156 vigente.

3) No considera al Código Procesal Penal de la Nación (de aplicación obligatoria supletoria de la citada norma).

4) Tampoco respeta las disposiciones de la derogada Ley 22.262 (de aplicación por la ilegal continuación de la Comisión de Defensa de la Competencia).

5) No se ajusta a lo que disponen las Leyes Nº 24.065 y 24.076, citadas como fundamento por la Corte Suprema de Justicia.

6) El fallo es arbitrario y carece de fundamentos Constitucionales y Legales.

7) La sentencia resuelve sobre cuestiones no planteadas en la acción de Amparo.

8) No considera la importante prueba ofrecida, que obra en el expediente principal y que acredita la razonabilidad y lo ajustado a derecho y a la realidad por la acción de amparo.

9) Es arbitria.

10) Es contradictoria.

11) No considera las 21 Resoluciones emanadas del Juez Federal de 1ra. Instancia de San Rafael y de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que están fundadas en las pruebas aportadas en la causa; en Derecho, en Doctrina y abundante Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

12) El fallo no tiene en cuenta ni hace referencia a la innumerable cantidad de sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es citada tanto por los Magistrados Inferiores como por la parte Actora.

13) La propia Corte Suprema no cita ni considera sus resoluciones precedentes que obran en el mismo expediente, y que constituye Jurisprudencia Nacional.

14) El fallo no responde ni se compatibiliza con los fundamentos del mismo (incongruencia).

15) La sentencia resuelve sobre cuestiones ya firmes, no respetando los principios de cosa juzgada y de preclusión procesal.

16) Es abiertamente opuesta con el Fallo Definitivo dictado en B-578, B-861, B-1793, B-2447 y B-2448, todos del año 2007, por la Corte Suprema de Justicia en la misma causa, con los mismos sujetos procesales, el mismo objeto, en los Recursos de Hecho en los que: “declaró inoficioso emitir pronunciamiento en la presente causa” en razón que “las sentencias de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevinientes” (del voto de la Dra. Carmen Argibay) y en “atención a lo decidido el 22 de marzo del 2006 por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza…”.

17) No se ajusta a elementales fundamentos de Derecho, Jurisprudenciales, Doctrinarios y de hecho que se expondrán en el presente escrito.

VIII.- CONSTITUCIONALIDAD DE LO PETICIONADO

Encuentra sustento la DENUNCIA ante la Comisión InterAmericana de Derechos Humanos en la necesidad de preservar la SEGURIDAD JURIDICA y el sistema REPUBLICANO DE GOBIERNO de ARGENTINA, amenazados por INCUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES (Poder Ejecutivo) Y POR SENTENCIAS ARBITRARIAS como la que se cuestiona (Corte Suprema de Justicia), que AFECTAN EN FORMA DIRECTA LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS CIUDADANOS.

Tiene sustento en el Derecho Constitucional de “peticionar a las autoridades” y en el Artículo 44º de la Convención Americana que dispone que “Cualquier persona …. puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta convención por un Estado Parte.”

Es fácil advertir la cantidad de derechos y normas Constitucionales que ordenan respetar los Tratados Internacionales que han sido violadas por el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

Lo más grave es la alteración del Estado de Derecho y la Inseguridad Jurídica que son consecuencia de la FALTA DE RESPETO AL ORDEN CONSTITUCIONAL.

En lo Institucional, en el análisis de la irregular intervención de la Corte Suprema en la sentencia del 16 de abril del 2008, que como se ha dicho, no reconoce precedentes en la historia Judicial Argentina y del mundo.

En lo ordenado por la Constitución Nacional con relación al sistema de respeto a los Tratados Internacionales suscriptos por la Nación y ratificados por el Congreso.

En lo personal, la sentencia hace peligrar el patrimonio de quienes promovieron la acción de amparo basados en Derechos Constitucionales y que hoy corren riesgos patrimoniales por una sentencia ARBITRARIA.

Dada su incidencia en la economía, golpea los bolsillos de todos los habitantes.

La Corte Suprema exige a los Tribunales Inferiores coherencia en sus resoluciones y respeto a la Constitución y la Ley.

Pero ella no lo hace.

En la misma causa, en el Expte. 77.334, en la sentencia del 3 de julio del 2007, la Corte Suprema sostiene: “Que, no obstante lo expuesto, se advierte que en el curso del proceso que motivó los planteos en examen, el magistrado habría dictado pronunciamientos incompatibles y contradictorios. En razón de ello, se estima pertinente remitir copia de la presente al Consejo de la Magistratura a fin de que se determinen las posibles responsabilidades que pudieran corresponder.”

La Corte Suprema remite al Consejo de la Magistratura el caso, porque el Magistrado de Primera Instancia “habría dictado pronunciamientos incompatibles y contradictorios”.

No especifica de cuales se trata. La sola posibilidad del dictado de resoluciones contrapuestas autoriza la remisión al órgano de juzgamiento, o sea el Consejo de la Magistratura.

El caso de la Corte Suprema de Justicia es mucho más grave.

1) Se trata del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación; y 2) no hay potencial (habría), sino que existen dos fallos definitivos absoluta y totalmente contrapuestos, en una misma causa, con el mismo objeto y los mismos sujetos.

