Jubilados privilegiados y los otros

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Edición Impresa: miércoles, 31 de julio de 2013

Jubilados privilegiados, y los otros

Por Edgardo Civit Evans – Delegado en Mendoza de la Asociación Argentina de Jubilados. Vicepresidente de la Federación de Jubilados Mendocinos (FEJUMEN).

“Artículo 16º. La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

Constitución Nacional

Es clara nuestra Carta Magna: todos somos, o deberíamos serlo, iguales ante la ley.

Por los medios de difusión tomamos conocimiento de un nuevo caso de jubilación excepcional que dejamos para el debate de los candidatos en la próxima elección. Cada votante sabrá qué pensar y decidir conforme sus conceptos.

Opinamos desde la óptica de los jubilados, y de quienes están a punto de serlo, estén en juicio o no.

El 26 de marzo de este año Los Andes publicó una nota donde cuestionaba el inequitativo sistema previsional en Argentina, el de antes y el de ahora.

Violando la Constitución, en materia de jubilaciones hay ciudadanos de privilegio, de primera y de cuarta.

No es nada nuevo. Desde hace años los gobiernos han usado los fondos de las cajas de jubilaciones para otros menesteres. Unos más, otros menos.

Han distribuido dineros públicos conforme sus necesidades y amistades.

No justifico nada. Creo que deben eliminarse todas las prerrogativas injustas o inequitativas.

Antes de la reforma legislativa, los privilegiados ex funcionarios obtuvieron jubilaciones en dólares, en muchos casos, por escaso tiempo (días o meses) de ¿trabajar? No importaba la edad ni los aportes realizados.

Otros, de menor nivel pero que son miles, los llamados de primera, se jubilan con el 82% móvil, y cuando se retiran reciben de “premio” varios sueldos. En varios casos sus juicios son resueltos y pagados en pocos meses.

También estamos, la gran mayoría, los jubilados de cuarta.

Los que nos pusimos contentos cuando el Congreso sancionó la ley disponiendo el 82% móvil para todos, norma luego vetada por la Presidenta.

Los que aportamos durante 30 a 40 años pero que a los fines de la determinación de la remuneración sólo nos computan el promedio de los últimos 10 años. Lo aportado anteriormente se perdió en la historia. No se consideran adicionales y se aplica una actualización cada 6 meses, posterior y por debajo de la inflación.

En miles de casos los aportes realizados a las AFJP no fueron destinados a mejorar nuestros haberes, o devolverlos, como dispone la ley.

La Corte Suprema de Justicia en reiterados fallos, como Badaro, Eliff, Betancourt y otros, siguiendo el principio constitucional referido a jubilaciones dignas, ha resuelto que es un derecho continuar con el nivel de vida que se tenía previo a jubilarse, debiendo mantenerse los haberes actualizados para no perder calidad de vida.

El Gobierno de la Nación, en octubre de 2009, suscribió un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante el cual se comprometió a no apelar los juicios promovidos por los jubilados.

No lo cumple. Anses apela todas las sentencias. Hasta impugna a los magistrados que dictan fallos siguiendo el principio constitucional ratificado por la Corte Suprema.

Los jubilados de cuarta debemos iniciar una más de las 380.000 causas (según la Anses) o cerca de 500.000 conforme otros datos.

Los tribunales están saturados de expedientes que no caben en los edificios.

Estas causas demoran, promedio, hasta obtener sentencia definitiva, entre 10 y 15 años, o más. Recordemos el jubilado de 104 años que falleció, a los pocos días de obtener resolución favorable.

Considerando que los juicios se inician luego de cumplidos los 65 años, si les adicionamos los años de litigio, concluimos en que gran parte habremos fallecido antes de obtener una sentencia definitiva, o cobrar. Es lo que cínicamente denominan “la solución biológica”, para no pagar.

Finalmente, dependerá de la voluntad de la Anses si abona o no. Numerosas sentencias no son pagadas por Anses que, no cumpliendo con la ley, destina recursos que deberían ser para mejorar las jubilaciones a otros fines, como fútbol y automovilismo para todos, notebooks, subsidios a empresas como las ferroviarias, financiamiento a provincias y de viviendas a bajas tasas de interés (2%) con lo cual frente a la inflación (25%) se produce una descapitalización constante de recursos. Hasta a empresas extranjeras les han prestado dinero.

Cerca del 62% del Fondo de Sustentabilidad se encuentra en títulos del Estado. ¿Los pagará? ¿Qué pasará con los futuros beneficiarios?

Millones de jubilados cobran menos de lo necesario para cubrir sus necesidades básicas. Muchos no superan los $ 2.000 mensuales. Profesionales como médicos, abogados, ingenieros, etc., perciben por debajo de $ 4.000 tras 40 años de aportes.

Este panorama, agudizado por una deficiente prestación asistencial del PAMI, agrava la situación de millones de adultos mayores.

Resulta cuanto menos irritativo que quienes deberían dar el ejemplo, funcionarios y legisladores nacionales, cobren haberes mensuales y jubilaciones que superan entre 40 y 60 veces, o más, de lo que gana un jubilado.

Son miles de ex funcionarios de muchos gobiernos, pertenecientes a diferentes partidos, que cobran jubilaciones privilegiadas.

Que usufructúan los beneficios que les brinda pasar por un cargo público para jubilarse con excelentes remuneraciones y sin cumplir las condiciones y requisitos que nos exigen a la casi totalidad de los ciudadanos.

Ello acredita el nivel de discriminación y falta de igualdad que existe en el sistema previsional, el cual debe ser urgentemente reformado, brindando participación a quienes aportaron y a los que lo hacen ahora.

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