La ley 25.798 no es solución

DIARIO “UNO” de Mendoza

Sábado, unhealthy 03 de Julio de 2004

SOBRE LOS DEUDORES HIPOTECARIOS

El vencimiento del plazo para adherir a la Ley 25.798 que creara el Sistema de Refinanciación Hipotecaria que supuestamente debía aplicarse a todos los deudores de créditos para vivienda que están en situación de remate me parece que merece severos cuestionamientos.

La Ley 25.798 creó un Sistema de Refinanciación Hipotecaria y un Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, ente al cual deberían abonar las cuotas los deudores que fueran incluidos en él.

Debido a las graves trabas que pone la ley, miles de deudores, sobre todo de las provincias, quedan fuera del sistema, y quedarán en situación de remate sus propiedades.

Si el objetivo era brindar una solución a todos los deudores, la ley no lo cumplió ni remotamente por ser discriminatoria.

En el artículo 6º permitió a los acreedores del sistema financiero (bancos y financieras) que la adhesión al sistema fuera optativa; mientras que para los acreedores privados, que son una minoría, la adhesión podían hacerla tanto el acreedor como el deudor.

Una vez más se brindó a los bancos la posibilidad de decidir, aceptando o no, la inclusión del crédito del deudor en el sistema.

No conocemos ningún caso de bancos privados que hayan aceptado a los deudores, lo que acredita el rotundo fracaso de la ley.

Algo similar sucedió cuando se dispuso permitir la cancelación de deudas con títulos de la deuda pública.

Se hizo la misma lamentable discriminación, similar a esta de la Ley 25.798.

En aquel momento fue la comunicación 3.398 del Banco Central, que discriminó entre deudores en situación 1, 2 y 3 (que las entidades financieras podían aceptar o no) y los obligados en situación 4, 5 y 6, de aceptación obligatoria.

Los bancos se negaron a aceptar las cancelaciones de los primeros, que estaban casi al día con sus cuotas, generándose una cuestionable diferenciación.

Esta discriminación llevó a miles de deudores a demandar la aplicación del principio constitucional de igualdad ante la ley, que fue ratificado por un memorable fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Ahora, con la Ley 25.798 sucederá algo similar.

Los deudores acudirán ante la Justicia requiriendo el derecho de igualdad ante la ley que consagra la Constitución nacional.

Los grandes responsables son los legisladores nacionales que hacen leyes que generan tremendas desigualdades.

Hemos escuchado a algunos de ellos decir que es “por las condiciones internas y externas que reciben, como del Fondo Monetario”.

Cabe preguntarse entonces cuál es el grado de poder que ejercen en nombre del pueblo argentino.

Para los bancos compensaciones, para el resto de los argentinos discriminaciones.

Estas graves situaciones, ¿no las advierten los funcionarios y legisladores?

Cuando fue sancionada la ley, en noviembre del 2003, sostuvimos que los bancos no aceptarían a los deudores.

Lamentablemente no nos equivocamos.

También cuestionamos los requisitos para adherir al sistema.

Los deudores debían completar formularios abonando diversos honorarios que en muchos casos superaron los $490.

El sistema debió ser de carácter obligatorio, o sea para todos los deudores, sin distinciones ni discriminaciones.

La Ley 25.798 permitió ingresar al sistema a los deudores con mora desde el 1 de enero del 2001 al 11 de setiembre del 2003.

De esta manera, tal como lo expresan los propios considerandos del proyecto de ley, quedaron fuera de los beneficios de la norma una importante cantidad de deudores que se encuentran en situación que les sea rematada la vivienda.

Otro acto discriminatorio.

También resulta cuestionable que se mantengan las condiciones del crédito, sin que existan revisiones o recálculos de las deudas.

El deudor castigado con indexaciones o elevadas tasas de interés continuará con la misma cuestionada deuda.

La Ley 25.798 benefició fundamentalmente a un amplio sector de los obligados, llamados “deudores de escribanía”, que en su gran mayoría fueron créditos otorgados en Capital Federal y Buenos Aires.
Porcentualmente, en las provincias, no representan más del 5% del total.

Quedaron excluidos miles de deudores, que son los que están en situación más grave por el ajuste de las cuotas, por la pérdida de sus ingresos y porque tienen deudas con los bancos privados.

Son miles de familias de argentinos.

También quedaron excluidos los casos, por ejemplo, del padre que compró una casa a su hijo, aquellos cuyas deudas superen los $100.000 (700 familias), los productores y las pequeñas y medianas empresas.
No se incluyó a quienes están en mora, con juicio o no, con deudas anteriores al año 2001, como si la crisis económica, social y laboral hubiera comenzado en esa fecha, y no 3 años antes.

O a quienes a breve plazo pueden llegar a estar cerca del remate.

Insistimos una vez más en que es ineludible terminar con la angustia de miles de familias, sancionando una ley que contemple la revisión y recálculo de deudas, con tasas de interés no usurarias y sin indexaciones.

Que tenga especialmente en cuenta la real capacidad de pago del deudor y el plazo de amortización del crédito, que nunca debe exceder el convenido en origen.

En el Congreso de la Nación hay numerosos proyectos referidos a la solución definitiva del problema de los deudores hipotecarios.

También existen antecedentes legales muy importantes, como las leyes 11.740, 12.310 y la 23.370.

Esta última concluyó con las dificultades que tenían los deudores afectados por normas indexatorias, como la Circular 1.050 y otras.

No se debe seguir confundiendo a la gente, con grandes campañas publicitarias, afirmando que se solucionan todos los problemas con una ley.

Estos continúan, porque en realidad se ha beneficiado principalmente a una minoría que reside cerca del centro de poder, en Buenos Aires.

Hace falta la decisión política para resolver este problema que aqueja a miles de familias, en toda la Argentina, no sólo en Buenos Aires.

Caso contrario, continuarán los juicios y los remates contra las viviendas y las propiedades de quienes viven en las provincias, que además son quienes tienen menores ingresos.

Edgardo Civit Evans
Presidente Nacional de Unidevi

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