Por un elemental principio de igualdad ante la Ley, no cabe la menor duda que la Comisión Internacional DEBERIA remitir estos actuados a la Corte InterAmericana para que emita juicio sobre el irregular comportamiento de los Ministros de la Corte Suprema, por cuanto los hechos están acreditados en un expediente Judicial, el Nº 77.334.

Nacen del simple cotejo del Fallo Definitivo del 3 de julio del 2007 y la sentencia del 16 de abril del 2008, en la que se desdice de todo lo sostenido en la anterior, contradiciendo su propia Jurisprudencia.

IX.- JURISPRUDENCIA UNANIME DE LA CORTE SUPREMA QUE CONTRADICE LA CUESTIONADA SENTENCIA DEL 16 DE ABRIL DEL 2008

Desde los famosos casos “SIRI” y “KOT”, la Corte Suprema ha sentado Jurisprudencia respecto de la Constitucionalidad de la Acción de Amparo que pacíficamente ha sostenido este Alto Tribunal en forma invariable, hasta esta sorprendente sentencia.

Ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es una exigencia Constitucional que toda sentencia debe fundarse en el Derecho, conforme lo ordenan los Artículos 17º y 18º de la Carta Magna, de modo especial cuando se trata de la preservación del orden público y el interés común (como es el derecho de la competencia).

La C. S. J. N. ha dictaminado que hay contradicción respecto de la norma jurídica aplicable si el juez la declara sucesivamente aplicable e inaplicable (Fallos: 261-269).

También cuando existe un fallo que sienta dos bases incompatibles entre sí, para resolver el problema (Fallos: 297-280).

Hay incongruencia si existe falta de concordancia entre los fundamentos y las conclusiones (Fallos: 303-2036 begin_of_the_skype_highlighting 303-2036 end_of_the_skype_highlighting);

También cuando NO se proyecta en la parte dispositiva el resultado de los fundamentos (Fallos: 303-1145 begin_of_the_skype_highlighting 303-1145 end_of_the_skype_highlighting).

En tales casos, dice la Corte Suprema de Justicia, la sentencia es NULA.

La sentencia que se cuestiona contiene claras violaciones a leyes que son de aplicación obligatoria, que cuentan con raigambre Constitucional, como es la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia y el Código Procesal Penal de la Nación.

Al desconocer, no compadecerse y no brindar respuesta a lo planteado en la Acción de Amparo y a la prueba ofrecida, la sentencia es ARBITRARIA.

Efectúo a continuación un profundo análisis de las CONTRADICCIONES entre la propia y abundante JURISPRUDENCIA de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la sentencia del 16 de abril del 2008, que solicito analizar por ser de extrema gravedad Jurídica e Institucional.

La sentencia que se cuestiona contiene evidentes contradicciones, que conforme reiterada Jurisprudencia de la Corte Suprema, NULIFICAN LA SENTENCIA por ARBITRARIEDAD.

1) PRIMERA CONTRADICCION. La sentencia del 3 de julio del 2007 “declara inoficioso emitir pronunciamiento en la presente causa”, atendiendo a … “lo decidido el 22 de marzo del 2006 por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza”… Ordena que se devuelvan los principales y dispone el archivo de las actuaciones.

El Máximo Tribunal de Justicia de la Nación ha sostenido:

“La Corte Suprema sólo puede ejercer sus atribuciones jurisdiccionales cuando se somete a su decisión un caso concreto, es decir, carece de jurisdicción cuando éste haya devenido en abstracto.” (A. 1611. XXXIX – “Acuña Mónica y otros c/ Prov. de Bs. Aires – Dirección Prov. Rec. Méd.” – 21-03-2006 – T. 329, P) Voto de todos los Magistrados integrantes de la actual Corte Suprema, esto es: Petracchi, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda, Zaffaroni, Lorenzetti, Argibay. (Todos integrantes de la actual Corte Suprema)

“La Corte sólo puede ejercer sus atribuciones jurisdiccionales, cuando se somete a su decisión un caso concreto y no cuando éste haya devenido en abstracto.” (T. 272 . XXXI “Tomás Guarino e Hijos S. A. Com. CIFI y A. c/ Fuerza Aérea Argentina – Sec. de Hacienda de la Nación s/ Amparo por Mora”, 20-08-1996, T. 319, P. 1558)

“Las sentencias de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevivientes a la interposición del recurso extraordinario” (Fallos: 310:670; 311:1810; 2131; 318:625; 321:1393, entre otros). Voto de la doctora Carmen Argibay en este mismo Expediente Nº 77.334, causa B-578

“Por todo lo expuesto, se declara inoficioso emitir pronunciamiento en la presente causa.” (B-578.XLI y otros – Recurso de Hecho – “Belmonte Manuel y Asociación Ruralista de Gral. Alvear c/ Estado Nacional y otros, 03-07-2007 – T. 41)

La Corte Suprema después de su “Fallo Definitivo” del 03 de julio del 2007 en el que manifiesta que “declara inoficioso emitir pronunciamiento” en razón de haber “devenido la causa en abstracto”, y de ordenar el archivo, INEXPLICABLEMENTE reabre la causa, y el 16 de abril del 2008 resuelve: “…se hace lugar a las quejas, se declaran procedentes los recursos extraordinarios y se revoca la sentencia de fs. 1679/1691 de los autos principales. Con costas.”

Ambas sentencias, emitidas por el mismo Tribunal, en la misma causa, por el mismo objeto y los mismos sujetos, con sólo 9 meses de diferencia, son abiertamente opuestas, incompatibles y contradictorias.

Esta contradicción, por tratarse del Máximo Tribunal de Justicia, no reconoce precedentes en la historia Judicial Argentina, y tal vez del mundo.

La Doctrina ha sostenido: “Las decisiones en los juicios de amparo deben atender a la situación existente al momento de ser dictadas.” (“Acción de Amparo, Actos u omisiones de autoridad pública. Principios generales”, Klein, Guillermo Walter, 1986, T. 308, p. 1489)

2) SEGUNDA CONTRADICCION. La Corte Suprema hace suyo el dictamen de la Procuradora Fiscal, manifestando “Que este Tribunal comparte las consideraciones formuladas por la señora Procuradora Fiscal en el dictamen de fs. 599/602 de la causa B.1626.XLII, a las que cabe remitir por razones de brevedad”.

La Procuradora expresaba: “La solución que propicio torna arbitraria la imposición de costas en tanto la apelante no resultó vencida en el proceso e inoficioso el tratamiento de los restantes agravios del quejoso.”

Esto significa: 1) no imponer costas al quejoso (Cencosud S. A.) en tanto la apelante no resultó vencida, ni a nadie; y 2) declarar inoficioso el tratamiento de los restantes agravios del quejoso.

O sea que respecto del resto de los agravios que expresa la quejosa CENCOSUD S. A., ratifica la Procuradora Fiscal que es “inoficioso” el tratamiento de los mismos. Debo aclarar que es porque se encuentran firmes.

CENCOSUD S. A. pidió ser tenido como parte, cuando no había sido demandado, de modo que como litis consorcista corre la suerte del principal. (Artículos 87º y concordantes del C. P. C. C. N.)

NO ES VERDAD que “no resultó vencida”.

En la causa obran 21 Resoluciones con 11 condenas en costas por erróneos planteos realizados por los quejosos CENCOSUD S. A., DISCO AHOLD y el ESTADO NACIONAL, varias de las cuales están firmes.

En la Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones del 22 de marzo del 2007 que ratificó la Corte Suprema mediante la sentencia del 3 de julio del 2007, también se los condena, con costas.

La Corte Suprema de la Nación, aún cuando “comparte” el dictamen de la Procuradora Fiscal, al que remite por razones de brevedad y adjunta a la sentencia, amplía los alcances en la sentencia al Estado Nacional y a Disco Ahold; hace lugar a las quejas; declara procedentes los recursos extraordinarios y revoca la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza de fs. 1679/1691 de los autos principales. Con costas.

Existe entre el dictamen, el considerando de la sentencia y el fallo evidente contradicción.

Si bien la Corte Suprema puede aceptar o no las opiniones de la Procuración, primero dice que “las comparte” y a las que “remite por razones de brevedad”, o sea que hace suyas.

Luego no sólo amplía los beneficiarios – incluido el Estado a pesar de su evidente y clara responsabilidad por MORA en la conformación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia como ordena la Ley 25.156 – sino que hace lugar a las quejas, las que antes había considerado INOFICIOSAS.

Con costas, que no solicitaba la Procuradora Fiscal.

Nada dice sobre declarar inoficioso expedirse sobre el resto de los agravios.

La Corte Suprema ha dictado sentencia CONTRA LA REALIDAD, porque no sólo no ha tenido en cuenta lo requerido en la acción de amparo, sino que ni siquiera se ha preocupado por saber si el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia está conformado como dispone la Ley 25.156.

NO HA DICTADO SENTENCIA SOBRE LAS DOS CUESTIONES DE FONDO: 1) LA NO CONFORMACION DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA; Y 2) LA FALTA DE MIEMBROS DE LA COMISION INCLUSO PARA SESIONAR.

Resulta INADMISIBLE en una Corte Suprema de Justicia que sentencie sobre algo que ni siquiera sabe si existe.

El Tribunal de Defensa de la Competencia NO EXISTE. Esto bastaría para emitir una sentencia conforme a Derecho.

La Comisión sólo tenía 2 miembros al momento de la acción y del Informe Circunstanciado, o sea que no reunía el quórum mínimo exigido por todo el ordenamiento jurídico.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ARGENTINA HA DICTADO LA SENTENCIA DEL 16 DE ABRIL DEL 2008 SIN AJUSTARSE O RESPONDER A NADA DE LO PLANTEADO EN LA ACCION DE AMPARO.

NO SE AJUSTA A LA CONSTITUCION, TRATADOS Y LEYES VIGENTES. CONSECUENTEMENTE, TAL FALLO, ES DE NULIDAD ABSOLUTA.

3) TERCERA CONTRADICCION. Ya ha sido mencionada.

En el Fallo Definitivo del 3 de julio del 2007, la Corte Suprema dispone “remitir copia de la presente al Consejo de la Magistratura a fin de que determinen las posibles responsabilidades que pudieren corresponder” porque considera que “el magistrado habría dictado pronunciamientos incompatibles y contradictorios,” sin aclarar a que pronunciamientos se refiere.

Sorprendentemente, la Corte Suprema en la misma causa, por el mismo objeto, y los mismos sujetos, Expte. 77.334, el 16 de abril del 2008, emite una sentencia absoluta y totalmente opuesta, incompatible y contradictoria con el Fallo Definitivo que había pronunciado 9 meses antes.

Son las propias expresiones de la Corte Suprema las que habilitan – con idéntico criterio – a que la Honorable Comisión Internacional remita el presente caso a la Corte Internacional para que se requiera del Gobierno Argentino el cumplimiento de la Constitución Nacional, Tratados y Leyes vigentes.

4) CUARTA CONTRADICCION. Es un principio Jurídico respetado en el mundo civilizado que:
“Nunca puede ser condenado quien reclama el cumplimiento de un Derecho Constitucional o de una Ley.”

Con excepción de Argentina.

El único demandado en la acción de amparo era el Estado Nacional por no cumplir con la Constitución Nacional, que consagra el derecho a la defensa de la competencia, y que se encuentra legislado en la Ley 25.156.

El Poder Administrador no hizo lo que la Ley Nº 25.156 le obliga: constituir el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia conforme el Artículo 17º y concordantes de la norma.

Recuerdo a la Honorable Comisión Internacional que al momento de contestar el Informe Circunstanciado que ordena el Artículo 8º de la Ley de Amparo no había cesado NINGUNA DE LAS OMISIONES en que se funda la Acción de Amparo promovida.

A pesar que el Estado no cumplió ni cumple con lo que le ordena la Ley 25.156 sancionada por el Congreso en 1999, hecho debidamente acreditado, la Corte Suprema con la sentencia del 16 de abril del 2008 no sólo no trata el ilegal incumplimiento del Estado, sino que al condenar en costas a quienes piden que se cumplan la Constitución y la Ley, ratifica la ILEGALIDAD MANIFIESTA Y LA MOROSIDAD
EVIDENTE del accionar del Poder Administrador.

Se atenta contra la Ley y se trastoca la realidad.

Increíble.

Esto solamente bastaría para NULIFICAR LA SENTENCIA y declarar procedente la DENUNCIA que se somete a ese Alto Organismo Internacional.

Ahora, vaya a saberse por que motivos, a pesar de los 13 cuerpos con miles de fojas y sobrada prueba que acreditan la ILEGALIDAD, pareciera que al Estado incumplidor y a quienes lo apoyaron no cumpliendo con la Ley les asiste la razón.
Un total contrasentido racional y Jurídico. Inverosímil.

5) QUINTA CONTRADICCION. Los Magistrados de la Corte cuya actuación se cuestiona son plenamente conscientes de su accionar.

Ello así porque en la sentencia del 16 de abril del 2008 NO SOLO SE ABSTIENEN, ¿SE OLVIDAN? DE MENCIONAR EL FALLO DEFINITIVO DEL 3 DE JULIO DEL 2007 del Tribunal, sino que además REVOCAN la Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que la misma Corte Suprema de Justicia había RATIFICADO mediante “Fallo Definitivo”.

En realidad y por otra parte, conforme a Derecho, lo que debía REVOCAR la Corte Suprema era su propia sentencia, que es de nivel superior a la Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones sobre la que ya había emitido Fallo Definitivo.

Pero hubiera sido demasiado grosero.

Cabe apuntar, agravando todo lo que en este escrito se expone, que con anterioridad, entre octubre y noviembre del 2006, la Corte Suprema de Justicia había RECHAZADO otros SIMILARES Recursos de Hecho promovidos por los mismos quejosos – CENCOSUD S.A. – DISCO AHOLD y el ESTADO, referidos a las medidas cautelares y también una solicitud de “per saltum”.
¿QUE HA PASADO PARA QUE ESTA SENTENCIA CAMBIE LA UNANIME JURISPRUDENCIA PRECEDENTE DE LA CORTE?

6) SEXTA CONTRADICCION. Antes del dictado de esta nueva arbitraria e ilegítima sentencia, el Doctor JUAN PABLO SANTIAGO CIVIT, en cumplimiento de la obligación legal de ser auxiliar de la Justicia, se dirigió a la Corte Suprema de Justicia “RECORDANDO” el anterior Fallo Definitivo del 3 de julio del 2007.

Su escrito fue rechazado con el argumento que había vencido el plazo de “alegar”, cuando nunca se presentó como un alegato, sino como un recordatorio al Tribunal para que precisamente no existiera esta contraposición, arbitrariedad y contradicción que hoy se cuestiona legítimamente.

Después del “Fallo Definitivo” del 3 de julio del 2007, a los Amparistas NO se les ha dado la oportunidad ni siquiera de tomar conocimiento oficialmente de los actuados posteriores, de la reapertura de la causa, ni han sido notificados de nada.

Consecuentemente, nada podían “alegar”, como se ha dicho.

Estos trámites realizados después de ordenarse el ARCHIVO de las actuaciones y la devolución del Expediente 77.334 al Tribunal Inferior, que permiten la aparición del dictamen de la Procuradora Fiscal luego de un “Fallo Definitivo” (3 de julio del 2007) y la posterior sentencia del 16 de abril del 2008, conllevan UNA FORMA DE DESPRECIO AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE DEFENSA EN JUICIO CONSAGRADO POR EL ARTICULO 18º DE LA CONSTITUCION NACIONAL.

7) SEPTIMA CONTRADICCION. Como se analizó al tratarse la “VIOLACION DE LA LEY 22.262”, la Corte Suprema de Justicia incurre en GRAVE INCONGRUENCIA al citar Leyes que no sólo se contradicen con su sentencia, sino que RATIFICAN la Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones que la Corte revoca, y que contradicen lo que ella sostiene.

Las Leyes 24.076 y 24.065 citadas por la Corte Suprema en el “Considerando” de la sentencia EXIGEN que los cuerpos colegiados a los que se refieren DEBEN tener un mínimo de 3 miembros para sesionar, esto es quórum mínimo.

La Corte Suprema, en el arbitrario fallo del 16 de abril del 2008, cuando analiza la Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que había requerido el número que dispone la Ley 22.262 para sesionar, sostiene “que ese criterio es incompatible con el modo en que diversos regímenes regulan la actuación de los órganos colegiados en la Administración Pública Nacional.”

COMO SE HA VISTO, NO ES VERDAD.

Recuerdo a la Honorable Comisión que lo planteado al momento de promoverse la Acción de Amparo era que la Comisión de Defensa de la Competencia SOLO CONTABA CON 2 DIRECTORES, es decir sin el quórum mínimo necesario a que obliga todo el ordenamiento Jurídico de Argentina.

Y desde luego, también las leyes que invoca erróneamente la Corte Suprema de Justicia.

8) OCTAVA CONTRADICCION DE ALCANCE INSTITUCIONAL.

Con su arbitrario y contradictorio accionar, la Corte Suprema ha generado, como se expresa ut supra, un tremendo conflicto en la Justicia respecto de los Tribunales Inferiores de inmedibles consecuencias.

En razón del “Fallo Definitivo” del 3 de julio del 2007, la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MENDOZA, invocando la sentencia de la Corte Suprema de la que recibiera copia remitida por el Máximo Tribunal, el 21 de septiembre del 2007 dispone RECHAZAR otro recurso extraordinario presentado por los quejosos.

¿Qué explicación puede brindarse cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza amparada en un “Fallo Definitivo” de la Corte Suprema rechaza un recurso? ¿Cuál tendrá validez jurídica?

Estas son, precisamente, algunas de las consecuencias de la INSEGURIDAD JURIDICA Y JUDICIAL que ha generado esta nueva arbitraria, contradictoria e incompatible sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Lo anteriormente expuesto torna a la sentencia del 16 de abril del 2008 en ABOLUTAMENTE NULA (conforme lo ha dictaminado en forma reiterada la Corte Suprema de Justicia) y consecuentemente, debió proceder a REVOCARLA. Pero dispuso no aceptar otro criterio invocando cualquier motivo pero no respondiendo al fondo del problema planteado en la acción de amparo.

La Honorable Comisión Internacional debería receptar esta DENUNCIA por todo lo expuesto en forma precedente, con aval en lo prescripto en el “Capítulo VII – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Artículo 44º.”

Ello así por el estado de INSEGURIDAD JURIDICA y JUDICIAL existente en Argentina, de impensables consecuencias tanto a nivel Nacional como Internacional.

X.- NO APLICACIÓN DEL CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION Y DEL REGLAMENTO DE LA JUSTICIA NACIONAL

Tanto la Ley 25.156 en el Artículo 56º, como la derogada Ley 22.262 en el Artículo 43º, ordenan que en los casos no contemplados o no previstos por estas normas, serán de aplicación el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación.

Esto es así en razón del carácter PENAL y CONTRAVENCIONAL ECONOMICO de la Defensa de la Competencia.

Lo normado por el Código Procesal Penal de la Nación se amplía con el Reglamento para la Justicia Nacional (RJN).

Ninguna de las mencionadas normas, de aplicación supletoria obligatoria ha sido mencionada ni contemplada por la ARBITRARIA sentencia de la Corte Suprema.

El Tribunal de Justicia dicta ERRÓNEA sentencia basada en el funcionamiento de órganos de naturaleza ADMINISTRATIVA, no de carácter PENAL ECONOMICO, que no son de aplicación para la defensa de la competencia.

Aún así, los antecedentes citados por la Corte Suprema sostienen similares conceptos respecto de la necesidad de funcionar con 5 miembros y con quórum mínimo de 3 directores, Leyes 24.065 y 24.076.

Sorprende el silencio de la sentencia de la Corte Suprema sobre la OBLIGATORIEDAD de la aplicación del Código Procesal Penal de la Nación, tal como ordenan los Artículos 56º de la Ley 25.156 y 43º de la Ley 22.262.

El Código Procesal Penal de la Nación ordena que los Tribunales se constituyan con todos sus miembros; que las sentencias importantes deben ser suscriptas por todos ellos, y que en caso de disidencia, al menos deben contar con el quórum de 3 votos.

El no cumplimiento de las formalidades que ordena el Código Procesal Penal puede acarrear la NULIDAD DEL ACTO (entre otros Artículos 166ª y 167º inc. 1º y 2º; 394º inc. 7º; 398º; 404º y concordantes).

Este tema será ampliamente tratado – con Jurisprudencia y Doctrina – al referirme a la “OBLIGATORIEDAD DEL NUMERO DE DIRECTORES Y QUORUM” para sesionar válidamente, no sólo de la Comisión de Defensa de la Competencia, sino de cualquier órgano colegiado.

XI.- ARBITRARIEDAD Y NULIDAD. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE LA NACION Y LA SENTENCIA DEL 16 DE ABRIL DEL 2008

Amplío lo expuesto en el Punto IX referido a la Jurisprudencia Unánime de la Corte Suprema, resaltando que todo lo desarrollado es de GRAVEDAD INSTITUCIONAL EXTREMA.

La contradicción con las propias sentencias de la Corte Suprema de Justicia supera a las demás, por cuanto, como se ha dicho, no hay precedentes similares en el mundo civilizado.

Es impensable, increíble, que el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación Argentina no haya considerado en la sentencia del 16 de abril del 2008 la abundante Jurisprudencia del propio Tribunal.

Ni a la sentencia del 3 de julio del 2007 que obra en el mismo expdiente 77.334.

Los Amparistas presentaron un “Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria” ante la Corte Suprema de Justicia el 25 de abril del 2008 basados en que el Tribunal ha considerado que esta es una vía procesal válida (no legislada), para suplir la falta de casación, y de aplicación cuando una sentencia resulta arbitraria o contiene vicios que la nulifican.

Sin justificativo de consideración, en dos líneas, la Corte Suprema de Justicia rechaza una presentación con casi 100 hojas de fundamentos Constitucionales, Tratados Internacionales, Legales, Doctrinarios y Jurisprudenciales.

Ha sostenido la Corte Suprema, que: “Salvo supuestos de excepción, las sentencias de la Corte no son susceptibles de revocatoria.”(Corte Sup., 19/9/95, Barrionuevo, Luis M. y otros), 1996-II-síntesis

Los casos de excepción a los que alude la Corte Suprema son los que se señalan a continuación.

Se ha sostenido que si lo que es arbitrario y no ajustado a derecho para los Tribunales inferiores es calificado de NULO, resulta aún más grave para el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación que debe brindar el ejemplo.

Surge, consecuentemente, la imperiosa necesidad de corregir sus arbitrariedades, ilegitimidades, injusticias, vicios o errores.

La arbitrariedad atañe a la sentencia de la Corte Suprema y no a un vicio anterior a ella.

La Corte Suprema en Argentina es el único órgano que podía remediar – lo que no hizo – la ilegalidad y arbitrariedad mediante nueva resolución, revocando la sentencia cuestionada.

Existe una profunda diferencia entre lo irregular y lo nulo.

Por ello, no queda otra alternativa que apelar a los Organismos y Tribunales Internacionales.

Por tratarse sobre cuestiones de naturaleza Constitucional, se encuentra comprometido el ORDEN PUBLICO.

Es una exigencia Constitucional que toda sentencia debe fundarse en el Derecho, conforme lo ordenan los Artículos 17º y 18º de la Carta Magna, criterio sostenido invariablemente por la Corte Suprema.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha sostenido que “los jueces deben interpretar la ley, pero no reformarla ni derogarla” (Fallos 243:310)

En este caso no lo hizo.

La Jurisprudencia de la Corte Suprema y la Doctrina han coincidido que son NULAS por arbitrarias las sentencias que:

1.- Importan un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso (Fallos: 296-120; 295-417; 303-426, etc;);

2.- Fallos en los que se menoscaba la garantía de los derechos de defensa en juicio o la regla del debido proceso (Fallos: 291-245; 134; 296-256; 303-242, etc;);

3.- Fallos que importan violación de la esencia del orden Constitucional cuyo primer enunciado es afianzar la justicia (Fallos: 289-107);

4.- Fallos que padecen de omisiones, errores y desaciertos de gravedad extrema, que los invalidan como actos judiciales (Fallos: 286-278; 294-425; 295-931, etc);

5.- Sentencias que contravienen un adecuado servicio de justicia (Fallos: 303-1646 begin_of_the_skype_highlighting 303-1646 end_of_the_skype_highlighting; 2048 y 2080);

6.- Fallos que NO significan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 291-382; 292-254; 393-176; 303-120; 434, etc);

7.- Decisiva carencia o incongruencia de fundamentación (Fallos: 295-140; 295-278; 303-617; 818, etc);

8.- Fallos que se dictan sobre la mera voluntad de los jueces (Fallos: 296-456);

La “ARBITRARIEDAD NORMATIVA” que conlleva la NULIDAD, y que incluso puede ser auto removida por el mismo Juez o Tribunal reconoce 5 supuestos:

1.- Sentencia infundada;

2.- Exceso de rigor procesal;

3.- Incongruente;

4.- Que atenta contra la preclusión y la cosa juzgada;

5.- Autocontradictoria.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 292-503; 292-205; 304-278) nos enseña que la sentencia que decide la cuestión prescindiendo de lo dispuesto en la norma legal que rija al punto, es arbitraria y debe ser dejada sin efecto, porque ello importa un grave error de derecho, que hace funcionar la descalificación por arbitrariedad.

La Ley 25.156 ordena la constitución del Tribunal de Defensa de la Competencia. No está constituido.

La Ley 22.262 ordena la forma de funcionamiento y cantidad de miembros de la Comisión, siendo de aplicación obligatoria supletoria el C. P. P. N. No han sido respetados.

La Corte Suprema ha dejado de lado las normas que rigen la materia y ha dictaminado, incluso contra ellas.

Ha manifestado la Corte Suprema de Justicia que:

“La razón de ser de la acción de amparo no es someter a la vigilancia judicial, el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, sino proveer el remedio adecuado contra la arbitraria violación de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional.” (Corte Suprema, 4/10/94 – Ballesteros, José s/Acción de Amparo), 1996-I síntesis, “Jurisprudencia Argentina”, 1996, página 142.

Lo contrario a lo que ha sostenido en la sentencia del 16 de abril del 2008 que se cuestiona.

Ha dicho la Corte Suprema de Justicia que hace funcionar la descalificación por arbitrariedad cuando la sentencia efectúa una interpretación “que equivale a la prescindencia del texto legal” (330-558).

La Corte ha prescindido de los textos legales obligatorios.

La Corte ha afirmado que son sentencias incongruentes cuando “deja de pronunciarse sobre si ciertas normas han sido o no derogadas por otra posterior” (244-170); “cuando resuelve asuntos no planteados o no debatidos” (301-850); “o introduce algo no peticionado” (298-642).

La Corte Suprema ha dictaminado sobre cuestiones no peticionadas en la Acción de amparo introduciendo aspectos no planteados.

La Corte Suprema ha considerado que: existe sentencia arbitraria antipreclusoria vulnerante del derecho de propiedad en los siguientes casos: a) en la revocatoria de una sentencia firme, aunque se invoque error respecto de ésta (Fallos: 237-563); y b) fallo que anuló una actuación que se hallaba firme fundada en el error incurrido en el trámite (Fallos: 293-201), por considerarlos violatorios del derecho de propiedad consagrado en la Constitución.

La Corte Suprema ha sentenciado revocando un anterior “Fallo Definitivo”, incluso en la misma causa.

La sentencia autocontradictoria es la que contiene incoherencias que la tornan jurídicamente incomprensible, violentando la armonía que debe mediar entre los fundamentos y lo decidido.

Hay incongruencia si existe falta de concordancia entre los fundamentos y las conclusiones (Fallos: 303-2036 begin_of_the_skype_highlighting 303-2036 end_of_the_skype_highlighting); cuando no se proyecta en la parte dispositiva el resultado de los fundamentos (Fallos: 303-1145 begin_of_the_skype_highlighting 303-1145 end_of_the_skype_highlighting).

La Corte Suprema modifica y contradice en la sentencia lo afirmado en el Considerando, es incongruente.

La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que hay contradicción respecto de la norma jurídica aplicable si el juez la declara sucesivamente aplicable e inaplicable (Fallos: 261-269); cuando existen un fallo que sienta dos bases incompatibles entre sí, para resolver el problema (Fallos: 297-280).

La Corte emitió dos fallos en la misma causa que son absolutamente contradictorios: en uno declara la causa devenida en abstracto (3 de julio 2007) y ordena el archivo; y en el segundo, hace lugar los recursos sobre los que ha había dictado sentencia (16 de abril del 2008).

Honorable Comisión Interamericana: todas estas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que conforman su propia Jurisprudencia, más las citadas en el Punto IX, deberían eximirme de efectuar otros comentarios respecto de la arbitrariedad, ilegalidad e ilegitimidad del fallo del 16 de abril del 2008.

Sus vicios son notorios y evidentes. Surgen del análisis de la causa y la comparación entre el “Fallo Definitivo” del 3 de julio del 2007 (más las anteriores del 2006) con la sentencia del 16 de abril del 2008.

Es la Jurisprudencia de la Corte Suprema la que transforma en NULA, DE NULIDAD ABSOLUTA a la sentencia del 16 de abril del 2008.

La Corte Suprema de Justicia ante la presentación del “Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria” tuvo la ocasión de proceder a la INMEDIATA REVOCACION del cuestionado fallo.

Sin embargo rechaza ese escrito anteponiendo una cuestión formal, la Ley 48, por sobre la NATURALEZA CONSTITUCIONAL del reclamo que se efectuaba.

En una democracia donde funcione la división de poderes, el Congreso de la Nación de inmediato hubiera procedido a la iniciación de juicio político a los Ministros de la Corte que votaron la increíble sentencia, porque han actuado en forma arbitraria, y alterando la propia Jurisprudencia del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, y no aplicando las Leyes del caso.

XII.- UNANIMIDAD DE LA DOCTRINA

Es unánime la Doctrina en Argentina en sostener que la existencia de graves vicios, errores o dictaminar contra la Constitución y la Ley de aplicación al caso nulifican la sentencia.

Así han opinado los más destacados tratadistas, como: Sagues (“Recursos Extraordinarios”, Tomo II, Edit. Desalma, pag. 604); Alsina: “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, 2da. Edición, Tomo IV, pág. 300; Carrió, Genaro: “El Recurso por sentencia arbitraria”, 2da. Edición, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1978, páginas 39/40); Bianchi: “El Recurso Extraordinario de Sentencia Arbitraria”, Ed., tomo 9, 841; Ibáñez Frochan: “Tratado de los Recursos en el Proceso Civil”, 4ta. Edición, Buenos Aires, 1969, pág. 463 y ss.; Iván Calderón “Nulidades Procesales y Relatividad de la Cosa Juzgada”, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2004; Iván Calderón “Recursos”, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2007, y otros.

“Los repertorios de fallos de la CSJN registran centenares de casos de sentencias dejadas sin efecto por arbitrariedad.” Sagues: “Recursos Extraordinarios”, (obra citada)

La preclusión “impide que en el mismo juicio vuelva a discutirse algo ya superado” y la cosa juzgada veda que “en un proceso futuro se vuelva a decidir la contienda ya resuelta.”Colombo; “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Anotado y Comentado, 1975, Bs. Aires, t. II, pág. 85.

Es importante respecto de la procedencia de acciones que NULIFIQUEN los fallos cuando nos encontramos frente a sentencias arbitrarias, la opinión del maestro Ramiro Podetti, quien en “Tratado de los Recursos”, Ediar, 1958, pág. 86), sostiene que la revocatoria procede en contra de las resoluciones de cualquier juez o tribunal, sea de primera, segunda o tercera instancia ordinaria o de recursos extraordinarios, unipersonales o colegiados, siempre que la naturaleza de la acción lo autorice.

En este caso, por tratarse de cuestiones de naturaleza Constitucional, como son los derechos de los usuarios y consumidores y la Defensa de la Competencia, no cabe la menor duda que es una obligación el remedio procesal y la consecuente revocación de la sentencia, que al no producirse por la propia Corte Suprema, debe ser un Tribunal Internacional quien así lo disponga, conforme lo ha aceptado la Nación Argentina, incluso normando tal accionar en la Constitución Nacional.

Por su parte, CARRIO en la obra ya citada, manifiesta que los siguientes son supuestos de nulidad: 1) No decidir cuestiones planteadas; 2) Decidir sobre cuestiones no planteadas; 3) Convertirse el juez en legislador; 4) Prescindir del texto legal sin dar razones plausibles; 5) Aplicar una norma derogada o aún no vigente; 6) Dar como fundamentos pautas de excesiva latitud; 7) Prescindir de prueba decisiva; 8) Invocar prueba inexistente; 9) Contradecir otras cuestiones de los autos; 10) Sustentar el fallo en afirmaciones dogmáticas; 11) Incurrir en excesos rituales; 12) Incurrir en autocontradicción; 13) pretender dejar sin efecto decisiones anteriores firmes.

BIANCHI, en obra ya citada (99-841) agrega dos supuestos más: a) el apartamiento notorio de la realidad económica y b) fallo que incurrió en exceso de jurisdicción.

El doctor Iván Calderón concluye su libro “Recursos” afirmando: “La Justicia siempre debe facilitar las vías para corregir tal situación, no puede ampararse en las formas para consagrar una arbitrariedad.” (Iván Calderón “Recursos”, Ediciones Jurídica Cuyo, 2007, página 267)

XIII.- LEGITIMACION

De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico cualquier ciudadano, ante el conocimiento de la violación de una norma Constitucional o de la Ley vigente, puede “peticionar a las autoridades” reclamando la enmienda del vicio, del error, de la arbitrariedad, y la aplicación de sanciones ante el Cuerpo que corresponda.

Estoy debidamente legitimado, no sólo como ciudadano, sino porque como padre de 5 hijos, he pasado gran parte de mi vida enseñándoles la importancia del respeto a la Constitución y las Leyes, como así también la importancia que tiene en nuestro Sistema Constitucional, el control de poderes, imprescindible para que exista una verdadera República. Tengo un hijo abogado.

En conocimiento de la gravedad de esta sentencia, he considerado una obligación ciudadana, un deber como Argentino, de solicitar la intervención de la Comisión Interamericana para DENUNCIAR: a) el incumplimiento y la mora del Poder Ejecutivo en la constitución del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y b) a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia que, con su accionar, ayudan a fomentar el descreimiento en las Instituciones de la República, y la sensación de INSEGURIDAD JURIDICA que tanto daño hace a la Argentina. En el país y en el mundo.

Soy un ciudadano, consumidor, y cliente afectado por las consecuencias de la no aplicación de la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia, que los Argentinos padecemos en forma diaria por la inflación, el desabastecimiento, la impresionante aparición de monopolios, el control de la economía por reducidos grupos económicos, el incremento de la pobreza y la desnutrición.

Me permito recordarles que de conformidad con el Art. 25º, ap. 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada “PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA”, del 22 de noviembre de 1969, ratificado por la Nación Argentina mediante Ley 23.054, e incorporado al art. 75º, inc. 22 de la Constitución Nacional:

“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”

El “recurso sencillo y rápido” en Argentina lleva más de 4 años y miles de fojas de argumentos y pruebas.

A pesar de ello, mediante una ARBITRARIA sentencia de la Corte Suprema, concluye contrariando

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